La economía en tiempos de Alianza País

ALAI, América Latina en Movimiento

2009-07-31

Ecuador

La economía en tiempos de Alianza País

Pablo Dávalos

La propaganda oficial del gobierno ecuatoriano no cesa de repetir el ambiente de cambios profundos que, aparentemente, estaría viviendo el Ecuador. Empero de ello, los datos económicos son preocupantes y dan cuenta de que en la agenda de Alianza País, la economía fue puesta entre paréntesis mientras se resolvían los cambios institucionales y los cambios políticos al tenor de la denominada “revolución ciudadana”. Esa despreocupación por la economía se debía a que las clases medias se sentían a gusto con la dolarización de la economía que les otorgaba estabilidad y certezas al largo plazo, mientras que el régimen podía disponer de gran cantidad de recursos frescos por el incremento de los precios del petróleo y por el buen ritmo de las exportaciones y de los importantes envíos de remesas de migrantes que ayudaban a poner a la economía en una especie de “piloto automático”.

 

Al parecer, esos tiempos de bonanza y despreocupación han terminado. La agenda económica empieza a pasar la factura y el gobierno constata que la falta de decisiones en materia económica ahora le puede resultar fatal. Durante los primeros años de su gobierno, Alianza País pudo acceder a una liquidez inimaginable años atrás. En dos años y medio desde su posesión en el gobierno, éste habría dispuesto de un volumen de liquidez que rebasaría los 50 mil millones de dólares. Una cantidad que jamás habrían tenido los gobiernos anteriores y que le permitieron al régimen sumar adherentes y preocuparse exclusivamente de los cambios políticos ofreciendo cualquier cosa con tal de sumar aliados y adscripciones electorales. El precio del petróleo que continuamente se incrementó durante los primeros meses de 2008, daban a pensar en un futuro promisorio para el régimen de Alianza País que pudo cosechar el momento de bonanza económica en términos de masivos apoyos electorales.

 

El Ecuador entero se preocupó por realizar cambios institucionales porque la economía otorgaba la tranquilidad suficiente para ello. Los precios del petróleo provocaron distorsiones importantes no solo en la percepción de la política sino en la estructura de la economía y de la producción. En efecto, en el año 2008, el petróleo representó más de una quinta parte del producto interno bruto, más del 60 por ciento de las exportaciones y cerca de la mitad de los recursos fiscales. En virtud de que los precios del petróleo hicieron que el precio promedio del barril de petróleo se sitúe en cerca de los 100 dólares durante el primer semestre del año 2008, la economía ecuatoriana creció ese año en un 6,6%.

 

Pero se trató más bien de un espejismo porque ese crecimiento económico se debió en lo fundamental al petróleo, al extremo que ese mismo año el desempleo y el subempleo alcanzaron al 60% de la población económicamente activa. Se trataba de un crecimiento sin empleo y sin reactivación económica. Ese crecimiento económico se trasladó directamente hacia el sector bancario y financiero que en el año 2008 tuvo utilidades por 325 millones de dólares y un índice de rentabilidad del 25%, un porcentaje que la banca privada no había alcanzado ni en los mejores tiempos del neoliberalismo.

 

Conjuntamente con el buen rendimiento financiero se produjo una fuerte concentración bancaria y financiera, al extremo que un solo grupo financiero controlaba más del 40% de los activos financieros del país, y los tres grupos financieros más importantes controlaban las dos terceras partes de toda la cartera de créditos de la economía ecuatoriana. En apenas dos años se produjo una enorme concentración de poder en pocos grupos financieros que pasaron a controlar la liquidez de la economía y a realizar el arbitraje entre ahorro e inversión de acuerdo a sus propias conveniencias, al extremo que los bancos privados tienen más de una quinta parte del ahorro nacional colocado en bancos del exterior. Durante el primer trimestre del año 2009, producto de la crisis mundial, los bancos privados vieron reducir el volumen de sus ahorros y sintieron amenazados sus niveles de rentabilidad y redujeron la liquidez de la economía.

 

El régimen de Alianza País cedió sus posiciones de soberanía con respecto a la banca privada y finalmente accedió a incrementar la tasa de interés para créditos de consumo en cerca del 27% en una economía dolarizada. Mientras Alianza País y Rafael Correa cedían a la presión de los banqueros y les otorgaban mejores condiciones de rentabilidad llegando a ofrecerles incluso la compra de su cartera hipotecaria con los recursos de la seguridad social, la política laboral y de salarios se radicalizaba al extremo de extrañar a los tiempos del neoliberalismo y la flexibilización laboral.

 

En efecto, cuando empezó el retorno a la democracia en el Ecuador en 1979, las remuneraciones de los salarios participaban de un 35% de la renta nacional. El proceso de ajuste macroeconómico determinó que la participación de los trabajadores disminuya dramáticamente hasta situarse en alrededor del 8,5 % de la renta nacional. El neoliberalismo produjo una redistribución del ingreso hacia arriba. Quienes tenían más poder y recursos tenían todas las posibilidades de incrementar su riqueza y su poder gracias a las políticas neoliberales. Los trabajadores trataron de defenderse de esta redistribución del ingreso al revés por la vía de la organización sindical, la movilización, la negociación y la apelación a sus derechos laborales tal como constan en varios instrumentos internacionales que defienden los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a la organización sindical y el derecho a la huelga, y que eran parte de la legislación vigente en el Ecuador.

 

Ni en los peores tiempos del neoliberalismo se perdieron esos derechos, a pesar de las políticas de flexibilización laboral, de régimen de maquilas y de apertura y desregulación. Sin embargo, durante el breve periodo de dos años, Alianza País pudo hacer lo que los neoliberales no pudieron hacer en dos décadas, desmantelar los derechos de los trabajadores y reducir al mínimo su capacidad de negociación en defensa de su salario, de su jornada de trabajo y de sus condiciones laborales. Lo paradójico del caso es que se lo hizo con la anuencia de varios dirigentes sindicales que adscribieron a la retórica populista del régimen que apelaba a los discursos de izquierda, de cambio social, de justicia y de redistribución y que incluso se había mostrado crítico con la flexibilización laboral, al extremo que presionó a la Asamblea Constituyente para la aprobación del Mandato No. 8 que eliminaba, precisamente, el régimen de flexibilización laboral. Las consecuencias saltan a la vista, en estos dos años la participación de los salarios de los trabajadores en la renta nacional proyectan una disminución hacia el 7% del ingreso nacional, en un proceso de retroceso no visto incluso en el neoliberalismo más extremo, con el agravante de que el derecho a la huelga ha sido proscrito y criminalizado.

 

De otra parte, el gobierno de Alianza País aduce como uno de sus mayores logros la inversión social, sobre todo en salud y educación, que ha crecido de manera importante en estos dos últimos años. Lo que no dice el gobierno de Alianza País es que el Ecuador decidió en una consulta popular de fines del año 2005 incrementar de manera progresiva su presupuesto en salud en un baremo no menor al 4% del producto interno bruto, y en educación en el 6%, de tal manera que en un lapso de cinco años se alcancen estos objetivos. Este compromiso luego se asumió como una política de Estado cuando se ratificaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM’s).  Es decir, solamente en salud y educación de acuerdo a los resultados asumidos por el Ecuador en el año 2005 y en conformidad a los ODM’s el gobierno debería haber destinado un porcentaje no menor del 10% de su producto interno bruto en salud y educación. Las cifras existentes nos dicen que el gasto social en salud y educación del gobierno de Alianza País no llegan al 7% del PIB, un porcentaje que se ubica dentro de la tendencia incluso de los gobiernos neoliberales, de hecho el gobierno de Colombia destina un porcentaje de cerca del 13% de su renta nacional en salud y educación.

 

El gobierno de Alianza País tampoco  ha resuelto problemas fundamentales en salud y educación. Por ejemplo, hasta el momento el Ecuador no tiene una carrera sanitaria para su personal médico y paramédico, tampoco tiene una estructura coherente y adecuada de remuneraciones para los maestros del sistema educativo. La infraestructura en salud y educación acusa graves deterioros y los responsables del sector de la salud han sido incluso acusados de actos de corrupción. De hecho, durante la crisis de la “gripe porcina” las autoridades de salud compraron a la transnacional Roche medicamentos que costaban significativamente menos si se hubiesen adquirido a farmacéuticas nacionales y como medicamentos genéricos. Las cifras también muestran que la deserción escolar ha crecido de manera importante en los dos últimos años. Que existe una fuerte inseguridad laboral entre los maestros del sistema educativo y entre los médicos y paramédicos del sector salud. Que las estrategias de privatización de la salud y de la educación siguen intactas y en pleno desarrollo y que el gobierno no ha hecho nada para detenerlas. Se dice que la inversión social tuvo un crecimiento importante en el gobierno de Alianza País, lo que es cierto, pero se omite el detalle importante de que el gasto militar también tuvo un crecimiento de más del 200% con respecto al periodo anterior.

 

Otro de los aspectos que se han convertido en argumentos legitimantes en materia económica es la recompra de la deuda externa nominada en Bonos Global con vencimientos en el 2012 y en el año 2030. El gobierno habla de un ahorro de más de 7 mil millones de USD en el largo plazo. Sus críticos, en cambio, sostienen que se trató de una negociación apresurada y realizada más bien en los términos establecidos desde los mismos mercados financieros quienes finalmente manejaron a su antojo la recompra de estos papeles. La cuestión es que esta maniobra que pudo tener cierta legitimidad y coherencia en un momento determinado, le está pasando la factura al gobierno que para compensar la utilización de su reserva monetaria en esta negociación está acudiendo a una agresiva estrategia de endeudamiento y a una subasta de los recursos petroleros, como es el caso del factoring petrolero con China, para obtener liquidez fiscal. En apenas dos años, en el periodo 2007-2009, hay un sobreendeudamiento público de cerca del 35% con respecto al volumen de deuda con la que se inició el gobierno. La cuestión es que el próximo gobierno tendrá que asumir una pesada deuda pública interna y externa, en un proceso relativamente inédito y que aparentemente no tendría explicaciones por cuanto el país gozó en esos años de importantes ingresos extraordinarios producto de los altos precios del petróleo. Lo dramático del caso es que la improvisación de esta estrategia de recompra de Bonos Global, le dejó al país con reservas internacionales muy debilitadas y sin capacidad de afrontar una situación de iliquidez de la economía que empieza a resentir su modelo monetario de dolarización.

 

Empero, más allá de las cifras de la coyuntura está la estructura de la economía ecuatoriana que sigue dependiendo del petróleo y que, producto de su esquema monetario de dolarización, tiene trastocado y distorsionado sus sistemas de precios internos. Es una economía primaria, que no genera valor agregado, altamente vulnerable y sin un mercado interno para su producción nacional. Es una economía con fuertes distorsiones salariales, con una injusta distribución del ingreso, con tasas de interés imposibles para la reactivación productiva, con mercados controlados por grupos de poder, con comportamientos rentistas y excluyentes. Es una economía con una estructura impositiva injusta y que sigue descargando el peso tributario en los más pobres, quienes ahora son susceptibles de ser criminalizados con las nuevas leyes tributarias aprobadas por Alianza País.

 

Es una economía cuyo gobierno apuesta a una reprimarización aún más nefasta por la vía de la minería a cielo abierto, la producción de biocombustibles, el desarrollo de los mercados de servicios ambientales, etc. Es una economía que en virtud de su esquema de dolarización no tiene salidas para ninguna estrategia de reactivación, producción interna y mercado nacional. Es una economía en la que pocos bancos concentran en sus manos las decisiones de arbitraje del ahorro nacional, de las políticas de tasas de interés y del manejo de la liquidez de la economía en su conjunto. Es una economía con una fuerte fuga de capitales, sin estrategias que vinculen el ahorro interno con la inversión, sin un horizonte de mediano y largo plazo. Es una economía que está a un paso de la implosión y en donde la sociedad ha decidido cerrar los ojos y no escucharse a sí misma, y cuyo gobierno está más preocupado por su imagen en el espejo de la popularidad que en la resolución de los problemas reales del país.

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