Cartas de Intención entre el FMI y el Ecuador. Carta de Intención Agosto 7, 1989

Quito, Ecuador

Agosto 7, 1989

Señor Michael Camdessus 

Director Gerente

Fondo Monetario Internacional

Washington, D.C.

Estimado señor Camdessus:

1. El gobierno ecuatoriano, 20 días después de haber asumido funciones, e130 de agosto de 1988, en ejercicio de sus facultades soberanas, puso en vigencia un programa económico de emergencia, enmarcado en su filosofía política y en sus nuevas orientaciones económicas, destinado a estabilizarla economía como paso inicial para una posterior reactivación que permita mejorarlas condiciones de vida de los ecuatorianos más pobres. La urgencia de la adopción de este programa respondía a la necesidad de enfrentar de manera efectiva la severa crisis que afectaba a la economía ecuatoriana, caracterizada por profundos desequilibrios en los sectores fiscal y externo, por un creciente proceso inflacionario y un alto desempleo.

2. El gobierno ecuatoriano consiguió estabilizar la economía a fines de 1983, logrando a continuación alcanzar tasas anuales de crecimiento del PIB superiores a14 por ciento en 1984 y 1985. Sin embargo, la situación económica y financiera se deterioró marcadamente entre 1986 y 1988 como resultado de un desarrollo adverso de factores exógenos, tales como la reducción en los precios del petróleo durante 1986 y el terremoto de marzo de 1987, el cual interrumpió la producción y exportación de petróleo por un período de más de cinco meses, así como por una política fiscal excesivamente expansiva. A fines de 1987, el gobierno ecuatoriano propuso un programa económico para 1988 que contemplaba un acuerdo "stand-by" con el FMI por un lapso de catorce meses, con el propósito de reforzar la situación de las finanzas públicas y la balanza de pagos. Pero estos objetivos no fueron alcanzados, debido a que el gobierno no puso en vigencia los correctivos necesarios para afrontar la reducción en los precios internacionales del petróleo y los acuerdos financieros con la banca comercial acreedora no se concretaron. Como resultado, la situación económica se deterioró aún más durante los primeros siete meses de 1988.

3. Debido tanto al terremoto como a la vigencia de la política fiscal excesivamente expansiva, el déficit del sector público no financiero consolidado creció del 5.1 por ciento del PIB en 1986 a19.6 por ciento del PIB en 1987. En 1988, el déficit se redujo a 5.1 por ciento del PIB como resultado del reinicio de las exportaciones petroleras (cuyo precio se redujo durante el año) y de la introducción de un conjunto de medidas de política fiscal en el mes de agosto, las cuales modificaron el carácter expansivo de las políticas mantenidas durante los primeros siete meses del año. Este conjunto de medidas incluyó la duplicación en los precios de los derivados de petróleo de consumo doméstico, un incremento en los impuestos a los cigarrillos y la eliminación del subsidio al trigo importado y algunos productos farmacéuticos. Adicionalmente, el gobierno recortó de manera substancial sus   egresos con lo cual ambos indicadores se redujeron con respecto al PIB. Debido a la reducida disponibilidad de financiamiento externo, el déficit del sector público no financiero en 1988 fue financiado en gran parte mediante la acumulación de atrasos en el servicio de la deuda externa y también con crédito del Banco Central durante la primera mitad del año: esto último fue parcialmente compensado por una acumulación de depósitos del sector público a partir del mes de agosto.

4. Adicionalmente a las medidas fiscales, en agosto de 1988, el nuevo gobierno elevó los salarios del sector público y privado en 16 por ciento, introdujo un nuevo sistema de tasas de interés, basado en la fijación de un margen máximo entre las tasas de depósito de ahorro y las tasas activas de cada institución financiera y modificó el sistema de control de precios.

5. En el sector externo, también en agosto de 1988, el sucre fue devaluado en 56 por ciento (en términos de la moneda nacional por dólar de los Estados Unidos) en el mercado de intervención (en el cual se realizaban todas las transacciones del sector público) mientras que las transacciones de bienes y ciertos servicios del sector privado (las cuales eran negociadas en el llamado "mercado regulado" fueron transferidas a dicho mercado. También se anunció que la tasa de intervención se elevaría en 2.5 sucres semanales, al tiempo que se estableció un nuevo sistema de asignación de divisas con el objeto de fortalecer la posición de la Reserva Monetaria Internacional Neta, la cual registraba un saldo negativo de 330 millones de dólares a finales de agosto. Asimismo, se adoptaron medidas de naturaleza temporal, que incluían la fijación de un margen de 10 puntos porcentuales entre las tasas de compra y venta de divisas en el mercado de intervención (con el fin de mejorar la posición financiera del Banco Central), la exigencia de financiamiento externo para la importación de bienes de capital, la prohibición de importar automóviles y la extensión del requerimiento de depósito previo para las importaciones del sector público. Todas las importaciones con diferimiento de pago a 120 días o más se exceptuaron del requisito de depósito previo.

6. En el sector monetario, se formuló un programa dirigido a apoyar la desaceleración de la inflación y la estabilización del sector externo. Un elemento esencial del programa fue la reversión del carácter expansivo que tenía anteriormente el crédito neto al sector público y más bien se programó una acumulación neta de depósitos de ese sector, de forma que se posibilite la expansión del crédito a los sectores productivos, en particular a la agricultura, en un esfuerzo por aumentar la oferta alimenticia del país.

7. Como resultado de las medidas de política económica mencionadas, el déficit de cuenta corriente se redujo de 11.9 por ciento del PIB en 1987 a 7 por ciento del PIB en 1988, con una significativa caída de las importaciones con relación al alto nivel alcanzado con posterioridad al terremoto. Sin embargo, debido a una importante reducción en los flujos netos de capital (que son el resultado esencialmente de menores desembolsos y mayores pagos de amortizaciones), el déficit de la balanza de pagos global se estima que alcanzó alrededor de 560 millones de dólares (6.5 por ciento del PIB). La posición de la Reserva Monetaria Internacional mejoró significativamente del nivel registrado en agosto (en 155 millones de dólares), pero, sin embargo, a fin de año continuaba siendo negativa y los atrasos en el servicio de la deuda externa se habían incrementado hasta alcanzar 1.2 miles de millones de dólares aproximadamente.

8. A pesar del mejoramiento que registraron las cuentas del sector fiscal, la inflación anual se había incrementado del 33 por ciento a fines de 1987 al 85 por ciento de fines de 1988. Durante la primera parte de 1988, el incremento en los precios se debió fundamentalmente al financiamiento del déficit fiscal mediante crédito del Banco Central, realizado desde 1987, y a la inestabilidad imperante en el mercado de divisas, reflejada en una drástica depreciación del sucre, en términos reales. En la segunda parte del año, las presiones inflacionarias continuaron debido a las correcciones en la distorsión existente en algunos precios relativos, a la escasez de algunos productos agrícolas básicos y al impacto rezagado de la política económica mantenida con anterioridad al cambio de gobierno.

9. El programa de estabilización iniciado en agosto de 1988 es flexible y está sujeto a un proceso de revisión continua que permita la introducción de ajustes, a la luz de la evolución que presenten los principales indicadores económicos. El gobierno ha mantenido esta política durante 1989, con la adopción de medidas específicas en las áreas fiscal, monetaria y externa, conforme se detalla más adelante, y perseverará en este sentido con el objetivo de reducir la inflación y las distorsiones en los precios relativos, reforzando la posición de la balanza de pagos, eliminando los atrasos en los pagos al exterior y estableciendo las bases para alcanzar tasas de crecimiento más elevadas, que permitan mejorar substancialmente las condiciones de vida de la población. En este sentido, el gobierno ecuatoriano intenta continuar con el proceso de estabilización durante la segunda parte del año, con el objeto de consolidar y avanzar aún más en el progreso alcanzado, lo cual permitirá a la economía crecer a un ritmo mayor durante 1990.

10. Para 1989, el programa busca  reducir la inflación anual a150 por ciento en el mes de diciembre, reducir el déficit de la cuenta corriente del 7 por ciento del PIB en 1988 al 5.7 por ciento del PIB y reforzar la posición de la RMI en 100 millones de dólares. Desafortunadamente, en las actuales circunstancias la tasa de crecimiento del PIB se espera que alcance apenas el 1 por ciento. Sin embargo, para 1990 se proyecta una recuperación en la actividad económica, con lo cual el PIB crecería en un 3.5 por ciento, acompañada de una continua desaceleración de la inflación, que para fin de año se estima podría estar en alrededor del 25 por ciento anual. El déficit de la cuenta corriente se proyecta que se reduciría a alrededor del 5 por ciento del PIB, pudiendo reducirse aún más y alcanzar una posición de balanza de pagos más firme y estable si las operaciones de reducción de la deuda externa que el Ecuador busca  llegan a concretarse. Para facilitar la consecución de las metas planteadas para 1990, el déficit del sector público no financiero se reduciría, según una proyección preliminar del 3.4 por ciento del PIB en 1989 a un desequilibrio de alrededor de 2.25 por ciento del PIB en 1990 (sin considerar la disminución del servicio de la deuda que se daría como consecuencia de la reducción del saldo de la deuda externa).

11. Para alcanzar los objetivos antes mencionados, el gobierno juzga conveniente reforzar la situación financiera del sector público de tal forma que la reducción en el ritmo de crecimiento del crédito y de los agregados monetarios no afecte la disponibilidad de recursos para los sectores productivos. El esfuerzo fiscal está complementado por la vigencia de la política cambiarla y de tasas de interés que busca  mantener, un adecuado nivel de competitividad de nuestros productos en el exterior e incrementar la rentabilidad de los activos financieros domésticos, así como el desmantelamiento gradual de las restricciones al comercio exterior puestas en vigencia en agosto de 1988, con el objeto de facilitar el proceso de recuperación económica y mejorar la asignación de recursos.

12. Para que se reduzca el déficit del sector público de 5.1 por ciento del PIB en 1988 al 3.4 por ciento del PIB en 1989, se proyecta que los ingresos crecerán en 2.2 por ciento del PIB, hasta alcanzar un nivel equivalente a123.4 por ciento del PIB, mientras los ingresos petroleros del Gobierno Central crecerían en 0.5 por ciento del PIB. Este último, está basado en un incremento esperado del precio promedio del barril del petróleo en el mercado mundial de U.S.$ 12.7 en 1988 a U.S.$ 15.5 en 1989 y un volumen de exportación de petróleo crudo de 61.2 millones de barriles. En el mes de julio, el gobierno ecuatoriano tomó medidas adicionales encaminadas a generar ingresos adicionales por 30.000 millones de sucres hasta forales del presente año. Adicionalmente, en lo que resta del año, el gobierno adoptará medidas encaminadas a reducir sus gastos con el objeto de alcanzarla meta propuesta que es un déficit del 3.4 por ciento del PIB en 1989.

13. Luego de que los ingresos no petroleros cayeron en un 1.5 puntos porcentuales del PIB en 1988, se espera que éstos crezcan en línea con el PIB nominal durante 1989, como consecuencia de la reforma tributaria aprobada por el Congreso en diciembre de 1988, que ha permitido mejorar las recaudaciones del impuesto a la renta y del impuesto a las transacciones mercantiles y expandió la cobertura del sistema del impuesto ala renta. Además se espera obtener mayores ingresos por el aumento de la tasa impositiva para los vehículos automotores, por una mejor administración tributaria a través de una reorganización del Registro Único de Contribuyentes y por un mayor avance en la computarización de las actividades de control tributario. Los avalúos catastrales, que habían permanecido congelados por muchos años, fueron actualizados por varios municipios. El gobierno también esta preparando reformas estructurales para ampliarla base imponible del impuesto ala renta y de las transacciones mercantiles, lo cual permitirá una simplificación y reducción de las tasas. Las empresas públicas han realizado algunos ajustes con el fin de incrementar su superávit operativo en 1.9 puntos porcentuales del PIB. El gobierno subió las tarifas eléctricas en un 45 por ciento en enero de 1989 y estableció un incremento mensual acumulativo de un 3 por ciento; a partir del primero de mayo de 1989, las tarifas telefónicas fueron aumentadas seis veces; INECEL está realizando grandes esfuerzos para el cobro de cuentas ya vencidas y CEPE ha reducido sus   gastos operativos y recibirá ingresos adicionales por el incremento en el precio de combustibles.

14. Las autoridades busca n reducir el nivel de los egresos corrientes totales (incluyendo intereses devengados) de un 20.3 por ciento en 1988 a un 17.8 por ciento del PIB en 1989. La reducción proyectada excluyendo intereses, equivale a 2.7 puntos porcentuales del PIB. El elemento fundamental de esta reducción es la persistencia de una política prudente de empleo y salarios en el sector público. En este contexto cabe señalar que los salarios para ese sector se incrementaron en un 23 por ciento en junio (frente a un aumento del 36 por ciento para el sector privado en el mes de mayo). El costo de cualquier reajuste salarial al adicional, deberá ser cubierto con ingresos adicionales y/o reducción de gastos. Los gastos de capital del sector público se espera que aumentarán en alrededor de un 2.85 por ciento del PIB en 1989, a consecuencia del reinicio de un importante número de proyectos financiados por organismos multilaterales, muchos de los cuales habían sido sus  pendidos en 1988 debido a la acumulación de atrasos que se produjo con anterioridad al mes de agosto. Sin embargo, estos gastos de capital está previsto que se realicen -en acuerdo con las empresas públicas y otros organismos seccionales- en montos consistentes con la meta arriba indicada, para lo cual las autoridades mantendrán un seguimiento permanente de los programas de inversión. Asimismo, las autoridades fiscales intentan limitar el aumento de la deuda flotante del Gobierno Central para fines de 1989, en 15 mil millones de sucres sobre el nivel de 1988 (U.S.$ 79.2 miles de millones), lo cual implica una considerable reducción en términos reales.

15. La ejecución del programa fiscal antes descrito, y una vez considerado el correspondiente financiamiento externo, permitirá al sector público aumentar sus depósitos netos en el Banco Central en aproximadamente 0.8 por ciento del PIB (asumiendo que los pagos parciales de intereses a los bancos comerciales sean realizados en los montos planeados). Un elemento crucial para la consecución de este objetivo constituye la supervisión que se realizará sobre las actividades de las entidades del sector público no financiero, especial mente de aquellas que tendrán una mayor incidencia para el logro de tal objetivo. Esta política hará posible un incremento del crédito para el sector privado en un 41 por ciento (47 por ciento excluyendo los vencimientos de la "sucretización" i.e.: deuda externa privada asumida por el Banco Central en los años 1983-84 y ampliada en 1984 y 1985), cifra consistente con la meta de desaceleración de la inflación. Bajo el programa Monetario aprobado en enero de 1989, este crédito es dirigido a actividades productivas, principalmente a la agricultura, el sector de la construcción y al sector microempresarial, como un estímulo para la generación de puestos de trabajo. El programa monetario define metas trimestrales en la variación de activos internos netos del Banco Central y en el crédito neto al sector público no financiero, según se detalla en los Cuadros 1 y 2 respectivamente. La expansión proyectada en los activos internos netos es consistente con una mejora de la reserva monetaria internacional (Cuadro 3) de U.S.$ 100 millones en 1989 y con una desaceleración del crecimiento de los pasivos del sector financiero con el sector privado.

16. Los principales instrumentos de política monetaria han sido hasta ahora las variaciones en las tasas de encaje legal y la compra-venta de bonos de corto plazo (Bonos de Estabilización Monetaria). En vista de que durante los últimos dos años, el control monetario se vio debilitado a causa de los frecuentes incumplimientos de los requerimientos de encaje, en enero de 1989 las autoridades monetarias aumentaron la tasa de penalización del 32 por ciento al equivalente de 23 puntos porcentuales por encima de la tasa promedio de ahorros que pagan los cinco bancos de mayor capital y reservas del país (la tasa ascendía a un 50 por ciento aproximadamente en el mes de mayo). En cuanto a la emisión de bonos de corto plazo, aunque su volumen no ha sido aún muy significativo, se proyecta utilizar este instrumento en forma más flexible e intensiva en el futuro. Con esta finalidad, se aprobó en abril de 1989 un sistema de subasta que permita establecer tasas de rentabilidad de mercado, a diferencia de los papeles anteriores que se ofrecían únicamente a tasas fijas.

17. En el mismo mes de abril, las autoridades monetarias modificaron el sistema de tasas de interés establecido en agosto de 1988, con el objeto de ampliar la flexibilidad del mecanismo vigente. Bajo las condiciones establecidas en el mes de agosto, la máxima tasa activa a ser cobrada por cada banco nacional, no podía superar los 19 puntos porcentuales sobre la tasa pagada en libretas de ahorro, cuyo valor era bastante inferior a aquella que se pagaba en pólizas de acumulación. Los bancos extranjeros y las compañías financieras, que por ley no pueden recibir depósitos de ahorro, fijaban el margen en base a la tasa promedio pagada por los cinco bancos más grandes del país. A partir de abril, sin embargo, se incorporaron al nuevo sistema de tasas de interés, las que se pagan en pólizas de acumulación que presentan más flexibilidad que las de depósitos de ahorro, y se redujo el margen anterior a 15 puntos porcentuales sobre el promedio de los dos tipos de tasas pasivas. Para los bancos extranjeros y el resto de intermediarios, la tasa activa puede ser superior hasta en 2 puntos al promedio de la tasa cobrada por los bancos nacionales. Las autoridades controlarán el funcionamiento de este sistema, con el fin de promover el crecimiento del ahorro financiero y el rol de la tasa de interés en la asignación del crédito. Complementariamente, el Banco Central incrementó las tasas de interés para operaciones preferenciales, mayoritariamente financiadas con sus   fondos propios y canalizados a través del sistema financiero hacia el sector privado.

18. El gobierno nacional considera que el mantenimiento de una política cambiarla realista es un elemento crucial del programa económico. En este sentido, las devaluaciones del sucre en el mercado de intervención ocurridas en agosto de 1988, la reciente del mes de mayo (esta última en aproximadamente 6 por ciento, fue combinada con una reducción del margen entre tipos de cambio comprador y vendedor, del 10 por ciento y un 5 por ciento) y las inmediatas depreciaciones que se aceleraron a 3 sucres semanales también a partir de este mes, constituyen importantes pasos hacia el mejora miento de la competitividad de las exportaciones. Si bien el sucre se habría apreciado levemente en términos reales desde el inicio de 1989, la bondad de la política cambiaría se manifiesta poda disminución del margen que separa a los mercados libre y de intervención y por el éxito del mecanismo de asignación de divisas por parte del Banco Central, luego de un largo período de permanente inestabilidad cambiaría. De aquí en adelante las autoridades económicas se proponen mantener el tipo de cambio efectivo real al menos al nivel del alcanzado en el mes de mayo de 1989 y se harán esfuerzos por mejorar la competitividad externa a lo largo del presente año. El margen entre los tipos de cambio comprador y vendedor en el mercado de intervención se reduciría a un 4 por ciento en septiembre de 1989 y aun 2 por ciento antes determinar 1990. Esta política cambiaría, sin embargo, no es rígida, puesto que estará sujeta a una permanente evaluación que permita adecuarla a los objetivos de balanza de pagos.

19. Las circunstancias adversas que han afectado al Ecuador desde 1987 han determinado la acumulación de una importante suma de atrasos en los pagos externos. Para fines de diciembre de 1988, estos incluían U.S.$ 42 millones de atrasos comerciales, U.S.$ 23 millones correspondientes a atrasos de servicios y U.S.$ 1.154 (amortización e intereses) de atrasos con los bancos comerciales, gobiernos y otros acreedores. El gobierno ecuatoriano, consciente de la gravedad de este problema, ha eliminado desde el mes de agosto los atrasos con organismos internacionales con el fin de reiniciar las operaciones de crédito con dichas instituciones e inició inmediatamente, a través de sus   autoridades económicas, una serie de contactos y negociaciones con los bancos acreedores, para regularizar las obligaciones vencidas y, lo que es más importante, lograr un acuerdo definitivo en un contexto de mediano plazo. Con el Club de París se espera reestructurar los atrasos y todos aquellos vencimientos susceptibles de ser refinanciados que corresponden al período de vigencia del programa. Los atrasos serán eliminados tan pronto como se alcance un acuerdo con el Club de París, y de cualquier manera, antes del segundo desembolso del préstamo del FMI. El resto de atrasos que no son negociables serían pagados al contado dentro de una programación coherente con el flujo de divisas proyectado para este año.

20. En 1988, el producto interno bruto por habitante fue bastante menor que el de 1980. Este indicador señala que la sociedad ecuatoriana ha perdido casi una década respecto a las justas aspiraciones de mejorar sus   condiciones de vida. Se justifica, entonces, una estrategia económica basada en una tasa de crecimiento de la economía que supere claramente el crecimiento de la población. Para alcanzar este objetivo es imperativo lograr un acuerdo de renegociación de la deuda externa que haga compatible el monto de las obligaciones del país con la capacidad de pago de su economía. En efecto, una vez tomados en cuenta todos los refinanciamientos potenciales disponibles y el apoyo de balanza de pagos de gobiernos y organismos multilaterales, el país todavía presentaría una brecha financiera del orden del 3 por ciento del PIB en 1989, tendencia que se mantendría en el mediano plazo, incluso llevando a cabo un sostenido esfuerzo de ajuste. En estas circunstancias no sería posible cerrar esta brecha en base, exclusivamente, a políticas de ajuste, dado el impacto negativo que esta estrategia tendría sobre la recuperación de la inversión y el crecimiento económico, así como tampoco sería posible ni deseable depender de una estrategia sus  tentada únicamente en dinero fresco. Por lo tanto, el Ecuador busca  negociar un paquete financiero con sus   acreedores comerciales a través de un menú que incluya, en forma primordial, opciones de reducción de deuda.

21. La política de deuda externa del país busca  mejorar las condiciones financieras y el perfil de los vencimientos de la deuda ecuatoriana. En consecuencia, se pretende priorizar los créditos de desarrollo de largo plazo que financien la inversión en el sector público y minimizar la obtención de préstamos en términos comerciales. En este contexto, los desembolsos netos de deuda pública externa con vencimientos de hasta 12 años inclusive, y los desembolsos de deuda con vencimientos de hasta un año, estarán limitados en 1989 a determinadas cantidades.

22. En apoyo de su estrategia económica para los años 1989 y 1990, el gobierno ecuatoriano desea contar con la colaboración del Fondo Monetario Internacional, a través de un acuerdo "stand-by" por el período que va hasta febrero de 1991, por una cantidad de 109.9 millones de DEG y cuyas metas cuantitativas se plantean en esta carta. También se pretende que una cantidad equivalente al 25 por ciento de los recursos disponibles bajo este arreglo con el FMI sea asignada para los propósitos de reducción de deuda. Más aún, el Gobierno solicitaría un aumento del monto propuesto en el acuerdo stand-by hasta en un 40 por ciento de la cuota del Ecuador, en el evento de un arreglo con los bancos comerciales basado en una importante reducción del servicio de la deuda. Asimismo, el gobierno nacional busca  llevar adelante reformas estructurales en ciertas áreas de la economía para lo cual ha iniciado el estudio de este tipo de medidas en base a las que propondría al FMI un acuerdo ampliado en sustitución del acuerdo solicitado en esta Carta de Intención. La cooperación de esta Institución así como del resto de organismos multilaterales será crucial para el éxito de las gestiones de reducción de las obligaciones externas del país y, por lo tanto, para la reanudación de un crecimiento económico sostenido, que favorezca en último término la consolidación de las instituciones democráticas en un ambiente de paz y progreso de la sociedad ecuatoriana.

23. Antes de la presentación de este documento ante el Directorio del Fondo Monetario Internacional, las autoridades económicas ecuatorianas harán una propuesta a sus bancos acreedores para enfrentar el problema de la deuda externa del país (en forma consistente con el resto del programa macroeconómico). Durante el tiempo que duren las negociaciones, el Banco Central del Ecuador realizará pagos parciales coherentes con su flujo de caja, el mismo que indica que el país podría pagar en este año solamente una cantidad equivalente a cerca de un tercio de los intereses que se vencen en 1989 (Ver Cuadro 1-3, nota 1.b). De acuerdo con las negociaciones con los bancos comerciales, estos fondos serán pagados directamente a dichos bancos (el primero de estos pagos se realizó a finales de junio) o colocados en una cuenta especial inmovilizada (set-aside account) ajustando la meta de reservas internacionales por la cantidad depositada. Estos fondos podrán ser utilizados en el futuro para facilitar el logro de un acuerdo financiero con los bancos acreedores. Ningún otro atraso, además de los antes referidos, se acumulará durante el tiempo que duren las negociaciones y todos los atrasos desaparecerán una vez que se llegue a un acuerdo.

24. Dentro de la estrategia de mediano plazo, el gobierno impulsará más de la integración de la economía ecuatoriana a la economía mundial, incentivará la expansión de las exportaciones ecuatorianas y reducirá las restricciones cambiarías y comerciales vigentes. En este contexto, se busca  modificar y racionalizar la actual estructura arancelaria como un medio para reducir las distorsiones existentes y utilizará el sistema de licencias de importación con propósitos estadísticos, fundamentalmente, y no con propósitos restrictivos. Además de la reducción del margen entre tipos de cambio comprador y vendedor a12 por ciento, los depósitos previos de importación desaparecerán gradualmente a lo largo de la duración del programa en cuatro etapas iguales, y se continuarán flexibilizando las restricciones a la importación de bienes de capital a lo largo de 1989. El límite actualmente en vigencia sobre la cantidad disponible de divisas para las importaciones del sector privado no ha sido restrictivo hasta ahora, puesto que la demanda de estas divisas ha estado muy por debajo de las ofertas bi-semanales hechas por el Banco Central. En caso de que este mecanismo resultará limitante debido a un incremento de la demanda, el Banco Central evitará que se produzcan restricciones cuantitativas a las importaciones.

25. En la actualidad, el Ecuador mantiene dos acuerdos bilaterales con países miembros del Fondo, cuyos saldos se compensan periódicamente en moneda convertible. El gobierno ecuatoriano no pretende intensificar restricciones a pagos y transferencias en transacciones corrientes internacionales, introducir nuevas prácticas de tipos de cambio múltiples, incluir nuevos acuerdos de pagos bilaterales que son inconsistentes con el Artículo VIII del Convenio Constitutivo del Fondo o intensificar o imponer restricciones a las importaciones con fines de balanza de pagos.

26. El gobierno ecuatoriano considera que sus políticas económicas son adecuadas para lograr los objetivos propuestos. Sin embargo, las autoridades del país tomarán medidas que sean necesarias para alcanzar tales objetivos. Durante el tiempo de vigencia del Acuerdo, las autoridades ecuatorianas sostendrán conversaciones con el Fondo Monetario Internacional de acuerdo con las prácticas usuales en este tipo de acuerdos. La primera de estas conversaciones de realizará antes del 28 de febrero de 1990. En ella se evaluará el comportamiento de la economía incluyendo la marcha de las políticas de tasas de interés y del tipo de cambio y se hablará de las metas trimestrales para el período posterior al 31 de diciembre de 1989. Adicionalmente, antes del segundo desembolso previsto en el acuerdo con el Fondo, se realizará una revisión de los acuerdos alcanzados en el contexto del financiamiento externo de la economía ecuatoriana.

Atentamente,

José Morillo B. Gerente General Banco Central del Ecuador

Jorge Gallardo Z. Ministro de Finanzas y Crédito Público