¿Por qué Lenin Moreno debe renunciar?

¿Por qué Lenin Moreno debe renunciar?

Pablo Dávalos

A inicios de 2020 el escenario económico no puede ser peor para el gobierno de Lenin Moreno. Sus aliados políticos de derecha le han dado la espalda. Al no poder cumplir con los compromisos asumidos con el FMI en marzo de 2019, esta institución también ha marcado distancias con el régimen y ha suspendido los desembolsos previstos y, para más inri, los mercados financieros de capitales han colocado a la deuda soberana de Ecuador en condición de paria. En menos de dos días el riesgo-país medido por la metodología de J. P. Morgan, se ha disparado a más de los 3.200 puntos básicos, un privilegio que comparte con Argentina y Venezuela. Con esta decisión, los mercados financieros de capitales prácticamente le cierran al gobierno ecuatoriano la posibilidad de financiamiento, al menos en el corto plazo y ven al escenario de default como inminente. 

Las malas noticias también se acumulan por el lado de la balanza de pagos. El precio del petróleo, el principal producto de exportación del país, como consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus, ha descendido a niveles preocupantes y deja con muchas dudas la proforma presupuestaria para el presente año. Además de eso, el contexto político le cierra todo espacio para cualquier tipo de ajuste. Las organizaciones sociales, entre ellas la poderosa CONAIE, se han pronunciado en contra de cualquier medida fiscal que implique ajuste sobre los más pobres. Falta indicar, asimismo, que los niveles de popularidad y credibilidad de Lenin Moreno se comparan a aquellos de Sebastián Piñera en Chile, ambos comparten alrededor del 5% de aceptación de su población. 

Estas circunstancias hacen prever que, probablemente, el gobierno tenga dificultades de liquidez para pagos a nómina, contratistas, proveedores, en fin, a la maquinaria del gobierno. Es necesario recordar, además, que el Ecuador es un país dolarizado y, por tanto, no tiene política monetaria. Depende de su balanza de pagos para obtener los dólares suficientes que puedan cubrir sus necesidades de liquidez, de ahí la importancia estratégica de la deuda pública externa. En consecuencia, el escenario del gobierno es de restricción de liquidez monetaria y escaso margen de acción en el sistema político. 

Ahora bien, en un país dolarizado se necesitan mecanismos que puedan mantener los niveles de liquidez necesarios para la economía y para el gobierno. Uno de ellos son las reservas internacionales. Son un instrumento que sirve, precisamente, para dar liquidez a la economía en contextos de restricción monetaria. Justo por eso, leyes como el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFYP), habían creado marcos legales para manejar con prudencia, responsabilidad y solvencia la liquidez de la economía. Al tenor de esa legislación, el ente rector de las finanzas públicas emitía títulos, obligaciones o notas de crédito a un plazo menor a un año que le permitían obtener liquidez a un costo relativamente bajo y cubrir sus posiciones de flujo de caja y con ello cumplir sus compromisos. Casi todos los bancos centrales del mundo hacen eso, y es absolutamente normal que el Ministerio de Finanzas utilice ese mecanismo, de hecho está para eso, para manejar y proteger las finanzas del país.

Casi todos excepto los fundamentalistas neoliberales que acompañan al régimen de Lenin Moreno y que han cooptado las principales palancas de la economía del país, y que consideran un anatema que el Banco Central pueda velar por la liquidez (por ello propugnan la idea inconstitucional de la independencia del Banco Central). Estos fundamentalistas neoliberales que se habían refugiado en las Cámaras Empresariales y habían cooptado a los empresarios que ahora piensan como ellos, ahora, y con el apoyo de los grandes medios de comunicación, han convertido sus dogmas en políticas de Estado, y con ello han puesto al país al borden del abismo, tal como lo hicieron en 1999. 

En efecto, el 7 de agosto de 2018, la Asamblea Nacional discutió y aprobó un conjunto de reformas legales (la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo), y, entre ellos, reformas a los artículos 36 y 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero a tenor de las presiones de los fundamentalistas neoliberales. Con estas reformas, se prohibió al Banco Central que adquiera títulos valor emitidos por el ente rector de las finanzas públicas. Es decir, el mecanismo de liquidez inmediata, de fácil acceso y de bajo costo, simplemente fue eliminado por razones puramente ideológicas, porque, de hecho, no existe racionalidad alguna que justifique la prohibición al banco central de financiar a su propio país, sobre todo con tipo de cambio fijo como la dolarización. Al eliminar este mecanismo, la única puerta que se abrió al financiamiento del Estado era la emisión de bonos soberanos en los mercados financieros internacionales. Ahora bien, el problema es que esa puerta, con el riesgo país tan alto, se ha cerrado de forma abrupta y el gobierno no tiene posibilidades de financiar su liquidez, porque no tiene política monetaria y su balanza de pagos ya acusa un déficit alarmante. 

Existirían, al menos, dos soluciones, ambas políticas, para resolver los inminentes problemas de liquidez y proteger la dolarización. La primera es que la Corte Constitucional declare inconstitucional por la forma y el fondo si no a toda la ley al menos a los artículos más pertinentes de la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo, de agosto de 2018, porque se incumplieron con formalidades de rigor y porque, efectivamente, hay disposiciones que son inconstitucionales como, por ejemplo, la reforma al Artículo 128 del COPLAFYP. Empero, hay serias dudas sobre la probidad de la Corte Constitucional. Su lamentable rol ante el estatuto jurídico de la Carta de Intención con el FMI que, según la Corte: “no surten efectos jurídicos sobre sus administrados”, así como su pretensión de rehabilitar los Tratados Bilaterales de Inversión, entre otros aspectos, proyectan sombras de duda sobre su solvencia moral y ética, y su capacidad intelectual y jurídica. Definitivamente, deben ser los peores jueces constitucionales que el país ha tenido en los últimos años. 

La otra salida es la renuncia del Presidente Lenin Moreno y que asuma el gobierno, hasta las próximas elecciones, su vicepresidente. De esta manera, el país puede zafarse del corporativismo de las cámaras empresariales que hoy controlan directamente la política económica del país. Con un nuevo ministro de finanzas, que sea técnico y sin directos compromisos corporativos empresariales, se puede pensar en un proyecto económico urgente que le devuelva al país los instrumentos de liquidez para proteger la dolarización. La renuncia del Presidente Moreno, por lo demás, solamente corrobora un hecho fáctico: al momento y luego de la movilización de octubre de 2019, no tiene ningún margen de maniobra político y se trata de un gobierno zombi. Un gobierno que políticamente está muerto pero que se mantiene con vida por la inercia de las circunstancias. 

Sus medidas económicas de marzo de 2020 lo confirman. En vez de constatar que el país necesita reactivación y políticas de liquidez y asumir un programa mínimo para salir de la recesión, se empeña en continuar con el ajuste y tomar medidas económicas ya no solo reñidas con el sentido común, sino incluso con la Constitución y las leyes. En efecto, atentar al salario de los trabajadores e imponerles una contribución va, de hecho, en contra de toda la legislación internacional y nacional que protege los derechos de los trabajadores. Los mercados financieros internacionales respondieron antes eso con el incremento del riesgo país. Esto significa que la sola presencia de Lenin Moreno en el poder se convierte en una amenaza para toda la economía. Sus desaciertos y su apoyo irrestricto a su equipo económico se van a traducir en incrementos del riesgo país y en un escenario ya no solo de default sino de crisis sistémica. Por todas esas razones, y para salvar la liquidez de la economía, es decir, proteger la dolarización, y evitar una crisis sistémica, como aquella de 1999, es momento que Lenin Moreno dé un paso al costado.