Sobreendeudamiento y radicalización del ajuste en el nuevo programa del FMI para el Ecuador, y alternativas económicas

Sobreendeudamiento y radicalización del ajuste en el nuevo programa del FMI para el Ecuador, y alternativas económicas

Pablo Dávalos

En su informe sobre el Ecuador, realizado en mayo de 2020, el FMI afirma que el país tiene que hacer un mayor esfuerzo en “consolidación fiscal”, así la meta pasaría de 4,8% del PIB, tal como constaba en la Carta de Intención que fue suscrita en marzo de 2019, al 6,2% del PIB para el periodo 2019-2025. Es decir, prácticamente, según el FMI, el país deberá duplicar el ajuste fiscal en el mediano y largo plazo. 

Precisamente por ello, el FMI da por terminado el Acuerdo de Facilidad Ampliada (Extended Fund Facility) por 4.209 millones de USD, establecido en el programa suscrito en marzo de 2019, para crear y proponer un programa aún más radical que el anterior. La justificación para dar de baja a la Carta de Intención es la utilización de indicadores de déficit fiscal defectuosos (statistical deficiencies) que implicaron un desembolso de alrededor de 431 millones de USD por un margen de desempeño no previsto en el resultado primario no petrolero del sector público no financiero (The revised data indicate a nonobservance of the performance criterion on the NOPBS of the NFPS at end-September 2019 by a margin of US$431 million. IMF, 2020). El FMI aclara que esa mala utilización no fue intencional sino que correspondería a la forma por la cual se registran los datos fiscales del Ecuador, asunto que se corregiría con la reciente ley aprobada de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. 

Para el FMI el escenario post pandemia, para el Ecuador es de más deuda externa y más ajuste y que la recuperación económica recién podría empezar en el 2023. El FMI estimó que el Ecuador habría perdido, producto de la pandemia Covid-19, 15.863 millones de USD, y tendría una necesidad de financiamiento bruta de 13.700 millones de USD, lo que empujaría su deuda a un 70% del PIB en el 2023, para una disminución esperada del 67,7% recién en 2025. 

Para el FMI, el país debería comprometerse con un fuerte programa ajuste en el 2021 e incluso más allá de ese año, a través de esfuerzos fiscales continuos, que impliquen una ambiciosa racionalización del gasto y una reforma tributaria favorable. En ese sentido, el FMI esperaría que el país realice cambios urgentes en las leyes monetarias, que permitan la libre circulación de capitales y el relajamiento de los mecanismos de control y supervisión bancaria. La misión del FMI, de hecho, está ya trabajando con las autoridades económicas del gobierno, en un nuevo programa de ajuste para el Ecuador, que tome en cuenta la realidad económica en un escenario post-pandemia. El gobierno, en ese sentido, enviaría en las próximas semanas un conjunto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.

Sin embargo, al parecer al FMI se le olvida (u omite) el hecho que el Ecuador es un país democrático que elige a sus autoridades en las urnas y que existe un texto constitucional que tiene que ser respetado por todos (eso incluye, por supuesto, al FMI). Por ello, hay una superposición y yuxtaposición temporal y política entre la negociación del nuevo programa económico para el Ecuador y las elecciones que se realizarán en pocos meses. Es como si el gobierno y el FMI quisiesen trazar ya los límites y posibilidades del próximo gobierno. 

Una actitud prudente y respetuosa del FMI esperaría a que el Ecuador primero defina y elija a sus nuevas autoridades políticas y económicas. Si las nuevas autoridades electas suscriben las posiciones del FMI, entonces esta institución puede acercarse al país y buscar cualquier tipo de negociación. Pero si las nuevas autoridades no las suscriben, entonces cualquier tipo de acuerdo previo al que se haya llegado simplemente tiene que ser anulado por obvias razones. Eso ya pasó con el gobierno de Macri y la posterior elección de Fernández, en Argentina. Al no poder reelegirse Macri, no habían condiciones políticas para continuar con el programa económico del FMI en el nuevo gobierno argentino, y el FMI se vio obligado a revisar sus posiciones con respecto a este país.

Lo mismo en el Ecuador. Todas las encuestas indican la fatiga de la sociedad ecuatoriana con respecto al ajuste al estilo del FMI y su actitud reacia a apoyar a políticos que se inscriban en la línea del ajuste fondomonetarista. Salvo escenarios no previstos, pero lo más probable es que la población ecuatoriana utilice las urnas para expresar su descontento con las políticas de ajuste, recesión, contracción económica y que han creado desempleo, pobreza y desinstitucionalización pública, además de corrupción. 

Es muy probable que el electorado también utilice las urnas para un ejercicio de fiscalización con respecto al gobierno de Lenin Moreno, considerado casi de forma unánime como el peor gobierno en la historia reciente, justamente por su férrea y ciega adscripción al ajuste, la austeridad y su expediente de corrupción. En consecuencia, es muy difícil que se genere un escenario político para la imposición de medidas de ajuste y su radicalización, en el sentido establecido por el FMI. En otras palabras, es improbable que el electorado ecuatoriano opte por la continuidad de las medidas económicas de ajuste y recesión (representadas por los candidatos de la derecha política).

Ahora bien, puede establecerse que las cifras son ineludibles y que el escenario de catástrofe se debe a vectores exógenos que han atravesado al mundo y al capitalismo al generar una crisis no prevista y de vastas consecuencias, por tanto el ajuste fiscal es ineludible, porque las cifras y los escenarios lo son. Sin embargo, es un lugar común, al menos en la academia y en los medios de comunicación más respetables, que en más del 99% de los casos, el FMI siempre ha fallado en sus previsiones y cálculos, y que sus métodos de análisis son anacrónicos, obsoletos y no toman en cuenta las realidades de las sociedades del siglo XXI. En efecto, los últimos avances de la teoría económica, en materia de información asimétrica de mercados y sus fallas estructurales, en el rol de las instituciones para la formación de precios, en el rol positivo de los multiplicadores fiscales para el crecimiento y el empleo, las economías de la información y los costos marginales nulos, entre otros, evidencian que los técnicos del FMI no leen, no investigan, y se dedican a repetir una doxa que nada tiene que ver con los problemas actuales. Ya a inicios del siglo XXI el premio nobel de economía Joseph Sitglitz, y ex vicepresidente del Banco Mundial, fustigaba a los economistas del FMI por su mediocre preparación teórica y académica. Por ejemplo, todos ellos aún creen en la pertinencia de un concepto elaborado en el siglo XIX que se denomina “teoría cuantitativa de la moneda”, y con ese concepto pretenden comprender e imponer decisiones en política monetaria, en contextos financieros y monetarios que nada tienen que ver con esos conceptos decimonónicos.

En consecuencia, puede indicarse que los datos y los escenarios que maneja el FMI no son creíbles, no son consistentes, no son congruentes y no son aplicables, al menos para las realidades del siglo XXI. Si se toma en cuenta el concepto de los multiplicadores fiscales y los multiplicadores monetarios (o dinero endógeno), una intervención pública sobre la crisis puede remitirla en el corto plazo y posibilitar la recuperación económica en menos de un año. Si eso se produce, entonces no sería necesario ningún programa económico al mediano y largo plazo, bajo el monitoreo y control del FMI, ni tampoco el sobreendeudamiento, como es su intención.

En el caso del Ecuador, algunas decisiones políticas y económicas pueden revertir la situación de manera radical y en el corto plazo. Por ejemplo, si se elimina la prohibición por la cual el Banco Central está restringido de adquirir bonos estatales (una prohibición absurda por lo demás), se pueden emitir bonos del Estado a un plazo menor a un año y con capacidad de roll over indefinida, para un programa de recuperación de la demanda agregada interna, por la vía de una renta básica universal. Esos bonos no son deuda porque son menores a un año y el mecanismo de roll over protege al fisco de todo tipo de egresos. Para que esta emisión no genere presión sobre la balanza de pagos, habida cuenta del esquema de dolarización, la renta básica universal puede cobrarse y gestionarse por la vía del dinero electrónico a través de circuitos de consumo/producción que integren e involucren a la economía popular y solidaria. De esta manera también se evita el riesgo del contagio de la población por el uso de billetes y monedas que pueden convertirse en vectores de transmisión de la pandemia. El gobierno central puede también migrar el sistema de pagos y el sistema de compensación al dinero electrónico. Con esta decisión (que es de tipo administrativo), se puede incrementar la velocidad de circulación del dinero, cuyo efecto multiplicador sobre el nivel de ingreso, empleo y producción siempre es directo y positivo. Esto reduciría de forma importante sus necesidades de liquidez y, en consecuencia, de deuda pública. 

El gobierno puede, además, decretar una remisión de pagos de intereses para el crédito hipotecario, crédito agrícola, crédito estudiantil, crédito de consumo, y crédito productivo para medianas y pequeñas empresas. Puede compensar este crédito con un programa de utilidad bancaria cero para el presente año fiscal o el siguiente. Puede también ampliar el cobro del impuesto a la renta a los grandes grupos económicos, sin necesidad de alterar las leyes sino a través de mayor capacidad de determinación tributaria del servicio de rentas internas. 

Con esos recursos, puede disminuir el impuesto al valor agregado para todos los bienes y servicios no suntuarios, ello tiene un efecto directo sobre el consumo interno y su respectivo efecto multiplicador. Al mismo tiempo, puede reinstitucionalizar sectores importantes como salud, educación, administración de justicia, seguridad interna, inclusión social, que fueron maltratados por el régimen de Moreno. El gobierno puede también suspender de forma indefinida los programas de modernización de armamento y destinar esos recursos a la recuperación económica a través de la banca pública de desarrollo. Puede crear una sinergia con la banca de la seguridad social para un programa intensivo de vivienda, con tasas de interés que no superen el 3% y con plazos de hasta 25 años, y motivar la creación de los bancos territoriales con los gobiernos autónomos descentralizados (Bancos de la Ciudad), para un programa de ahorro/inversión local. El gobierno puede también ampliar su cobertura de inversión pública, sobre todo para proyectos de energías limpias y mitigación del calentamiento global, cuyos efectos sobre la economía, el ingreso y el empleo siempre son positivos y tienen apoyo internacional. Un programa de esta naturaleza, y que supone decisiones muy puntuales, además, podría recuperar la economía en menos de un año. 

Con respecto a las necesidades de financiamiento externo, se podría establecer un cronograma preciso de obligaciones de deuda privada, multilateral y bilateral, para tomar decisiones al respecto, que podrían ir desde una reemisión de bonos para deuda inmediata, hasta una reprogramación de pagos global. Esto aliviaría la balanza de pagos y la presión de la deuda externa en el corto plazo. 

En otros términos, el programa que propone el FMI ni es imprescindible, ni es relevante, ni es prioritario. Hay otras posibilidades de gestionar la crisis creada por el pandemia del covid-19. La sociedad está a la expectativa de ese programa de reactivación productiva que implique también dimensiones de justicia, de equidad, de fiscalización, de soberanía y de una ética por el cuidado de todos. Ese programa es posible, es necesario, es factible, y es muy probable que la sociedad lo asuma y lo suscriba.