Carta abierta a los estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Central del Ecuador
Pablo Dávalos
Hace más de cien años, los estudiantes de la ciudad argentina de Córdoba inauguraban un camino diferente para la educación superior de América Latina y el mundo, y en su Manifiesto Liminar, un texto clásico por su forma y su contenido, expresaban: “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”. En un siglo, sin embargo, hemos retrocedido. Tenemos nuevos dolores por las libertades que hemos perdido.
La lógica neoliberal y empresarial de las reformas de Bolonia han infectado (y en tiempos de pandemia la metáfora adquiere otro significado), la producción científica y académica de nuestras universidades, de nuestros docentes e investigadores, y han impuesto y suprimido la relación entre transformación social y transformación educativa y cultural. Las universidades latinoamericanas, y en particular las ecuatorianas, antaño referencias de pensamiento crítico y compromiso social (Manuel Agustín Aguirre es un ejemplo de ello), se han convertido en replicantes de la competitividad neoliberal. Su consigna de “formar profesionales competitivos”, nos ha llevado a la decadencia moral, humana y también científica. El declive de nuestro sistema universitario es doloroso.
Una universidad decadente, tiene autoridades decadentes. Y quizá la mejor expresión de lo que sucede a nuestras universidades sea el caso de la Universidad Central del Ecuador y su rector, el Dr. Fernando Sempértegui.
En tiempos neoliberales, cuando más que nunca se necesita una universidad que piense al país por fuera de la doxa, la Universidad Central y sus autoridades han decidido someterse al rigor del ajuste neoliberal y sacrificar a sus docentes, estudiantes y trabajadores. Ahora bien, hay que aclarar que no se trata solamente de recursos negados, sino de derechos conculcados. Es inadmisible dejar sin el derecho a la educación a decenas de miles de estudiantes universitarios para aceptar dócil y resignadamente la austeridad neoliberal en cumplimiento a las prescripciones del FMI. No se puede dejar a centenas de docentes universitarios sin su derecho al trabajo y a su aporte a la sociedad.
¿Qué autoridades son éstas que deciden someterse a la lógica neoliberal y que no protestan, no generan alternativas y ni siquiera se indignan cuando el Estado asume como prioridad el pago de la deuda externa y no a su educación? Y todo esto ¡en tiempos de pandemia! Justo cuando más necesitamos de la Universidad, sus docentes, sus científicos, sus estudiantes.
Lo curioso y paradójico del caso, es que las autoridades de la Universidad Central (y de hecho todas las universidades públicas), tienen a su disposición un poderoso instrumento para defender a sus estudiantes y a sus docentes: la sentencia de la Corte Constitucional del 31 de agosto de 2020, para el caso No. 9-20-IA, que declara en su primer punto la inconstitucionalidad del recorte presupuestario a las universidades, en especial para la “contratación de docentes y personal académico, las actividades de docencia y de vinculación con la colectividad”, y en su tercer punto declara inconstitucional la resolución del CES (RPC-SO-012No. 238-2020), que afectaba la autonomía de las instituciones de educación superior y el estatuto docente de horas de clase.
No solo eso, sino que en el auto de aclaración de esta sentencia del 23 de septiembre de 2020, la Corte Constitucional amplía el contenido de su sentencia y establece que: “Para respetar la autonomía universitaria, las universidades y escuelas politécnicas públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas resolverán, de manera conjunta, coordinada y de ser posible consensuada, la determinación de los fondos destinados a los fines sustantivos de la educación superior como la contratación de docentes y personal académico…” .
En consecuencia, lo único que tenía que hacer, en este caso, el rector de la Universidad Central era pedir a la Corte Constitucional que garantice el cumplimiento de la sentencia y, con ello, evitar el despido de sus docentes y el cierre de sus programas de formación académica para miles de estudiantes. ¿Por qué no lo hizo? Si tenía una sentencia constitucional que le permitía y obligaba a resolver de manera coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas la entrega de los recursos, ¿por qué no generó los instrumentos, mecanismos, y estrategias de financiamiento al derecho a la educación superior? ¿Indolencia? ¿Incapacidad? ¿Indiferencia?, o, más bien ¿complicidad con el neoliberalismo?
Cuando constato que en vez de defender el derecho a la educación, y generar alternativas, y luchar por los jóvenes, por los docentes, por el derecho a la educación, se despide a 640 docentes, sin inmutarse, sin dar pelea al recorte neoliberal, sin defender a una universidad con tanta historia de rebeldía, de resistencia, de crítica radical, sin siquiera pedir el cumplimiento de una sentencia constitucional, pienso que le quedó muy grande el puesto de Rector al Dr. Sempértegui. En realidad, y es lamentable afirmarlo, pero no es el líder que este momento tan difícil y complejo demanda el Alma Mater.
Creo que todos aquellos que amamos a la Universidad Central del Ecuador, deberíamos exigir a Fernando Sempértegui que dé un paso al costado. No pudo defender el derecho a la educación de miles de jóvenes y el derecho al trabajo de centenas de docentes. Necesitamos, definitivamente, de otros liderazgos, con más visión, con más compromiso, con más responsabilidad.
Debemos decididamente respaldar a los docentes despedidos y exigir su retorno inmediato a las aulas. Nunca más un docente universitario debe ser sometido a los rigores de la austeridad neoliberal. Debemos, como ciudadanos, cuidar, proteger y respaldar a nuestras universidades públicas. El retorno a la docencia, de todos los docentes universitarios debe convertirse en una prioridad y en un imperativo ético. La educación es un derecho. Y los derechos se cumplen, no se negocian ni se irrespetan. Los estudiantes de Córdoba, escribían también: “la única puerta que nos queda abierta es la esperanza”, y como sabemos desde entonces, la esperanza es también revolucionaria.
Quito, 15 de octubre de 2020
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