lunes, 18 de julio de 2022

Apuntes para entender la movilización indígena de Ecuador de junio de 2022

 

Apuntes para entender la movilización indígena de Ecuador de junio de 2022 

 

Pablo Dávalos

Docente-Investigador UNACH

 

Introducción

El presente texto parte de una hipótesis general y es que el movimiento indígena del Ecuador recoge el malestar de la sociedad con respecto a las políticas de austeridad impuestas al tenor de las recomendaciones y condicionalidades del FMI y, para evitar su avance y radicalización, en especial luego que ganó las elecciones en el primer trimestre del año 2021, el banquero neoliberal y ultraconservador Guillermo Lasso, se ven en la obligación de trasladar el debate sobre el neoliberalismo por fuera del sistema político y traerlo hacia las calles y carreteras del país por la vía de la movilización social para tener posibilidad de negociación.

Para lograrlo, se necesita de una enorme capacidad de coordinación organizativa y logística, al mismo tiempo que legitimidad en los planteamientos y firmeza en el liderazgo. Todos esos elementos se demuestran en las movilizaciones sociales del Ecuador en el mes de junio del año 2022 cuando, durante 18 días, los comuneros indígenas del Ecuador, liderados por el presidente de la organización indígena CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Leonidas Iza Salazar, y sus aliados de la FEINE (indígenas evangélicos), y FENOCIN (indígenas campesinos y pueblos afrodescendientes), lograron arrancar del gobierno ecuatoriano un compromiso por detener las medidas neoliberales de austeridad y empezar políticas públicas de reactivación de la economía y redistribución del ingreso.

Para comprender esta situación, el presente texto comprende tres partes: (1) en la primera, se analiza la forma por la cual se llevó adelante un agresivo y radical programa de austeridad cuando no existían condiciones macroeconómicas que lo justifiquen, ese programa de austeridad impuesto desde el bloque dominante de poder y el FMI, provocaron una grave fractura social que se expresa, en lo fundamental, en la precarización de toda relación social; (2) en una segunda parte, se analiza la confrontación entre el bloque de poder oligárquico-financiero y el FMI versus la organización social indígena más importante del Ecuador, la CONAIE, durante los 18 días de movilización social que se produjeron en el mes de junio de 2022 en el Ecuador; en esta parte se analizan las demandas de los indígenas, la forma por la cual se estructuró la movilización y se trata de explicar la capacidad organizativa para explicar el control sobre el territorio nacional que ejerció durante el periodo de movilización la organización indígena CONAIE y sus aliados gracias a las instituciones indígenas como la minga; (3) en una tercera parte se puntualiza la disputa semiótica en redes sociales por parte de los medios de comunicación comunitarios y populares, y la forma por la cual se vinculan nuevas agendas y nuevos actores a la movilización como los jóvenes, los movimientos feministas y, en especial, los influencersindígenas. Al final se realizan varias conclusiones a partir de las hipótesis planteadas. 

El texto es un análisis de coyuntura y se sustenta en la metodología del análisis de coyuntura, en ese sentido implica una posición epistemológica que busca la interdisciplinariedad entre, básicamente, la política y la economía. Parte de un criterio epistemológico de comprender la realidad como una totalidad compleja y dialéctica en el sentido que expresa contradicciones que se resuelven gracias, precisamente, al conflicto o lucha de clases. 

Una precisión teórica hace referencia a la problematización del discurso liberal y de las formas que tiene el liberalismo político para resolver los conflictos políticos pero no económicos. En este caso, el levantamiento indígena del mes de junio de 2022, supera, por así decirlo, el marco interpretativo del liberalismo, porque pretende resolver el conflicto político, económico y jurídico que se resumen en su oposición a  la austeridad y al extractivismo por fuera de sus marcos prescriptivos, gracias a la emergencia del sujeto comunitario. Para superar una posición antropológica se propone comprender al sujeto comunitario desde una visión de ontología política. La posición con respecto a las políticas de austeridad del FMI es una posición crítica en el sentido que intenta validar sus condicionalidades con los datos que emergen desde la realidad económica del país. La intención del texto es demostrar la capacidad política del movimiento indígena para convertirse en el interpelante más importante a los programas de austeridad del FMI.

Los acuerdos con el FMI y el programa de austeridad 

En América del sur, para el año 2022, los dos únicos países que habían suscrito Acuerdos de Facilidad Ampliada (EFF por sus siglas en inglés), eran Ecuador y Argentina. Estos acuerdos implican, para los países que los suscriben, la adopción de un estricto programa de austeridad fiscal y, en alguno casos como Ecuador, la adopción de cambios legales importantes que se denominan “reformas estructurales”.

Los demás países de la región tenían acuerdos de líneas de crédito flexible (FCL por sus siglas en inglés), líneas de crédito de corto plazo (SLL por sus siglas en inglés), o instrumentos de financiamiento rápido  (RFI por sus siglas en inglés), todos ellos sin ningún tipo de condicionalidad ex post a los créditos entregados, es decir, no requerían de un programa de austeridad.

El FMI creó las FCL en marzo 24 de 2009 y no están sujetas a los criterios de revisión ex post y condicionalidad de los programas del FMI. Así, Colombia tiene una FCL por 9,8 mil millones de dólares (IMF, 2022), Perú también una FCL por 5,4 mil millones de USD (IMF, 2022); Chile un SLL por 3,5 mil millones de USD (IMF, 2022); Bolivia un RFI por 327 millones de USD y vinculado a la pandemia del Covid-19 (IMF, 2020); Paraguay un RFI por 274 millones de USD y también vinculado a la pandemia del Covid-19 (IMF, 2020). Ni Uruguay, ni Venezuela y Brasil  tenían ningún tipo de acuerdo con el FMI.

En el caso del Ecuador, el país suscribió: (1) un acuerdo de Servicio Ampliado (EFF) por 4,2 mil millones de USD en marzo de 2019 durante el gobierno de Lenin Moreno (IMF, 2019); (2) un RFI por 640 millones de USD en mayo de 2020 (IMF, 2020); y, (3) un nuevo acuerdo de Servicio Ampliado (EFF) en octubre de 2020, por 27 meses y 6.5 mil millones de USD (IMF, 2020). En octubre de 2019 se produjo una insurrección nacional en contra de las medidas del FMI que condujeron a que el gobierno dé marcha atrás en el programa de austeridad fiscal y que el FMI suspenda y, finalmente, cancele el programa de austeridad adoptado en marzo de 2019 (IMF, 2020).

En abril de 2021 gana las elecciones en el Ecuador el banquero Guillermo Lasso, dueño del tercer banco más grande del país, el Banco de Guayaquil, y de una serie de fideicomisos y banca off shore. Apenas gana las elecciones, Guillermo Lasso decide continuar con el programa de austeridad fiscal y presenta un Plan Nacional de Desarrollo que se armoniza punto por punto con las condicionalidades establecidas por el FMI en el EFF de octubre de 2020.

Asimismo, el gobierno de Guillermo Lasso toma algunas decisiones que complementan el programa de austeridad al tiempo que generan condiciones de posibilidad para la conformación de mercados privados en varias áreas. Así, mediante Decreto Ejecutivo No. 82, decide la privatización de la empresa estatal de seguros, Seguros Sucre, con una prima neta anual de más de 500 millones de USD, para que sean las empresas privadas de seguros quienes participen del aseguramiento de la infraestructura pública (Periódico El Comercio, 2021). En el Decreto 95 decide privatizar toda la industria hidrocarburífera en manos de la estatal Petroecuador, y crear un mercado privado de importación, distribución y comercialización de combustibles y, para consolidar este mercado, decide liberalizar los precios de las gasolinas y el diésel (Presidencia de la República del Ecuador, 2021).

No obstante, es necesario indicar que el FMI exige un programa de austeridad para el Ecuador, en un contexto en el cual la economía está en plena recuperación de la pandemia del Covid-19, y en donde existen condiciones macroeconómicas relativamente favorables como, por ejemplo, las siguientes: (i) un importante volumen de remesas de migrantes que alcanzó en el año 2021, y por vez primera cerca del 4% del PIB del país (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 69); un crecimiento del precio del petróleo que estuvo planificado en 59,2 USD el barril para el presupuesto fiscal del año 2022, pero que ha sido vendido por encima de los 100 USD en el primer semestre del año (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 62); (iii) un incremento en la recaudación fiscal por encima de lo programado (Registro Oficial, 2021)(El Comercio, 2022)

No obstante, el gobierno orientó esos excedentes hacia las reservas internacionales que alcanzaron alrededor del 8% del PIB a mediados del año 2022 (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 8). De acuerdo a las reformas legales exigidas por el FMI, las reservas internacionales sirven como aval en las transferencias externas para los bancos privados (Registro Oficial, 2021)

Ahora bien, en el siguiente cuadro hay un comparativo de ingresos permanentes (impuesto a la renta y otros impuestos) y no permanentes (ingresos petroleros) del presupuesto fiscal para el primer trimestre del periodo 2019-2022, que demuestran que el gobierno tenía ingresos suficientes para inversión pública y gasto social:

Tabla 1Ingresos permanentes y no permanentes, Primer trimestre años 2019-2022, en millones USD

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 36)

Puede apreciarse que en el primer trimestre del año 2022 la economía del país empieza a repuntar y que el gobierno tiene ingresos adicionales a los previstos, producto de mejores recaudaciones fiscales y que constaban en la Ley de Desarrollo Económico aprobada en noviembre de 2021, así como por el mejor precio del petróleo en el mercado mundial; por ello, no puede comprenderse el comportamiento de la inversión pública en el periodo 2018-2022 sino por un esfuerzo de ajuste económico radical y con relación directa a las condicionalidades establecidas por el FMI; la disminución de la inversión pública adquiere características importantes conforme lo certifica el siguiente gráfico:

Ilustración 1Comparativo de la inversión pública del gobierno central. Primer trimestre periodo 2017-2022, en millones de USD

 

(Banco Central del Ecuador, 2022, p. 36)

La inversión pública descendió de 611,5 millones de USD en el primer trimestre del año 2017, al inicio del gobierno de Lenin Moreno, a 26,1 millones de USD en el primer trimestre del año 2022, a pesar que en el año 2017 los ingresos petroleros, que son su fuente de financiamiento, para ese mismo periodo, fueron de 2.307 millones de USD, mientras que en el primer trimestre del año 2022 fueron de 3.528 millones de USD (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 36)

De otra parte, puede también apreciarse un proceso de sobreendeudamiento público pero que no tiene relación con la inversión pública conforme lo establece la Constitución. En efecto, la Constitución en el Art. 290 numeral 3, define lo siguiente: “El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: 3. Con endeudamiento público se financiará exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento de la deuda pública en los últimos siete años. Los datos indican que la deuda pública se duplicó en cinco años, pero no fue una deuda pública orientada a la inversión pública conforme lo establece la ley, sino que fue un proceso de sobreendeudamiento sin relación alguna con el desarrollo económico del país:

Tabla 2Deuda pública interna, externa y total 2016-marzo 2022, en millones USD


Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022, pp. 47, 78)

Esto da cuenta que el proceso de austeridad utilizó la inversión pública y la reducción del gasto corriente como variables fundamentales para disminuir el consumo nacional, al mismo tiempo que provocó un sobreendeudamiento para justificar y legitimar más medidas de ajuste al mediano y largo plazo.

El programa de austeridad produjo recesión económica que se expresó en disminución del pleno empleo. En el Ecuador, de cada diez personas en capacidad de trabajar, solo cuatro de ellas tienen un contrato de trabajo, conforme el siguiente gráfico:

Ilustración 2  % Empleo adecuado como parte del empleo global, 2017-2021



Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 103)

La pérdida de empleos provocada por el programa de austeridad disminuyó el ingreso de los hogares lo que contribuyó al incremento de la pobreza y la extrema pobreza. Conforme los siguientes datos, la pobreza y la extrema pobreza se incrementaron de forma importante:

Ilustración 3Proyección de la tasa de pobreza y de extrema pobreza para los años 2022-2023, en %de población total



Fuente: (ENEMDU, 2021, p. 08)

Esto quiere decir que al ritmo que asume la política económica de austeridad, la pobreza alcanzaría al 40% de la población en el año 2023, y la extrema pobreza subiría del 7,9% a cerca del 20% de la población para ese mismo año (ENEMDU, 2021). Hay que advertir que el índice de pobreza en el año 2017 fue del 21,5%; esto quiere decir que las políticas de austeridad del FMI podrían duplicar la pobreza y la extrema pobreza en apenas un lustro. En otros términos, el programa de austeridad del gobierno y del FMI programan la creación de pobreza de forma intencional.

Al mismo tiempo que se redujo el empleo y que el ciclo económico daba cuenta de recesión provocada por el programa de austeridad y también por los efectos recesivos de la pandemia del Covid-19, los indicadores financieros de los bancos privados, por el contrario, fueron anticíclicos y demostraron un importante incremento de las utilidades bancarias para ese mismo periodo, salvo para el periodo de la pandemia del Covid-19, conforme el siguiente gráfico:

Ilustración 4Ganancias del ejercicio total bancos privados, a diciembre 2017-2021, 

en miles USD



Fuente: (Superintendencia de Bancos, 2021)

El programa de austeridad creaba ganadores (el sistema financiero privado) y perdedores (los trabajadores y los campesinos indígenas); también generaba conflicto político y social. Es producto de este programa de austeridad que se producen los eventos de octubre de 2019 y de junio de 2022. En ambas circunstancias los eventos que detonan la protesta social tienen directa relación con los programas de austeridad del FMI y el sujeto político interpelante al programa neoliberal de austeridad es el movimiento indígena.

El levantamiento indígena de junio de 2022

El 13 de junio de 2022 empezó el paro nacional convocado por la organización indígena CONAIE, y también por las organizaciones aliadas FEINE (indígenas evangélicos) y FENOCIN (indígenas-campesinos y pueblos afrodescendientes), con una “Agenda de Lucha Nacional” (CONAIE, 2022), que contemplaba diez puntos, la mayoría de ellos, con directa relación al programa de austeridad del FMI y puesto en marcha por el gobierno de Guillermo Lasso.

El primer punto de la Agenda de Lucha de la CONAIE y las organizaciones aliadas, hacía referencia a la disminución del precio de la gasolina y del diésel y la necesidad de focalizar el subsidio para agricultores, campesinos, transportistas y pescadores. Hay que recordar que fue precisamente este punto el detonante de las movilizaciones, asimismo lideradas por la CONAIE, de octubre de 2019. Luego de 18 días de movilización nacional, el gobierno decidió ceder sobre este punto y redujo el precio de los combustibles en un 6%, al tiempo que se comprometió en la focalización del subsidio.

Otro de los puntos clave de la Agenda de Lucha fue la moratoria de la frontera extractiva y la derogatoria de los Decretos No. 95 y No. 151, que ampliaban el extractivismo petrolero y minero respectivamente. En los acuerdos con el movimiento indígena, el gobierno decidió derogar el Decreto No. 95 y delimitar con más precisión el catastro minero y excluir territorios indígenas y zonas vulnerables, conforme el pedido realizado por el movimiento indígena.

Asimismo, otro de los puntos importantes de la agenda era el alivio económico con una moratoria de al menos un año para renegociación de las deudas con el sistema financiero privado por parte de los pequeños productores rurales campesinos e indígenas y evitar el embargo por falta de pago. El gobierno también cedió en este punto y ordenó una condonación de pequeños créditos de la banca pública de desarrollo.

Sobre los demás puntos de la Agenda de Lucha, se estableció la conformación de una serie de mesas de trabajo (diez), encargadas de dar solución a todos y cada uno de los planteamientos realizados por el movimiento indígena ecuatoriano, y se instalaron un mes después de haber iniciado la movilización. Por lo tanto, puede constatarse que la movilización indígena se saldó con una victoria importante para las organizaciones indígenas. Aquello que pudo garantizar esa victoria está en su capacidad de organización y voluntad política de llevar la movilización hasta sus últimas consecuencias. Es necesario, por tanto, tratar de comprender las formas que asumió esa movilización.

Una primera reflexión es que la resolución del conflicto se produce por fuera de la institucionalidad del liberalismo, es decir, los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el movimiento indígena ecuatoriano, no se procesaron dentro de la institucionalidad del liberalismo, como por ejemplo, la legislatura o la participación ciudadana. Esto da cuenta que la forma por la cual la sociedad procesa aquellos aspectos cruciales para ella no están dentro de los procedimientos y formalidades del sistema político sino fuera de ellos. 

En efecto, a pesar que el movimiento indígena tiene una importante representación parlamentaria dentro del sistema político (alrededor del 19%), y que había, incluso, manejado la Presidencia de la Asamblea Nacional y que con sus aliados de centro izquierda tenía la mayoría de la legislatura, a las organizaciones indígenas nunca se les ocurrió situar la resolución del conflicto en las coordenadas del sistema político; es más, lo mantuvieron al margen y no le dieron ningún rol protagónico.

Una segunda constatación de esta movilización es la capacidad de control territorial del movimiento indígena y a escala nacional. Casi todas las capitales de provincia del país y, de hecho, todas las carreteras, estuvieron tomadas por el movimiento indígena durante los 18 días que duró el paro nacional. Es muy raro que un movimiento social tenga una capacidad de control territorial tan importante y a escala nacional y que, además, pueda sostener de forma ininterrumpida un paro nacional, pero eso fue lo que sucedió en las movilizaciones de junio de 2022 en el Ecuador. Esto suscita una inquietud ¿en dónde radica la fuerza y la capacidad de convocatoria, movilización, organización y logística del movimiento indígena?

La respuesta proviene del hecho de comprender a la movilización desde la lógica política del movimiento indígena como sujeto político pero también como sujeto con su propia ontología política. La movilización es la expresión de la ontología política del movimiento indígena. Asume esa forma y se expresa bajo esa representación, esto quiere decir que cuando la forma de hacer política, para la CONAIE y sus aliados (FEINE y FENOCIN), siempre es desde el sujeto comunitario. Detrás de la potente movilización consta y se registra el sujeto comunitario.

En efecto, el sujeto comunitario no toma decisiones políticas a nivel individual ni tampoco las valora a nivel individual. Las decisiones son comunitarias y, por eso, pueden sostenerse a pesar de la represión, la violencia y la persecución del Estado. Esas decisiones que se toman desde el sujeto comunitario tampoco se someten a la regla de la mayoría que es el mecanismo de toma de decisiones desde el liberalismo. En el caso del sujeto comunitario, las decisiones se toman por consenso y luego de un intenso proceso de diálogo comunitario. 

En el liberalismo quien hace la política son los ciudadanos, de ahí que quedan por fuera los niños, los jóvenes, las mujeres, los extranjeros; es decir, hay un componente censitario en la forma de hacer política desde el liberalismo. En el caso del sujeto comunitario esto no es así, la política la hace la comunidad en su conjunto, lo que incluye a los niños, jóvenes, mujeres y también extranjeros en el caso que los haya. Es por ello que en las movilizaciones indígenas hay tantos niños, jóvenes y mujeres, y no tiene nada que ver con manipulación alguna, como en alguna ocasión lo dijeron varios medios de comunicación, sino que es la expresión del sujeto comunitario.

Esta forma de tomar y asumir decisiones marca distancias que pueden parecer irreconciliables e inentendibles desde la política en su formato liberal. Generalmente, en los marcos liberales de la política, los jefes o líderes tienen la capacidad de tomar decisiones que son estratégicas y que nunca se consultan con aquellos directamente involucrados por estas decisiones. Para el sujeto comunitario esto es imposible, las decisiones más importantes siempre y en todo momento tienen que ser avaladas, consensuadas y aprobadas por el mismo sujeto comunitario. De ahí el error del gobierno en haber pensado que el presidente de la CONAIE o cualquiera de sus aliados, podía tener una capacidad de decidir sobre la movilización y detenerla cuando esa movilización dependía del sujeto comunitario.

Cuando el sujeto comunitario aborda una tarea en tanto sujeto comunitario, utiliza una de sus instituciones más ancestrales, aquella de la minga, es decir, el trabajo colectivo coordinado y estructurado desde lo colectivo. En este caso, cuando el sujeto comunitario asume la decisión de ir a la movilización, lo hace por consenso, y cuando arma la movilización lo hace desde la minga. 

La minga es una de las instituciones indígenas más potentes y más trascendentes de los pueblos indígenas, y esto pudo apreciarse en el levantamiento indígena de junio de 2022. Sin esta institución de la minga, habría sido imposible la coordinación, organización y logística del levantamiento. Aquello que estuvo detrás de la organización del levantamiento fue, justamente, esta institución de la minga. Gracias a ella, los comuneros indígenas pudieron articular de manera coherente, lógica y eficiente las líneas de abastecimiento, aprovisionamiento, transporte, logística, relevos, comunicaciones, seguridad, protección, alojamiento, control de todas las etapas de la movilización.

Para el gobierno, la magnitud de la movilización y su organización tan minuciosa y tan rigurosa solamente podía ser explicada por factores exógenos. Esto da cuenta del desconocimiento no solo epistemológico sino ontológico de lo que es y lo que significa el sujeto comunitario. Pero la minga apela a conceptos de base que tienen que ver con la cosmovisión de los pueblos ancestrales. El primero de esos conceptos es la solidaridad. El primer lazo que teje la minga apela a la solidaridad y es eso lo que pasó en todo el país. Una vez que los comuneros se decidieron por el paro ante las continuas negativas del gobierno por resolver los pedidos indígenas, obtuvieron muestras importantes de solidaridad de todo el país. En todas las ciudades se generaron muestras de solidaridad y generosidad con esta minga. La solidaridad de la minga apela a la cooperación y colaboración voluntaria y gratuita. Su única recompensa es simbólica y moral.

Un segundo elemento que suscita la minga es la reciprocidad. En este caso, los comuneros estaban, literalmente, luchando por todo el país, no solo por sus intereses en tanto economías campesinas e indígenas, sino que su agenda era nacional. Quienes acudieron al llamado de la reciprocidad fueron los más pobres y los más precarizados de la sociedad que se unieron a esta minga.

La solidaridad y la reciprocidad se explican por los fundamentos de ontología política del sujeto comunitario que tiene en su principio de relacionalidad su explicación sobre el ser en el mundo. Para el sujeto comunitario el mundo es una totalidad en la que pueden caber varios mundos. Esto puede comprenderse por la divisa de la unidad en la diversidad, o en aquello que los zapatistas de México reclamaban como “un mundo en el que quepan todos los mundos”. Este principio de relacionalidad apela a la interculturalidad. Para el sujeto comunitario la política siempre es intercultural y siempre implica la creación del mundo en el tiempo del mundo (al tiempo del mundo lo denominan pacha).

En consecuencia, cuando se advierte que detrás de la movilización de los comuneros indígenas en realidad consta el sujeto comunitario y su ontología política, puede advertirse que en el levantamiento de junio de 2022 hubo algo más que un paro nacional, en realidad, se confrontaban dos lógicas sobre el mundo, dos cosmovisiones sobre la realidad, dos proyectos de ontología política.

En el mundo del capitalismo y del liberalismo, la única forma por la cual se abren las compuertas de la política para las personas es por las elecciones o por lo que ellos denominan la “acción colectiva”. En el caso del levantamiento indígena es diferente. No es acción colectiva (aunque a fortiori puede parecerlo), porque el marco de epistemología política que la sostiene y estructura es aquel del sujeto comunitario, y el sujeto comunitario es algo diferente al sujeto individual moderno que realiza la acción colectiva.

Las consecuencias de la minga y del sujeto comunitario se expresan en una capacidad política de ese sujeto comunitario que rebasa todo aquello que puede ser contenido y definido desde el libreto liberal, que incluye, por supuesto, a la acción colectiva. La posibilidad de establecer un control territorial a escala nacional, bajo una plataforma específica y construida comunitariamente, con un liderazgo reconocido y con capacidad de extenderse durante los días que fuesen necesarios, da cuenta de niveles de organización, coordinación y dirigencia muy difíciles de comprender si no es a través de las instituciones y la ontología política del sujeto comunitario.

Otra de las instituciones del sujeto comunitario que también se desplegaron en esta coyuntura es la fiesta como apertura del tiempo y sus ciclos. En esta ocasión, la movilización coincidió con la fiesta más importante de los pueblos indígenas, el Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Es por ello que adquirió la forma de la toma de la plaza y la resignificación del territorio. La fiesta es ritual porque apela a lo sacro. Aquello que está en juego en la fiesta es el tiempo, el pacha. Para los comuneros, junio es el mes de la fiesta, el mes de la renovación del tiempo, el mes de la toma de la plaza. 

El resultado es evidente. Gracias a que en esta movilización se pusieron en marcha esas instituciones ancestrales, pudo lograrse algo que, en otras circunstancias, habría sido imposible, luego de 18 días de una paralización total y absoluta, los comuneros indígenas pusieron de rodillas al gobierno de Guillermo Lasso, quien se vio obligado a aceptar algunos de los puntos más estratégicos de la agenda de lucha del paro nacional.

Pero eso no quiere decir, en absoluto, que se haya detenido la maquinaria neoliberal ni el programa de austeridad del FMI. Quizá la haya interrumpido momentáneamente pero no la detuvo. Para detenerla hace falta algo más y que ahora el movimiento indígena lo tiene más claro: la necesaria confluencia entre la lucha social y la lucha política dentro de sistema político. Sin embargo, la hoja de ruta, para el movimiento indígena, empieza a perfilarse en ese sentido.

Medios digitales comunitarios e influencers indígenas

Si bien la institución de la minga fue el marco institucional que sostuvo y mantuvo la capacidad de organización del levantamiento indígena de junio de 2022, existen otras determinaciones que aparecieron en esta movilización y que son fenómenos inéditos no solo para el movimiento indígena sino también para la sociedad. Esos fenómenos tienen que ver, básicamente, con las redes sociales y el manejo de la comunicación desde medios digitales comunitarios.

Uno de los vectores que atraviesan a la globalización y le otorgan su propia particularidad tiene que ver, justamente, con el internet, la conexión digital que cada vez involucra a más sectores de la sociedad, y la compleja relación de las personas con las redes sociales. Ahora bien, a partir de la experiencia de las movilizaciones sociales de octubre de 2019, en el movimiento indígena se comprendió el rol estratégico de la comunicación de masas y la dimensión política de los grandes medios de comunicación que, por lo demás, siempre fueron aliados importantes del poder.

Esta vez, en el levantamiento indígena de junio de 2022, se pusieron en marcha toda una constelación de medios digitales comunitarios que fueron el eje sobre el cual se articuló la comunicación, la información y la reportería del levantamiento indígena. Medios digitales y comunitarios como: RedKapari, Lanceros Digitales, La Voz de la Confeniae, ApakTV, Wambra Medio Comunitario, Urku Kapari, Iliniza, Radio MICC, Radio Arutam, Bocina Digital, Comich Comunicación, en fin, fueron los que produjeron información y sus contenidos desde los territorios movilizados. Gracias a ese despliegue de medios comunitarios y digitales, pudieron desplazar a los grandes medios de comunicación.

Es la primera vez en la historia de las movilizaciones sociales del país, que se disputa el espacio de los medios de comunicación desde canales propios. En efecto, ante los grandes medios de comunicación apareció una gran constelación de medios digitales que tenían la ventaja de la proximidad, la legitimidad, la veracidad y la oportunidad y esta vez fue difícil para la gran prensa posicionar sus verdades que, en definitiva, son las verdades del poder.

Se trata de un fenómeno relativamente inédito porque siempre y en todo momento las movilizaciones sociales pasaban por el tamiz interpretativo de los grandes medios de comunicación, que casi siempre presentaban a esas movilizaciones sociales de forma grotesca, sin sustrato político y sin consistencia ideológica. Los grandes medios de comunicación lograban crear un consenso social negativo sobre las movilizaciones y trasladaban hacia las movilizaciones todas las responsabilidades posibles por millonarias pérdidas provocadas por esa movilización de tal manera que los convertían en culpables de una situación de anarquía, caos y desorden. 

Esta vez fue diferente. Los grandes medios de comunicación se enfrentaron, en el levantamiento, al rechazo no solo de los comuneros sino también de sectores sociales y populares, que les reprocharon por su falta de ética al momento de informar sobre la movilización social. Esto evidencia los contornos de una batalla semiótica que nunca fue confrontada con posibilidades de éxito desde los comuneros indígenas y sectores sociales, hasta este levantamiento de junio-22. Aquello que marca la diferencia es el aprendizaje del movimiento indígena con respecto a octubre de 2019. Esta vez, las organizaciones indígenas no solo que pudieron derrotar políticamente al gobierno gracias a las movilizaciones, sino que también crearon una fisura en el bloque de cemento de la comunicación de masas gracias a los medios digitales comunitarios. Fueron ellos los que informaron todo el tiempo sobre los eventos que se producían sobre el levantamiento. Fueron ellos la voz más creíble y la opinión más legítima en esa coyuntura.

No obstante, otro de los fenómenos interesantes e inéditos que se produjeron en este levantamiento tiene que ver con el rol político al lado de las organizaciones indígenas por parte de los influencers digitales indígenas. Esto es importante porque en esta coyuntura y ante la impotencia del gobierno y sus aliados por resolver políticamente la crisis y anular al movimiento indígena, apelaron al racismo. Los influencers pudieron hacer un contrapeso al racismo que empezó a destilarse en contra de los comuneros sociales en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Para la ideología colonial que sustenta el racismo, los indígenas carecen de consistencia ontológica. Simplemente: no son. No pueden ser. Nunca serán. Están en permanente devenir al ser. Nunca han sido.

Esta ideología colonial se expresa de muchas maneras: la posición del desconocimiento expreso de sus particularidades como pueblos y la obligatoriedad a que, para existir, asuman los formatos de la racionalidad dominante y dejen de ser indígenas; la posición de suspicacia permanente con respecto a los indígenas a quienes se les acusará siempre de “dobles intenciones” porque, según esta visión colonial, carecen de ética; la posición de miedo con respecto a los indígenas porque pueden ser capaces de lo inimaginable; la posición de desprecio porque nunca alcanzarán el éxito; la posición de conmiseración porque son pobres y no saben lo que hacen; la posición de infantilización a los indígenas a quienes se les acusa de ser permanentes menores de edad y proclives a ser manipulados. Son lo que Fanon definía como los “condenados de la tierra”.

Ahora bien, en un contexto de redes sociales y de influencers, en donde cada vez más personas, sobre todo jóvenes, los utilizan como referentes para construir su posición en el mundo, en esta oportunidad emergieron varios influencers propios del mundo indígena, fieles y consecuentes con su vida comunitaria y con cientos de miles de seguidores en todo el mundo, y con una capacidad de autoestima y proyección que su sola mención echaba por tierra todas las posiciones racistas y colonialistas.

Quizá en otras sociedades los influencers de redes sociales traten de cuidar y proteger sus espacios con respecto a la contingencias de la política, pero esta vez no fue así, básicamente por una razón, de forma independiente de su estatuto de influencers indígenas en redes sociales, ellos se deben a un sujeto comunitario. Ser indígenas significa formar parte de ese sujeto comunitario. Ellos, en tanto parte de ese sujeto comunitario, no tuvieron problema alguno de identificarse con la movilización y llevar la movilización al mundo de internet y las redes sociales.

En esta oportunidad abrieron un espacio de confrontación a través de formas de comunicación que son propias de las redes sociales y de las poblaciones más jóvenes. En el siguiente cuadro se hace una referencia a aquellos influencers indígenas que jugaron un rol activo en las movilizaciones de junio-22:

Tabla 3Principales influencers indígenas en el Paro Nacional de junio 2022

Nombre y Apellido

Pueblo/Nacionalidad

Actividad

Redes Sociales

Facebook

Twitter

Instagram

Tik Tok

You

Tube

Ñusta Picuasi

Otavaleña- Otavalo

Cantante de covers 

y traducción de canciones famosas al kichwa 

5.565

267

32.300

367.200

3.880

Sairi Anrango

 

Otavaleño-Cotacachi

Músico y difunde cultura otavaleña en sus redes

1.181

 

575

 

 

Zaruk Aya

 

Otavaleño

Difusión cultura indígena, paisajes, música, etc.

16.581

 

4.693

6.010

 

Leonardo Sefla

 

Kichwa- Puruha Chimborazo

Atleta calistenia y difunde videos de rutina de ejercicios, música y cultura indígena  

27.865

205

110.000

14.500

 

Cuenta Runa Calisthenic 

 

 

 

129.800

 

Meliza Yumisaca

Chimborazo

Comunicadora, modelo y actriz 

230.000

2.249

250.000

981.200

76.800

Fuente: Cuentas Oficiales de Redes Sociales 

Fecha: 9 Julio de 2022

 

Esta apertura hacia nuevas y creativas formas de acompañar la movilización social abre el paraguas para cobijar a su interior otras expresiones de resistencia y lucha social. En esta oportunidad, el movimiento feminista fue también importante en su solidaridad y en su acompañamiento a las movilizaciones sociales. Lo mismo puede decirse del movimiento ecologista y del movimiento juvenil, en especial aquel de la Universidad Central y la Universidad Salesiana que fueron claves para generar el apoyo necesario para recibir a los comuneros indígenas en su marcha en la capital del país.

Conclusiones

El 13 de julio, es decir, al mes de empezar las movilizaciones de junio-22, se abrían las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Esas mesas de diálogo tenían como objetivo trabajar en cada uno de los puntos acordados en los compromisos suscritos entre el gobierno y el movimiento indígena del Ecuador para dar por terminado el paro nacional. Sin embargo, el Presidente Guillermo Lasso se encargó de dinamitar y sabotear el proceso de diálogo, sobre todo al acusar a los comuneros y a los pueblos que se movilizaron en todo el país contra el programa de austeridad fiscal, por haber sido financiados por el narcotráfico.

Esta forma de sabotear un compromiso asumido por el gobierno y que de alguna manera le devolvía sus condiciones de gobernabilidad, se debe al hecho que el régimen nunca supo cómo procesar los acontecimientos de junio-22. Para el gobierno y todos sus aliados de la derecha política, tenía que existir algo más que explique una movilización tan contundente y tan potente como aquella que había ocurrido. Se trataba, como puede advertirse, de una visión racista y colonial que no acepta a los pueblos indígenas como interlocutores y, menos aún, como interpelantes.

Con esta movilización, el gobierno queda herido de muerte. Sus márgenes de maniobra en el sistema político que, de hecho, quiso destituirlo en esta oportunidad, son mínimos por no decir inexistentes. A pesar de ello, el régimen no alterará el rumbo de la austeridad fiscal, lo que presagia nuevas confrontaciones y, como muestra de ello, es el nombramiento en el Ministerio de Economía a uno de los cuadros más fundamentalistas del neoliberalismo.

Pero más allá de la coyuntura, existen hechos que son importantes destacarlos, y quizá el más importante de ellos, es la resistencia social a los programas de austeridad del FMI. Aquello que estuvo en el centro del debate fue, precisamente, la vigencia del programa de austeridad que, en el caso del Ecuador, asumía formas radicales. La movilización indígena del Ecuador de junio de 2022 debe, por tanto, ser asumida, comprendida y visualizada como parte de las resistencias globales al neoliberalismo y al FMI.

Se ha visto la forma por la cual el programa de austeridad prácticamente duplica la pobreza y la extrema pobreza en apenas cinco años, y le deja al país con una deuda de más del 75% de su PIB. Es necesario recordar que antes de que empiecen los programas de austeridad, la deuda pública no llegaba al 40% del PIB. Sobreendeudamiento y ajuste económico van de la mano. Sin embargo, el sistema político ecuatoriano se mostró inoperante e ineficaz para detener el ajuste, más bien lo agravó cuando aprobó leyes que radicalizaron el programa de austeridad, como fue el caso de la Ley de Desarrollo Económico, aprobada en noviembre de 2021.

Así, la única forma que la sociedad encuentra para detener la austeridad es a través de la movilización. Pero esta vez la movilización contra el ajuste y la austeridad es realizada desde la organización indígena más grande del Ecuador y una de las más importantes del continente, la CONAIE y sus aliados FEINE y FENOCIN. Como paso previo a esta movilización, la CONAIE había construido una agenda de lucha nacional de manera consensuada y participativa de todo su entramado organizativo y comunitario.

Cuando se produce el levantamiento el gobierno responde con violencia, represión y criminalización de la lucha social, de manera independiente que la movilización social esté respaldada a nivel constitucional por el derecho a la resistencia (artículo 98 de la Constitución). A pesar de la violencia estatal que produjo varios comuneros asesinados y centenas de heridos, la CONAIE y sus aliados, pudieron paralizar el país y tuvieron el control territorial durante los 18 días que duró el levantamiento. Al final, el gobierno se vio obligado a dialogar y dar solución a los problemas planteados en la agenda de lucha nacional.

Esta movilización fue contundente porque se sustentó y se basó en la ontología política del sujeto comunitario indígena. Es decir, en esta movilización pueden apreciarse las formas políticas del sujeto comunitario, como la minga. La movilización fue una minga que apeló a la solidaridad, la reciprocidad. Gracias a la minga pudo sostenerse durante 18 días la movilización en casi todas las ciudades del Ecuador. Pero también emergió la dimensión sacra-festiva de la lucha política de los sujetos comunitarios. Un levantamiento es como la toma de la plaza en la fiesta del Inti Raymi, es la apertura del tiempo hacia los nuevos tiempos.

Pero en esta movilización surgieron fenómenos nuevos como los medios digitales de las organizaciones comunitariasy que pudieron hacer un contrapeso al poder mediático de los grandes medios de comunicación asociados al poder económico y político. Surgieron también formas nuevas de resistencia y lucha social, como aquellas de los influencers indígenas en redes sociales, que pudieron atenuar el racismo que empezó a circular en medios de comunicación y en redes sociales.

El historiador Karl Polanyi advertía que la creación del mercado autorregulado condujo a la desarticulación de la sociedad y que las sociedades se defienden de los mercados (Polanyi, 2006). A esa trituradora social, que es el mercado autorregulado, Polanyi lo denominó el “molino satánico”. La insurgencia indígena, es una rebelión contra el molino satánico de la globalización neoliberal y de la visión de austeridad del FMI. Es una forma de decir: Basta! a esa máquina de precarizar a las sociedades. Gracias a esa movilización indígena, pueden abrirse las compuertas de la historia para crear un mundo donde quepan todos los mundos, es decir, la unidad en la diversidad.

Trabajos citados

 

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