El levantamiento del Inti Raymi de junio-22 El retorno de los guerreros y guerreras del arcoíris

 El levantamiento del Inti Raymi de junio-22
El retorno de los guerreros y guerreras del arcoíris

Pablo Dávalos
Docente Investigador Universidad Nacional de Chimborazo

Introducción

El 25 de mayo del año 2022, el Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Iza Salazar, advertía al país que el 13 de junio de ese año se produciría un Paro Nacional que, por sus características, sería parecido a aquel de 1990. En este caso, la referencia del líder de la CONAIE a los orígenes, daba cuenta de las expectativas que tenía la dirigencia del Paro Nacional con respecto a las movilizaciones que se anunciaban. La historia demostraría que esas expectativas se cumplieron y con creces.

La advertencia del líder indígena se hizo al día siguiente del discurso presidencial de Guillermo Lasso, en su informe anual ante la Asamblea Nacional en donde el Presidente Lasso aprovechó la oportunidad para ratificarse en su intención de continuar con su programa de ajuste, reducción del tamaño del Estado, desinversión pública y privatizaciones, de tal manera que se cumplía de forma expedita con las condicionalidades acordadas con el FMI.

El 13 de junio de 2022, conforme lo anunciado por Leonidas Iza Salazar, el movimiento indígena ecuatoriano inicia un levantamiento al que le otorga una dimensión nacional, territorial e indefinida. Nacional porque su agenda abarcaba a la mayoría de sectores sociales, es decir, no era una agenda étnica; territorial porque la resistencia indígena empezaba en los territorios de los comuneros e, indefinida, porque su resolución dependía de la voluntad política del gobierno para llegar a acuerdos en función de las demandas exigidas.

La agenda política de este levantamiento, se denominó: “Agenda de Lucha Nacional”, y se resume en diez puntos en los cuales se reclaman y exigen políticas públicas de atención social y, además, a través de esta Agenda, las organizaciones indígenas intentan detener la deriva neoliberal que se había radicalizado con el gobierno de Guillermo Lasso.

Durante 18 días, la movilización nacional va in crescendo en un proceso en el cual el gobierno de Guillermo Lasso progresivamente acumula errores y la dirigencia indígena, en cambio, demuestra una visión más estratégica. Conforme pasan los días, el gobierno pierde espacios de legitimidad social en la misma medida que los gana la CONAIE, la FEINE (organización de indígenas evangélicos) y la FENOCIN (organización de indígenas campesinos y pueblos afros), que son las organizaciones convocantes y organizadoras de la movilización nacional.

Este levantamiento indígena demuestra que, desde aquella movilización de 1990, el movimiento indígena ecuatoriano se ha constituido en un sujeto político que demuestra tener una capacidad organizativa para paralizar casi todo el país, controlar los territorios en los cuales tiene estructuras organizativas, articular una agenda programática que suscita la adhesión de muchos sectores sociales y mantener un liderazgo que concita y suscita consenso y reconocimiento nacional.

Es necesario, por tanto, una mirada hacia el interior del movimiento indígena para comprender cómo se organizó esta movilización, cómo se estructuró su agenda y cómo se manejaron aspectos de organización, logística y cuestiones estratégicas. Se trata, en definitiva, de entender cómo se gestó y se produjo la movilización social más grande del Ecuador luego de aquella de Octubre de 2019, desde el sujeto político que la llevó adelante, el movimiento indígena ecuatoriano, sin duda, una de las organizaciones sociales más importantes y trascendentes de toda América Latina, porque lograron lo que parecía imposible: que el gobierno neoliberal y ultraconservador de Guillermo Lasso acepte suscribir un Acuerdo con las organizaciones indígenas como interlocutores directos ante el poder e interrumpir, de alguna manera, la agenda neoliberal de su gobierno.

La Agenda

En primer lugar, es necesario analizar y comprender la agenda política del movimiento indígena para esta coyuntura, la denominada: “Agenda de Lucha Nacional”, porque la construcción de esta plataforma fue un proceso de diálogo y consenso comunitario que empezó a conformarse apenas electo el nuevo líder de la organización indígena, Leonidas Iza Salazar, a mediados del año 2021.

La Agenda de Lucha Nacional, con la cual la CONAIE, conjuntamente con la FEINE y la FENOCIN, legitiman y organizan su levantamiento y movilización, se construyó de manera colectiva y expresaba las formas fenoménicas que asume la acumulación de capital y sus efectos sobre las comunidades y los sectores populares.

En efecto, para aquellos que viven en su cotidianidad las consecuencias del neoliberalismo, este se manifiesta en el costo de transporte cada vez más caro, en los costos de producción agrícola cada vez más insostenibles, en los costos de los bienes de la canasta básica que, asimismo, son cada vez más inaccesibles, en la falta de empleo, en la desatención de los subcentros y centros de salud y hospitales públicos, en escuelas y colegios sin maestros y sin infraestructura, entre otros; por ello, el proceso de diálogo comunitario abierto por el presidente de la CONAIE y las organizaciones aliadas, fue un proceso político catalizador de sus demandas.

Este proceso de construcción comunitaria de la agenda política convierte a la dirigencia en una especie de portavoz en la que los dirigentes indígenas tienen que “mandar obedeciendo”. No pueden salirse de esta agenda, independientemente de sus propias convicciones e ideología.

Desde mediados de 2021, la nueva dirigencia nacional de la CONAIE, presidida por Leonidas Iza Salazar, realizó en pocos meses un esfuerzo gigantesco de visitar, literalmente, comuna tras comuna, y organización tras organización indígena y social, para construir, discutir, debatir y validar la agenda política de CONAIE y luego consensuarla con las organizaciones aliadas como la FEINE y la FENOCIN.

En esas discusiones, los comuneros son conscientes que su agenda no tiene la más mínima posibilidad de ser recibida por el gobierno si no hay de por medio un proceso de presión y resistencia social, porque, de hecho, lo habían intentado ya varias veces sin resultado alguno. La historia les ha enseñado que todo diálogo con el poder está mediado, justamente, por la movilización y la lucha social. Así, la construcción de la agenda es también el proceso de cimentación de la movilización social. Los comuneros que discuten en sus comunidades cada punto de esa agenda están conscientes que la única forma que esa agenda entre al debate político y que sea atendida es por la vía de la movilización y, además, que la fortaleza de la agenda depende de la fuerza de la movilización; esta debe ser contundente y debe llegar hasta las últimas consecuencias, porque están claros que tienen que confrontar a un gobierno radical y fundamentalista en su neoliberalismo.

Así, la construcción de la agenda política desde las comunidades se convierte al mismo tiempo en la organización de la movilización. Es ahí cuando los comuneros se deciden por una agenda que abarque intereses nacionales que incluya a los más pobres, al tiempo que proponen la movilización desde sus territorios y, a partir de ahí, que ella incluya cada vez más sectores y que continúe hasta conseguir sus objetivos.

Esto quiere decir que la movilización no nace ni se define desde el consejo de gobierno de la CONAIE ni de su Presidente, Leonidas Iza Salazar, ni tampoco desde la dirigencia de la FEINE o la FENOCIN, sino que es la expresión directa de la voluntad de los comuneros en este proceso de construcción de su agenda política. Esto es importante precisar porque marca una diferencia clave con la forma de hacer política en el sistema político y en el mundo occidental.

Generalmente los partidos políticos, esas maquinarias oligárquicas como los definía el politólogo Robert Michels (Michels, 2001), no consultan a sus bases para tomar decisiones importantes. Ellos juegan a la política a espaldas de sus electores, de sus bases e incluso de sus propios militantes. De hecho, tienen la costumbre de nunca validar sus decisiones y luego justificarlas ex post aunque sean contrarias a sus principios ideológicos; precisamente por ello, los electores rechazan esas prácticas y a los políticos, a los que acusan, con justa razón, de procedimientos opacos y reñidos con la ética.

No obstante, cuando el sistema político y el gobierno se confrontan a un acontecimiento político como es un levantamiento indígena, piensan que si se negocia con la dirigencia se puede intervenir sobre esa movilización y desmontarla. Suponen que la dirigencia indígena puede controlar la movilización cuanto es exactamente al revés, es la movilización la que controla a sus dirigentes, porque esos líderes son la expresión de esa voluntad comunitaria que es quien ha construido esa agenda y es quien ha organizado el levantamiento.

Esta incomprensión de tipo epistemológico y político extravió al gobierno de Guillermo Lasso que nunca acertó a descifrar al movimiento indígena, así como extravió a la prensa asociada al gobierno, y a los analistas, intelectuales, académicos y operadores políticos afines al régimen, aunque también extravió a algunos analistas e intelectuales de izquierda.

Ninguno de ellos nunca, de hecho hasta el momento, han podido descifrar el enigma de la organización indígena. Tienen una incapacidad epistémica para comprender la divisa de “mandar obedeciendo”. Su obstinada adhesión al marco liberal de la política se constituye en un serio obstáculo teórico para comprender al movimiento indígena.

De la misma manera que cuando se aprende un idioma nuevo y es necesario traducirlo a su propio lenguaje, así se intentó “comprender” e “interpretar” el levantamiento indígena y, de esta forma, se lo interpretó y comprendió, básicamente, desde el liberalismo, de ahí que esa comprensión y análisis haya

oscilado entre el racismo puro y duro que desconoce la capacidad política del movimiento indígena y los convierte en objetos de otros intereses (en este caso el denominado “correismo” o también el “narcocorreísmo”), hasta un intento de verlo como una amenaza a la paz, la seguridad del Estado y de la democracia (el discurso del “terrorismo” y del “vandalismo”).

No obstante, es necesario inclinarse un poco más sobre la Agenda de Lucha Nacional, para interpretarla de forma más política y en función del movimiento indígena como sujeto, y en contexto con la situación del país y las consecuencias que generó; en ese sentido, pueden advertirse, en esta Agenda de Lucha Nacional, al menos, los siguientes lineamientos:

• Una línea estratégica que apunta directamente al modelo neoliberal y trata de detenerlo;

• Una línea coyuntural que permite la convergencia y el consenso nacional sobre su pertinencia, legitimidad y justeza;

• Una línea táctica que le permite a la movilización graduar la lucha y flexibilizarla en momentos de negociación, como efectivamente sucedió;

• Una línea de acumulación de fuerzas, que le permiten a la organización

  indígena distender el conflicto a la espera de su resolución para poder retomarlo luego si no se cumplen los acuerdos establecidos.

  La línea estratégica

  La línea estratégica de la Agenda de Lucha Nacional, que fue el referente de la movilización, confronta de forma directa al modelo neoliberal y está presente en el punto 1 que plantea la “reducción y no más subida del precio de los combustibles” y la derogatoria de los decretos 1158, 1183, 1054; también tiene relación con el punto 4 que plantea: “empleo y derechos laborales”, y “políticas públicas para frenar la precarización laboral”; con el punto 7 que plantea un “alto a la privatización de los sectores estratégicos” con especial referencia al intento de privatizar el Banco del Pacífico; y, con el punto 9 que plantea “salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales”.

  Es estratégica porque permite evidenciar y poner en el debate político nacional el centro de las políticas de privatización del gobierno de Guillermo Lasso. Al ponerlas en el centro del debate político, acotan el margen de maniobra del gobierno de llevarlas a cabo. Toman en consideración los ejes prioritarios del proyecto neoliberal de Guillermo Lasso: (i) la intención de construir un mercado privado para la comercialización de derivados de petróleo; (ii) la flexibilización laboral; (iii) las privatizaciones; y, (iv) los recortes presupuestarios a salud y educación, entre otros.

  Son puntos que difícilmente se resuelven desde una movilización pero que, en cambio, necesitan ser neutralizados o, en todo caso, que el margen de maniobra para su implementación sea acotado, y es eso lo que logra la movilización: crea una energía política que reduce de manera importante los grados de libertad del gobierno para llevar adelante este programa.

  Su carácter estratégico puede advertirse porque: (i) permiten demarcar el discurso y proyecto político de la derecha al convertir los puntos centrales del modelo neoliberal en los ejes claves de discusión social, es decir, le restan legitimidad al neoliberalismo; (ii) esos puntos estratégicos de la Agenda de Lucha disputan el

sentido de la política y plantean la necesidad de volver a reescribirla desde otras condiciones, esta vez, desde aquellas definidas por la movilización social, esto es, la necesidad de recuperar el Estado y las políticas públicas sometidas al corsé del ajuste del FMI; (iii) amplían el cauce de la resistencia y movilización social y permiten la convergencia de otros sectores sociales estratégicos como los movimientos feministas y los jóvenes; (iv) crean un espacio de resolución del conflicto político, a través de puntos clave del modelo neoliberal, por fuera del sistema político; (v) obliga a la burguesía a cohesionarse detrás del gobierno de Lasso para defender al modelo neoliberal y las posibilidades de la dominación política y logran que se estructure un bloque de poder con una delimitación específica en sus posibilidades.

Esos puntos alteran el discurso político dominante porque ponen al país a debatir el centro de la política: sus acuerdos con el FMI y el agotamiento del modelo de ajuste y consolidación fiscal. Justo por ello, son estratégicos, porque trazan la cancha de ese bloque de poder ahora cohesionado tras la burguesía bancaria y financiera.

Los puntos estratégicos de esa agenda de lucha de las organizaciones indígenas, por tanto, acotan de manera importante los márgenes de maniobra y reducen la capacidad de gobernabilidad en el mediano y largo plazo, al tiempo que generan escenarios en los que las futuras confrontaciones los encuentre, a los indígenas, en mejores posiciones de fuerza.

La coyuntura

La línea coyuntural de esta Agenda de Lucha está contenida en el punto 1: la “focalización a los sectores que necesitan subsidio” de combustibles; en el punto 2 que plantea el “alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de un mínimo un año y renegociación de las deudas”; en el punto 3 que plantea “precios justos en los productos del campo”; en el punto 8 que plantea “políticas de control de precios y de especulación en el mercado de los productos de primera necesidad”; en el punto 9 que, aparte de lo ya señalado, plantea: “garantizar el acceso de la juventud a la educación superior”; y en el punto 10 que plantea: “seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado”.

Con estos puntos, la agenda abre el abanico para que puedan integrarse a la Agenda de Lucha Nacional todos los actores que, de una manera u otra, se sientan identificados por estos puntos. Son aspectos que evidencian que el gobierno de Guillermo Lasso desatendió la generación de políticas públicas para, más bien, concentrarse en cumplir con la agenda del FMI.

Gracias a estos puntos, la movilización nacional exige respuestas ante el alto costo de la vida, ante la ola de violencia, sicariato y delincuencia que vive el país, ante las necesidades de las pequeñas economías campesinas y populares ahogadas por las deudas y que tienen que afrontar los excesivos costos de transacción por intereses en mora y por la ejecución de sus garantías, entre otros aspectos de consenso social.

Estos puntos ponen a la movilización en el centro de las preocupaciones de todos los habitantes. En efecto, ¿quién de ellos no puede suscribir que se exijan políticas públicas para detener la ola de violencia, robos, asesinatos, sicariato y crimen

organizado? ¿Quién de ellos no pudo conmoverse con las masacres en los centros de rehabilitación social mientras el gobierno miraba para otro lado? ¿Quién puede oponerse a que exista un mínimo control de precios a los bienes de la canasta básica? ¿Quién puede oponerse a que los más pobres refinancien sus deudas y que no sean embargadas por los bancos sus pocas pertenencias?

Son puntos que no admiten discusión porque generan consenso y forman parte de la vida diaria de millones de personas. Gracias a estos puntos, la agenda puede expandir su ámbito de influencia y ganar en legitimidad. Son la expresión de las preocupaciones diarias de la gente de la calle. Si hay una mínima posibilidad que el gobierno pueda responderlas, entonces bien cabe sumarse a la movilización o, en todo caso, suscitar un consenso pasivo.

Con esta línea de coyuntura de la Agenda de Lucha Nacional, el movimiento indígena asume la capacidad de pensar y actuar más allá de las demandas específicas del movimiento indígena. Así, el levantamiento no es solo legítimo (porque tiene el reconocimiento de todos), sino también es justo.

Ante esa dimensión de legitimidad y justicia, el margen de maniobra del gobierno es mínimo. Oponerse a demandas justas y legítimas no le hace bien a ningún gobierno del mundo, menos aún a un gobierno que, en esos momentos, está en caída libre en su popularidad y legitimidad.

La línea táctica

La dimensión táctica de la Agenda de Lucha Nacional es, de todas ellas, quizá la más importante porque es sobre ella que se pueden tomar las decisiones para continuar o no con la movilización. El punto táctico más importante tiene que ver con el punto 1, es decir, la “reducción y no más subida del precio de los combustibles”, y con el extractivismo (punto 5). Esos puntos son las líneas rojas de la movilización. Son estos puntos los que le permiten a la organización indígena tomar las decisiones sobre la continuidad o no de las movilizaciones.

Si la organización indígena logra mover esa línea roja a su favor y logra la “reducción y no más subida del precio de los combustibles” habrá ganado. No importa tanto la cantidad de la reducción sino el hecho táctico de mover las líneas rojas, esta vez, en beneficio del pueblo.

En una visión táctica no importan tanto los centavos de reducción del precio de la gasolina y el diésel (que por supuesto son significativos pero no son objetivos tácticos), sino que se cumpla ese objetivo de “reducir y no más subida del precio de los combustibles”, es decir, evitar a toda costa que se utilice a los combustibles como variable de ajuste y como mecanismo de conformación de un mercado privado de comercialización de derivados de petróleo como quería el gobierno. Si la organización indígena lograba que se reduzca el precio de los combustibles y que se evite que vuelva a subir y si, además, sobre esa reducción, la organización indígena lograba focalizar esos precios a través de subsidios directos a los más pobres, entonces la movilización prácticamente estaba ganada en términos políticos (y económicos, evidentemente).

No obstante, la otra línea roja tiene que ver con el extractivismo, especialmente los decretos 95 y 151 que hacen referencia al extractivismo petrolero y minero, respectivamente. Si la organización indígena lograba derogar esos decretos o, al menos, acotarlos, la movilización también estaba ganada.

Y eso fue justamente lo que consiguió la organización indígena, pudo obtener una victoria importante en sus líneas tácticas. Es por ello que cuando el gobierno se compromete a reducir y evitar el alza del precio de los combustibles, así como con la derogatoria del decreto 95 y la revisión del decreto 151, la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, pueden levantar la movilización y salir victoriosos de ella. La línea roja se ha movido en detrimento del poder y en beneficio de los sectores populares.

Las jornadas de lucha, finalmente, lograron sus objetivos. Pueden ahora retornar a sus comunidades como victoriosos: han logrado una gesta heroica. Han logrado vencer al poder más neoliberal y conservador de las últimas décadas.

Sin embargo, las organizaciones indígenas y sociales saben de primera mano que el gobierno de Guillermo Lasso abandonará sus compromisos de forma casi inmediata. Saben que su palabra no es de fiar. Intuyen que el régimen no parará la maquinaria neoliberal. Saben, además, que tendrán que afrontar un proceso de represalias, de persecución, de judicialización y de lawfare. Justo por ello, crean un marco temporal (noventa días) en los cuales tendrán que resolverse tanto los puntos de la agenda estratégica cuanto aquellos de la agenda de coyuntura.

Es por eso que logran arrancar el compromiso de crear mecanismos de focalización, créditos agrícolas y políticas públicas a ser implementadas en ese lapso. Es por ello que añaden una línea de acumulación de fuerzas dentro de su agenda, porque intuyen que tendrán que volver a movilizarse y quizá con más contundencia para obligar al gobierno a asumir sus compromisos. En otras palabras, para los comuneros, a pesar de la victoria o quizá precisamente por ella, están conscientes que su victoria es apenas una tregua, para ellos, la lucha continúa.

La batalla por el significante

En segundo lugar, es necesario analizar la estructura de la “batalla semiótica” alrededor de esta movilización. Puede advertirse que el movimiento indígena y el movimiento social aprendieron de Octubre-19, y diputaron milímetro a milímetro la producción de discursos, significantes y semiosis sobre el levantamiento. Para esta oportunidad, se puso en marcha toda una constelación de medios de comunicación comunitarios y populares que, en su gran mayoría, nacieron en Octubre-19, y hacia el cual convergieron la ingente producción de testimonios, memes y opiniones de los propios comuneros y, además, de sus propios influencersen redes sociales.

El gobierno de Guillermo Lasso, en esta coyuntura, simplemente, no pudo generar un solo contenido semiótico de importancia. Cualquier discurso o contenido de comunicación era inmediatamente ripostado desde las organizaciones sociales y los medios comunitarios. Es la primera vez en la historia de las movilizaciones sociales y populares que los comuneros fueron conscientes que aparte de las batallas políticas existen aquellas discursivas y comunicacionales y que son tan decisivas como las primeras.

Ahora bien, al no tener una línea discursiva coherente y lógicamente estructurada, el gobierno, los grandes medios de comunicación y todos sus aliados, se refugiaron, para variar, en la teoría de la conspiración: que la movilización indígena y social era sostenida, financiada y definida desde el “narco-correísmo”.

Esa línea discursiva chocaba de frente contra los puntos de coyuntura que fueron incorporados en la Agenda de Lucha Nacional y que le daban legitimidad y justeza a los reclamos y exigencias de la movilización. Era difícil asimilar para la sociedad la acusación de narco-correísmo y narco-terrorismo, cuando meses antes la embajada americana había retirado las visas a varios generales de la policía acusándolos de ser “narcogenerales”. Más difícil aún de asimilar era el hecho que las fuerzas armadas nunca aclararon su relación con el lavado de dinero y los sistemas Ponzi que fueron parte de las noticias nacionales semanas antes de la movilización. Era incongruente, por tanto, acusar a una movilización con reivindicaciones justas y legítimas de algo tan fuera de lugar como el “narco- correismo”.

Cuando desde la población se pide de manera casi unánime políticas públicas de “seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para enfrentar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado” (punto 10 de la Agenda de Lucha Nacional), confrontar a sus propios ciudadanos y acusarlos, desde el gobierno y sus aliados, de narco-terrorismo, era, definitivamente, un despropósito.

Pero no solo eso sino que implicaba transferir el triunfo político de los comuneros indígenas directamente hacia la oposición política institucional representada en el denominado “correísmo” (por su adscripción al ex Presidente Rafael Correa), lo que abría una baza de apoyo electoral para un movimiento político al que se había perseguido con ferocidad y que, si se seguía en esa línea discursiva, podría retornar y volver a ganar las elecciones.

El fracaso de esta línea discursiva le dejó al gobierno sin ninguna estrategia de comunicación para gestionar la movilización y aquello que toma el relevo es tratar de inscribir y resolver la movilización desde la violencia de la represión y persecución. El gobierno, carente de una visión política intentó gestionarla desde la policía y el ejército. Pero son instituciones golpeadas en su legitimidad y en su propia institucionalidad (de hecho el neoliberalismo y la corrupción llevaron a la quiebra a la seguridad social de la policía nacional, ISSPOL). Esta estrategia también fracasó.

El único mecanismo que le quedó al gobierno y sus aliados fue el racismo y aquello que Aníbal Quijano denominaba la “colonialidad del poder” (Quijano, 2000); es decir, la descalificación al levantamiento indígena por el hecho que sus protagonistas eran “indios”. Fue un discurso asumido por sectores reaccionarios y casi fascistas, en especial de las clases altas de Quito, que pedían a gritos que la movilización sea resuelta desde el gobierno con una masacre.

Sin embargo, el hecho que el régimen no haya tenido posibilidades de construir una línea argumental sólida no se debe tanto a su incapacidad sino que tenía que enfrentar a una constelación de medios de comunicación populares con mucho reconocimiento y legitimidad en los comuneros, que los aceptaban de buena gana como reporteros y periodistas, pero esos mismos comuneros fueron intransigentes y hasta tajantes con los grandes medios de comunicación, a los que les exigieron más transparencia y ética en la cobertura  sobre la movilización.

Es decir, los comuneros sabían que la producción de cualquier tipo de significante sobre la movilización, esto es, cualquier reporte o testimonio o información,

primero tenían que hacerlo los medios comunitarios y había que evitar a toda costa ceder a los medios de comunicación del poder la entrada a la movilización.

Su posición revelaba la indignación generada en Octubre-19 cuando los grandes medios de comunicación escamoteaban la información, la tergiversaban, la manipulaban y la presentaban conforme a sus intereses. Esta vez, y con el aprendizaje de Octubre-19, los comuneros decidieron cortar por lo sano con los grandes medios de comunicación, y llegaron a la conclusión que la libertad de expresión, para estos grandes medios, en realidad, era la libertad de desinformación, tergiversación y manipulación. Eran armas de guerra, eran medios de disuasión ideológica.

La movilización

En tercer lugar, es conveniente reflexionar sobre la forma misma que asumió la movilización. En ese sentido, se puede apreciar un aprendizaje importante desde Octubre-19, por parte de los comuneros. En esta ocasión, la movilización pudo resolver cuestiones prácticas de forma eficiente y tienen que ver con: (i) la logística de la movilización; (ii) las líneas de aprovisionamiento y abastecimiento a la movilización; (iii) las líneas de comunicación entre los frentes de resistencia de primera línea, las estructuras organizativas, los medios de comunicación comunitarios, y los aliados estratégicos; (iv) las unidades de análisis de coyuntura, evaluación y equipos técnicos internos; (v) los derechos humanos, la asistencia médica, el abastecimiento a la población y la protección tanto a los comuneros cuanto a la población en general; (vi) los relevos y refrescamiento en las líneas de confrontación directa con la represión; (vii) las líneas de seguridad y protección a la dirigencia de la movilización; (viii) las vocerías autorizadas y los medios de comunicación comunitaria.

Como puede apreciarse, se trata de un elevado nivel de organización, coordinación, evaluación, monitoreo, seguimiento, comunicación, vocería e información a escala nacional. Gracias a este nivel de organización, el movimiento indígena tuvo el control de los territorios en casi todo el país. La paralización, en efecto, fue absoluta. El movimiento indígena ejerció un control territorial sobre muchas ciudades del país. Solamente podían circular las líneas de abastecimiento, seguridad, logística, y relevos, y previa autorización de la dirigencia de la movilización y eso a escala nacional.

Quizá pueda pensarse que para tener un nivel tal de organización y coordinación se necesitan de recursos extraordinarios y de ahí la teoría de la conspiración, pero todas estas líneas fueron satisfechas por todas y cada una de las organizaciones del movimiento indígena. Fue ese entramado de organizaciones comunitarias el soporte de cada una de esas líneas. Fueron las asambleas comunitarias las que decidieron cada una de ellas, las que las evaluaban día a día, las que compensaban las falencias y decidían las cuestiones claves y prioritarias. Fueron los aportes voluntarios de esas organizaciones comunitarias las que soportaron toda esa organización y logística. Ahí puede apreciarse la grandeza y la extraordinaria capacidad de organización del movimiento indígena ecuatoriano.

Por supuesto que hubo una enorme solidaridad en todas las ciudades en las que se movilizaron los comuneros indígenas. En Quito esa solidaridad, sobre todo desde los barrios pobres, fue realmente importante.

Pero el movimiento indígena tiene un aprendizaje de más de tres décadas desde el levantamiento de junio de 1990. En todo este tiempo, y a pesar de los intentos de todos los gobiernos por cooptarlos, fragmentarlos, destruirlos, dividirlos, han resistido y demuestran con creces porqué son la organización social más importante del continente.

En cada movilización, en cada levantamiento, han logrado afinar con más precisión aspectos de logística, abastecimiento, seguridad, comunicación, vocería. En cada movilización se activa el entramado comunitario y convierten a la movilización en una forma más de ese entramado comunitario. Si se quiere, la movilización es la puesta en escena de ese entramado comunitario cuando se decide por la resistencia activa. La movilización es la misma comunidad pero expandida en términos políticos. Es por ello que sorprende su nivel de eficacia y su alcance tan vasto. Pero si se mira a la movilización indígena como una forma por las cuales las comunidades deciden tomarse la plaza, como en las fiestas del Inti Raymi, entonces puede comprenderse que en toda movilización indígena también hay algo de fiesta, de ritual, de sacralidad. Forma parte de su proceso de ontología política.

Los ausentes

Algo que llama la atención es que en esta movilización las organizaciones sindicales faltaron a la cita. Si bien expresaron su apoyo a las movilizaciones, finalmente nunca llegaron ¿Por qué? Quizá una de las respuestas tenga que ver con el agotamiento de las organizaciones sindicales producto del anquilosamiento de sus dirigentes, de la falta de comprensión del momento político, de la falta de una renovación del discurso, o de la preocupación que suscita entre sus bases una política neoliberal tan agresiva que amenaza con precarizarlos y su desesperada estrategia de algo negociar con el gobierno.

La movilización incluyó, como uno de sus puntos estratégicos, la oposición a la flexibilización laboral, así como su rechazo a los recortes del presupuesto público en salud y educación. Había, por tanto, una sinergia con las demandas de los trabajadores. Pero los trabajadores esta vez demoraron la cita. Sus propias incertidumbres, sus miedos, sus recelos, sus debilidades hicieron que acudan tarde al llamado de la historia. Desde hace algunos años, los sectores obreros decidieron que la historia se escriba con otros registros que los suyos. Por ello, las organizaciones de izquierda que tienen una matriz obrera tampoco acudieron a la cita con la historia.

No obstante, otra de las ausencias que pesan tiene que ver con una academia que canta loas a la interculturalidad y que en junio no tiene problemas para festejar el Inti Raymi, pero que, en esta oportunidad, decidió cerrar sus puertas a los comuneros en su ingreso a la capital de la república.

En un contexto en el cual el gobierno se había decidido por la vía militar y policial de la gestión al levantamiento y había ocupado las instalaciones de la Casa de la Cultura y del parque de la resistencia, sitio habitual de llegada de los comuneros en sus marchas hacia la capital del país, era necesaria la solidaridad y la generosidad para acogerlos. Sin embargo, las universidades que más han hecho gala de la interculturalidad en sus marcos teóricos de investigación, fueron precisamente aquellas que cerraron sus puertas a los comuneros, lo que no deja de ser paradójico y que, a futuro, se convierta en cinismo cuando intenten reflexionar académicamente sobre este acontecimiento. ¿Cómo hacerlo cuando en esta

coyuntura dieron la espalda a esos comuneros que posteriormente se convierten en “objetos de estudio”?

Las contradicciones

Uno de los puntos débiles de la movilización tiene que ver con su representación política en el sistema político: el movimiento Pachakutik. No es una novedad. Ha sido una contradicción casi permanente desde que se creó el Movimiento Pachakutik en 1995-1996. La presencia del movimiento indígena dentro del sistema político, en vez de fortalecerlos más bien los ha debilitado. Son varios procesos históricos en los que la presencia legislativa indígena fue más un hándicap que una oportunidad. Un pesado lastre que, a veces, ha amenazado con sabotear sus procesos políticos y su movilización. En vez de tener estrategias conjuntas y armonizadas que permitan una convergencia entre la lucha social en las calles y la lucha política en la legislatura y el sistema político, más bien la institucionalidad manejada directamente por el movimiento indígena se ha puesto a contrapunto y en contradicción con sus dirigentes y sus propios comuneros.

En esta oportunidad, la situación es aún más complicada porque gracias a la energía política de Octubre-19, el movimiento indígena se convirtió en la segunda minoría más importante de la legislatura y llegó a captar la Presidencia de la Asamblea Nacional. Se trataba de una oportunidad única para construir de forma conjunta el Estado Plurinacional y acotar de manera importante el proyecto neoliberal de Guillermo Lasso.

Sin embargo, la representación parlamentaria del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, terminó orbitando dentro de la influencia del gobierno de Guillermo Lasso. Llegó incluso a fracturarse entre un pequeño bloque de asambleístas que quisieron ser leales a sus organizaciones de base, y la mayoría de sus representantes legislativos que decidieron apoyar al gobierno de Guillermo Lasso.

La situación se complica aún más cuando su candidato a la Presidencia de la República y que casi llega al balotaje final, Yaku Pérez, quien finalmente abandonaría el movimiento Pachakutik para crear su propio partido político, realizó una serie de declaraciones en contra de la movilización social y en contra de sus dirigentes para desprestigiarlos de tal manera que no se vean amenazadas sus expectativas electorales futuras.

Existe una disonancia entre la organización social y su representación parlamentaria, pero que no se explica por razones personales ni subjetivas, sino por algo más estructural y tiene que ver con la imposibilidad de construir un Estado Plurinacional, en un formato liberal de la política. En el liberalismo la política y la economía no se encuentran nunca, salvo para definir las reglas de juego de la acumulación de capital, es decir, aquello que el liberalismo denomina la “seguridad jurídica”.

El Estado Plurinacional es uno de los intentos más audaces por cerrar esa cesura radical del liberalismo, aquella que separa radicalmente la política de la economía. En el Estado Plurinacional no puede existir la política sin la economía. Para el sujeto comunitario, el hombre y su cosmos son una sola totalidad. No obstante, es material para explicarlo quizá en otra oportunidad, pero por ahora permite

advertir una de las contradicciones más fuertes que atraviesa el proceso político del movimiento indígena y su ontología política.

La forma de resolverlo ha sido ponerlo entre paréntesis. En efecto, cuando hay movilizaciones sociales, el movimiento indígena confía en sus dirigentes organizativos y traslada hacia ellos la capacidad de resolución del conflicto. Sus propios legisladores no son tomados en cuenta para ello, porque no quieren contaminar su lucha social con el sistema político. Es lo que hicieron en esta coyuntura. Nunca, ninguno de sus legisladores, incluso aquellos que presidieron la Asamblea Nacional, tuvieron rol alguno, ni en la negociación, ni en el acercamiento al gobierno, ni a los mediadores de esta negociación. El movimiento indígena los puso aparte porque el liberalismo, en ese contexto, puede ser una trampa.

Para concluir

Esta movilización puso frente a frente a uno de los banqueros más poderosos, Guillermo Lasso, quien es también Presidente de la República, y es la expresión más pura de la oligarquía del país frente a Leonidas Iza Salazar, el líder de la movilización nacional y presidente de la CONAIE. Son la expresión de los polos de la sociedad, aquel de la extrema riqueza y aquel de los comuneros indígenas, que tienen, cada uno de ellos, visiones distintas de sociedad. Detrás de ese encuentro/desencuentro, está la historia. Es una historia transida de dolor, sufrimiento e impunidad. Aquello que marca la diferencia es que esta vez el encuentro/desencuentro fue, literalmente, de poder a poder.

El bloque del poder de la burguesía bancaria-financiera, quizá la más potente del país y, esta vez, plenamente cohesionada, frente al bloque de poder de la CONAIE y sus aliados (FEINE y FENOCIN), quizá el movimiento social más importante de toda América Latina. En ese encuentro/desencuentro es evidente que fue la organización indígena quien tuvo una mejor capacidad de lectura político sobre su momento histórico. La forma por la cual articuló sus movimientos estratégicos y tácticos lo certifican. Al decimoctavo día de la movilización, podían retornar victoriosos a sus comunidades.

El gobierno de Guillermo Lasso queda, en cambio, profundamente debilitado. Hasta el momento, ha demostrado una absoluta incapacidad para comprender la complejidad de su interpelante más potente, el movimiento indígena. El gobierno y sus aliados de la gran prensa, sus think tank, han intentado construir un discurso ex ante para explicar ese viento de la historia, del que hablaba Walter Benjamin en sus Tesis sobre la Historia (Benjamin, 2010), y han procedido con la lógica de Procusto: han recortado de la realidad todo aquello que no cabe en sus propias explicaciones.

De esta manera, han creado una realidad monstruosa que no tiene cabida más que en su propio imaginario. Al no poder comprender la realidad, no pueden actuar sobre ella; en consecuencia, no pueden responder ni siquiera para defenderse. Eso quizá puede explicar su derrota; su ceguera epistémica les impide reconocer su propio campo de juego. Han perdido una batalla estratégica y hay la impresión que aún no lo asimilan. Esto significa que operarán a futuro como si nada ha pasado, como si todo fuese un vendaval de verano sin consecuencia alguna. Y, de esta manera, empiezan a crear las condiciones para el retorno de los guerreros y guerreras del arcoíris.

Los comuneros saben que sus reclamos son justos, pero la historia les ha demostrado que la justicia es una prerrogativa del poder. Saben por experiencia que aquello que se ha logrado ha sido a costa de mucho esfuerzo y sacrificio. Muchas vidas de comuneros se han quedado en ese camino. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento pasado y presente que lo certifica. Existe un silencio cómplice que los asesina nuevamente con el olvido y la impunidad.

Pero los comuneros saben que aquello que está en juego es la forma que asumirá el mundo, sobre todo luego de la pandemia. ¿Cómo construir ese mundo de la nueva normalidad? ¿Insistir otra vez en el neoliberalismo? ¿Volver al extractivismo?

En 1990 el movimiento indígena propuso el Estado Plurinacional. Desde entonces, sus movilizaciones apuntan a una reforma política radical del Estado liberal. En junio de 2022 continuaron con las movilizaciones que se quedaron interrumpidas en Octubre-19. Detrás de esos procesos hay algo más complejo, más profundo, más vasto. Está la posibilidad de cambiar al mundo. Cambiarlo para que en él puedan caber todos los mundos. Cambiarlo para crear un mundo sin seres humanos precarizados y fragilizados. En Junio-22, así como en Octubre-19, salieron victoriosos. Demostraron que, como escribía alguna vez un filósofo radical, no basta con interpretar al mundo, hay que transformarlo.

Trabajos citados

Benjamin, W. (2010). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Bogotá: Desde Abajo Editores.

Michels, R. (2001). Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna (Vol. I). Buenos Aires: Amorrortu editores.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (págs. 122-151). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.