Política económica para la reactivación, el empleo, la equidad, la sustentabilidad y la democracia

 Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa

 

Política económica para la reactivación, el empleo, la equidad, la sustentabilidad y la democracia

 

Elaborado por: Pablo Dávalos, para el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa

Fecha: 29-08-2020

 

Versión preliminar exclusiva para discusión interna

 

Antecedentes.-El Ecuador, a diferencia de los países de la región, soportó en el año 2020 la imbricación y yuxtaposición de dos fenómenos concomitantes: la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, y el programa de ajuste y consolidación fiscal impuesto por el gobierno y que redujo la inversión pública, y el gasto gubernamental a nivel inéditos en las últimas décadas. Estos dos fenómenos se retroalimentaron y produjeron una recesión económica de vastas consecuencias y que se expresaron en una disminución histórica de la tasa de pleno empleo jamás vista en la historia reciente del país: apenas el 15% del volumen total de la Población Económicamente Activa tenían pleno empleo a fines del año 2020. 

La reducción del empleo conllevó a la disminución de ingresos a importantes segmentos de la población, y al autoempleo, empleo no adecuado, desempleo y, por tanto, también a la pobreza. En efecto, la pobreza creció de alrededor de un 22% en el año 2016 a algo más del treinta por ciento en el año 2020. Con la pobreza, se produjeron también fenómenos sociales de estrés, de tensión, de conflictividad, de apatía social, anomia violencia e incremento de la delincuencia.

La reducción de la inversión pública y la contracción de la demanda efectiva crearon efectos de cascada sobre toda la economía: se cerraron negocios, tiendas, almacenes, fábricas; se redujo la liquidez de los hogares, se incrementó el crédito al consumo a tasas de interés onerosas, los hogares tuvieron que reducir su consumo a niveles mínimos de subsistencia, otros llegaron a desprenderse de sus activos, y consumieron todos sus ahorros, en circunstancias de deterioro, precariedad, inseguridad, y desazón que no tiene antecedentes en la historia reciente del país. El sistema de pagos, por otra parte, estuvo a un paso de la ruptura.

Sobre esta situación tan dramática, el gobierno articuló una estrategia de gobernabilidad por medio de la corrupción al sistema político, la utilización de la mentira y la manipulación de los hechos, la persecución judicial a sus opositores, y la entrega de toda la política económica a prácticas corporativas de cámaras empresariales, banqueros, tenedores de bonos de la deuda y lobistas, lo que produjo un ambiente de desinstitucionalización, pérdida de confianza, y pesimismo ante el futuro. 

La prioridad del régimen fueron los intereses de los grandes empresarios y banqueros, y de los tenedores de bonos de la deuda. En una dinámica que no tiene explicación, el gobierno emitió bonos soberanos de deuda en los mercados financieros por más de 14 mil millones de USD, para el periodo 2017-2020, y al mismo tiempo incrementó la deuda con organismos internacionales en una cantidad similar, empero ninguno de estos recursos fue, conforme lo establece la Constitución, al financiamiento de obra pública alguna ni para la reactivación; más bien al contrario, la FBKF (la inversión pública) cayó a mínimos históricos en este periodo. Surge, por tanto, la duda sobre el destino de importantes recursos de deuda pública que jamás tuvieron relación con la difícil situación que vivía el país.

De otra parte, la obligatoriedad de mantener los protocolos de salud pública de distanciamiento social para evitar los contagios a la población, reactualiza en el país y el mundo la necesidad de utilizar medios de pago electrónicos y en línea para proteger a la sociedad. La estructura productiva, comercial y vastos sectores económicos no pudieron subsistir a la pandemia, y muchos sectores como el turismo, la realización de eventos, la industria de la moda, el transporte aéreo, entre otros, sufrieron las consecuencias de la pandemia y de la reducción de la demanda agregada interna por las políticas de consolidación fiscal, empero se fortaleció el sector de salud y medicamentos, el del abastecimiento de perecibles y no perecibles a los hogares, entre los más importantes.

Es sobre este escenario económico que se producen las elecciones generales del año 2021. Empero, puede advertirse que la crisis económica es también una crisis política. Los sistemas políticos acusan un grave deterioro que se expresa por la pérdida de legitimidad y credibilidad. Sus márgenes de aceptación, para fines del año 2020, fueron mínimos. La clase política, de su parte, expresa también el agotamiento por su falta de renovación porque, en lo fundamental, son los mismos políticos desde el retorno de la democracia en 1979, y es evidente la necesidad de la emergencia de nuevos cuadros políticos. Es precisamente por esa coyuntura que es necesario incorporar y proponer nuevos conceptos y estrategias para la recuperación económica del país.

Este escenario da cuenta que se debe formular una política económica en sintonía con la coyuntura y con las exigencias del futuro, y la primera constatación es que el shock sobre la demanda efectiva interna, provocado por los dos procesos antes mencionados (el ajuste neoliberal y la pandemia), que las medidas que deben adoptarse deben ser medidas de demanda efectiva más que de oferta agregada. 

Además, la pandemia dejó dos importantes lecciones a aprender: (i) la política económica, para lograr la reactivación económica, debe abandonar todo enfoque sustentado en la austeridad, esto significa que se debe comprender que el problema más importante de una economía tiene poco que ver con el déficit fiscal y mucho con el empleo; y, (ii) el cambio climático es una realidad que amenaza de forma inminente a la especie humana y se necesitan algo más de acuerdos no vinculantes para revertirlos.

En virtud de los problemas económicos y sociales provocados por la recesión económica, los objetivos prioritarios de la política económica para lograr la reactivación, deberían ser:

1.             El empleo: es decir crear todas las condiciones para que se cree empleo adecuado, con respeto a los derechos laborales, con seguridad social, con protección integral y con la suficiente capacidad adquisitiva, para el mayor número posibles de habitantes;

2.             La redistribución del ingreso, en el cual la política económica permita que el esfuerzo social y el trabajo en común tengan un equilibrio en la distribución del ingreso y eviten su concentración e iniquidad;

3.             La reactivación de la producciónpero en condiciones de sustentabilidad y respeto a los derechos humanos y derechos laborales;

4.             La reinstitucionalización del país, sobre todo los marcos institucionales y jurídicos que permiten la planificación al desarrollo, y creen nuevamente confianza en el largo plazo;

5.             La mitigación del calentamiento global,lo que a su vez implica: (a) el abandono de toda política extractivista (ya no puede pensarse que “somos mendigos sentados en un saco de oro”, porque eso solamente justifica y legitima el extractivismo y la reprimarización); (b) el cambio en la matriz energética; (c) el cambio en los patrones culturales y sociales de consumo; (d) el respeto irrestricto de los derechos de la naturaleza.

Para lograr el pleno empleoy la reactivación, las respuestas no están precisamente por el lado de la oferta (las empresas), sino por el lado de la demanda. 

La primera prioridad, en consecuencia, es reparar los delicados mecanismos de demanda interna, lo que amerita centrar la atención sobre dos dimensiones fundamentales esta: (a) políticas de liquidez; y, (b) políticas de ingreso-consumo.

En un enfoque de demanda efectiva, el empleo es una función del consumo, y este a su vez de los niveles de ingreso. En un contexto de restricción del ingreso como consecuencia de los efectos de la pandemia, se necesita, por definición de un enfoque de política monetaria.

Esta advertencia es importante porque en el diseño de políticas económicas ante la crisis existe el sesgo de mirarlas desde el lado de la oferta, es decir, políticas de producción, inversión, y tasas de interés. Se tratan de medidas importantes pero en estas circunstancias son más bien complementarias a las medidas económicas de recuperación de la demanda efectiva (liquidez y consumo).

Con estos antecedentes, una política económica de reactivación debe adoptar, al menos para el caso del país, las siguientes decisiones inmediatas:

(i)   Suspender los despidos del sector público y re-vincular a todas las personas que fueron desvinculadas desde el año 2017, y acompañar a este proceso con la reinstitucionalización del país. Asimismo, pagar de forma inmediata a todos los proveedores del Estado, transferir a los becarios los montos asignados y pendientes, y pagar la seguridad social. Se debe también anular el Decreto 813 del año 2015 (la Reforma al Reglamento General de la LOSEP), que impide la recontratación de servidores públicos. La política fiscal que se propone más adelante, y el cumplimiento de la regla fiscal contenida en el Art. 286 de la Constitución, aseguran el financiamiento respectivo para la re-vinculación de todas las personas desvinculadas del sector público en estos últimos años;

(ii)  Adoptar y poner en práctica el Programa de Renta Básica Universal y sin Condiciones, que permitiría otorgar una cobertura monetaria permanente y estable a un millón de jefes de hogar, y con un monto de 400 USD mensuales. El Programa está diseñado para que los beneficiarios puedan afiliarse voluntariamente al IESS, puedan pagar los servicios básicos, entre ellos la conectividad a internet, y comprar los bienes perecibles y no perecibles de la canasta de alimentación. El diseño del programa impide la utilización de los recursos de la Renta Básica para otras actividades, como transferencias al exterior, y, además, se financia con instrumentos de política monetaria que no generan deuda pública, ni inflación. El diseño del programa se establece bajo la noción de “circuitos monetarios de producción” y se enmarca dentro de las nuevas teorías monetarias. Esta iniciativa, que ya ha sido diseñada en todos sus detalles, y que forma parte de sugerencias que provienen desde las Naciones Unidas, la CEPAL, y la cooperación internacional al desarrollo, debería formar parte de un Escudo de Protección Social que integre en una sola dinámica las transferencias monetarias condicionadas, así como una estrategia integral de subsidios y financiamiento a programas de protección e inclusión social (con dos dimensiones nuevas y fundamentales que sería conveniente llevarlas adelante: los subsidios al sector de la pequeña economía campesina, y la política de apoyo a las pequeñas y microempresas);

(iii)                 Revertir los procesos de concesión y de privatización, y solicitar a nuevas autoridades de control (Fiscalía, Contraloría y Control Social), que activen los mecanismos e instrumentos necesarios para transparentar estos procesos y determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar;

(iv)                 Se deberá respetar la Constitución y sus disposiciones atinentes a los acuerdos de Facilidad Ampliada suscritos por el régimen de Moreno en el año 2020 con el FMI, y pedir a la Corte Constitucional el respectivo control de constitucionalidad, así como la Asamblea Nacional que actúe conforme lo establece el numeral 5 del Art. 419 de la Constitución, para determinar la validez jurídica de estos instrumentos con el FMI. De comprobarse la inconstitucionalidad de este acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI, esta deuda debería declararse ilegítima y odiosa y debería ser sometida al trámite internacional para deudas ilegítimas y odiosas;

(v)   Revisar el proceso de renegociación de la deuda externa emitida en bonos y realizado en 2020.

Sobre estas consideraciones, se propone una política económica de transición, cuyos ejes serían los siguientes:

Política fiscal:La Constitución ecuatoriana en su artículo 300, determina los principios que deben articular y enmarcar la política fiscal, esos principios son: generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

La Constitución además establece que deben priorizarse los impuestos directos y progresivos, por consiguiente se propone un esquema de política tributaria sustentado en los principios constitucionales de la justicia tributaria y la redistribución del ingreso.

En tal virtud, se considera que deberían adoptarse las siguientes medidas urgentesen materia de tributación directaque permitirían una mejor justicia fiscal y una mejor redistribución del ingreso:

(i)   Otorgar mayor capacidad de determinación tributaria al SRI, a través de su capacidad coactiva, y eliminar todo tipo de remisiones, exenciones y garantías tributarias a los grandes grupos empresariales y grandes contribuyentes;

(ii)  Aumentar la capacidad de determinación tributaria del SRI y su capacidad coactiva, hacia los grandes conglomerados empresariales identificados por el SRI, de tal manera que se incremente progresivamente su participación en el impuesto a la renta, de un 2,4% identificado por el SRI en el año 2020, a un 5% para el año 2021, 7,5% en el año 2022, 10% en el año 2023, y 15% en el año 2024. Estos baremos son metas, que definen un piso de recaudación no un techo;

(iii)                 Retomar el impuesto a las herencias pero con focalización hacia los grandes contribuyentes identificados por el SRI, y con una amplia gama de exoneraciones a sectores de clase media;

(iv)                 Proponer una tributación al patrimonio a los grandes conglomerados empresariales identificados por el SRI, en una escala cuyo piso corresponda a un porcentaje no menor al 5%;

(v)  Proponer una tributación directa a los activos empresariales de los grandes grupos empresariales identificados por el SRI, en un porcentaje no menor al 1%;

(vi)                 Establecer una política de tributación para la remediación de los pasivos ambientales para las industrias extractivas.

En materia de impuestos indirectos, se considera que se pueden adoptar las siguientes medidas:

(i)   Una política selectiva de impuestos indirectos, en la cual se contemple una disminución del IVA al 5% para todos los bienes excepto aquellos de lujo, que tendrían, una tasa IVA del 18%. Los bienes tecnológicos, a los cuales se incluiría en esta oportunidad a los teléfonos inteligentes y tablets, tendrían un IVA del cero por ciento (porque los celulares inteligentes serán las billeteras electrónicas del futuro sistema de pagos);

(ii)  Para posibilitar la transición energética, puede determinarse también un IVA cero por ciento para autos eléctricos, así como facilidades arancelarias para su adquisición. Esto permitiría que los autos eléctricos sean más competitivos que los autos con motores de combustión interna, y posibilitaría una transición energética, que utilizaría mecanismos de mercado, más rápida (existiría menor presión a la balanza de pagos para importación de combustibles);

(iii)                 Establecer mecanismos de alivio y exoneración a determinados sectores claves como las industrias de los circuitos culturales, el desarrollo de aplicaciones de internet, entre otros.

(iv)                 Con respecto al ISD debe mantenerse en el porcentaje previsto por la ley y deben revisarse las exenciones realizadas en las últimas leyes, para evitar la fuga de capitales.

(v)  La política arancelaria deberá revisarse para evitar la importación de bienes de consumo que pueden ser producidos por el país, dentro de los márgenes de acción que el país tienen al interior de la OMC. De otra parte, para los tratados internacionales con protección de inversiones, deberá aplicarse lo que al efecto establece la Constitución en su Artículo 422.

Políticas de presupuesto fiscal: se necesitan adoptar varias medidas, entre las que consten:

(i)   Una disposición en la cual en el resultado primario sobre la línea para el cumplimiento de la regla fiscal establecida en el Art. 286 de la Constitución, tenga una diferencia entre gasto e ingreso permanente de un máximo del 5%, y que sea conforme a la reforma al Art. 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que reduce al 5% la atribución de modificar al presupuesto general del Estado por parte del ente rector de las finanzas públicas.

(ii)  Reformas legales que deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional en las cuales se eliminen: (a) los techos fiscales, las metas y las reglas fiscales de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Pública; (b) la reforma legal que orienta el Plan Nacional de Desarrollo hacia el cumplimiento de las reglas fiscales y todo su tratamiento disciplinario contenida en la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas; (c) la disposición legal que obliga a presentar un superávit fiscal primario contenida en la Ley de Fomento Productivo; (d) la prohibición de adquirir Notas del Tesoro y bonos del Estado por parte del Banco Central, contenidas en las Leyes de Fomento Productivo y Ordenamiento de las Finanzas Públicas; (e) la entrega del dinero electrónico al sistema financiero privado, contenida en la Ley de Reactivación Económica; (f) la eliminación de nuevas preasignaciones porque contravienen la prohibición constitucional del Art. 298, entre ellas el Fondo de Estabilización creado en la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas; (g) todas las reformas de consolidación fiscal que entran en directa contradicción con el texto constitucional y que fueron aprobadas en el periodo 2017-2020;

(iii)                 Cumplimiento inmediato por parte del ente rector de las finanzas públicas de las disposiciones transitorias Decimoctava y Vigesimosegunda de la Constitución;

(iv)                 Presentación de un plan de pagos consistente, coherente e inmediato de las deudas con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

(v)  Una auditoría pública a los procesos de renegociación de la deuda externa, en especial a la deuda en Bonos. Este proceso debe dar cuenta de la utilización fiscal realizada con esos recursos y que debe cumplir con lo que establece la Constitución y la ley;

(vi)                 Reversión inmediata de todos los procesos de privatización y concesión de activos públicos a operadores privados, y procesos de auditoría y transparencia sobre esos procesos. De ser el caso, se aplicará el derecho de repetición.

Política Monetaria:La Constitución también establece atribuciones en política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera (Art. 302), al tiempo que define el rol del Banco Central en el cumplimiento de estas políticas. De otra parte, la pandemia ha obligado a considerar de forma diferente a los circuitos monetarios y a una comprensión diferente de la moneda y la política monetaria, no como un acervo sino más bien como un flujo que tiene repercusiones inmediatas sobre el sector real de la economía y sobre las expectativas de los agentes económicos (técnicamente se denomina “dinero endógeno”); en ese sentido, se proponen las siguientes medidas de política monetaria que buscan consolidar el esquema de dolarización de la economía:

(i)   Migrar el sistema nacional de pagos administrado por el Banco Central, hacia medios de pago electrónicos, para proteger la salud pública (porque respetarían el distanciamiento social en los intercambios económicos). Para el efecto, solo se necesita de una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, de conformidad con las atribuciones establecidas en el Art. 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero;

(ii)  Para migrar hacia los medios de pago electrónicos, los usuarios no necesitan una cuenta en el sistema financiero privado nacional, sino disponer de un teléfono celular. El teléfono portable se constituye en un wallet (billetera virtual), que les permite a los usuarios realizar todas sus transacciones financieras y la utilización de los medios de pago electrónicos, y bajo la regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El sistema de pagos con medios electrónicos debe tener un costo marginal nulo (es decir, sin costo adicional alguno), para  posibilitar su expansión y consolidación;

(iii)                 Es necesario otorgar un rol macroeconómico a las reservas internacionales, en ese sentido, las reservas internacionales del Banco Central pueden servir de garante y colateral al sistema nacional de pagos por medios electrónicos y para la emisión de TBC ;

(iv)                 El Banco Central puede utilizar los Títulos Banco Central (TBC) para el financiamiento de varios programas: (a) el financiamiento de la Renta Básica Universal y sin Condiciones; (b) el financiamiento de las deudas con los Gobiernos Autónomos Descentralizados; (c) el financiamiento de los programas de reactivación económica que genere el gobierno (por ejemplo, un Plan de Soberanía Alimentaria, o un Plan de Apoyo a Microempresas, o un Plan de Apoyo a los Circuitos Culturales, entre otros). En cada caso, el gobierno puede emitir las correspondientes Notas del Tesoro con el carácter desmaterializado y revolvente y al cero por ciento de interés. El Banco Central registra estas Notas en sus activos y emite TBC sobre sus activos. El Sistema Nacional de Pagos administrado por el Banco Central permite que esos circuitos monetarios de producción lo hagan con medios de pago electrónicos, y en cada una de esas fases puede actuar la Economía Popular y Solidaria;

(v)  La generación de una Ley de criptomonedas, criptodivisas, monedas digitales y monedas locales, de tal manera que se pueda regular su uso, circulación, y utilización. En el caso de las monedas digitales y monedas locales, se puede propender a su utilización y convergencia hacia el sistema de la Economía Popular y Solidaria, para formar circuitos de ahorro inversión local, con monedas propias. Esta ley permitirá expandir la liquidez, en un contexto de contracción de la demanda efectiva, y sin generar efectos inflacionarios;

(vi)                   Se debe derogar las disposiciones de la Superintendencia de la Economía Popular y solidaria que impiden la creación de nuevas iniciativas de economía popular y solidario para los segmentos 4 y 5;

(vii)                 A fin de realizar una correcta y selectiva asignación de liquidez en un contexto de tipo de cambio fijo por la dolarización de la economía, sería conveniente pensar en la posibilidad de crear el Banco de Exportaciones e Importaciones del Ecuador: el EXIMBANC-Ecuador. Formaría parte de la banca pública de desarrollo, y su objetivo sería administrar todo el comercio exterior del país. Los exportadores estarán obligados a realizar sus operaciones de exportación a través del EXIMBANC-Ecuador, mientras que los importadores solo podrán obtener líneas de crédito para importación a través de esta institución. Esto permitiría una mejor asignación de la liquidez y un mejor control de la sobre y la subfacturación, al tiempo que permitirían proteger la dolarización;

(viii)              Se deben mantener una relación de Coeficiente de Liquidez Doméstica de cuatro a uno, es decir, por cada dólar que las instituciones financieras privadas tengan en el exterior, deben garantizarse cuatro dólares en circulación en la economía nacional;

(ix)                 Se necesita una reforma legal que permita la creación de los sistemas financieros territoriales como iniciativas de los GAD (los Bancos de la Ciudad o los Bancos de la Provincia), vinculados a la EPS y al sistema integrado de Banca Pública de Desarrollo. Estos bancos de la Provincia y/o Bancos de la Ciudad, articularían los procesos ahorro-inversión territoriales con las necesidades concretas de los territorios;

(x)  La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera debería: (a) disminuir los costos de transacción del sistema financiero, incluidos los costos por liquidez en los cajeros automáticos; (b) prohibir costos adicionales a todos los usuarios del sistema financiero privado nacional, en sus diferentes cuentas; (c) prohibir que la contratación de seguros de liquidez y todo tipo de seguros sobre cuentas ahorro y cuentas corrientes, los paguen los usuarios y clientes del sistema financiero nacional, esos costos deben asumirlos directamente las instituciones del sistema financiero nacional; (d) disminuir los costos de intermediación de las tarjetas de crédito y prohibir el cobro de interés en mora para los usuarios (porque no se puede cobrar dos veces por la misma transacción); (e) considerar a todas las transacciones en dinero líquido de más de cincuenta mil USD, como susceptibles de pertenecer al crimen organizado;

(xi)                 Bajo ninguna circunstancia debe aprobarse ni considerarse ningún marco legal que en materia de política monetaria implique contradicción con la Constitución, como la pretendida autonomía e independencia del Banco Central (prohibida por la Constitución en su Art. 303). En ese sentido, se debe pedir a la Asamblea Nacional que se pronuncie sobre los Acuerdos de Facilidad Ampliada con el FMI en conformidad con el numeral 5 del Art. 419 de la Constitución;

(xii)                Articular una estrategia de coordinación, convergencia y armonización de un solo sistema integrado de banca pública para el desarrollo, de tal manera que actúen de forma conjunta, correlacionada e integrada todas las instituciones que conforman la Banca Pública para el Desarrollo, y que comprenda: (a) el Banco Central del Ecuador; (b) la banca pública de desarrollo (CFN, Ban-Ecuador, Banco del Estado); (c) BIESS, (d) Banco del Pacífico, (e) el CONAFIPS, y (f) el EXIMBANC-Ecuador; y (g) los Bancos de la Ciudad. Esta estrategia debe dirigirse a una articulación con el sistema de la Economía Popular y Solidaria, y con los objetivos de la reactivación económica, para: (a) disminuir las tasas de interés; (b) reducir y eliminar los costos de transacción en las actividades financieras; (c) fortalecer el sistema nacional de pagos en medios electrónicos y sin costos de transacción; (d) crear líneas de crédito para la reactivación productiva (MIPYMES, EPS, Soberanía Alimentaria, etc.), (e) asignar de forma coherente la liquidez hacia los sectores más importantes de la reactivación.

 

Políticas de precios:uno de los aspectos que caracterizan a la economía ecuatoriana es el alto nivel de concentración y centralización de mercado, que otorga un enorme poder de dominancia de mercado a un pequeño grupo de empresas. Según datos del SRI, para el año 2019, el 1% de las empresas registradas en el país, concentraban más del 90% del Valor Agregado Nacional. El problema es que este nivel de dominancia de mercado distorsiona el sistema de precios y se aleja de los determinantes de los precios (el costo de la fuerza de trabajo, la tasa de interés, el costo de la energía), por la elasticidad precio-producto. En ese sentido se necesitan políticas  para:

(i)   Articular una estrategia integral que elimine las distorsiones del libre mercado, las prácticas colusorias, los precios predatorios y la extracción de excedentes del consumidor, dentro de lo que establece la ley, de tal manera que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado pueda defender la capacidad adquisitiva de los salarios. De la misma manera que existen catálogos, e indicadores de cuentas nacionales y variables macroeconómicas, la Superintendencia debería crear el Catálogo Nacional de Dominancia de Mercado, en el cual consten los indicadores de dominancia y administración colusoria de los mercados por parte de los grandes grupos empresariales, esta información permitiría a los consumidores saber que están pagando un precio adicional al precio normal (porque pagan por la renta de monopolio) y buscar alternativas; al ente rector de las finanzas públicas, de su parte, le permitiría focalizar la atención tributaria y crear un impuesto de comportamiento (como es el ICE) a las ganancias extraordinarias para estimular el libre mercado, y al sistema financiero le permitiría comprender mejor la relación ahorro-inversión;

(ii)  Asumir una política antimonopolio que obligue a los monopolios a entrar en mecanismos de libre mercado y libre competencia. En caso de monopolios, duopolios, oligopolios, holdings, cárteles, el Estado por la vía de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado debe obligar a dividirse en empresas más pequeñas y de diferente propiedad a las empresas monopólicas;

(iii)                 Establecer un nivel de precios para los bienes de la canasta de alimentación en todos los circuitos de comercialización y de cumplimiento obligatorio y vigilarlo por vía de redes sociales. Esto significa que los clientes de todos los supermercados del país tienen acceso a una lista de precios oficial por vía electrónica, de tal manera que puedan planificar su ingreso-gasto;

(iv)                 Reducir los márgenes de intermediación a través de políticas públicas que acerquen los productores a los consumidores;

(v)      Acercar los productores a los consumidores a través de la utilización de plataformas tecnológicas y apoyo a redes de producción de comercio justo.

 

Políticas de cambio de matriz energética y mitigación del calentamiento global:Los eventos de la pandemia del Covid-19, crearon una sensibilidad sobre la relación de las sociedades con la naturaleza. Las prácticas predatorias y de uso intensivo de recursos naturales, ahora se consideran atentatorias a la calidad de vida global, y se ha asumido una relación directa entre el modo de vida de la sociedad moderna, el cambio climático, y las consecuencias antrópicas de estos fenómenos. 

En tal virtud, es necesario adoptar medidas urgentes para mitigar el calentamiento global y producir una transición energética:

(i)   Incorporar al Plan Nacional de Desarrollo como prioridad la construcción de nuevas plantas de energía renovables (hidroeléctricas, por ejemplo), para alcanzar la eliminación de fuentes de energía termoeléctricas con alta huella de carbono;

(ii)  Estimular al sistema universitario y de investigación nacional sobre nuevas fuentes de energías renovables y su probable aplicación (geotermina, eólica, entre otras);

(iii)                 Prohibir la importación de vehículos livianos con motores de combustión interna al menos por el plazo de dos años y, en cambio, liberar la importación de vehículos eléctricos, con exoneraciones tributarias;

(iv)                 Establecer la obligatoriedad para que todas las estaciones de dispendio de combustibles en el país, integren y pongan en marcha electrolineras en cada una de ellas;

(v)     Apoyar técnica y financieramente a los GAD que asuman la competencia del transporte público, para la compra de buses con motores eléctricos;

(vi)                 Apoyar con diferentes mecanismos fiscales y tributarios, a las empresas y compañías de transporte intercantonal e interprovincial para la compra de buses con motores eléctricos;

(vii)                Suspender todas las concesiones de minería metálica en todas sus formas. Evaluar los daños a la biodiversidad, su huella ecológica, sus pasivos ambientales y sus externalidades negativas económicas para cada una de ellas, y establecer mecanismos de sanción, suspensión y eliminación definitiva de estas concesiones. Para las empresas mineras que están ya en operación, buscar mecanismos compensatorios para suspender de manera definitiva sus operaciones y empezar procesos de mitigación, reparación y recuperación ambiental. Para evitar procesos de demandas internacionales, estas decisiones deben ampararse en los acuerdos ratificados por el país con respecto a la mitigación del calentamiento global y la reducción de la huella ecológica y la disminución de gases de efecto invernadero y el compromiso obligatorio que deben asumir las empresas y corporaciones con los objetivos de mitigación y reducción de los gases de efecto invernadero en conformidad con los protocolos internacionales al efecto.

 

Políticas de conectividad: durante la pandemia la conectividad permitió que varias actividades continúen, como el teletrabajo (sobre todo en la administración pública, y en cierto tipo de empresas), el sector educativo en general, el sector universitario, entre otros. El acceso a internet se convierte, en estas circunstancias, en un derecho fundamental. Sin acceso a internet los niños, niñas, jóvenes y adolescentes no tienen posibilidad de participar en los procesos educativos. De igual manera con los estudiantes universitarios. De la misma forma para el teletrabajo. Se necesita, por tanto, ampliar la cobertura, la calidad y el acceso a internet. No obstante, la humanidad se encuentra al respecto en una transición importante hacia la migración a las redes 5G, y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, se necesitan, por tanto, políticas públicas emergentes para ello:

(I)   Debe asumirse, comprenderse y declararse a la conectividad como parte de los derechos humanos fundamentales; 

(II)En virtud de las profundas implicaciones que tiene para la sociedad las redes 5G, el Estado debería declararlas bienes estratégicos y que sea la empresa estatal CNT y el ente regulador de las telecomunicaciones quien asuma la competencia, su regulación y su provisión y política de precios;

(III)                El Estado debe garantizar el acceso universal, libre y a bajo costo (con una estrategia de subsidios focalizados), al internet y a las redes 5G, en especial a niños, niñas, jóvenes y adolescentes;

(IV)                En virtud de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica en la Eficiencia de la Contratación Pública, así como en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, entre otros marcos jurídicos, el gobierno deberá impulsar el Programa Cero Papelespara todos los trámites burocráticos y migrar todos los procesos administrativos de la función pública hacia los servicios en línea y accesibles en los teléfonos celulares. Para el efecto, el Estado puede llevar adelante un programa que vincule los procesos de inteligencia artificial con las tecnologías blockchain para que todos los trámites burocráticos puedan hacerse en línea y desde cualquier lugar, y con todos los protocolos de seguridad, y, de otra parte, el Estado debe apoyar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para reemplazar todos los trámites burocráticos por trámites en línea;

(V)El Estado debe transformar el sistema educativo para que pueda compartir las tecnologías de la sociedad de la información con la presencia en clases. A futuro, la jornada escolar puede compartir días-clase presenciales con días-clase virtuales. Estos horarios pueden armonizarse con una nueva definición de la jornada laboral, con jornadas laborales presenciales y jornadas laborales en línea. Una propuesta que debería ser parte del debate es la disminución de la jornada de trabajo (puede ser de 30 horas a la semana), con la misma retribución salarial y los mismos derechos.

(VI)                En el sistema universitario se pueden aprobar universidades virtuales que permitan el acceso al conocimiento y la innovación a sectores de la población que no han podido hacerlo por diferentes circunstancias.

 

Una transición global que implica una reformulación conceptual.-

Estas políticas económicas, además, se sitúan dentro de una comprensión diferente de la economía global y de las transiciones del capitalismo y la modernidad. La pandemia del Covid-19, ha obligado a las sociedades a plantearse cuestiones que antes quizá eran relevantes pero no prioritarias. Implica también transformaciones de tipo conceptual, epistemológico y metodológico importantes.

Una de ellas es la visión que se tiene con respecto a la economía, a la política económica y a la globalización. Los parámetros en los cuales se situaba la política económica estaban caracterizados por la producción (sector real), la escasez relativa de recursos, y la competitividad. Sin embargo, la pandemia ha transformado de tal manera a las sociedades ahora que esos paradigmas han perdido sentido y emergen nuevas nociones, como por ejemplo las sociedades de la post-escasez, los costos marginales con tendencia a cero, los costos de transacción, el rol de las redes sociales, las transformaciones productivas provocadas por la infotecnología, la nanotecnología, la biotecnología, entre otros.

En la globalización aquello que emerge son los denominados “bienes informacionales”, que tienen referentes distintos con respecto a aquellos bienes y servicios que caracterizaron a las economías mundiales hasta la primera década del siglo XXI. Los bienes informacionales tienen que ver con el desarrollo y profundización del internet, de la globalización, de las cadenas globales de valor, de las redes sociales. Son los bienes que nacen y se aplican a las nanotecnologías, a las biotecnologías, a las infotecnologías, y se sustentan en algoritmos de alto poder heurístico (IA), y en la potencialidad que asume la conectividad (5G).

Esta reflexión es importante porque aquello que genera valor agregado en el siglo XXI ya no son los commodities (como el petróleo o las rentas extractivas), ni tampoco la producción agrícola, o incluso la producción industrial. Aquello que genera valor en una sociedad son los bienes informacionales(infotecnologías, biotecnologías, nanotecnologías). Pero para lograr la transición hacia una sociedad que pueda generar bienes informacionales, se necesita una fuerte inversión en educación en todos sus niveles, en salud, en institucionalidad, en conectividad.

En consecuencia, una de las tareas que tendrá que resolver el próximo gobierno es cómo producir la transición hacia las economías del conocimiento, sin descuidar, por supuesto, la estructura productiva, la soberanía alimentaria, y los recursos naturales.

 

Políticas económicas sectoriales.-

Políticas de educación para la sociedad de la información.-Quizá una de las políticas sectoriales más importantes en la transición hacia el siglo XXI está en el sector de la educación. Existen marcos constitucionales y marcos legales sobre la educación, sin embargo su visión aún está enmarcada y circunscrita al siglo XX. Se mira a la educación como una actividad segmentada, con sus propias particularidades, sus metodologías, su escala de valoración, sus jerarquías. Empero, la pandemia y la globalización obligan a considerar a la educación de otra forma, y una de ellas hace referencia a su concepción global: en la sociedad del conocimiento, la educación es un proceso que no termina nunca y no está sujeta a escalas de valores previamente determinadas sino que tiene una función heurística (se aprende desde el proceso de enseñanza-aprendizaje).

El sector de la educación es clave para la transición hacia la sociedad de la información y hacia la generación de los bienes informacionales (infotecnologías, biotecnologías, nanotecnologías). La inversión en educación implica varias dimensiones: (a) en infraestructura física y tecnológica en escuelas, colegios y universidades; (b) en talento humano; (c) en conectividad; (d) en condiciones de salud, alimentación y bienestar para niños, niñas, jóvenes, adolescentes, universitarios, docentes, investigadores y personal administrativo del sector.

La pandemia generó la necesidad de compartir la jornada educativa entre el hogar y la escuela, en una especie de modelo híbrido (blended). El futuro pertenece a esos modelos híbridos de educación y el país debe prepararse para ello.

            En tal sentido, se propone una nueva visión para la educación:

(i)           Concebir al sistema educativo como una totalidad e integrarlo de manera coherente a la conectividad y a la globalización. En una realidad con conectividad 5G y con IA, más que invertir en enormes infraestructuras que concentren a niños, niñas, jóvenes y adolescentes, a un régimen disciplinario e intensivo de aprendizaje de conocimientos sustentados en la memoria, la repetición y el formato escolástico de la escuela del siglo XX, quizá sea necesario un cambio de visión y en la cual esa infraestructura tenga otros propósitos: por ejemplo, como espacios de socialización, juego, deporte, talleres, laboratorios, teatros, espacios de arte, etc. Esto significaría que la escuela con aulas que concentran niños, niñas, jóvenes y adolescentes debe acoplarse en un modelo híbrido en el cual los niños, niñas, jóvenes y adolescentes pueden ir a la escuela tanto para socializar, practicar deportes, realizar trabajos de laboratorio, realizar tareas artísticas y estéticas, etc., mientras comparten su formación con el uso de redes sociales en sus hogares. El proceso de enseñanza aprendizaje se traslada a las redes, a las aplicaciones y la infraestructura escolar complementa ese proceso. Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes van a la escuela por decisión propia y a realizar tareas que impliquen socialización, trabajo creativo en grupo, entre otros procesos. La construcción de infraestructura educativa debe considerar esos procesos futuros.

(ii)          Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se traslada a las redes, a la globalización y a la infotecnología, es normal que el sistema universitario también se transforme de forma correlativa y concomitante. Las universidades deben concentrarse básicamente en la investigación científica y tecnológica. Deben ser espacios de discusión, análisis, reflexión y elaboración de respuestas y tecnologías. La clase-magistral puede migrar a las redes sociales, y las universidades pueden contratar profesores de cualquier parte del mundo e integrarlos a su plantilla docente sin gastos adicionales, mientras que su planta docente se dedica a la tutoría, la investigación y la creación teórica.

(iii)        Se necesita de un sistema de laboratorios debidamente equipados y financiados, y de espacios de alto rendimiento para aquellas personas con capacidades excepcionales en el ámbito de la ciencia. 

 

Políticas de soberanía alimentaria.- El sector agrícola representa el 7% del PIB del país, y absorbe a alrededor del 35% de la población nacional. Está atravesado de problemas de heterogeneidad estructural, y de procesos económicos como el intercambio desigual entre el sector rural y la ciudad, la presión extractiva sobre los territorios agrícolas y sobre el agua, la manipulación de los precios por el monopsonio y la intermediación, y la falta absoluta de apoyo público para la soberanía alimentaria. 

No obstante, existen una serie de leyes que regulan, norman y establecen marcos institucionales para la soberanía alimentaria, para la producción agropecuaria, y para todo el sector agrícola, entre las cuales se pueden mencionar a las siguientes:

·      Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (2009); 

·      Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del agua (2014); 

·      Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero (2015); 

·      Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (2016); 

·      Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria (2017); 

·      Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable (2017); 

·      Código Orgánico del Ambiente (2017); 

·      Ley para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados (2020); 

·      Ley Orgánica de Alimentación Escolar (2020).

 

Sin embargo, y a pesar de todos estos marcos normativos, es necesario indicar que el último Censo Agrícola se realizó en el año 1999, la pequeña economía campesina no dispone de instrumentos que le ayuden al proceso de siembra, cosecha, poscosecha, y que defienda sus precios, y que el presupuesto del ente rector del sector cada vez es más exiguo (0,3% del PIB). En efecto, el país, a pesar de todas las leyes existentes, no posee un sistema de subsidios agrícolas, y tampoco ha podido defender a los campesinos y productores agrícolas de los problemas del monopsonio (un solo comprador), las cadenas de intermediación, los seguros de precios, los sistemas de almacenamiento, entre otros.

La pequeña producción agrícola campesina e indígena plantea y demanda los mismos reclamos y solicita las mismas ayudas al menos durante las dos últimas décadas. Asimismo, recientes investigaciones (Pastor, 2019), dan cuenta del crecimiento de la concentración y centralización del capital en el sector agrícola. Cinco corporaciones controlan más de dos terceras partes del valor agregado del sector agrícola. Las políticas públicas se han concentrado en el apoyo al sector agroexportador más que en el apoyo para la economía campesina. 

En consiguiente, se propone como una política sectorial de largo plazo:

(i)           La realización de un Censo Agrícola que permita obtener datos exactos y georeferenciados de la situación y la problemática del sector;

(ii)         La creación de un subsidio para la pequeña producción agropecuaria. El subsidio permitiría defender los precios, los gastos en la compra de semillas, fertilizantes, y daría protección a las familias que forman parte del sector. Este subsidio es diferente de la Renta Básica Universal (que no es un subsidio), y de las Transferencias Monetarias Condicionadas (por ejemplo el BDH), y debe tener su propia lógica y coherencia con la estructura del sector;

(iii)        La creación  de una línea de crédito especial para la pequeña producción agrícola, que compense las asimetrías de la información, el riesgo moral en el sector agrícola, y que contemple una línea integral de seguro de siembra, cosecha y poscosecha, a través del sistema de Banca Pública para el Desarrollo;

(iv)        Una política de protección de los precios agrícolas a través de un sistema de almacenamiento con costos marginales decrecientes en función del tamaño de la UPA, y un sistema de información de precios;

(v)         Una política de democratización del acceso al agua, la tierra y las semillas, para la pequeña producción agrícola;

(vi)        Una política de fortalecimiento a las redes de agroecología que permitan vincular la producción campesina con los consumidores;

(vii)       Una evaluación de los diferentes marcos normativos creados hasta el momento y que no han permitido una defensa consistente para la pequeña economía campesina.

 

Políticas de producción industrial.-El sector industrial representa aproximadamente el 13% del PIB, y es uno de los más importantes en la contratación salarial. Existen varios marcos jurídicos que lo norman, sin embargo es un sector caracterizado por altos niveles de concentración y centralización de capital. Casi todos los sectores industriales y comerciales, definidos por la Clasificación Industrial Uniforme, CIU, presentan dominancia de mercado. Es decir, en cada uno de los sectores productivos y comerciales hay un número muy pequeño de empresas, y a veces una sola, que tienen dominancia de mercado en ese sector. Esto ha generado una relación asimétrica entre las grandes empresas y las pequeñas y microempresas. Las grandes empresas utilizan a las pequeñas empresas y descargan sobre ellas las externalidades negativas más importantes, como por ejemplo, las externalidades de la distribución, de la producción de economía de escala más pequeña, de reparación, etc.

Empero de ello, hay un tratamiento discriminatorio al interior de las empresas. Mientras que las empresas más grandes tienen economía de escala y la pueden fortalecer por su acceso a los mercados financieros en condiciones más ventajosas, las pequeñas y micro empresas, soportan mayores costos salariales (de hecho, el 80% del empleo industrial y comercial está justamente ahí), con menores economías de escala. Esto hace que exista sobre explotación y que la pequeña y microempresa absorba las externalidades de todo el sistema productivo.

Mientras que las grandes empresas han podido incidir gracias a su capacidad de presión política por su agremiación en Cámaras Empresariales con fuerte capacidad de incidencia social, las pequeñas y microempresas, en cambio, no tienen esa influencia. Es por eso, por ejemplo, que en la Ley de Fomento Productivo del año 2018, se pudo remitir intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias vencidas y no pagadas, de las empresas más grandes, pero no de las más pequeñas.

No solo eso, sino que las pequeñas y microempresas tienen que asumir costos financieros mucho más altos que las demás empresas, y costos de transacción más altos. La tasa de interés activa para las corporaciones, en promedio, está en el 8%, mientras que la tasa de interés activa para las microempresas bordea el 30%. Más de las cuatro quintas partes de las pequeñas y microempresas no tienen, además, acceso al crédito. En consecuencia, se necesita una política pública específica para este sector por su importancia en la generación de empleo, y por su rol de amortiguamiento productivo, social y económico.

Por ello, se considera como prioritaria una política sectorial para el sector que podría contener los siguientes elementos: 

(i)           se necesita separar a la pequeña y microempresa del sistema de la Economía Popular y Solidaria, porque no están inscritas en relaciones de solidaridad, ni cooperación ni reciprocidad, ni tampoco están sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital, todo lo contrario, forman parte fundamental de los procesos de acumulación de capital y necesitan un tratamiento especial y diferenciado;

(ii)         las micro empresas y pequeñas unidades empresariales, no son unidades económicas populares, conforme la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, son unidades productivas que buscan el lucro y que forman parte de la acumulación de capital, pero que no tienen la suficiente economía de escala en sus procesos productivos y, por tanto, se convierten en mecanismos de amortiguamiento y de absorción de las externalidades de las grandes y medianas empresas, necesitan de un enfoque especial y distinto a la EPS y a la mediana empresa;

(iii)        Sus problemas fundamentales son: (a) los altos costos de financiamiento y las necesidades de liquidez (su flujo de caja se convierte también en la principal fuente de liquidez para su operación); (b) compensan su débil economía de escala con mayor sobreexplotación (incrementos en la jornada de trabajo, supresión de costos en seguridad social y protección industrial, abaratamiento de insumos productivos, entre otros); (c) no tienen capacidad de defensa ante las asimetrías de información generadas por las grandes y medianas empresas, por eso estas empresas descargan sus externalidades sobre ellos (por ejemplo, cuando son contratistas de estas empresas, sus pagos demoran y no tienen capacidad de reclamo y tienen que asumir los costos financieros por esas demoras); (d) los costos de transacción de su negocio (patentes municipales, permisos de operación, entre otros), impiden sus procesos de acumulación interna y compiten con ellos; (e) su acceso al mercado financiero es oneroso (por los costos de transacción), no es oportuno y tampoco eficaz, por eso la mayoría se financian con crédito informal; (f) no tienen acceso a políticas públicas de protección.

Por ello se necesitan políticas públicas específicas para este sector:

(i)           Políticas de liquidez: necesitan acceso a liquidez inmediata y con bajos costos de transacción. La Banca Pública de desarrollo puede generar esos productos bajo una normativa específica para el sector (y por fuera del sistema EPS). Los medios de pago electrónicos, con tasas de interés de máximo un 5% que se compensan por la alta rotación de los créditos, son una alternativa que el sector necesita;

(ii)         Políticas de economía de escala: necesitan protección para la inversión, la acumulación, los costos de transacción, y la relación que tienen con respecto a las medianas y grandes empresas. A través de la Superintendencia de Control de Mercado se pueden diseñar instrumentos y protocolos de pago a las pequeñas y microempresas cuando tengan relación con las grandes y medianas empresas, por ejemplo, pasado un cierto plazo en el que estas grandes empresas (puede ser quince días o máximo un mes), no cancelen sus haberes a las pequeñas y micro empresas por servicios recibidos, correrá una multa y además los intereses correspondientes;

(iii)        Se necesita una política de seguridad social, se debería pensar en un mecanismo parecido a la Renta Básica Universal y sin Condiciones, para el sector de las microempresas, en el cual se integren los riesgos del trabajo con la seguridad social al sector;

(iv)        Es un sector que necesita cumplir una serie de requisitos con los GAD, que implican altos costos de transacción, se necesita construir una institucionalidad pública que pueda ayudar a este sector a cumplir con los requisitos que los GAD imponen.

Industrias culturales y circuitos culturales.-Uno de los sectores más dinámicos de las economías del siglo XXI tiene que ver con los circuitos culturales. Su desarrollo es transversal porque implica la academia, la cultura, la gestión cultural, la industria del turismo, los gobiernos autónomos descentralizados, y el Estado. También es un sector que utiliza de forma intensiva la tecnología de la información y las redes sociales. Es un sector que puede convertirse en un motor de recuperación económica con políticas públicas adecuadas.

Se propone, en ese sentido, políticas públicas que integren de manera consistente, coherente y estructurada a la creación de arte en todos sus sentidos, incluidas las Culturas Vivas Comunitarias, como política prioritaria de Estado:

(i)           Fortalecer al Sistema Nacional de Cultura, y el Fondo Nacional de Cultura, con líneas de crédito desde el Sistema Integral de Banca Pública para el Desarrollo, para el desarrollo de Fondos Concursables, Sistemas de Becas, Apoyo y Fomento a la producción artística y creación estética;

(ii)         Considerar una política de apoyo a los circuitos culturales, a su integración con la industria del turismo, el turismo comunitario, a través de mecanismos de financiamiento por la vía de instrumentos monetarios que puedan crearse al efecto;

(iii)        Considerar dentro del programa de Renta Básica Universal y sin Condiciones, a los trabajadores y gestores culturales como sector prioritario para la selección de beneficiarios del programa;

(iv)        Eliminar la Unidad de Gestión Cultural de la Presidencia de la República y fortalecer los marcos institucionales del sector;

 

 Conclusiones

Una propuesta como la anterior solamente puede ser plausible con un gobierno con una orientación social e identificado en la centro-izquierda. Es una propuesta que no comprende muchos sectores estratégicos, como el sector salud, o el sector de la energía, o el sector servicios, entre otros, porque considera que es importante delimitar dentro del enfoque de la economía heterodoxa, alternativas viables, plausibles, y que puedan generar consenso social, y que en otros documentos se trabajará más exhaustivamente sobre esos sectores que no han sido objeto de reflexión en el presente documento. Las medidas que se han planteado por supuesto que deberán discutirse en su viabilidad y su posibilidad; sin embargo, el hecho que puedan formar parte del debate político es importante, porque da cuenta que existen alternativas a la austeridad neoliberal, y que son alternativas perfectamente posibles.

Los operadores políticos pueden utilizar cualquiera de estas iniciativas planteadas desde el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa tanto para sus planes de gobierno cuanto para sus políticas públicas en el caso que lleguen a ser gobierno, con clara referencia a su origen, por supuesto. Son ideas que nacen, se formulan y se contextualizan desde la epistemología de la economía heterodoxa y su ethos por la libertad, la justicia y la equidad social. Es un aporte que se hace al país, a la sociedad, en uno de sus momentos más dramáticos y quizá más llenos de esperanza por días mejores.

 

Quito, agosto de 2020