Tanato-política e “indolencia programada”

  

Tanato-política e “indolencia programada”

Pablo Dávalos

Es cierto que las movilizaciones de Octubre de 2019 alteraron las reglas de juego del poder y la imposición neoliberal, al menos momentáneamente, porque obligaron al gobierno a suspender provisionalmente sus acuerdos con el FMI,  pero también es cierto que la lógica y la praxis del poder no pararon un instante. Su capacidad de resiliencia fue inmediata aunque su valoración sobre su efectivo margen de maniobra se recalibró: no pudo seguir con la eliminación de los subsidios, pero sí intentó aprobar las leyes correlativas al ajuste.

En efecto, a días de haber dado de baja el Decreto Ejecutivo No. 883 que incrementaba el precio de los combustibles por la vía de la eliminación de los subsidios, el régimen optó por radicalizar las reformas estructurales que constaban en su acuerdo de facilidad ampliada con el FMI y envió a la Asamblea Nacional un conjunto de reformas legales que transformaban de forma trascendente la política fiscal y la política monetaria (la “Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero, y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas”, enviado a la Asamblea Nacional el 18 de octubre de 2019).

Se trataba de un conjunto de reformas tan radicales que el régimen estaba plenamente consciente que podían alterar de tal manera la estructura económica que, incluso, proponían normas jurídicas en caso que se produzca una “crisis sistémica” (al parecer contaban con la desdolarización de la economía). Finalmente la Asamblea, in extremis, evitaría la aprobación de esos marcos jurídicos, pero el régimen aprovecharía la coyuntura de la pandemia del Covid-19 y los protocolos de aislamiento y confinamiento social que se decretaron en ese entonces, para imponer las reformas neoliberales que quedaron pendientes en esa coyuntura. 

La sociedad, obviamente, no podía responder a las maniobras y a la aprobación de leyes realizadas por el gobierno y sus aliados políticos, como CREO y el partido socialcristiano, en la Asamblea Nacional, porque la situación de salud pública se complicó de tal manera que el país se convirtió en la región con la tasa de letalidad del virus de las más altas del mundo. En medio de la pandemia del virus del Covid-19 y sin que medie justificación alguna además, el gobierno aprobó leyes tan lesivas como la Ley de Apoyo Humanitario y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

 Puede apreciarse, por tanto, un claro ejercicio de poder que puede denominarse “tanato-política” (como el reverso conveniente de la biopolítica), en el cual el régimen hizo todo lo posible para aprovechar en beneficio propio y en función de sus propios cálculos y estrategias políticas una situación de vulnerabilidad social, en la cual nadie podía ejercer el derecho a la resistencia porque los protocolos de salud pública implicaban la distancia y el confinamiento social. Es decir, el régimen utilizó la amenaza de la muerte y el contagio por el virus del Covid-19, como recurso político para cubrirse y protegerse mientras procesaba las reformas neoliberales.

Fue desde esa dinámica de tanato-política que eliminó el subsidio a los combustibles, redujo al sector público a niveles sin precedentes, sobre-endeudó al país, desarticuló empresas e instituciones públicas, y empezó la subasta de bienes estatales. Sin embargo, correlativa a la tanato-política puede apreciarse otra estrategia que puede denominarse como “indolencia programada”. El régimen hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir que la población pueda protegerse de la pandemia, y, no solo eso, sino que restringió intencionalmente las posibilidades de cuidado y protección ante el virus del Covid-19, por la vía de la creación del desempleo a través de una intensa estrategia de desvinculaciones salariales, la demora en pagos al sector público y a proveedores, la desarticulación del sector de la salud, la corrupción, entre otros.  

El régimen, efectivamente, redujo el presupuesto en salud y también lo hizo en educación, en pleno contexto de la pandemia, a pesar que había compensado de manera más que proporcional los recursos fiscales a través de una serie de ayudas que recibió desde los organismos internacionales y la cooperación internacional al desarrollo, y pudo recaudar la mayor parte de impuestos sin mayor problema. A pesar de la recesión provocada por la pandemia, el régimen tenía no solo los recursos sino los instrumentos monetarios y fiscales necesarios para proteger la salud, la educación y el empleo de toda la población, pero hizo exactamente lo contrario.

Esta indolencia programada tuvo como efecto una sensación de vulnerabilidad que provocó un repliegue de la sociedad sobre sí misma. Al no existir políticas por parte del Estado sobre la salud pública, porque el gobierno decidió en esa coyuntura desmantelar el sistema nacional de salud pública y ofertarlo para la corrupción con sus aliados políticos, para obtener gobernabilidad, la sociedad se encontró en una situación de indefensión absoluta. 

Esta situación se hizo más grave aún en las comunidades indígenas en las cuales el gobierno provocó un efectivo vaciamiento de todo tipo de atención en salud pública y de presencia estatal. Varios líderes indígenas murieron y comunidades indígenas enteras se contagiaron del virus del Covid-19, y nunca obtuvieron la más mínima atención del Estado. Se trató de una estrategia programada que tenía como objetivo provocar un exterminio por causas naturales a una población que había sido el centro de las movilizaciones en su contra. 

La indolencia del régimen no fue casual ni fortuita, ni tampoco tenía nada que ver con la inoperancia, ni con una supuesta falta de respuesta por cualquier tipo de justificación, en realidad fue una indolencia que se programó como un recurso político estratégico y que se focalizó hacia los indígenas para anularlos políticamente.

De esta manera, el régimen se cobraba una factura pendiente desde octubre de 2019 cuando esos líderes indígenas provocaron la movilización más grande de las últimas décadas y suspendieron momentáneamente la continuidad del ajuste económico y las reformas estructurales. En los territorios indígenas, ante la indolencia programada, fueron las propias organizaciones indígenas las que asumieron el rol de cuidar la salud de sus comunidades y generar sus propios protocolos de atención y gestión de la crisis sanitaria, con sus propios recursos económicos e institucionales.

La sociedad manifestó su rechazo a la corrupción y la indolencia programada a través del único mecanismo posible en esas circunstancias, las redes sociales. Pero ello no impidió en absoluto que las dinámicas de lumpen acumulación y lumpen política se detengan. Más bien al contrario, se radicalizaron. Tampoco impidió la utilización del lawfare y esa forma estratégica de achicar las fronteras del orden por parte de la utilización estratégica de la ley. Se persiguió sin siquiera atenerse a un  mínimo de reparo y sentido común, a sus opositores, sobre todo a aquellos que más posibilidades electorales tenían. Cabe insistir, con el contubernio del sistema político y de los medios de comunicación.

El régimen, además, y con el apoyo de las elites, quiso administrar las elecciones en provecho propio a través de una estrategia que calificaba y descalificaba la participación electoral de manera independiente de las disposiciones legales existentes al efecto. La oposición fue impedida de participar electoralmente, mientras que sus aliados políticos tuvieron el apoyo total del gobierno que puso a su disposición incluso los medios de comunicación gubernamentales. 

La indolencia programada es una dinámica política relativamente nueva y emerge como respuesta a la pandemia y la posibilidad de utilizarla como recurso estratégico del poder. Fue por ello que se emprendió en la desarticulación institucional de la salud y la educación públicas, en un contexto realmente dramático porque Ecuador se convirtió en caso paradigmático de la peste. Fue el país con la mayor tasa de mortalidad en la región y en el mundo. 

El gobierno, pudo administrar de manera conveniente la muerte (de ahí la apelación a Tánatos), como recurso estratégico en virtud de la coyuntura. Así, el virus del Covid-19 hizo el trabajo sucio del poder. Gracias al virus, el régimen pudo convertir a la muerte en dispositivo de control político y domesticación social y aprobar leyes y tomar decisiones que en otras circunstancias habrían sido imposibles. 

La adscripción del régimen al neoliberalismo y la corrupción, así como el apoyo del FMI al gobierno, son evidentes. El FMI aplaude esa forma de gestionar la crisis sanitaria y esa forma de imponer la consolidación fiscal. Precisamente por ello, aprobó en agosto de 2020, un nuevo acuerdo de asistencia ampliada al corrupto gobierno de Lenin Moreno.