Diez tesis sobre la coyuntura política del Ecuador: las consecuencias de la rebelión de octubre

Tesis sobre la coyuntura política del Ecuador: las consecuencias de la rebelión de octubre

Pablo Dávalos

La movilización social del Ecuador de inicios de octubre de 2019 alteró de manera importante al sistema político ecuatoriano, a los discursos hegemónicos y a la forma por la cual se había definido hasta ese momento el conflicto político. En efecto, esta movilización social contribuyó a desarmar políticamente a la derecha y, en especial, a la falsa polarización que se había estructurado en la política ecuatoriana entre el gobierno con sus aliados de derecha, incluidos los grandes medios de comunicación y, del otro lado, al ex Presidente Rafael Correa y también sus aliados. 

Las movilizaciones sociales del Ecuador pusieron en el centro del debate al modelo neoliberal y la complicidad del sistema político con este modelo. También permitieron la emergencia de un sujeto político que intentó ser destruido, por su tenaz oposición al extractivismo, durante el gobierno del ex Presidente Correa: el movimiento indígena. Así, surge un sujeto político no previsto que altera toda la dinámica por la cual se había definido la política en el Ecuador.

En consecuencia, es necesaria un análisis que intente comprender, ubicar y definir los contornos que empiezan a delinearse desde esta nueva coyuntura, a fin de vislumbrar los escenarios que pueden generarse y, de acuerdo con ello, poder definir acciones a futuro.

1.    La movilización social consolidó a la  CONAIE, y al movimiento indígena en general, como el sujeto político más importante de la coyuntura, porque fue la organización social que impuso al Estado, en virtud de la legitimidad que le otorgó la movilización social más importante de las últimas décadas, la derogatoria del Decreto No. 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles, entre otras medidas, y con ello puso en el centro del debate al FMI, al programa de ajuste y al neoliberalismo que, hasta ese momento, habían pasado casi desapercibidos y por fuera de toda discusión política.

2.    Producto de esta negociación entre la CONAIE y el Estado Ecuatoriano, hubo el compromiso conjunto de revisar el modelo económico. Quizá por la desesperación del momento, el Presidente ecuatoriano aceptó en esa circunstancia el pedido de la CONAIE de poner en discusión el modelo económico, una decisión que, una vez superado el momento de crisis, el régimen procedió a clausurar de forma inmediata. Sin embargo, la CONAIE asumió esa responsabilidad y entregó al país el 31 de octubre de 2019, la nueva propuesta económica con medidas económicas para la reactivación económica y la equidad.

3.    No obstante, y una vez que la movilización social remitió en espera del cumplimiento de los acuerdos establecidos, el gobierno más bien decidió radicalizar el modelo neoliberal, y precisamente por ello: (i) envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente denominado de “Crecimiento Económico”, en el cual planteaba, entre otros aspectos ein nuce, la desdolarización de la economía, y provocaba de hecho una “crisis sistémica” de consecuencias importantes para la sociedad y que repetía el escenario de crisis de 1999-2000; de esta forma el régimen y las elites que lo acompañan, apostaban de forma desesperada por alterar el conflicto político y económico en una radical fuga hacia delante, no obstante este proyecto de ley fue negado y archivado por la Asamblea Nacional; (ii) al mismo tiempo, y en función de lo que establece la ley, el gobierno envió la proforma presupuestaria para el año 2020 que, entre otros aspectos, subestimaba de forma intencional los ingresos fiscales en más del 2 por ciento del PIB, y exacerba el tamaño del déficit fiscal, a fin de justificar la reducción del tamaño del Estado, los despidos intempestivos a los trabajadores públicos, la generación del miedo por la crisis, el sobreendeudamiento público, la privatización y la continuidad del ajuste neoliberal prescrito en los acuerdos con el FMI, sin embargo, la proforma fiscal también fue observada y tampoco fue aprobada en primer debate por la Asamblea Nacional; (iii) una vez negado el proyecto de Ley de “Crecimiento Económico”, el gobierno envió inmediatamente un nuevo proyecto de ley, en la cual plantea una serie de exoneraciones y exenciones fiscales a los grandes grupos económicos y a los bancos, y denominado “Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria”, la Asamblea finalmente aprobó proyecto de ley y ello le dio el oxígeno necesario para revivir el programa de ajuste con el FMI; (iv) una nueva apelación al FMI para que respalde al gobierno, en visita a las autoridades económicas del FMI en Washington el 27 de noviembre del año en curso, el FMI, de hecho y como producto de esta visita, decidió continuar con el apoyo al programa económico y respaldar al gobierno de Lenin Moreno, quien a su vez ratificó su compromiso con el FMI en seguir en la ruta del ajuste económico; (v) el régimen desconoció los acuerdos llegados con el movimiento indígena, y decidió respaldar al Ministro de Defensa y a la Ministra del Interior, que habían sido duramente criticados por la sociedad y cuya salida era condición indispensable para continuar en los procesos de diálogo.

4.    Como una estrategia concomitante a estas iniciativas, el régimen de Moreno desplegó, asimismo en forma inmediata, las siguientes acciones: (i) procedió a criminalizar, judicializar y perseguir a los dirigentes indígenas y a todas las personas que consideran políticamente peligrosas para su propia sobrevivencia política; para hacerlo utilizó el poder del Estado para plegar al Consejo de la Judicatura, máxima instancia del sistema judicial ecuatoriano, a su propia dinámica, para, desde ahí, empezar una “guerra jurídica” (lawfare) contra sus enemigos políticos; (ii) emprendió, asimismo, una campaña de comunicación masiva, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, para desprestigiar, calumniar y denigrar tanto al movimiento indígena cuanto a todo el proceso histórico de la rebelión de octubre, presentándola como un episodio de delincuencia, vandalismo, terrorismo y sabotaje; (iii) procedió a dividir al movimiento indígena en visitas a las comunidades con ofrecimientos clientelares; (iv) se dedicó a fraccionar al movimiento social tratando de sustraer a organizaciones sociales del apoyo que brindaron a la CONAIE, y presentar a la CONAIE como huérfana de todo apoyo social que no sea indígena; (v) decidió sustraerse, a pesar de que la ley le prohíbe hacerlo, de las campañas de racismo, xenofobia e incitación al odio, por parte de medios de comunicación afines y contratistas del gobierno, así como de líderes políticos y líderes de opinión que también le son afines, en contra de dirigentes indígenas y sociales; (vi) apoyó la necesidad de provocar cambios constitucionales que permitan una mayor vigilancia, control y judicialización a los ciudadanos por parte de las instituciones de vigilancia e inteligencia política, sin que exista pronunciamiento alguno a este respecto por parte de la Corte Constitucional; (vii) rindió homenaje y generó compensaciones económicas y reparaciones institucionales, al personal de la fuerza pública que participó en la represión y la violencia en contra de la sociedad durante los eventos de octubre, desconociendo el hecho que la represión provocó alrededor de 11 víctimas fatales, más de 1.300 heridos, muchos de ellos de gravedad y con graves lesiones, y cerca de 1.200 detenidos; 

5.    No obstante y a pesar de las estrategias desplegadas por el gobierno, se producen una serie de hechos ante los cuales el gobierno y sus aliados aún no saben cómo procesar y cómo interpretar coherentemente, entre ellos tenemos: (i) la mayoría de las encuestadoras señalan el enorme apoyo social a la CONAIE que oscila entre el 60% y el 80%, dependiendo de las encuestadoras, y ello da cuenta que la campaña de desprestigio y satanización al movimiento indígena y sus líderes por parte del gobierno, aparentemente no dio los resultados esperados; (ii) estas encuestadoras también señalan de forma mayoritaria que las movilizaciones fueron en contra de las medidas de ajuste (denominadas por la sociedad como “paquetazo económico”) y que no tuvieron fines de desestabilización política, y con ello se queda sin piso el argumento central del gobierno que veía en las movilizaciones sociales jugadas de sus adversarios políticos para dar un golpe de Estado; (iii) las encuestas indican que al menos el 30 por ciento de la población en la ciudad de Quito, salió a las manifestaciones, y porcentajes parecidos en el resto del país, y con ello también se cae el argumento de que solo se movilizó el movimiento indígena, y en otro dato interesante, las encuestas señalan que al menos la mitad de la población siguió las noticias sobre las movilizaciones sociales a través de las redes sociales, lo que demuestra los cambios de comportamiento con respecto a la información y la emergencia de nuevas conductas sociales con respecto a la información y la comunicación, alejadas de los formatos tradicionales; (iv) las encuestas ratifican el rechazo al neoliberalismo, al FMI, al programa económico y a sus operadores políticos, por parte de la sociedad, y ratifican la escasa credibilidad del gobierno, que está en sus niveles mínimos (en el 15% de credibilidad y en el 7% de confiabilidad, en el mejor de los casos y, todas ellas lo afirman, estos porcentajes tienen una tendencia a la baja); (v) las encuestas dejan mal parados a los líderes políticos de la derecha, que caen dramáticamente en una posible preferencia electoral, mientras que muestran un buen nivel de apoyo político y electoral a los líderes indígenas que condujeron las movilizaciones sociales de octubre. También dejan mal parado al ex Presidente Rafael Correa, esto da cuenta que el escenario político y electoral del Ecuador, al parecer, cambió de forma radical; (vi) las encuestas, asimismo, dan cuenta del momento de desinstitucionalización del Ecuador, la Asamblea Nacional, por ejemplo, en las diferentes encuestas tiene una popularidad y credibilidad de alrededor del 5%, lo que la neutraliza como la institución que puede procesar el conflicto político; (vii) esta anomia institucional se ratifica con el lamentable rol de la Corte Constitucional que decidió no ejercer el control de constitucionalidad sobre la Carta de Intención con el FMI solicitado por la CONAIE y otras organizaciones sociales, y que además avaló el Decreto de Estado de Excepción del gobierno; (viii) el informe de la misión de Naciones Unidas que se hizo público a fines de noviembre, y ratificó el pronunciamiento realizado por la CONAIE y las organizaciones de Derechos Humanos, de que en las movilizaciones sociales de octubre hubo un exceso y un uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de la sociedad, y que se cometieron abusos y violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, además el informe de las Naciones Unidas ratifica el hecho de que el gobierno debe mantener y sostener el proceso de diálogo con la sociedad. Sin embargo, el gobierno, en vez de sostener el proceso de diálogo, insiste en el autismo político y en desconocer el proceso social y político que se produjo en octubre.  

6.    En efecto, el gobierno ha decidido desechar el proceso de diálogo y, por tanto, no ha dado ninguna importancia a la propuesta económica generada desde la sociedad ecuatoriana y construida con el apoyo de la CONAIE; tampoco ha dado paso al pedido realizado por la sociedad ecuatoriana de: (i) destituir a los responsables de la represión y la violencia en contra de la sociedad durante las movilizaciones de octubre (ii) no ha generado ninguna política de reparación a las víctimas de la violencia, ni tampoco ha propuesto una amnistía para los perseguidos y detenidos políticos, más bien al contrario, ha continuado con el proceso de judicialización social; (iii) no pretende revisar el modelo neoliberal de la economía y, por el contrario, en el nuevo presupuesto fiscal ha incorporado ya los ingresos producto de la supresión de subsidios a los combustibles, además de los ingresos por privatización de empresas públicas, también ha hecho pública su intención de seguir con las reformas laborales que plantean la flexibilización laboral.

7.    Al momento, existen dos proyectos de sociedad y de futuro que se confrontan; de una parte está el proyecto neoliberal del régimen que cuenta aún con el apoyo de las cámaras empresariales, de los banqueros, de los grandes medios de comunicación, de la derecha política, y del FMI y el BID-Banco Mundial; de otra, está una instancia que nace al calor de las movilizaciones sociales y de la iniciativa de la CONAIE: el Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales y su propuesta económica alternativa. Ambos procesos están en proceso de definir sus políticas y sus estrategias y ambos procesos parecen converger hacia el escenario electoral, sin descartar nuevas movilizaciones sociales. De esta manera, se altera el formato del conflicto político y ahora aparece un nuevo polo de confrontación que impone nuevas coordenadas.

8.    Contra toda expectativa, el líder más importante de la derecha política, Jaime Nebot, ex alcalde de Guayaquil, la segunda ciudad más importante del Ecuador, decidió lanzar su campaña política a la Presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, cuando las elecciones, teóricamente al menos, son a inicios del año 2021, y cuando el ambiente político aún se inscribe dentro de la estela dejada por las movilizaciones del mes de octubre. Esta jugada política puede ser interpretada a partir de las siguientes hipótesis: (i) le decisión de Jaime Nebot da cuenta que el tiempo político no coincide necesariamente con los tiempos electorales. Mientras el tiempo electoral está previsto para el 2021, la decisión de Nebot parece recortar ese tiempo. Esta decisión se sustentaría en una posible lectura de la coyuntura política del gobierno en el cual éste no tiene margen de maniobra y su deterioro es tan rápido que el 2021 podría convertirse en el largo plazo, en otros términos, Nebot y el PSC no visualizan una capacidad de recomposición del gobierno ni en el corto ni el mediano plazo. Si el gobierno no tiene esa capacidad de, al menos, sostener un mínimo margen de maniobra política en el corto plazo, su capacidad de gobernabilidad a futuro es mínima. Es decir, el gobierno no podría actuar libremente porque la capacidad de veto del movimiento indígena es tan potente que lo obligaría al autismo y al ostracismo político y, así, lo repliega sobre sí mismo y sin capacidad alguna de decisión para temas fundamentales. Ante ese escenario que Nebot y el PSC visualizarían como inminente, la salida política más probable estaría en un adelanto de las elecciones y la única vía constitucional que permitiría hacerlo es la muerte cruzada; (ii) El tiempo político está en contra de la derecha y el gobierno porque cada día que pasa se evidencia la capacidad de veto y la fuerza política del movimiento indígena, de tal manera que mientras más se extienda ese tiempo, más posibilidades hay que el movimiento indígena y sus aliados puedan convertirse en un polo real de poder y recambio político. No obstante, el movimiento indígena aún no ha inscrito entre sus prioridades el tema electoral, y se ha concentrado más en defenderse del gobierno y en ampliar su plataforma de apoyos a través del Parlamento de los Pueblos que en pensar en las próximas elecciones. Sin embargo, este es un proceso que necesita del mediano y largo plazo para consolidarse. Si el sistema político otorga ese tiempo a los movimiento sociales, puede retornar al poder la izquierda política al poder y, probablemente, sin ninguna necesidad de alianzas electorales con el anterior gobierno. En esa lectura, Nebot y el PSC no querrían darle tiempo al movimiento indígena. El adelanto de las elecciones, de producirse, sería, por tanto, una maniobra de la derecha política, para evitar la conformación de un polo alternativo de poder que tenga como eje al movimiento indígena, quien, desde la lectura de las elites de Guayaquil, no tendría el tiempo suficiente para consolidar una plataforma electoral lo suficientemente fuerte que les permita acceder al control del sistema político; (iii) Con esta jugada, la derecha pretendería recuperar la iniciativa política y poner a todos los actores políticos dentro de un tablero cuyas primeras jugadas han sido ya realizadas, es decir, los obliga a responder de una forma u otra a sus propias reglas de juego y, en ese sentido, desalojaría del tablero los eventos que no estarían bajo su control, en especial, la posibilidad que las movilizaciones sociales de octubre generen la suficiente energía política para alterar las elecciones. Así, obliga a que el otro gran actor de la derecha, Guillermo Lasso mueva también sus fichas, con el agravante que Lasso tiene que cargar con el peso de ser el aliado más importante del gobierno, mientras que la izquierda y el progresismo estarían huérfanas de toda representación política electoral visible; (iv) En el supuesto que Nebot y el PSC consideren que la muerte cruzada sea una opción no viable por sus efectos no deseados, el anticiparse de esta forma en el calendario electoral les permitiría tener el tiempo y los recursos suficientes para suturar las heridas y enmendar los errores cometidos durante las movilizaciones de octubre y esperar que la clase media se enajene de forma radical con respecto al movimiento indígena. Es necesario recordar que Nebot, en esas circunstancias, desplegó una violencia discursiva y política en contra del movimiento indígena, que ratifica y evidencia el profundo racismo y clasismo de la derecha política. Empezar de forma anticipada la campaña electoral puede ser el resultado de lo consultoría política que acompaña a Nebot que considera que el tiempo puede curar las heridas y trabajar para el olvido.

9.    Para todo este escenario, es fundamental fracturar el consenso social alrededor del movimiento indígena y su rol político. Para hacerlo, el recurso que la derecha política ha ubicado como el más importante es el racismo. Gracias a este recurso, que se destila de forma sistemática y permanente en especial por los grandes medios de comunicación, sus ideólogos y sus intelectuales más importantes, las clases medias empiezan a distanciarse del movimiento indígena, de sus dirigentes, de sus discursos, de sus propuestas. El racismo actúa como un dispositivo político dentro de una lógica inmunitaria de poder en virtud del cual se crea una especie de cordón sanitario sobre los indígenas, a quienes muestran los medios de comunicación como lo más negativo de la sociedad y un obstáculo para la paz, la unidad nacional y el desarrollo económico. La apelación al racismo es el recurso que mueve los resortes más íntimos de la dominación política en donde la jerarquía social desde la idea de raza condena de antemano a aquellos que el poder designa como vencidos, y que, fuerza es decirlo, se estructura desde la constitución misma del país en el siglo XIX. La teoría social conoce a esta utilización del racismo como dispositivo de poder y dominación como: colonialidad del poder. En estas circunstancias, la mayoría de los discursos políticos de la derecha se inscriben de forma directa en la colonialidad del poder. Como correlato al racismo, está el discurso de la inclusión de los indígenas a la modernidad y al capitalismo, es decir, su conversión en la versión más edulcorada del bon sauvageque acepta silente y resignado su inclusión a la modernidad y al desarrollo económico signado por los mercados y su lógica. La derecha y el gobierno confían en que esta estrategia se consolide hasta el periodo electoral de tal forma que las posibilidades electorales del movimiento indígena se reduzcan al mínimo. Es por ello que la apelación al racismo se convertirá en el dispositivo ideológico más importante de la derecha política en contra del movimiento indígena.

10.En este escenario, cualquier iniciativa legislativa y cualquier política pública de consecuencias importantes por parte de cualquiera de los actores políticos se inscribe desde ya en las coordenadas de las futuras elecciones. El PSC, con su jugada, adelantó el calendario electoral para todos los actores y sujetos políticos. El racismo que secretan los medios de comunicación y sus sicofantes y turiferarios también se inscribe en esas coordenadas electorales. Si los políticos quieren tener un mínimo de posibilidades para las futuras elecciones, teóricamente al menor no podrían comprometer su capital político respaldando las iniciativas del gobierno de Lenin Moreno, es una lección que poco a poco lo va entendiendo la clase política sobre todo aquella aliada al gobierno. El único partido político de la derecha que ha optado por hacerlo de forma directa es CREO del banquero Guillermo Lasso. Cuando este partido político se dé cuenta del error de haber respaldado a un gobierno tan débil y sin ningún beneficio de inventario, quizá sea demasiado tarde para ellos. Lo que significa que la derecha quizá opte y converja hacia J. Nebot quien, por lo visto, tendría más espacio político que Lasso. Empero, para Nebot el escenario es muy complejo dada su debilidad en la sierra y en las comunidades indígenas del país que está resentidas por sus declaraciones racistas. En el caso del movimiento político de la Revolución Ciudadana, las movilizaciones de octubre lo han desalojado de su hegemonía en el espacio de la izquierda, y lo han reducido a ser una opción electoral que tendría una supuesta base de apoyo electoral relativamente importante pero sin la capacidad hegemónica que tuvo en el pasado. La pregunta fundamental para tener al menos una idea del puzle político es saber qué va a hacer la CONAIE en esta coyuntura. Y eso suscita otras cuestiones: ¿cuál será su política de alianzas? ¿Cuáles serán sus cuadros políticos más importantes para participar en elecciones? ¿Cómo reaccionará ante la radicalización del ajuste neoliberal del régimen? ¿Cómo va a confrontar la estrategia racista de la colonialidad del poder? ¿Cómo van a convertir la enorme energía política que produjeron las movilizaciones de octubre en resultados electorales que le permitan transformar desde dentro al Estado y construir su proyecto histórico del Estado Plurinacional?