Confesiones II: El diálogo con el gobierno ¿una trampa?

Confesiones II: El diálogo con el gobierno ¿una trampa?

Es mediados de octubre de 2019. Han respondido a la convocatoria de la CONAIE más de 180 organizaciones nacionales, regionales y locales para constituir el Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador. Han venido organizaciones y ciudadanos, prácticamente de todo el país, una semana y media después del domingo 13 de octubre, día de la derogatoria del Decreto 883. Las organizaciones que han asistido a este evento están preocupadas por el ajuste económico del gobierno que demuestra el giro hacia la derecha, y todas ellas han manifestado, de una forma u otra, su apoyo y su adhesión a la CONAIE y al movimiento indígena en general, por la forma por la cual se llevó adelante la movilización y, posteriormente, la negociación de la paz y la derogatoria del Decreto 883. La CONAIE, en esta oportunidad, fue transparente y entregó toda la información a las organizaciones asistentes, al mismo tiempo que relató todo lo que había sucedido durante el proceso del 13 de octubre de 2019. La CONAIE informó además sobre el proceso de diálogo entablado con el gobierno a partir de los acuerdos establecidos. Se informó que, cuando se realizó la primera reunión de diálogo, en las instalaciones de Naciones Unidas, el 16 de octubre de 2019 en horas de la tarde, el gobierno solamente envió a un consejero de la Presidencia y a un subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que indicaba que el régimen no le daba mayor importancia a este proceso de diálogo, de parte de la organización indígena, en cambio, asistió la dirigencia sobre todo de la CONAIE y la FEINE. 

Sin embargo, hay una historia que aún no se ha dicho sobre esa reunión de diálogo con el gobierno y creo conveniente que se conozca. Efectivamente, a tres días de la derogatoria del Decreto 883, se produjo el primer diálogo con el gobierno de Lenin Moreno, en las instalaciones de las Naciones Unidas en Quito y con la mediación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. Cuando finalmente, como delegación, pudimos acceder a las instalaciones de Naciones Unidas en la ciudad de Quito, ese miércoles 16 de octubre de 2019, esperamos alrededor de dos horas hasta que llegue la delegación del gobierno. Lo que me sorprendió fue que Naciones Unidas cubrió de un manto de secretismo a esa reunión, a pesar de su importancia y de la expectativa nacional que había sobre ella. No se había hecho ningún boletín de prensa sobre esta reunión. De hecho, imaginé encontrar a varios medios de comunicación para obtener declaraciones de la dirigencia indígena y del gobierno, pero no había nadie de la prensa, porque no se había comunicado absolutamente nada al respecto. No obstante, cuando finalmente llegó la pequeña delegación del gobierno y se instaló la reunión, Naciones Unidas, de hecho, propuso que la discusión fuera cerrada y que no se comunique nada de lo que pasaba a su interior a la sociedad. El movimiento indígena puso reparos a esta decisión, porque consideraba, y con justa razón además, que si no se transparentaban los procesos de diálogo, la acusación de componendas, acuerdos ocultos y negociaciones personales, podría aparecer y pesar sobre la dirigencia indígena a futuro. Con ese reparo del movimiento indígena, se inició la primera reunión de diálogo con el gobierno. A pesar de ello, de mi parte consideré necesario que la sociedad sepa lo que estaba ocurriendo ahí dentro porque se trataban temas de interés nacional y que tenían directa relación con las movilizaciones de octubre y la dirigencia indígena estuvo de acuerdo con ello, teníamos que informar al país en un ejercicio de transparencia y derecho a la comunicación. El delegado de Naciones Unidas, que actuaba como mediador, una vez que se instaló la sesión, indicó que había que escuchar al delegado del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a las cifras fiscales, como paso previo para elaborar el Decreto sustitutivo al Decreto 883. Pero, lo que más me llamó la atención fue su expresión de que, palabras más palabras menos, decía lo siguiente y tenía que ver con lo que habían manifestado previamente los líderes indígenas: no está en juego y no se discute la política económica del país ni el modelo económico, y se debe pasar a escuchar las cifras y los argumentos preparadas por los representantes del Ministerio de Finanzas. No se trataba, entonces, de un proceso de diálogo, al menos para el mediador de Naciones Unidas, sino de establecer acuerdos con el movimiento indígena en la forma de cómo debería redactarse el Decreto sustitutivo al Decreto 883, y en el cual conste otra vez la eliminación de los subsidios a los combustibles, pero en esta oportunidad se añadía la compensación y la focalización. Se trataba de una posición extraña del delegado del Naciones Unidas quien ejercía las funciones de moderador y mediador, pero que aparecía más bien como actor principal del proceso. La respuesta del movimiento indígena ante la posición del delegado del Naciones Unidas fue tajante y consta en un tweet que publiqué casi inmediatamente y que lo transcribo porque resume el momento con exactitud: “Leonidas Iza le pide respeto al PNUD y que no induzca al diálogo. Insiste en discutir el tema de derechos humanos que intentó ser soslayado por el PNUD. También expresó su preocupación porque el gobierno no ha dado respuesta a la separación de Romo y Jarrín”. (Tweet del 16-10-2019, 18:00, de @PabloDavalos63). Además de ello, y en otro tweet que escribo a continuación detallo: “Iza indica que es clave discutir la política económica y que el nuevo Decreto 894 incorpora la palabra “combustibles” que no era parte del acuerdo original y acusa de manipulación al gobierno. Si no se topa el modelo de desarrollo no se puede continuar el diálogo, expresó”. (Tweet del 16-10-2019, 18:03, de @PabloDavalos63). La discusión se torna áspera. La dirigencia indígena apela al compromiso asumido con el Presidente el domingo 13 de octubre de 2019, pero el delegado del gobierno indica que no tiene capacidad para tomar esa decisión con respecto a Romo y Jarrín y menos aún con respecto al modelo económico, y que va a transmitir el pedido de los indígenas al Presidente, al tiempo que insiste en que se escuchen las razones técnicas y económicas del delegado del Ministerio de Economía y Finanzas. La actitud adoptada por el mediador de Naciones Unidas demuestra que había optado más bien por cruzar la línea de la mediación y convertirse en un actor más en este proceso. Su posición junto al gobierno nada tenía que ver con la mediación pero sí con la adscripción a las tesis gubernamentales. El Consejero del gobierno insiste una vez más en las líneas originales del régimen sobre el déficit fiscal y sobre la necesidad de recursos fiscales y que el subsidio a los combustibles favorece al contrabando y a los más ricos de ahí la importancia del Decreto sustitutivo. Nada dice sobre las demandas de la dirigencia indígena en especial a aquella de los derechos humanos y la renuncia de los ministros que ejercieron la represión contra el pueblo ni tampoco sobre el FMI y la Carta de Intención, salvo que eso no era de su competencia. Fue también interesante la posición que asumió el dirigente indígena Marco Murillo de la FEINE quien dijo que si el gobierno quería realizar una presentación de datos económicos, entonces que se queden discutiendo sobre esos datos económicos con el equipo asesor del movimiento indígena, y que el diálogo no era para avalar ni discutir datos económicos, sino para construir una propuesta diferente para al país. En medio de esta discusión, el delegado del gobierno advierte que se están emitiendo varios tweets sobre la reunión, y dice que se han quebrado las reglas de juego. Indica que hay varias publicaciones en las redes sociales sobre lo que está pasando y que se ha roto el secretismo acordado con Naciones Unidas. Inmediatamente el delegado de Naciones Unidas suspende la reunión para consultar (nadie supo a quién) sobre este supuesto impasse. A su retorno, indicó que la publicación de información en las redes sociales sobre el proceso de diálogo significaba que se habían, efectivamente, roto las reglas de juego acordadas con el gobierno, y que por tanto se suspendía indefinidamente el proceso de diálogo. Fue, de lo que sé, la última vez que se dialogó con el gobierno, al menos en esa coyuntura. En realidad, no hubo nunca diálogo. Fue un simulacro. Fue una trampa. Lo que se quería era que el movimiento indígena suscriba la posición del gobierno de focalizar el subsidio a los combustibles para dar paso al Decreto sustitutivo. Pero el movimiento indígena nunca iba a suscribir la focalización, porque eso implicaba avalar las condicionalidades del ajuste económico establecidas en la Carta de Intención con el FMI. No se trataba del subsidio a los combustibles, se trataba del modelo económico neoliberal. Ese simulacro de diálogo fue el 16 de octubre de 2019, dos días después, el 18 de octubre a las 23h00, el gobierno envió a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica, el proyecto de ley: “Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero, y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas”, también conocido como Ley de Crecimiento Económico o también Ley de Transparencia Fiscal. Esto demostró que el régimen nunca creyó en el diálogo. También demostró que no iba a asumir las responsabilidades del 13 de octubre en cuanto a revisar el modelo económico y, menos aún, sus compromisos con el FMI. La maquinaria neoliberal estaba avanzando a todo vapor. El proyecto de Ley de Crecimiento Económico era la radicalización más importante de la reforma neoliberal de las últimas décadas, incluso más radical que las reformas que en 1994 llevó adelante el entonces vicepresidente Dahik. El gobierno quería recuperarse del golpe sufrido el 13 de octubre de 2019 con una vuelta de tuerca de la reforma neoliberal que dejaba al Decreto 883 como apenas una circunstancia, una especie de accidente en el camino. Sin siquiera haberlo advertido en su cabal extensión, pero con este proyecto de Ley, el gobierno había declarado la guerra al movimiento social y al pueblo.