Las elecciones de la CONAIE: política, resistencia y gobernabilidad

 Las elecciones de la CONAIE: política, resistencia y gobernabilidad

Pablo Dávalos

 

Las declaraciones a los medios de comunicación internacionales de la ex ministra de Gobierno del Ecuador durante la gestión de Lenin Moreno y, de hecho, una de las pocas autoridades censuradas y destituidas por la Asamblea Nacional del Ecuador, María Paula Romo, en un evento en Miami, Estados Unidos, el mes de mayo de 2021, no dejan de provocar asombro porque permiten interpretar las líneas estratégicas del poder de una forma más clara. En estas declaraciones, indicaba que le llamaba la atención que el movimiento indígena, en la coyuntura de octubre de 2019, haya cambiado su agenda de lucha anti-extractiva y en defensa del agua por una agenda, según ella, que no correspondía a su trayectoria, a sus prioridades ni a su intereses propios, la agenda de resistencia al ajuste económico y, en especial, su oposición a las medidas de eliminación de los subsidios a los combustibles que habían sido acordadas con el FMI. 

Para ella, mientras el movimiento indígena transite sin moverse un milímetro en ese andarivel de la lucha contra el extractivismo y la defensa del agua, sin contagiarse por “otras agendas”, la lucha y resistencia del movimiento indígena se justificaba y se legitimaba. 

Aquello que era incomprensible, para la ex ministra de gobierno y responsable directa de la represión y violencia estatal en contra de la sociedad en octubre de 2019, fue que el movimiento indígena se haya opuesto a la eliminación de los subsidios a los combustibles que, además y siempre según sus declaraciones, implicaban un alejamiento de su agenda de lucha contra el cambio climático. Los combustibles fósiles son responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y no puede explicarse que un movimiento social, como el indígena, se oponga a incrementar el precio de estos combustibles para, supuestamente, racionalizar su uso.

Prima facie son declaraciones fuera de todo contexto político y carecen de una visión crítica de la historia política reciente del Ecuador. Si en Ecuador hay un potente movimiento social que ha provocado cambios políticos tan importantes, como la destitución de tres presidentes de la república, es porque el movimiento indígena siempre asumió una capacidad de representar la resistencia al poder. Desde su levantamiento del Inti Raymi, como se lo conoce, en junio de 1990, hasta la presente fecha, el movimiento indígena ecuatoriano ha tomado el relevo de las luchas sociales y se ha constituido en el obstáculo más fuerte al neoliberalismo, al FMI y a las oligarquías nacionales. Por ello, en octubre de 2019 nunca estuvo en juego una cuestión de contabilidad presupuestaria ni de racionalidad de los precios de los combustibles, sino la vigencia de un modelo de dominación política que adquiría la consistencia de medidas fiscales y que tenía al FMI como su referencia más importante. 

El movimiento indígena ecuatoriano es más que un actor social, es un sujeto político, y en tanto tal asume una capacidad de representación social que le permite liderar la oposición social al poder. Fue eso lo que pasó en octubre de 2019 y fue eso lo que no quiere comprender la ex ministra de gobierno del Ecuador. Para ella, los actores sociales tienen que inscribir su agenda en aquella del poder. No pueden salir por fuera de ese cauce previamente diseñado y definido desde el poder, incluso si es una agenda, aparentemente, tan crítica y radical como la agenda anti extractiva.

En estas mismas declaraciones de la ex ministra de gobierno del Ecuador, se asombra que las movilizaciones indígenas que habían sido definidas para una fecha, se hayan adelantado y hayan convergido hacia la resistencia en contra de las medidas sociales de ajuste económico asumidas por su gobierno. Ahí, vislumbra ella, hay una sospechosa coincidencia de agendas que, en realidad, buscaban el golpe de Estado. En su interpretación de los hechos de octubre de 2019 en Ecuador, entonces no se trató de una movilización social en contra del ajuste y el neoliberalismo, sino de un intento de golpe de Estado por la convergencia de agendas, supuestamente, antidemocráticas. El movimiento indígena, de esta forma y según su particular punto de vista, perdió la legitimidad de la lucha contra el extractivismo y la defensa del agua, por una agenda eminentemente política y vinculada al golpe de Estado.

La ex ministra de gobierno del Ecuador, con sus declaraciones, da cuenta que el poder puede permitirse incluso esa resistencia al extractivismo, a la que considera agenda “normal” y “natural” del movimiento indígena, de la misma manera que hace cincuenta años se consideraba normal y natural que el movimiento indígena luche por la tierra y la reforma agraria, pero no admite que se salga de ese cauce ya determinado previamente desde el poder. Quizá porque ese andarivel ya ha sido disciplinado, normado y plegado al poder.

¿Qué es lo que el poder considera esta vez ilegítimo al movimiento social? ¿Cuál es esa línea roja que se atravesó en octubre de 2019? ¿Por qué la justa lucha en contra del extractivismo y por la defensa del agua ahora parece haberse inscrito a los intereses del poder? Aquello que no se perdona al movimiento indígena ecuatoriano es que haya asumido el liderazgo social en contra del ajuste económico y en contra de la agenda del FMI. 

Fue tan potente la movilización social que se logró algo inédito en la historia reciente y que trasciende incluso más allá de cualquier destitución presidencial y que ha sido cuidadosamente escamoteado de todo el debate político reciente. El FMI fue obligado a cancelar  su programa de consolidación fiscal para el Ecuador, bajo el argumento de la “notificación errónea”. Para el FMI se trata de una derrota política fuerte que se enmascara en el argumento de la falta de precisión de las cifras oficiales entregadas por el gobierno ecuatoriano y que le obligaron en diciembre de 2019, a dar por terminado de forma anticipada su programa de consolidación fiscal que, teóricamente, tenía que durar hasta marzo del año 2021.

El gobierno de Lenin Moreno tendría que esperar un año, hasta septiembre de 2020 para suscribir un nuevo acuerdo con el FMI y un nuevo programa de consolidación fiscal que continúe con el anterior. La espera se debía a la constatación que la peste haya hecho su trabajo de desmovilización social. Cuando se pudo comprobar que era casi imposible que el movimiento social ecuatoriano recupere su capacidad de movilización, fue entonces que se radicalizó el ajuste neoliberal.

El programa de ajuste fiscal y de reforma estructural del FMI se registra de lleno en aquello que la economía política denomina la acumulación de capital. En consecuencia, lo que no se le perdonó al movimiento indígena en octubre de 2019 es que haya situado su confrontación con el poder en el centro mismo de la acumulación de capital. Se le acepta que vaya a la periferia de ese proceso, pero llama la atención que en esa oportunidad haya ido al núcleo duro desde el cual emergen las condiciones de posibilidad del poder.

Sin embargo, llama la atención el hecho que la resistencia al extractivismo haya sido metabolizada por el poder. Las declaraciones de la ex ministra de gobierno del Ecuador dan cuenta que la resistencia contra el extractivismo quizá fue uno de los puntos claves contra la acumulación del capital en su momento, pero no ahora. Que es preferible que el movimiento indígena realice cuanta marcha y movilización considere necesarias, pero que no se atreva a cuestionar ni a entrometerse en aspectos que estarían “fuera de su agenda”, como los programas de consolidación fiscal y reforma estructural del FMI. Por esas paradojas de la historia, la agenda de la lucha contra el extractivismo y la defensa del agua y la vida, que fue uno de los ejes de la resistencia indígena y social sobre todo durante el ciclo de los gobiernos progresistas, ahora se convierte en su límite. 

No significa en absoluto que esas resistencias al extractivismo hayan perdido vigencia, sino que las coordenadas políticas del centro de la acumulación del capital están en otro lado. El poder es consciente que mientras más se reduzcan las agendas de los sujetos sociales son más fáciles de controlar y permiten una mayor capacidad de maniobra para su disciplinamiento. Lo que no deja de causar asombro a la ex ministra de gobierno, es que hayan salido de esa agenda que ya estaba sometida a control político por una agenda nueva que los tomó por sorpresa.

Mutatis mutandis es la misma sorpresa cuando en 1990 el movimiento indígena ecuatoriano cambia el eje de su agenda de lucha por la tierra y la reforma agraria, por aquella del Estado Plurinacional. Desde la visión del Estado plurinacional cobra sentido y adquiere otra dimensión la lucha por la tierra: se convierte en lucha por el territorio,  y también la noción de cultura e identidad: se convierte en resistencia a la modernidad y al capitalismo y la posibilidad de inscribir una nueva divisa para la resistencia: Otro Mundo es Posible. Sin la plurinacionalidad del Estado, esta divisa habría sido imposible. Sin esa transición conceptual, el movimiento indígena seguiría hasta el momento en su lucha por la tierra y la reforma agraria, una lucha totalmente legítima por supuesto, pero no habría cambiado de forma trascendente la política no solo del Ecuador sino de América Latina.

En esta trama, para el nuevo gobierno ecuatoriano, encabezado por un banquero conservador y neoliberal, la sola posibilidad que los líderes del movimiento indígena que en octubre de 2019 tuvieron un rol tan protagónico y estratégico, esta vez puedan continuar en el liderazgo de la organización indígena más importante del Ecuador, la CONAIE, les provoca escozor. Quieren un movimiento indígena más disciplinado. Una organización que se dedique a defender el agua, y que luche contra el extractivismo pero que no cuestione la política económica ni la acumulación de capital. Quieren, a lo sumo, una organización socialmente fuerte pero políticamente intrascendente. Quieren, además, una organización social desconectada de su brazo político y su representación en la Asamblea Nacional, y por fuera de todo cuestionamiento al programa neoliberal de reducción del Estado, privatización y flexibilización laboral.

Un movimiento indígena con capacidad de interpelación y cuestionamiento a las derivas neoliberales del gobierno se convierte no solo en su mayor amenaza sino en su peor pesadilla. El poder sabe con nombres y apellidos cuáles son aquellos líderes que le representan un mayor peligro y cuáles son aquellos con los cuales puede negociar. De esta manera, las elecciones del nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE, se convierten en el hecho político más trascendente de la política ecuatoriana, porque ahí se definen las coordenadas de la resistencia y las condiciones de gobernabilidad del nuevo gobierno. Ahí se define el margen de maniobra del ajuste, la austeridad y la consolidación del poder.