Un peligro político llamado UNES-Revolución Ciudadana

 Un peligro político llamado UNES-Revolución Ciudadana

 

Pablo Dávalos

 

La política, definitivamente, es la contingencia pura. Cualquier escenario político que pueda intuirse siempre es vulnerable ante los hechos. Los juegos de poder, las equivocaciones, los aciertos, los cálculos, los horizontes, pueden moverse en cuestión de instantes y cambiarlo todo. Lo imposible se hace factible y lo impensable se hace posible. Así, la política no solo sería el arte de lo posible, sino también la actualidad de lo imposible. Eso es justamente lo que ocurrió en el Ecuador el viernes 26 de noviembre del 2021, cuando en la Asamblea Nacional se debatía el proyecto de ley económico urgente que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso había enviado en función de sus compromisos con el FMI y se produjo lo impensable, aquello que nunca había estado en el horizonte de expectativas y es que el bloque de asambleístas del movimiento UNES (Unión por la Esperanza) del ex Presidente Rafael Correa, y que constituye la primera minoría de la Asamblea ecuatoriana, se abstuvo de votar en contra de ese proyecto de ley económico urgente y, con esa decisión, permitió que la propuesta del gobierno pase por el ministerio de la ley, como se conoce a la figura jurídica en la cual un proyecto normativo del ejecutivo en materia económica se transforma en ley ante el silencio o la incapacidad de definición por parte de la legislatura.

Nadie en el Ecuador había previsto un cambio súbito en uno de los movimientos políticos aparentemente más ideológicos y con una trayectoria política de resistencia y oposición al neoliberalismo. De hecho, el candidato del ex Presidente Rafael Correa, Andrés Aráuz había pasado al balotaje en las últimas elecciones, con una plataforma política totalmente opuesta a cualquier directriz neoliberal; por lo tanto, si algo era impensable en la política del Ecuador era justamente que el movimiento político del ex Presidente Rafael Correa, UNES, se convierta en condición de posibilidad del ajuste neoliberal más radical de las últimas décadas.

El contexto hace aún más paradójica la decisión adoptada por el movimiento UNES, porque la Asamblea Nacional del Ecuador se apresta a conocer el informe parlamentario sobre los fideicomisos en banca off shore del Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que fueron filtrados por los Pandora Papers y que pueden determinar incluso su destitución de la Presidencia. Pero ese escenario, al parecer, ya no sería posible gracias al apoyo brindado a último momento por este movimiento político. 

¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué asumieron una decisión tan compleja y con un costo político tan alto? ¿Por qué no hicieron nada para evitar que se imponga uno de los programas de ajuste neoliberal más fuertes en la historia del país? ¿Por qué decidieron otorgarle margen de maniobra a un gobierno al cual siempre habían hecho oposición? Antes de intentar responder estas cuestiones, se impone una redefinición de los escenarios políticos suscitados a partir de esta decisión adoptada por el movimiento UNES:

(i)           aquello que estaba en juego con el proyecto de ley económico urgente es la continuidad del programa de consolidación fiscal establecido y definido por el FMI en el Acuerdo de Financiamiento Ampliado (SAF) de septiembre del año 2020, y ratificado por el gobierno de Guillermo Lasso, un año después. En este documento, el FMI especifica el cronograma tanto del programa de consolidación fiscal, cuanto de las reformas estructurales, entre las que constan los cambios tributarios que formaban parte, precisamente, del proyecto de ley que acaba de entrar en vigencia en el Ecuador. El programa de ajuste del FMI contempla una reducción del sector público en alrededor del 0,9 % del PIB (alrededor del 10 por ciento de la nómina pública existente), una reducción del gasto permanente del Estado en 4,5% del PIB (cerca de 5 mil millones de dólares), y reducción de la inversión pública a mínimos históricos. Establece también ahorros forzosos en el sector público que tienen como objetivo fortalecer la balanza de pagos para garantizar el pago de la deuda externa y las transferencias a los bancos privados. Contempla también políticas de flexibilización laboral, privatización de la seguridad social, privatización de la infraestructura pública, desregulación y liberalización de la economía, entre otros aspectos. Entonces, era absolutamente necesario impedir la continuidad del programa de ajuste del FMI, porque sus consecuencias conllevan un riesgo para la economía y para la sociedad, que implican mayor pobreza, más vulnerabilidad y desgarre del tejido social. En consecuencia, el proyecto de ley económico urgente del gobierno de Guillermo Lasso y que había sido denominado como Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid-19, era la piedra de toque de todo el programa de ajuste del FMI. Si esa ley pasaba, también pasaba todo el programa neoliberal de ajuste. Detenerla se convirtió en una prioridad nacional. Por ello, todos los sectores populares y movimientos sociales se pronunciaron para que esa ley no sea aprobada. En pocas semanas el debate político alrededor de esa ley fue intenso. Trabajadores, indígenas, jubilados, estudiantes, universitarios, entre otros, estaban convencidos en que la Asamblea Nacional tenía que impedir a toda costa que ese proyecto de ley sea aprobado. Por ello, cuando se produjo la votación final para negarla y proceder a archivarla, el movimiento Pachakutik, el partido Izquierda Democrática e incluso el derechista Partido Social Cristiano, más algunos independientes, votaron para que esa ley sea, en efecto, negada y archivada. El gobierno, en esos momentos, se había quedado prácticamente solo. Empero, de forma sorpresiva y, literalmente, a último minuto, el bloque de UNES decidió no apoyar la moción de negar y archivar la ley y dejó abierta la puerta para que sea promulgada por el ministerio de ley;

(ii)         la ley de Desarrollo Económico no solo que cumple con las condicionalidades del ajuste fiscal previstas por el FMI, sino que además añade una dimensión antes desconocida en las modalidades de la acumulación de capital en el Ecuador, aquella que puede ser denominada como lumpen-acumulación, y no se trata de ningún recurso retórico ni adjetivo, sino de una realidad absolutamente empírica, porque en la ley económica del gobierno hay todo un capítulo que permite que se pueda lavar y blanquear dinero que puede provenir del crimen organizado en todas sus formas; se trata del capítulo de la regularización de activos en el exterior. De acuerdo a la normativa, cualquier capital proveniente del exterior puede regularizarse al pagar una pequeña cuota al servicio de rentas internas del Ecuador, sin importar su origen. Estas nuevas formas jurídicas de la nueva ley han sido denominadas como una especie de apología del delito e inaugura una forma de acumulación capitalista que permite el lavado de activos a gran escala. Esta norma que hace posible la regularización de activos en el exterior sin preguntar por su origen, además, los transforma en inversión extranjera directa y les ofrece la posibilidad de participar en los procesos de “monetización” de los activos públicos;

(iii)        la ahora ley, de Desarrollo Económico y sostenibilidad fiscal, permite continuar con el ajuste neoliberal y crea las condiciones para que el Ecuador entre a la siguiente fase del programa establecido con el FMI, en un contexto que, apenas días antes había sido impensable. La aprobación  de esta ley le da al gobierno de Guillermo Lasso un margen de maniobra política que no tenía. En efecto, su espacio de gobernabilidad era reducido. Su política de eliminar los subsidios a los combustibles había puesto en pie de lucha y movilización al movimiento indígena, y el gobierno tuvo que acordar una tregua y suspender esos incrementos graduales en el precio de los combustibles ante la presión del movimiento indígena. La filtración de los Pandora Papers que acusaban de forma directa a Guillermo Lasso de poseer fideicomisos en paraísos fiscales, crearon el ambiente para pensar incluso en su destitución por parte de la Asamblea Nacional que había conformado una Comisión Legislativa para que elabore un informe al respecto. De otra parte, la misma Asamblea Nacional se había negado a aprobar su proforma presupuestaria precisamente por los ajustes en el sector social, en especial, salud, educación y justicia que, prácticamente, los desmantelaban. La crisis carcelaria en la cual fueron masacrados cientos de privados de libertad mientras el país veía con estupor la impavidez del gobierno ante la transmisión en vivo por redes sociales de esas masacres, habían enajenado el apoyo social hacia el gobierno. Es decir, en ese escenario existía la posibilidad de la destitución del Presidente Guillermo Lasso como algo plausible e, incluso, inminente. Si el Presidente Guillermo Lasso no lograba aprobar el proyecto de ley económico urgente, las consecuencias eran perentorias: la suspensión del acuerdo de financiamiento extendido del FMI, el incremento de riesgo país por parte de los especuladores de bonos soberanos de la deuda externa del país, la probable fuga de capitales, y un ambiente de ingobernabilidad y de crisis política inminente por las movilizaciones sociales anunciadas por el movimiento indígena y, además, la pérdida de credibilidad presidencial. Con ese ambiente, el gobierno tenía que afrontar las consecuencias del informe de la Comisión Legislativa encargada de investigar las filtraciones de los Pandora Papers y las responsabilidades del Presidente Guillermo Lasso al efecto. Ahora bien, todo ese escenario se desvanece de pronto y el gobierno pasa de una posición de debilidad extrema a otra de fortaleza que le da más agresividad aún. Puede afrontar la investigación de los Pandora Papers en una situación de ventaja política, porque se presenta ante una Asamblea Nacional fragmentada y sin posibilidad de lograr acuerdos consistentes para determinar su culpabilidad en los Pandora Papers. Puede reconfigurar las coordenadas de la confrontación política pero esta vez desde una posición de fuerza, porque el eslabón débil ya no es el gobierno de Guillermo Lasso, sino el principal partido de oposición política, UNES;

(iv)        El programa de ajuste neoliberal implica pobreza, deterioro de las condiciones de vida y tensa a la sociedad. Así, el conflicto tiende a desbordarse del sistema político. En efecto, al no poder dar salidas y procesar esos conflictos políticos y económicos, las decisiones de su resolución se trasladan a la movilización social. Ya pasó eso en octubre de 2019 cuando la movilización social obligó al gobierno de ese entonces a suspender el programa de ajuste neoliberal y detener el incremento del precio de los combustibles a un costo humano demasiado alto: más de diez personas fueron asesinadas, más de mil fueron mutiladas y torturadas, otras tantas fueron encarceladas y judicializadas. Es, sin duda, una vía tortuosa y difícil. Los gobiernos que optan por el ajuste fiscal neoliberal, son también gobiernos agresivos, autoritarios, represivos y no suelen ser respetuosos de los derechos humanos. Son regímenes que utilizan la violencia del Estado para sostener la vigencia del ajuste neoliberal. Pero en este caso no es solamente un gobierno autoritario, sino también un gobierno que quiere procesar la lumpen-acumulación. Es justamente esa vía de confrontación social la que acaba de abrirse. El movimiento indígena ya ha anunciado movilizaciones sociales para inicios del próximo año. La sociedad intuye que este momento no tiene otra opción que ir hacia la movilización social, porque es su última línea de defensa ante la agresión neoliberal. Pero esta vez cabe suponer un represión sin precedentes;

(v)         la política económica castiga esta vez no solo a los sectores populares sino también a las clases medias que constituyen casi dos tercios de la sociedad. Les impone un régimen impositivo draconiano mientras es indulgente con los grandes grupos monopólicos, la gran burguesía y el gran capital financiero. También hace imposible la recuperación económica y, menos aún, la redistribución del ingreso. El escenario económico para las familias ecuatorianas es sombrío. Sin embargo, todo este escenario está directamente vinculado al proyecto de ley del gobierno que entró en vigencia y que pudo ser desarticulado si el movimiento político UNES habría sido más consecuente consigo mismo. La percepción generalizada de la sociedad es que este movimiento político los traicionó. De esta manera, este movimiento político se enajena de su principal soporte y baza electoral, las clases medias. Así, resigna sus posibilidades electorales a futuro y decide orillarse a los márgenes del sistema político.

Si este es el escenario que surge, ¿por qué el movimiento UNES creó las condiciones de posibilidad para su emergencia? La hipótesis de una negociación entre UNES y el gobierno de Guillermo Lasso ha sido esgrimida para tratar de explicar y comprender un comportamiento político tan contradictorio por parte de  esta organización política. No obstante, hasta el momento no existirían pruebas fehacientes que tal negociación se haya producido, por lo que permanece más como una hipótesis a ser demostrada. Si no es así, entonces ¿por qué lo hicieron? 

La otra hipótesis es que se trataría de un movimiento político que aún no sabe cómo moverse en el sistema político sin tener el poder del Estado en sus manos y sin posibilidad de decisión propia porque ha enajenado esa capacidad de decisión a aquella que pueda tomar su máximo líder, Rafael Correa, que, como se sabe, es de carácter voluble y explosivo, de esta manera las decisiones políticas de UNES  se someterían al capricho y veleidades de su líder, quien pretendería siempre imponer sus tesis en vez de negociarlas y ceder, porque esa fue precisamente su dinámica cuando fue Presidente. 

Entonces, si la propuesta de una ley alternativa que fue elaborada por UNES y que la presentó como informe de minoría y que fue rechazada por la Asamblea Nacional, por la obvia razón que una propuesta realizada por este movimiento habría sido sometida al veto total del ejecutivo y la Asamblea Nacional no habría tenido los votos para rechazar el veto presidencial y el gobierno habría impuesto su propio proyecto, desencadenó una reacción primaria de abstenerse de negar y archivar el proyecto de ley del gobierno, sin considerar los efectos de tal decisión, eso los incapacitaría para convertirse en referentes de la oposición y del recambio político.

Al parecer, no existiría una tercera hipótesis, por lo que si la primera hipótesis es plausible, entonces eso implicaría que es un movimiento corrupto que no tiene problemas en transigir el futuro del país en función de sus propias prerrogativas; en cambio, si esto no es así, entonces sería la segunda hipótesis la que más pertinencia tendría, pero de ser así esta organización política, en virtud de su tamaño en el sistema político, se convierte en verdadero peligro y un albur para la sociedad, porque sometería al sistema político a una situación de incertidumbre y ambigüedad permanentes. No se podría confiar en absoluto en UNES porque pueden cambiar de decisión a último minuto y en función del ánimo de ese momento de su máximo líder, independientemente de las profundas consecuencias que puedan tener sus decisiones y de la complejidad del debate. 

Esto incapacitaría a UNES para convertirse en el relevo y en la posibilidad de recambio político en el Ecuador. Las organizaciones sociales definitivamente no pueden confiar en una organización política tan lábil e inconsistente. Puede ser que sus militantes sean todo lo coherentes que se pueda pedir, pero no se trata de sus militantes ni de su compromiso, sino de la ontología política de este movimiento. Esa ontología política transforma a sus militantes en fanáticos. Les despoja de cualquier capacidad de ser deliberantes y disidentes. Como con cualquier fanático, el diálogo se torna imposible. El mundo, para ellos, es blanco o negro, no hay matices. Los que no son amigos leales e incondicionales, deben ser considerados como enemigos a destruir. La forma de enajenar decisiones claves a la voluntad de su líder máximo les imposibilita en convertirse en una organización democrática y plural, y los transforma en engranajes de una maquinaria para la cual todo se transforma en un medio en función de sus propios fines, es decir, opera desde una trasgresión ética a la que convierte en norma.

En momentos en los cuales la humanidad busca otras respuestas y otras alternativas para resolver los graves problemas del mundo post-pandemia, y construir la nueva normalidad, esta maquinaria política electoral que es UNES, se demuestra incongruente con el tiempo histórico. Si en esta oportunidad decidieron hundir al país en un abismo, sea porque hayan negociado cualquier situación, o porque simplemente no entendieron lo que estaba en juego, a futuro representan un riesgo y una amenaza para los movimientos sociales que resisten al neoliberalismo y una traba para dar respuesta y salida a los desafíos que deben enfrentar las sociedades en su afán de construir el mundo de la post-pandemia y la nueva normalidad.