La violencia de los desahucios en España y el emblemático caso de Maricarmen

 La violencia de los desahucios en España y el emblemático caso de Maricarmen

Pablo Dávalos

Es 23 de septiembre de 2026. Ese día, en el escenario mundial, de todas las noticias de un mundo caracterizado por la violencia más cruda, hay una de ellas que sobrecoge, se trata del desalojo de una anciana de 87 años de su vivienda en Madrid, España, por parte de la policía española, quien cumplía órdenes del juez por la presión de los fondos buitres de inversión en vivienda, en este caso el fondo Urbagestión de la familia Alonso, vinculada, sobre todo, al PP y a Ayuso. 

Este desalojo continúa una política pública de respaldo a los fondos buitres, a pesar de que en España gobierna, durante casi ya ocho años, el PSOE que, supuestamente, es de izquierdas; la cuestión es que la legislatura nunca pudo aprobar una ley que ponga freno a los fondos buitres y su acoso a inquilinos, pensionistas y propietarios de hipotecas. 

Por una parte, se entiende la dinámica de acumulación de capital detrás de los fondos buitres. En España la industria del turismo y hotelería es potente. Es uno de los pocos países del mundo en donde en las temporadas de vacaciones hay más turistas que habitantes. La industria del turismo necesita alojamientos y, ante esa necesidad, aparece el capitalismo de plataformas con Airbnb (entre otras), que permite rentar un alojamiento de manera independiente de su estatuto legal como vivienda residencial o como vivienda para turismo. 

Los fondos buitres se han lanzado a la cacería de viviendas por toda España porque forman parte de uno de los modelos de negocios más rentables, aquel del turismo de masas, y se apalancan en el capitalismo de plataformas para consolidar sus posiciones y convertir a la vivienda en polo de acumulación que generan rentas permanentes. Los fondos buitres tienen economías de escala y recursos económicos ante los cuales los arrendatarios, pensionistas o deudores hipotecarios nada pueden hacer. 

Esos fondos buitres necesitan desregulación y la generación de un vacío regulatorio que les permita ese modelo de negocios. Un vacío regulatorio que se apalanca, a nivel jurídico, en el concepto de “seguridad jurídica”. Entonces, a pesar de que en España gobierne la izquierda socialista, la cuestión es que la capacidad de lobby de estos fondos buitres ha sido eficaz y ha impedido que se aprueben normas en defensa de los ciudadanos. 

Es capitalismo puro y duro. Es acumulación de capital desde la industria del turismo que ha convertido a la vivienda en parte de este modelo de acumulación. En este modelo de acumulación no importan ni los derechos ni las garantías constitucionales. El caso de Maricarmen lo demuestra. En una sociedad con un mínimo de derechos humanos, el desalojo de Maricarmen habría sido si no imposible, al menos difícil. Es un caso en el que, supuestamente, habría todas las posibilidades para que la ley defienda al más débil. Pero se trata de un modelo de acumulación de capital que pliega las leyes y las instituciones a sus propias necesidades. Ahí puede apreciarse, como si fuese heurística pura, la violencia del sistema. 

En el caso de Maricarmen, la burguesía rentista aprovecha toda la desregulación existente (y que paradójicamente aparece como “hiperregulación”) que desarma la capacidad de defensa de la sociedad e impone una ganancia máxima sobre el derecho humano a la vivienda (que está, por paradójico que parezca, en la Constitución española). Esa renta del capitalismo inmobiliario es el criterio de valorización de este mercado en contextos de desregulación, capitalismo de plataformas (Airbnb), e industria intensiva y extensiva de turismo de masas y extracción de rentas. 

Entonces, las condiciones previas para la formación de esa tasa de ganancia tienen que ver con la desregulación provocada por la derrota estratégica a los trabajadores en varias elecciones en los que se ha impuesto la derecha o, como en el caso de España, la izquierda que ha ganado las elecciones (el PSOE), no ha logrado desmontar esa desregulación favorable a los intereses de los fondos buitres. Compran bienes inmobiliarios y ejercen presión jurídica sobre quienes viven en ellos para desalojarlos y utilizan todo el andamiaje del Estado de derecho para hacerlo. 

Imponen un precio de renta que saben que es imposible de asumir por los arrendatarios y/o dueños de hipotecas, pero que se mueve dentro del margen de beneficios que les puede otorgar ese bien en la industria del turismo de masas. Ese precio expresa sus expectativas de obtener rentas permanentes sobre los derechos a la vivienda de la ciudadanía. 

Sin embargo, el desahucio de Maricarmen generó descontento social que se expresó en movilización social. De todos los desahucios en España, y son bastantes, este creó mucha fuerza simbólica que pone en tensión al sistema político, en expectativa a los especuladores inmobiliarios y a la sociedad. Esa fuerza simbólica de este desahucio es recogida por organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y ONG y se convierte en presión política. Esa presión política se desplaza, de forma inevitable, hacia el sistema político y las elecciones.

Si en las elecciones gana nuevamente la derecha, de la mano del PP o de VOX (como probablemente ocurra), entonces se generará un cambio favorable para los fondos buitres, los especuladores inmobiliarios y la acumulación de capital proveniente del turismo de masas y el capitalismo de plataformas. Pero podemos imaginar un escenario en el que gane la izquierda o que, por la fuerza de las circunstancias, el PSOE abandone sus posiciones centristas y se radicalice, o que gane posiciones la izquierda española. En ese caso se pueden crear condiciones para aprobar leyes que frenen la desregulación del sector inmobiliario y hagan más difíciles las apuestas especulativas de los fondos buitres. 

No obstante, utilicemos el caso de los fondos buitres, la acumulación de capital desde la industria del turismo de masas, el capitalismo de plataformas y la desregulación favorable a esta industria para discernir con más precisión este modelo de negocios.

Lo primero que se puede advertir es que este modelo de negocios utiliza la capacidad jurídica y el apalancamiento financiero de los fondos buitres para generar una asimetría jurídica con respecto a sus víctimas (porque, a la larga, los inquilinos se convierten en eso). Esa capacidad jurídica que aprovecha los criterios de seguridad jurídica y Estado de derecho sirven para imponerse sobre los derechos ciudadanos a la vivienda. El modelo de negocios se cierra con el desahucio como marco de violencia heurística para este mercado. El desahucio es un acto tan violento que implica una desposesión llevada al límite que permite a la industria utilizarlo a discreción y apalancar su modelo de negocios sobre el desahucio. 

Emerge, por tanto, como frontera final y margen de sanción a todo el modelo de negocios de especulación inmobiliaria, el acto jurídico del desahucio y su violencia. Sin la violencia del desahucio el modelo de negocios de especulación inmobiliaria se debilita. La trama jurídica que protege el desahucio y ante la cual casi nada puede hacer el sistema político es un concepto de ontología política: el Estado de derecho. En un Estado de derecho, no se puede afectar el derecho a la propiedad privada. El desahucio es el límite que protege el derecho a la propiedad privada.

Entonces, se tiene, de una parte, un modelo de negocios que integra industria de turismo de masas, capitalismo de plataformas y capacidad inmobiliaria a través de los denominados “fondos buitres” y, como marco: la seguridad jurídica a la inversión privada. Para mantener esa seguridad jurídica está el sistema jurídico, el sistema político y el sistema mediático. Como instrumentos de acción están la policía y las fuerzas de intervención internas. 

¿Se puede cambiar esto? Solamente con la lucha social que es lo que ha empezado a suceder en España. Pero es aún una lucha social espontánea, sin dirección política y sin una agenda que integre de manera coherente la lucha por la vivienda como una lucha más amplia de los derechos de los trabajadores españoles. 

Esto hace que la lucha del pueblo español, al no tener una estrategia política más estructurada y con más visión de largo plazo, solamente puede incidir en ciertos aspectos de la coyuntura y quizá atenuar en algo la violencia del desahucio, pero no eliminarla como recurso heurístico del poder y de este particular modelo de negocios. En otros términos, pueden obtener un decreto del sistema político que atenúe la violencia del desahucio para ciertos casos “humanitarios”, pero no va a afectar el modelo de negocios de especulación inmobiliaria. Con eso queda bien el sistema, queda bien la inversión privada y los derechos a la seguridad jurídica y la gente puede ser desmovilizada y aquellos que pedían el fin de los desahucios y de la especulación inmobiliaria serán vistos como “ultras” y sin posibilidad de generar conciencia social.

Entonces, no todo acto de resistencia, rebelión, movilización, disconformidad, o desacuerdo forma parte, necesariamente, de la lucha de clases del capitalismo tardío. Para que una movilización social sea coherente con la lucha de clases debe acotar de manera radical el espacio de acción política de la burguesía. En este caso, para que la movilización por el derecho a la vivienda en España pueda realmente alterar el modelo de negocios sustentado en la especulación inmobiliaria, la industria del turismo de masas, el capitalismo de plataformas, se necesitaría que esta movilización tenga una agenda más radical que obligue a la burguesía rentista a alterar de manera importante esas coordenadas jurídicas que utilizan el desahucio como violencia heurística. Eso solo se logra con una agenda política que integre los derechos a la vivienda como una lucha política más amplia y más radical.

En efecto, si hay algo que subrayar de esta coyuntura, es la forma por la cual se utiliza la violencia como un recurso heurístico para sostener el modelo de negocios. Sin ese recurso heurístico de la violencia, el modelo de negocios se cae o se debilita. Esto quiere decir que la violencia forma parte intrínseca de este modelo de negocios y, extendiendo el análisis, de las formas capitalistas de hacer negocios. No puede existir el valor (o la ganancia) sin la violencia. La violencia no es un recurso exógeno ni tampoco una apelación sociológica, sino que forma parte integral e inherente a cualquier modelo de negocios. En otros términos, no hay plusvalía sin violencia.

El desahucio es una de las formas de violencia que más fractura el orden cotidiano del mundo para las personas y las familias. Debería ser un recurso extremo y en circunstancias extremas y con muchos mecanismos previos y de amortiguamiento social. Pero en el caso de España, el desahucio es un recurso que el modelo de negocios inmobiliario utiliza de forma heurística. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas y especuladores inmobiliarios necesitan que la sociedad tenga miedo de la violencia del desahucio. Que no lo vean como un acto in extremis sino como parte de la normalidad del mundo y que los especuladores inmobiliarios tienen toda la legitimidad para aplicarlo con el respaldo del Estado. Por eso, los inversionistas y especuladores inmobiliarios (en España los llaman “fondos buitres”) no están en contra de que los actos de desahucio, con toda la violencia que implican, sean documentados, registrados, publicitados. Necesitan incluso que en esos actos confluyan otros actores para que el efecto heurístico de esta violencia se expanda para que otros aprendan y lo normalicen (por eso es heurística).

Mientras esos otros actores que intentan proteger a las víctimas de los desahucios no generen efectos sobre el modelo de negocios inmobiliario, forman parte del paisaje y pueden ayudar, a su pesar por supuesto, a multiplicar los efectos heurísticos de la violencia de los desahucios.

De esta forma, esa violencia ayuda a mantener la solvencia y rentabilidad del giro de negocio. Los inversionistas saben que las víctimas de este giro de negocios no tienen ninguna posibilidad de alterarlo. Lo único que puede alterar ese giro de negocios es la lucha de clases, pero en una sociedad que ha resignado la capacidad de organización, los discursos radicales y las formas de luchas estratégicas, y que en votaciones se deja llevar por las emociones y vota por la derecha (que en España están representadas por VOX y el Partido Popular, entre los más importantes), entonces los especuladores inmobiliarios no temen a la lucha de clases, y saben que, una vez pasada la temperatura, la normalidad volverá, con su rostro de Hidra, a someter al pueblo español.