Renta Básica Universal y sin condiciones Hay recursos para todos y la pobreza es política

 

Renta Básica Universal y sin condiciones

Hay recursos para todos y la pobreza es política

¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra “competitividad”? Quizá demasiadas. Es un significante que se ha interiorizado en nuestra vida cotidiana. Le hemos asignado una axiología a esa palabra: todo aquello que la limite, coaccione, regule o controle está mal visto. Todo aquello que la libere, tiene nuestra complacencia, nuestra aquiescencia. A nombre de la competitividad los contratos laborales se precarizaron, se impusieron políticas de austeridad, y se desmantelaron instituciones claves, entre ellas, la salud pública. Concomitante a la “competitividad” estaba asociada aquella de productividad. Las cifras que se manejan al tenor de estos conceptos escapan a toda imaginación posible. 

Entonces surge una pregunta de sentido común, si las corporaciones han logrado niveles tan altos de competitividad y anuncian cifras de rendimiento sobre la inversión realmente espectaculares y en miles de millones de dólares, porqué no hay empleo para todos, porqué hay cada vez más pobreza, más incertidumbre con respecto al futuro, ¿porqué los salarios son tan bajos? Son preguntas básicas, por supuesto, y que han atravesado las agendas políticas desde el populismo hasta la misma derecha. Inclusive el Foro de Davos se hace esas preguntas. 

Ahí subyace un fenómeno más profundo que debe ser evidenciado y que está en plena relación con la Renta básica universal y sin condiciones. Los indicadores de productividad, comercio, inversión, rentabilidad, entre otros, dan cuenta de sociedades que transitan hacia un escenario de post-escasez. El problema de las economías del siglo XXI cada vez tiene menos que ver con la producción y más con la redistribución. 

Los niveles de tecnificación de la producción, que ahora integran en una sola dinámica, técnicas de gobierno corporativo, con robotización, inteligencia artificial, cadenas de valor global y mecanismos de logística y distribución de alto rendimiento, multiplican la creación de riqueza a niveles nunca antes vistos. Las economías del siglo XXI incorporan a la producción los avances de tres grandes dinámicas: la infotecnología, la biotecnología y la nanotecnología, de tal manera que su capacidad de crear riqueza es exponencial. La competitividad crea riqueza, pero, paradójicamente, expulsa al trabajo. Quizá puede demandar nuevos tipos de trabajo en otros sectores, pero en términos generales, trabajo y competitividad son términos antitéticos.

Los datos muestran que la riqueza de las sociedades del siglo XXI es tan vasta que puede garantizar una distribución de ella de forma más equitativa sin que implique ningún cambio que altere radicalmente la estructura de la producción, al contrario, una mejor distribución beneficiaría a todos. Los desafíos, para la sociedad de la post-escasez, por tanto, no están en la producción, sino en la distribución (los salarios) y redistribución (los impuestos directos). Entonces, si la humanidad no tiene, al menos por ahora, como problema central la productividad ni el volumen de riqueza sino su equidad, es conveniente pensar en otra forma de considerar la producción, la riqueza y su redistribución. Comprender a la producción no como un fin en sí mismo, sino como un medio, porque hemos superado ese momento en el cual la escasez constreñía y acotaba la producción.

Y quizá una de las ideas más fuertes para ello sea la Renta básica universal y sin condiciones. Las sociedades de ahora tienen los recursos suficientes para otorgar niveles de vida mínimos y al mismo tiempo dignos a todos sus ciudadanos. La pobreza, en el siglo XXI, es más un fenómeno político que económico; tiene más relación con las estructuras institucionales que con la productividad. Justo por ello el financiamiento a esa Renta básica universal debe provenir desde la redistribución de la riqueza social. Eso significa alterar los entramados de poder que sostienen la arquitectura institucional sobre la cual descansa la producción de riqueza y su distribución.

La Renta básica universal y sin condiciones, para aplicarse, requiere de voluntad y fuerza política desde la sociedad. No es una idea nueva, pero el contexto le otorga otra dimensión. En sociedades tan complejas y tan integradas como las nuestras, una pandemia apela a resoluciones globales y públicas. La Renta básica universal y sin condiciones es una idea que contribuye, en la coyuntura de la pandemia, a fortalecer las normativas que se generan desde los protocolos epidemiológicos para garantizar el aislamiento y la cuarentena a poblaciones que, por razones políticas e institucionales, no pueden hacerlo. Al otorgar recursos monetarios a una población en riesgo, se garantiza el cumplimiento de los protocolos de salud pública, pero se crean, al mismo tiempo, las condiciones para una transformación más profunda y de más vasto alcance, aquella que permite considerar la separación del ingreso asociado al empleo de la empresa capitalista como una nueva forma de contractualidad social. Es decir, aquello que nace desde una necesidad de salud pública, crea el expediente para repensar de manera radical la relación existente entre salario, empleo, producción y empresa capitalista.

Esto nos plantea varios problemas analíticos, metodológicos y, por supuesto, políticos. Si el ingreso se separa de la empresa capitalista, entonces ¿cómo definir, concebir, estructurar y articular la producción y distribución en el capitalismo? La respuesta está en la presencia de dos grandes dimensiones de la producción que pueden emerger en estas circunstancias: una mercantil orientada a los mercados y a la acumulación de capital, y sustentada en productividad, salarios, y jornadas laborales; y otra producción definida, estructurada y articulada a las necesidades sociales y por fuera de aquellas de la acumulación de capital. Quizá la peste sirva como marco heurístico de esta idea. Una idea que proviene también desde la economía política del siglo XIX. Esos dos grandes ámbitos corresponden a lo que la economía política clásica denominaba los valores de cambio, y los valores de uso. La salud pública es un valor de uso. La enfermedad es un valor de cambio.