El proyecto de ley económico-urgente de Noboa: El sinuoso camino hacia el fascismo

 El sinuoso camino hacia el fascismo

 

El proyecto de ley económico-urgente de Daniel Noboa para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno

 

Pablo Dávalos

 

El 17 de mayo de 2025 el gobierno de Daniel Noboa presentó a la recién posesionada Asamblea Nacional del Ecuador el proyecto de ley orgánica “Para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno”, como ley de urgencia económica. 

Ahora bien, lo paradójico es que una revisión de sus 32 artículos desplegados en 5 capítulos, más las 3 disposiciones generales y las 4 disposiciones transitorias, ninguno de ellos, strictu sensu, tiene nada que ver con la “urgencia económica”. 

Hay una breve referencia en el Art. 1 que define el objeto de la ley en donde se indica: “establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno” pero fuera de eso, este proyecto de ley, definitivamente, no tiene nada que ver con la política fiscal ni tributaria que, generalmente, es el leit motiv de la urgencia económica; lo que sorprende habida cuenta de que el gobierno había indicado que sus necesidades de financiamiento presupuestario son tan grandes que llegarían, según sus propios cálculos, al 14% del PIB del país. 

Entonces, surge una primera inquietud: ¿por qué este proyecto de ley orgánica “Para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno” se presenta como ley de “urgencia económica”? Si no hay mención alguna a política fiscal, monetaria, tributaria, comercial o financiera, cabe preguntarse: ¿en dónde radica, pues, la “urgencia económica” de este proyecto de ley? Es una pregunta que lleva directamente a la suspicacia: ¿qué hay realmente detrás de este proyecto de ley y que permitiría comprender su “urgencia”? ¿Cuál es el objetivo real de este proyecto de ley? ¿Hacia dónde apunta? 

Estas dudas dan cuenta que es la primera vez, al menos en estos últimos años, que un gobierno utiliza el mecanismo de la ley económico-urgente para cambiar las reglas de juego de la política de forma trascendente sin referencia alguna con la economía. Por tanto, se impone, de entrada, una lectura crítica de este proyecto de ley para situarlo, comprenderlo y asumirlo por fuera de las coordenadas de la política económica pero por dentro del perímetro de la política pura y el conflicto que le es inherente.

Lo primero que se puede advertir es que este proyecto de ley está en línea directa con la forma por la cual el gobierno de Noboa ha convertido a la crisis de seguridad ciudadana en el leit motiv de su gobierno. Desde sus inicios, el régimen ha escalado hacia la generación de un marco jurídico aplicable al conflicto armado interno, independientemente de lo establecido en la Constitución, que lo llevó incluso a reconocer al crimen organizado como un “actor no estatal beligerante” (Registro Oficial del Ecuador, 2024-01-09, pág. Art. 4) y, de esta manera, otorgarle un estatuto político que no tenía. Así, Noboa profundiza y radicaliza aquello que, en su momento, el ex presidente Guillermo Lasso denominó el Plan Ecuador (Desinformemonos Periodismo de abajo, 2024).

Por tanto, se puede advertir que, para Noboa, el conflicto armado interno, que es el principal leit motiv de este proyecto de ley económico-urgente, es algo más que una crisis de seguridad ciudadana; en realidad, es el centro neurálgico de su forma de gobernar; Noboa ha convertido, en efecto, al conflicto armado interno en el epicentro de la estructura política y jurídica de su gobierno. Esto, curiosamente, no quiere decir que vaya a resolver la crisis de seguridad ciudadana sino más bien al contrario, Noboa parece necesitar de la crisis de la seguridad ciudadana para imponer, legitimar y autorizar su modelo de dominación política.

La apuesta por la guerra

En efecto, Noboa, hasta el momento y a pesar de la enorme cantidad de decretos ejecutivos de estado de excepción y de haber convertido al conflicto armado interno en el centro político de su gobierno, hasta el presente ni siquiera había actualizado el Plan de Seguridad Integral 2019-2030 elaborado durante el gobierno de Lenin Moreno, lo que demostraría la escasa voluntad política que tiene para afrontar la crisis de seguridad ciudadana que vive el país.

Es esa trama de mantener la conflictividad en términos bélicos la que ha llevado a que sea el presidente con el mayor número de Estados de Excepción decretados. En menos de un año y medio desde su primer triunfo electoral hasta su reelección en 2025, ha emitido 10 decretos ejecutivos relacionados con el conflicto armado interno, la delimitación de zonas de seguridad y la promulgación de Estados de Excepción, conforme el siguiente listado:

Decretos Ejecutivos de Estado de Excepción:

·       Decreto Ejecutivo No. 110 del 08-01-2024

·       Decreto Ejecutivo No. 135 del 23-01-2024

·       Decreto Ejecutivo No. 193 del 07-03-2024

·       Decreto Ejecutivo No. 275 del 22-05-2024

·       Decreto Ejecutivo No. 410 del 03-10-2024

·       Decreto Ejecutivo No. 552 del 03-03-2025

·       Decreto Ejecutivo No. 599 del 12-04-2025

Declaratoria de Conflicto Armado Interno (CANI) y zonas de seguridad:

·       Decreto Ejecutivo No. 111, del 09-01-2024

·       Decreto Ejecutivo No. 218 del 07-04-2024

·       Decreto Ejecutivo No. 520 del 04-02-2025

Puede apreciarse que el Estado de Excepción se convierte en la norma. Pero también puede confirmarse con la evidencia empírica existente (y que el gobierno en un acto de cinismo lo presenta en cada uno de las exposiciones de motivos y fundamentos fácticos de cada decreto ejecutivo de estado de excepción), que la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado y la violencia contra la ciudadanía han crecido de forma exponencial a pesar de todos estos decretos ejecutivos de estado de excepción, porque estos decretos de excepción, en realidad, estaban pensados, articulados e impuestos bajo la lógica del conflicto político, no de la resolución de la crisis de seguridad ciudadana.

Entonces, es desde esa lógica que hay que comprender el conflicto político, la transición y las disputas hegemónicas. Para el gobierno de Noboa, la menor de sus preocupaciones es resolver la crisis de seguridad. De haber sido así ya la habría remitido o atenuado. Más bien lo contrario, Noboa necesita del crimen organizado, la delincuencia y la violencia para sostener su modelo de dominación política. Por ello, para Noboa, toda la política y su inherente conflicto y antagonismo debe procesarse, asumirse y resolverse desde las coordenadas del conflicto armado interno. 

La utilización estratégica del conflicto armado interno

Ahora bien, ha sido, precisamente, gracias al conflicto armado interno que pudo ganar la consulta popular del 09 de mayo de 2024. Fue también gracias a la declaratoria al crimen organizado como “actor no estatal beligerante” que pudo aprobar el incremento del IVA al 15% conforme la condicionalidad impuesta por el FMI y que, en su momento, no pudieron lograrlo los gobiernos ni de Lenin Moreno ni Guillermo Lasso. Fue también gracias al Conflicto Armado No Internacional (CANI) y a la apelación al Derecho Internacional Humanitario, que pudo decretar diez Estados de Excepción, CANI y “zonas de seguridad” y controlar políticamente a la oposición y, gracias a ese control, ganar las elecciones.

En consecuencia, el proyecto de ley económico urgente “Para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno”, continúa, profundiza y extiende como política de Estado el conflicto armado interno y lo lleva a un nivel en el cual, desde ahí, el régimen pretende establecer “un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como proteger … la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador …” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 1) y con eso, poner entre paréntesis varias leyes de seguridad nacional y también, por supuesto, a la Constitución.

Puede apreciarse que el proyecto de ley económico-urgente de Noboa cambia el énfasis de la sostenibilidad del sistema económico porque lo hace depender, esta vez, del conflicto armado interno. Las coordenadas neoliberales ceden sus prerrogativas a la guerra como fundamento real del poder.

El proyecto de ley económico-urgente y el conflicto armado interno

Con estas precisiones y advertencias ya puede analizarse el proyecto de ley económico-urgente remitido por el gobierno de Noboa. Como se había indicado, es un proyecto de ley que no tiene nada que ver con la política económica, ni fiscal ni tributaria, la finalidad del proyecto de ley económico-urgente es bélica en el sentido estricto del término.

En efecto, el proyecto de ley busca la “implementación de un régimen de medidas de combate” que pretende la “neutralización efectiva de los grupos armados organizados” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 3), en donde los “ataques deben ser dirigidos contra los grupos armados organizados” que se convierten en “objetivos militares” hasta lograr “el sometimiento total o parcial” y buscarán evitar daños excesivos en los “métodos y medios de combate” empleados “en el conflicto armado interno”, mientras que las personas civiles “que no participen en las hostilidades” tendrán apoyo como “víctimas del conflicto armado interno” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 5).

En consecuencia, la desarticulación del crimen organizado como sujeto político (porque, para Noboa, es el otro polo del conflicto político), se enmarcará en los “principios y normas del Derecho Internacional Humanitario” y “desde el inicio de las hostilidades” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 6), es decir, y sin eufemismo alguno, la guerra. 

Una vez ganada la guerra entonces habrá un escenario “para el normal ejercicio de la política económica” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 4) y se retornará al “Estado de paz” y el proyecto de ley “se dejará de aplicar” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 28). Obviamente, ganar la guerra, para Noboa, es un objetivo sine die, porque aquello que está en juego es el poder.

Pero, mientras tanto, según este proyecto de ley “el Presidente de la República podrá emitir otros decretos ejecutivos necesarios para el cumplimiento de estos propósitos” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art.6). Así, este Estado de Excepción permanente que se produce gracias “al reconocimiento oficial de un conflicto armado interno faculta al Presidente de la República a implementar un régimen específico de medidas para combatirlo” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 7), de tal manera que la excepción se convierte en la norma.

La guerra como norma y marco para la política

Así, se puede apreciar que en el proyecto de ley económico-urgente la guerra se normaliza. Se hace cotidiana. El país pasará de un Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción a otro, sin mediación alguna, “porque es irracional indicar que un CANI pueda durar un máximo de 90 días” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2024, pág. 7). El “régimen específico de medidas” para resolver el “conflicto armado interno” le da patente de corso a Noboa para imponer su propio modelo de dominación política desde la utilización estratégica de la violencia. Se cumple, así, la advertencia que hacía Walter Benjamin en su tesis VIII sobre la Historia: “la tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que ahora vivimos es en verdad la regla” (Benjamin, 2010, pág. 24).

Este proyecto de ley, además, acusa recibo de las observaciones que en su momento emitió la Corte Constitucional con respecto a varios de los decretos de Estado de Excepción emitidos por Noboa. El gobierno está consciente de la aporía temporal que existe entre la duración del CANI (conflicto armado no internacional) y aquella que permiten los estados de excepción. Por eso, intenta evacuar el control de constitucionalidad sobre los decretos ejecutivos de estado de excepción cuando establece que “el régimen de medidas de un conflicto armado interno es diferente al régimen de excepción contemplado en el artículo 164 de la Constitución…” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 7).

Una vez definidas las coordenadas de la guerra, el proyecto de ley económico-urgente se concentra en la “protección de los bienes” que no constituyan “objetivo militar” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, págs. Art. 13-14), la protección a las personas que se convierten en “población civil” susceptible de estar en medio del fuego cruzado o del reclutamiento forzado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 11), entre otros aspectos más particulares sobre la forma que asume la guerra en la población y el territorio.

Pero lo interesante y que tiene que ver esta vez con la “urgencia económica” es el Art. 16 sobre el régimen de medidas específicas, que indica lo siguiente:

Para la reactivación económica el Presidente de la República podrá, a través de Decreto Ejecutivo, disponer un tratamiento económico para zonas focalizadas; que incluya incentivos tributarios, alivios financieros y/o compensaciones. Esta protección se complementará con medidas de incentivos a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 16).

Lo problemático de este artículo es que genera un riesgo de delegación excesiva de poder al ejecutivo; vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria y fiscal conforme a los artículos 300 y 301 de la Constitución; implica, además, riesgo de arbitrariedad y clientelismo, así como de regresividad y falta de equidad territorial. De otra parte, fragmenta la Estrategia Territorial Nacional, la política económica y el Plan Nacional de Desarrollo. Pero lo incierto en la propuesta del gobierno es la enunciación de las “zonas focalizadas”. Como se verá más adelante, hay la intención de construir lógicas concentracionarias bajo la denominación de “zonas de seguridad”.

Pero si las coordenadas políticas y jurídicas de este proyecto de ley económico-urgente son bélicas, entonces esto quiere decir que hay que conformar una estructura bélica de comando, gestión y operación militar y cuya lógica sea la guerra, no el derecho. Por eso, el proyecto de ley crea una de las aberraciones constitucionales más emblemáticas de cuantas se hayan propuesto en los últimos años, propone crear un Bloque de Seguridad comandado militarmente por el Presidente de la República quien tendrá “el mando supremo en la toma de decisiones relacionadas con el conflicto armado interno” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 17):

Artículo 18.- Bloque de seguridad.- El Bloque de Seguridad funcionará como una instancia de coordinación operativa encargada de planificar, ejecutar y supervisar las acciones militares y de seguridad, así como de los medios y métodos de combate y de la coordinación para la implementación de medidas específicas y la desarticulación de economías criminales, en el marco del conflicto armado interno.

El Bloque de seguridad estará liderado por el Presidente de la República … (Asamblea Nacional del Ecuador, 2025, pág. Art. 18).

Ahora bien, lo que llama la atención es el desorden jurídico que se produce con la creación de este “Bloque de seguridad”. En efecto, el país ya dispone del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), normado en el Art. 6 y Art. 10 (como Ministerio de Coordinación de Seguridad), de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y que tiene casi las mismas funciones que el Bloque de Seguridad. Entonces, ¿quizá no habría sido más conveniente realizar reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado antes de crear una instancia legal que no tiene los soportes jurídicos necesarios? 

En efecto, el concepto y figura jurídica del Bloque de Seguridad no aparece en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030, tampoco consta en la Ley Orgánica de Defensa Nacional y en la Ley de Seguridad Pública y del Estado; tampoco consta en el Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público ni en la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. 

Es decir, es una instancia jurídicamente nueva y que no entra en armonización, coordinación, sinergia y articulación con la arquitectura jurídica existente en materia de seguridad del Estado, sino que más bien se impone sobre ellas y genera un profundo desorden jurídico que conduce a una situación de inseguridad jurídica porque contradice al Art. 226 y 227 de la Constitución.

Es por ello que esta nueva entidad denominada Bloque de Seguridad tomará decisiones que entrarán en contradicción directa con las disposiciones establecidas en, al menos, los siguientes artículos de la Ley de Seguridad Pública y del Estado: Art. 6 sobre el Consejo de Seguridad Pública y del Estado; Art. 10 sobre el Ministerio de Coordinación de Seguridad; Art. 11 sobre Órganos Ejecutores; Art. 20 sobre la autonomía judicial; Art. 23 sobre la seguridad ciudadana; Art. 24 sobre el control a los órganos de seguridad; Art. 38 sobre las zonas de seguridad. 

Al tener dos legislaciones sobre un mismo tema se corre el riesgo de generar aporías y antinomias jurídicas. Así, el artículo 18 del proyecto de ley económico-urgente del gobierno de Noboa, al crear un Bloque de Seguridad paralelo al COSEPE sin base clara, viola no solo los artículos 226 y 227 de la Constitución, sino también los artículos 82 (seguridad jurídica) y 84 (eficacia jurídica), al introducir ambigüedad normativa, fragmentar la institucionalidad existente y debilitar el principio de subordinación del poder público a la Constitución y los derechos.

Las trasgresiones a la protección de datos personales

De otra parte, hay un artículo problemático con respecto al uso y manejo de datos personales en este proyecto de ley económico-urgente, se trata del Art. 19.2 que establece que “toda entidad pública y privada estará obligada a proporcionar la información que le sea requerida, bajo apercibimiento de incurrir en el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente”. 

Este artículo entra en contradicción con varias disposiciones legales de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en especial con el Art. 1 de esta ley que establece su objeto y finalidad, con el Art. 2, literales e) y f) que define el cumplimiento de estándares internacionales en derechos humanos en materia de datos personales; también el Art. 10 que define los principios de los datos personales y, entre ellos, los principios de juridicidad, lealtad, transparencia, pertinencia y confidencialidad; y el Art. 26 que define el uso de datos sensibles, sobre todo si se trata de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, entre otros.

Está también en contradicción con el Art. 66 numeral 19 y numeral 20 de la Constitución. Existe un caso emblemático: Escher vs. Brasil (CIDH, 2009), en donde se estableció que la interceptación o recolección privada por parte del Estado sin autorización judicial o sin garantías procesales viola la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme lo siguiente:

113. El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias, sus domicilios o sus correspondencias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que “el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública” (Corte Interamericana De Derechos Humanos, 2009)

Entonces, se está ante la presencia de una norma que violenta, trasgrede y desplaza la lógica de los derechos humanos por aquella de la guerra y hace caso omiso de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos.

El estatuto de impunidad anticipada

El conflicto armado interno (o CANI) y sus coordenadas bélicas, por definición, implican y suponen la violencia. ¿Cómo procesar esta violencia dentro del estado de excepción permanente y fuera del Estado constitucional de derechos y justicia? El proyecto de ley económico-urgente del gobierno de Noboa propone un estatuto de impunidad que da vía libre para todo tipo de abusos y extralimitaciones. Esto quiere decir que se crean todas las posibilidades para un uso intensivo y extensivo de la violencia sin generar ni control, ni fiscalización ni responsabilidades sobre su uso.

Es necesario recordar que todas estas decisiones de violencia nacen, se imponen, coordinan y establecen directamente, según el proyecto de ley económico-urgente, desde el Bloque de Seguridad y, por tanto, desde la Presidencia de la República y están hechas para justificar la guerra y su violencia, por eso el estatuto de impunidad que se crea también los cubre a ellos.

Este estatuto de impunidad está relacionado con la generación de “jueces especializados en conflicto armado interno” (Art. 24 del proyecto de ley económico-urgente), por ello se le impone al Consejo de la Judicatura “en el plazo máximo de 90 días … efectuará todas las acciones necesarias para la creación y formación de los jueces especializados en conflicto armado interno a nivel nacional” (Primera Disposición Transitoria del proyecto de ley económico-urgente), pero esto es imposible de aplicar de conformidad a la epistemología de la Constitución de 2008 porque los jueces son constitucionales y deben garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución.

También está relacionado este estatuto de impunidad con el “régimen aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional” que, en virtud de este proyecto de ley, “se encuentran excluidos de la normativa aplicable al régimen de paz, principalmente en lo relativo al uso legítimo y excepcional de la fuerza” (Art. 25 del proyecto de ley económico-urgente).

Este artículo de régimen aplicable a los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional que los excluye de la normativa aplicable al régimen de paz, rompe con el principio básico de legalidad y control sobre la violencia estatal y entra en contradicción con los artículos 3, 11, 66, 158 y 195 de la Constitución. También entra en contradicción con el COIP y con la Ley sobre el Uso Progresivo de la Fuerza (2022). 

Si bien hay el reconocimiento a un conflicto armado interno y a la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, eso no anula las obligaciones de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario no da carta blanca para matar ni permite excluir a la población del derecho a la protección. En operaciones de seguridad interna, siempre debe primar el estándar de uso proporcional de la fuerza, no el enfoque militar de combate, según los parámetros internacionales de derechos humanos.

La Corte Constitucional indica que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser estrictamente regulado y controlado y cualquier acción armada debe respetar los derechos fundamentales.

Empero de ello, en el proyecto económico-urgente, está también el Art. 26 que propone, al respecto, lo siguiente:

Art. 26.- Indulto presidencial anticipado en el marco del conflicto armado interno.- En el contexto del conflicto armado interno declarado en el territorio nacional, el Presidente de la República podrá anticipar que indultará a personas procesadas penalmente por hechos relacionados con dicho conflicto, aun cuando su causa se encuentre en etapa de investigación, instrucción o juicio, sin requerirse sentencia condenatoria ejecutoriada …” (Art. 26 del proyecto de ley económico-urgente).

El indulto anticipado ratifica el estatuto de impunidad y es una trasgresión al sentido mismo de la Constitución de 2008. El Art. 147 numeral 18 de la Constitución no le otorga al Presidente la facultad de indultar antes que haya concluido un juicio penal. El indulto anticipado implica una injerencia directa en la administración de justicia y en la función jurisdiccional. Permitir que el Presidente declare con anticipación que indultará a personas procesadas, no condenadas, es una forma de presión o condicionamiento sobre jueces y fiscales que elimina la autonomía de la función judicial y la politiza. Esto fractura el principio de división de poderes consagrado en el Art. 168 y Art. 11 numeral 2 de la Constitución. Además, violenta el principio de igualdad y no discriminación ante la ley e introduce una categoría de protección legal discrecional basada en motivaciones políticas y estratégicas. En realidad, este artículo introduce la categoría de impunidad anticipadaque es incompatible con el Estado constitucional de derechos y justicia. A todas luces se trata de una norma inconstitucional.

Sin embargo, también se proponen reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que consolidan el estatuto de impunidad, como, por ejemplo, la reforma al Art. 542.1. que establece que las personas procesadas de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas no serán sujetas de “prisión preventiva, ni arresto domiciliario ni uso de dispositivo electrónico” cuando hayan sido o sean procesadas por circunstancias relacionadas con la guerra o CANI.

El sistema de impunidad crea el expediente para que los abusos o extralimitaciones sean soslayados y que se creen las condiciones para un ejercicio de violencia que puede incrementarse de manera exponencial al no existir controles y contrapesos. De esta manera, este proyecto de ley crea todas las condiciones para exasperar la situación de inseguridad y de violencia para agravarla aún más.

Hacia el régimen de excepción permanente

Sin embargo, el Art. 20, del proyecto de ley económico-urgente sobre la “finalidad del régimen de medidas específicas de seguridad” es uno de los más problemáticos porque avizora una situación de vulnerabilidad fundamental para los derechos humanos y para la convivencia pacífica de la sociedad. Este artículo norma lo siguiente:

Art. 20.- Finalidad.- El régimen de medidas específicas de seguridad para el conflicto armado interno y la desarticulación de las economías criminales … tiene por objeto establecer un marco jurídico específico para enfrentar de manera contundente y eficaz a los grupos armados organizados y economías criminales que representan una amenaza grave y directa contra el Estado, el orden constitucional, la seguridad de la población y la economía formal de la ciudadanía.

Ahora bien, lo que propone este artículo es importante y trascendente porque plantea la creación de un “marco jurídico específico” para el conflicto armado interno. Esto, de entrada, implica un régimen de excepción que está prohibido por la Constitución. En efecto, el Art. 11.4 de la Constitución establece que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. El Art. 424 define que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

Empero de ello, la norma del proyecto de ley económico-urgente pretende crear un sistema jurídico paralelo a la Constitución y por fuera de los derechos fundamentales y la dignidad de la vida humana. Esto puede apreciarse por el lenguaje jurídico de esta norma: “enfrentar de manera contundente y eficaz” a aquellos que representan “una amenaza grave y directa contra el Estado” y la “seguridad de la población”, porque este lenguaje altera la relación medios-fines que es el sustento deontológico del Estado constitucional de derechos y justicia.

Para que esta norma sea plenamente coherente con el Estado constitucional de derechos y justicia es necesario que: (i) manifieste de forma explícita su subordinación plena a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos; (ii) manifieste de forma explícita el respeto a los derechos no derogables; (iii) exista un real y efectivo control constitucional y legislativo; (iv) exprese de forma explícita el sistema de garantías para evitar abusos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales e, incluso, genocidio; (v) demuestre la aplicación complementaria del Derecho Internacional Humanitario.

Pero no se cumple con ninguna de ellas. En efecto: el Art. 21 del proyecto de ley establece las Zonas de seguridad que provienen de la lógica concentracionaria; el Art. 24 establece los jueces especializados en conflicto armado interno; el Art. 25 excluye a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional de la normativa aplicable al régimen de paz; el Art. 26 propone la aberración jurídica del indulto presidencial anticipado, la reforma al Art. 482.1 del COIP propone el allanamiento sin necesidad de orden judicial; la reforma al Art. 530.1 del COIP propone la detención con fines investigativos por parte del Bloque de Seguridad por fuera de las disposiciones legales existentes; la reforma al Art. 542.1. del COIP establece un estatuto de impunidad para las fuerzas armadas o de la policía nacional en caso de que su conducta provoque investigaciones.

Esto demuestra que este Art. 20 del proyecto de ley económico urgente, en realidad, lo que pretende es instaurar una forma de estado de excepción permanente que violenta y trasgrede la Constitución y que es una verdadera amenaza para los derechos humanos.

El universo concentracionario

No obstante, aquello que preocupa de manera importante en este proyecto de ley económica-urgente es aquello que la filosofía política, cuando analiza el autoritarismo, denomina la lógica concentracionaria. Esto se expresa en la Sección I del capítulo II denominada: Del Establecimiento de Zonas de Seguridad.

Art. 21.- Zonas de seguridad.- Se entiende por zonas de seguridad durante un conflicto armado interno, al espacio territorial ecuatoriano cuya importancia estratégica, económica y/o financiera requieren de una regulación especial, por las características y elementos que la conforman, con la finalidad de garantizar la protección de ésta ante amenazas inminentes a la seguridad pública.

Este artículo del proyecto de ley económico-urgente altera, sin siquiera nombrarlo para su reforma, al Art. 38 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que norma, precisamente, las zonas de seguridad de fronteras y áreas reservadas de seguridad. Al no establecer una reforma para un artículo que legisla sobre lo mismo se genera una duplicación de norma que conduce a una antinomia jurídica que contradice el Art. 82 y el Art. 226 de la Constitución. 

Sin embargo, mientras que el Art. 38 de zonas de seguridad de la Ley de Seguridad Pública y del Estado subordina su promulgación al Plan Nacional de Seguridad Integral, el proyecto de ley económico-urgente, crea las zonas de seguridad bajo algo que solo puede comprenderse desde la lógica concentracionariaporque instaura un régimen de control territorial y sobre la población por fuera del alcance constitucional y legal, sobre todo en materia de derechos humanos; se trata de la dependencia de las zonas de seguridad del Bloque de Seguridad (Art. 22 del proyecto de ley económico-urgente) y del CANI (Conflicto Armado No Internacional).

Entonces, al estar estas zonas de seguridad por fuera de la lógica de la ley de seguridad del Estado y también por fuera del Plan de Seguridad Integral (porque el gobierno de Noboa nunca lo actualizó), cabe preguntar: ¿qué implica y supone la “regulación especial” en esos territorios? ¿Quizá suspensión de derechos? ¿Presencia militar permanente? ¿Limitación de libertades? ¿Con qué criterios se califica y se sustenta esa “regulación especial”? ¿Por qué no está sometida a controles de constitucionalidad y legalidad? 

Lo que el proyecto de ley económico-urgente de Noboa pretende es separar la unidad constitucional del territorio para ejercer sobre ellos una intensificación del poder; lo que es típico de regímenes de excepción encubiertos porque plantea un poder discrecional incompatible con el Estado constitucional de derechos y justicia.

Así, la norma de crear Zonas de Seguridad bajo la lógica bélica del CANI sugiere e implica territorios y poblaciones bajo control militar directo y por fuera del control constitucional y legislativo por lo que se evidencia que en esta propuesta de crear Zonas de Seguridad se rompen los principios de legalidad, control y fiscalización legislativo y constitucional (principio de tutela efectivo), proporcionalidad, temporalidad y supremacía de derechos. En estos territorios declarados como zonas de seguridad, es decir, zonas de guerra, se normaliza el estado de excepción y la violencia se utiliza como heurística del poder.

La sujeción a coordenadas de control militar a territorios y poblaciones y la suspensión arbitraria de derechos conduce a crear zonas territoriales por fuera del derecho. Estas zonas territoriales por fuera del derecho derivan en aquello que el filósofo G. Agamben denomina la lógica concentracionaria (Agamben, 2003).

En la lógica concentracionaria hay una suspensión sine die del orden jurídico y constitucional y se crea un espacio separado donde el derecho se suspende. Agamben indica que en estos espacios hay una producción de sujetos como “vida nuda”, personas privadas de derechos, solo cuerpos a controlar o neutralizar (Agamben, 2003). Son territorios que viven un marco de excepción normalizado bajo el uso de categorías ambiguas (seguridad, amenaza, estrategia) para legitimar restricciones masivas de derechos y bajo una militarización permanente. Esta lógica concentracionaria es típica, además, conforme indica la teoría política, del fascismo.

La ruta hacia el fascismo

Se había preguntado desde el inicio: ¿qué hay realmente detrás de este proyecto de ley y que permitiría comprender su “urgencia”? ¿Cuál es el objetivo real de este proyecto de ley? ¿Hacia dónde apunta? El recorrido realizado nos indica claramente la respuesta: el proyecto de ley económico-urgente apunta hacia el fascismo. 

Desde el inicio del gobierno de Noboa puede advertirse una forma de situar, comprender y direccionar la política: hacia el estado de excepción como forma permanente y natural de procesar y administrar el conflicto político. Es decir, hay una deriva autoritaria que se manifiesta desde sus inicios.

Como se había indicado, muchos conflictos políticos, como el incremento del IVA por ejemplo, pudieron procesarse desde la lógica del conflicto armado interno, es decir, la utilización estratégica de la violencia que sufre la ciudadanía por la crisis de seguridad ciudadana. El control a la oposición política se la hizo desde la cooptación de la Fiscalía como un alfil clave para perseguir y acosar a los opositores al régimen, los adversarios y también a los críticos al gobierno, en una dinámica que ha sido calificada y comprendida como lawfare.

De otra parte, a apenas semanas de su posesión, Noboa convirtió al crimen organizado en sujeto político al otorgarle el estatuto jurídico de “actor no estatal beligerante”, y de forma correlativa y concomitante procedió a instaurar el conflicto armado interno como el eje de toda su política, con ello demostraba que en su gobierno había un componente intencional de inscribir la política dentro de las coordenadas del conflicto armado interno.

El gobierno de Noboa puede, por tanto, ser considerado como la imposición de la guerra, bajo la forma de conflicto armado interno, en la estructura política y jurídica bajo la cual se define y establece el conflicto político. Noboa interioriza la inversión de la fórmula de Clausewitz realizada por el filósofo francés Michel Foucault: la política es la continuación de la guerra por otros medios (Foucault, 2001, pág. 53). 

Esto quiere decir que todo conflicto y antagonismo político se definirán en el gobierno de Noboa bajo la lógica del CANI, sea la disidencia política, la oposición legislativa, la movilización social, la crítica ciudadana, en fin, todos ellos entran, de grado o por fuerza, dentro de la lógica de la guerra cuyas fronteras son discrecionales porque dependerán, esta vez, de los criterios del Bloque de seguridad, al menos tal como está planteado en la propuesta del proyecto de ley económico-urgente.

En efecto, el proyecto de ley económico-urgente “Para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno”, es un movimiento estratégico para inscribir el conflicto y antagonismo político dentro del perímetro securitario de la guerra bajo la forma de conflicto armado interno. Gracias a ese estatuto de guerra permanente, se define una concentración del poder en los términos que Agamben criticaba a Schmitt: el soberano es “aquel que decide sobre el estado de excepción” (Agamben, Estado de Excepción. Homo Sacer II, 1, 2004, pág. 9). En el caso particular de este proyecto de ley económico-urgente, el soberano es el Bloque de seguridad y, dentro de él, el Presidente de la República quien se convierte en el fiel de la balanza (Art. 18 de proyecto de ley económico-urgente). Definitivamente, es demasiado poder incluso para un régimen liberal, más aún para un país cuya Constitución plantea al Estado como constitucional de derechos y justicia.

El soberano define un estatuto de excepcionalidad permanente que se configura bajo la forma de un “régimen de medidas específicas de seguridad” (Art. 20 del proyecto de ley económico-urgente). Este régimen especial que está por fuera del orden constitucional y legal se define y estructura bajo la lógica concentracionaria (Art. 21 y Art. 22 del proyecto de ley económico-urgente), que crea territorios y poblaciones sometidas a una excepcionalidad sin límites. Esta lógica, llevada al límite, produce la nuda vida, es decir, cuerpos sometidos al control, escrutinio, y a la biopolítica. Son las vidas sacrificables (el homo sacer de Agamben). 

Hay que recordar, por otra parte, que para Agamben la lógica concentracionaria no es un hecho histórico cerrado a una coyuntura histórica determinada, sino más bien el modelo moderno del espacio donde el Estado de excepción se aplica sin límites. En nuestro caso, es la heurística de las “zonas de seguridad” del conflicto armado interno.

El “régimen de medidas específicas de seguridad” que crea este proyecto de ley económico-urgente permite un uso discrecional de la fuerza que necesita de una suspensión legal permanente que desactiva el derecho y genera un estatuto de impunidad en el ejercicio de la violencia (Art. 24, Art. 25, Art.26, Art. 29 del proyecto de ley económico-urgente).

Nunca antes el país había estado sometido a un marco jurídico de estas intenciones y proporciones porque, de alguna manera y con todas las inconformidades que podían generarse, se había remitido el conflicto político dentro de las reglas de juego establecidas por la Constitución y la ley, incluso para violentarlas. 

Pero esta vez es diferente. Noboa, como puede apreciarse, juega desde otra lógica. Cuando pretende una suspensión legal continua, se decir una legalidad sin ley porque está por fuera de la Constitución, cuando se define como soberano en los términos de Schmitt (porque puede definir el estado de excepción y concentra el poder en el Bloque de seguridad), cuando produce una “vida nuda”, es decir, seres humanos que pueden ser sacrificables dentro de la lógica de la guerra (el CANI), se mueve en las coordenadas del fascismo, porque son estas, precisamente, las características del fascismo.

El filósofo francés Michel Foucault advertía que “Hay que descifrar la guerra debajo de la paz” (Foucault, 2001, pág. 56). Así, habría que descifrar el fascismo debajo de este proyecto de ley económico-urgente. ¿Por qué el fascismo? Porque, al parecer, es el modelo de dominación política más acorde con las necesidades de la acumulación oligárquico-neoliberal que representa el gobierno de Noboa. Porque la deriva autoritaria que se desprende de la lectura y análisis de este proyecto de ley económico-urgente es evidente y no admite otro matiz.

Es la apelación al fascismo como modelo de dominación política lo que nos permite explicar de mejor manera este proyecto de ley porque, a diferencia de los decretos ejecutivos que hacían referencia al conflicto armado interno y trataban de justificar el Estado de Excepción, esta vez el proyecto de ley de urgencia económica considera al conflicto armado interno como una estructura política y económica que abarca a todo el país en todo momento. Es decir, el gobierno de Noboa considera que el país prácticamente está tomado por el crimen organizado, pero no es un reconocimiento para confrontar y eliminar esta amenaza sino es en realidad un recurso heurístico para extender la lógica de la violencia hacia toda la sociedad y controlarla políticamente. En otras palabras, la violencia del crimen organizado es el pretexto ideal del gobierno de Noboa para ir más allá de la Constitución y de la ley y eso, en teoría política, se llama fascismo.

Para el modelo oligárquico-neoliberal la Constitución de 2008 es un obstáculo que es necesario eliminar. Así, este proyecto de ley económico-urgente, en realidad, tiene como objetivo crear las condiciones de posibilidad para el cambio constitucional que sea conveniente y coherente con el modelo oligárquico neoliberal.

Independientemente que este proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador, la cuestión es que el gobierno de Noboa ha clarificado con mayor precisión su hoja de ruta y, en ella, está claro que apunta a desmantelar la estructura jurídica de los derechos y su garantía para pasar a un ordenamiento jurídico autoritario cuyas coordenadas están, precisamente, en el fascismo. La cuestión ahora a saber es: ¿permitirá la sociedad esta deriva fascista del poder oligárquico y neoliberal?

Bibliografía

Registro Oficial del Ecuador. (2024-01-09). Decreto Presidencial No. 111 Gobierno de Daniel Noboa. Quito: Registro Oficial.

Desinformemonos Periodismo de abajo. (05 de Febrero de 2024). El Plan Ecuador: Del Estado Fallido a la intervención neocolonial. Obtenido de https://desinformemonos.org: https://desinformemonos.org/el-plan-ecuador-del-estado-fallido-a-la-intervencion-neocolonial/

Asamblea Nacional del Ecuador. (2025). Proyecto de Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2024). Decreto Ejecutivo No. 218. Quito: Asamblea Nacional.

Foucault, M. (2001). Defender la sociedad. Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Agamben, G. (2004). Estado de Excepción. Homo Sacer II, 1. España: Pre-textos.

Benjamin, W. (2010). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Bogotá: Desde Abajo.

Agamben, G. (2003). Homo Sacer El poder soberano y la nuda vida. España: Pre-textos.

Corte Interamericana De Derechos Humanos. (06 de Julio de 2009). Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso Escher y Otros vs. Brasil Sentencia de 6 de julio de 2009 . Obtenido de https://www.corteidh.or.cr: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_esp1.pdf

 

 

La radicalización del modelo oligárquico-neoliberal Apuntes sobre las elecciones de Ecuador de 2025

 La radicalización del modelo oligárquico-neoliberal

Apuntes sobre las elecciones de Ecuador de 2025

 

Pablo Dávalos

 

Introducción

Contra todo pronóstico, en las elecciones presidenciales de abril de 2025 en Ecuador, el candidato y, al mismo tiempo, presidente de la República, Daniel Noboa, se impuso de forma abrumadora a Luisa González, del movimiento de la Revolución Ciudadana. Días antes de las elecciones, la mayoría de las encuestas apuntaban a un empate técnico y, algunas de ellas, incluso, daban una ligera ventaja a la candidata de la Revolución Ciudadana.

Entonces, ¿Cómo entender el comportamiento del electorado en el Ecuador que dio más de diez puntos de diferencia al candidato de la derecha, Daniel Noboa? ¿Cuáles son las consecuencias que tienen estas elecciones? Y, sobre todo, ¿por qué ganó Noboa, un representante directo de los grupos oligárquicos más conservadores y de derecha en un ambiente de crisis total y de Estado fallido que, aparentemente, conspiraban en su contra? 

Hay que indicar, además, que estas elecciones en Ecuador se inscriben dentro del contexto de la política del país caracterizada por la transición una vez que el anterior presidente, Guillermo Lasso, no pudo terminar su periodo y se vio obligado a disolver la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones, un proceso que en el país se conoce con el nombre de “muerte cruzada”. 

Esa transición se decantó hacia la derecha y contribuye a que las expresiones políticas más conservadoras, más radicales y más comprometidas con la agenda neoliberal impongan su proyecto político.

Así que para responder a las preguntas anteriores es necesario una hipótesis que sea plausible y que tenga posibilidades heurísticas. En ese sentido, es necesario, previamente, un proceso analítico que separe lo contingente de toda campaña electoral de los procesos más profundos que la fundamentan y le otorgan sus condiciones de posibilidad. Por ello, con toda la importancia que tienen, pero los aspectos más puntuales de la forma cómo asumió la campaña electoral la Revolución Ciudadana con sus posibles errores, incluso estratégicos, se soslayan en beneficio de la hipótesis principal.

En consecuencia, se propone la hipótesis de que Noboa ganó las elecciones presidenciales porque incorporó un vector que las transformó radicalmente; ese vector que Noboa integró de forma orgánica a las elecciones fue el Estado. Cuando Noboa, en tanto presidente de la República, no traza límites claros con su posición de ser al mismo tiempo candidato a la presidencia, puede poner a trabajar a todo el Estado para su candidatura y, en esas circunstancias, vencer al Estado, para cualquier contendiente, es casi misión imposible.

Sin embargo, no es un procedimiento exclusivo de Noboa, sino que tiene que ver con el formato liberal de la política, la democracia representativa y el diseño político electoral y el sistema político. Justamente por eso se intenta poner límites a estas distorsiones de la democracia liberal a través de la limitación o la prohibición de la reelección.

No obstante, poner al Estado a trabajar en función de una candidatura e inclinar la balanza fue, precisamente, el recurso utilizado por Rafael Correa cuando fue presidente y, gracias a él, pudo ganar cómodamente varias elecciones consecutivas en el periodo 2007-2017.

Ahora bien, hay que añadir un elemento a esa hipótesis, y es aquel del diseño del Estado que se definió en la Constitución del año 2008. El Estado que nace de esa Constitución es garantista en derechos, pero mantiene el control del ejecutivo sobre las palancas claves del poder, como por ejemplo el presupuesto del Estado y la definición de políticas públicas, en una dinámica que se conoce con el nombre de hiperpresidencialismo. Entonces, no solo que entra en el juego electoral el Estado e inclina radicalmente la balanza, sino que no es cualquier Estado, es un Estado cuyo diseño político le otorga un importante margen de maniobra al Ejecutivo y, en particular, al presidente de la República.

Esto permite comprender que, en el tiempo electoral, el Estado ecuatoriano puso a disposición del candidato Daniel Noboa, recursos que sobrepasaron los 500 millones de dólares, en una serie de financiamiento de políticas públicas y que comprendían bonos, subsidios, ayudas, becas, entre otros, y que se generaron y utilizaron de forma específica durante la campaña electoral y que inclinaron de manera decisiva la balanza en beneficio del candidato-presidente.

Pero es necesario complementar la hipótesis con un contexto más general, porque en un Estado con instituciones relativamente estables y sólidas, habría sido muy difícil mover una cantidad tan grande de recursos y, además, en un contexto de austeridad fiscal y de cumplimiento de reglas macrofiscales impuestas por el FMI. 

Es decir, para que pueda operar la figura del Estado como condición de posibilidad del candidato-presidente, era necesario un proceso previo de neutralización y debilitamiento de las instituciones, sobre todo las más importantes como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado, entre otras.

La candidatura presidencial de Noboa pudo mover al Estado en beneficio propio porque no hay una institucionalidad fuerte y esto se debe a que hay un Estado fallido. La noción de Estado fallido como un Estado que no puede garantizar los contenidos mínimos del contrato social en una sociedad moderna, se avala y demuestra cuando se registra el hecho de que el Estado no puede garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, al extremo que el Ecuador, en pocos años, se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo.

Entonces, la utilización del Estado para inclinar la balanza de la disputa electoral, la capacidad de manejar a discreción políticas públicas y recursos públicos, gracias al carácter de hiperpresidencialismo y el Estado fallido, fueron determinantes para que el candidato presidente, Daniel Noboa, se imponga de manera amplia a la candidata de la Revolución Ciudadana. Conviene, por tanto, demostrar esas hipótesis.

 

El desequilibrio radical

Luego de proclamar los resultados electorales la noche del 13 de abril de 2025, la candidata de la Revolución Ciudadana, indicó que desconocía esos resultados porque provenían de un fraude electoral. La candidata tenía razón, pero no en el sentido contingente de manipulación de las urnas, actas o votos que quizá pudo existir, sino de algo más profundo. La apelación al fraude electoral nacía del hecho de que las autoridades de control no hicieron nada por impedir que el candidato-presidente Daniel Noboa, utilice el Estado de manera discrecional y en función exclusiva para su campaña política.

Las violaciones a la ley electoral y a la Constitución fueron evidentes al extremo que el candidato-presidente Daniel Noboa nunca encargó la presidencia, mientras él hacía campaña electoral, a su vicepresidenta legal y constitucional, sino que procedió a nombrar de su propia iniciativa a una funcionaria de su gobierno como vicepresidenta. Un acto que rompía no solo con la ley sino con la Constitución pero que no fue advertido ni sancionado por ninguna autoridad ni electoral ni constitucional; más bien avalaron esta situación y procedieron a despojar a la legítima y legal vicepresidenta electa de sus funciones en contradicción directa con el orden constitucional.

Noboa, además, utilizó todas las instituciones públicas para sincronizarlas en el reloj de su campaña electoral por fuera de toda prescripción legal y sin que haya existido ningún contrapeso para esa decisión. Así, gobernadores, ministros, subsecretarios, directores de empresas públicas, y funcionarios públicos de todos los niveles y en todos los distritos del país, entre otros, se convirtieron, de grado o por fuerza, en engranajes de un enorme mecanismo que hacía tabula rasa de toda consideración ética y legal en la utilización de recursos públicos para una campaña electoral que territorializó la campaña y confundió políticas públicas con ofrecimientos electorales.

La ley, en efecto, prohíbe la utilización de recursos públicos para cualquier acto electoral y su vigilancia y cumplimiento habían sido celosamente seguidos hasta estas elecciones, sobre todo para vigilar el apoyo que se podría prestar, desde determinados espacios, en especial a alcaldías y prefecturas manejadas por la oposición, a los candidatos que incomodaban o amenazaban al candidato-presidente. 

Así, mientras se castigaba a alcaldes o Prefectos que habían apoyado a los candidatos de sus partidos políticos y las autoridades de control estaban prestas para la vigilancia y el castigo, en el caso del candidato-presidente, en cambio, hicieron mutis por el foro y mantuvieron una posición de connivencia e indiferencia ante las múltiples denuncias de la utilización de recursos públicos para la campaña electoral del candidato-presidente Daniel Noboa.

Esto hizo que el candidato-presidente haga una campaña de posicionamiento personal que renunciaba a darle contenidos de cualquier índole a la disputa electoral porque ya no era necesario y porque podía generar efectos no deseados. De esta forma, se produjo una paradoja en la cual el país entraba de lleno a definir aspectos claves de su futuro político, pero la campaña electoral se negaba a debatir cualquier tema que implique la más mínima profundidad conceptual. Se convirtió en una campaña inane, intrascendente, banal, en donde el candidato-presidente se convertía en influencer de tik tok divulgando los aspectos más banales de su vida cotidiana y renunciaba a realizar cualquier pronunciamiento sobre la difícil situación del país que tenía que ver, precisamente, por sus decisiones políticas.

Los medios de comunicación de la derecha y afines a Noboa, así como sus influencers, contribuyeron a exacerbar este ambiente de banalización absoluta en donde todo lo que implique el más mínimo esfuerzo de comprensión y debate sobre los problemas más importantes de la sociedad, era inmediatamente excluido y, en su lugar, se posicionaba un discurso maquineo de los buenos contra los malos, de los amigos y los enemigos. Era el retorno de Carl Schmitt, pero en el peor de los escenarios, porque se había llegado al grado cero de toda inteligencia social, a niveles de banalización de lo real que disputan incluso con aquello que Guy Debord llamaba la sociedad del espectáculo.

 

Los antecedentes

Curiosamente, este procedimiento de poner al Estado en la ecuación electoral, no fue ni creado ni inaugurado por el candidato-presidente Daniel Noboa. Alguien más ya lo había hecho antes que él y con resultados contundentes. 

Se trata, en efecto, del ex presidente Rafael Correa. En su gobierno, la utilización del Estado como vector político para cercar a sus oponentes y para convertirlo en un arma de disuasión fue una de sus características. De esta forma, Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, fue la víctima de un invento político de la misma Revolución Ciudadana cuando estuvo en el poder.

Gracias a este expediente, como se había indicado, la Revolución Ciudadana pudo convertirse en hegemónica en el periodo 2007-2017. Fue porque intervino sobre el Estado y lo transformó en un arma política que pudo mantener esa hegemonía sin atisbos de resistencia. Sin embargo, en esta elección se invirtieron los papeles y la Revolución Ciudadana pudo comprender que había creado un monstruo. 

 

La sala de máquinas de la Constitución: el hiperpresidencialismo

Muchos juristas cuestionaron a la Constitución del Ecuador del año 2008 por su hiperpresidencialismo. Si bien se reconocían los avances en derechos y la institucionalidad que se ponía en marcha para garantizar su real ejercicio y cumplimiento, también es cierto que en el diseño político del Estado se había manifestado que el hiperpresidencialismo, al no crear contrapesos al poder, podía convertirse en una importante dificultad al momento de intentar poner límites al poder del ejecutivo, sobre todo cuando se altere la correlación de fuerzas.

Cuando se aprobó la Constitución de 2008, la Revolución Ciudadana, que en ese entonces se llamaba Alianza País, estaba al inicio del ciclo político en el cual sería hegemónica. Para consolidar esa hegemonía Alianza País, necesitaba controlar, directamente, las palancas claves del poder y esas palancas estaban en la capacidad de dirimir desde posiciones hegemónicas a las autoridades de control, el presupuesto del Estado, la capacidad de veto del Presidente y su capacidad de legislar, el monopolio sobre las políticas públicas y la capacidad discrecional sobre el presupuesto público; o, de otra parte, la utilización discrecional del Estado de Excepción. Fue por esa necesidad de hegemonía que Alianza País diseñó un poder ejecutivo con capacidades hiperpresidenciales.

Así, el legislativo no puede cambiar el presupuesto del Estado, solo puede “observarlo”. La Asamblea puede aprobar una ley con la mayoría de sus miembros, pero el presidente puede vetarla totalmente si es de su conveniencia hacerlo. Además, puede enviar decretos de urgencia económica que deben ser aprobados de forma obligatoria en treinta días. Si la Asamblea tarda un minuto más, entonces entrarán en vigencia de forma inmediata por el ministerio de ley. 

Por supuesto que hay otros temas que dan cuenta del hiperpresidencialismo en el diseño del Estado en la Constitución de 2008, pero aquello que quiere resaltarse es que esa capacidad del hiperpresidencialismo fue clave al momento de orillar al Estado a transformarse en vector de una campaña electoral. El hiperpresidencialismo atenúa o elimina los contrapesos al poder del ejecutivo. Un ejecutivo fuerte es fundamental para todo proceso hegemónico. Lo demostró el caso de la Revolución Ciudadana en el periodo 2007-2017 y lo vuelve ahora a demostrar la reelección de Daniel Noboa.

Ante un ejecutivo fuerte, las demás instituciones del Estado, incluidas aquellas de control, terminan por plegarse a sus condiciones. Ninguna de ellas tiene la fuerza suficiente para mantener un mínimo margen de autonomía y espacio propio. Así, instituciones claves como el Consejo Nacional Electoral, se convierten en determinaciones del poder y ratifican la capacidad hegemónica del hiperpresidencialismo. 

Fue gracias a la figura del hiperpresidencialismo que Daniel Noboa pudo poner en sintonía y sincronización no solo a las entidades del gobierno central sino también a aquellas del Estado y que, teóricamente, al menos, no están bajo la dependencia directa del ejecutivo. Pero ninguna autoridad quería arriesgar su posición ante un poder ejecutivo tan hegemónico.

El jurista Roberto Gargarella afirma que en toda Constitución hay un conjunto de procedimientos y normas que se convierten en una especie de “sala de máquinas” del orden jurídico. Mutatis mutandis, la “sala de máquinas” de la Constitución puede ser adscrita a ese espacio relativamente oscuro y desde donde se procesa el poder del ejecutivo por sobre los demás poderes del Estado y, en consecuencia, sobre la sociedad. Ese espacio es el hiperpresidencialismo. Quien lo controla tiene la capacidad de definir el perímetro del poder.

 

El Estado Fallido

La debilidad institucional del país es evidente. En el Ecuador, en el año 2025, hay una especie de colapso institucional. El país puso en marcha un radical programa de austeridad fiscal diseñado por el FMI y sus consecuencias han sido catastróficas. De todas ellas, la austeridad liquidó el tejido institucional del país. En efecto, las instituciones del país se han convertido en una especie de zombis que aún no saben que están muertas y que sobreviven básicamente por inercia. Las Fuerzas Armadas atraviesan su peor momento por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad provocados, especialmente, contra niños y jóvenes. La Fiscalía General del Estado se ha convertido en un alfil del poder que utiliza la violencia legítima del Estado para proteger a grandes delincuentes y perseguir a los enemigos del régimen. La Contraloría General del Estado persigue a quienes tienen deudas intrascendentes y deja en paz a negociados evidentes en los cuales incluso estaría involucrado de forma directa el candidato-presidente y su familia. El servicio de rentas internas se revela incapaz de cobrar las deudas tributarias a la familia del candidato-presidente Daniel Noboa. La Policía Nacional ha sido acusada de tener narcogenerales en sus filas por parte de la propia embajada de EEUU. Las cortes de justicia se han convertido en el epítome de la corrupción. Es imposible hacer un trámite normal, como sacar un pasaporte o una cédula de identidad, sin que medie la corrupción y la desidia del gobierno.

Es un ambiente de degradación institucional en el cual se ha perdido el sentido del nomos, es decir, la norma, la ley. Es una situación de anomia que surge por la intersección de varias crisis: la crisis económica provocada por la recesión y la falta de inversión y empleo; la crisis de seguridad ciudadana que ha convertido al país en uno de los más inseguros del mundo; la crisis institucional, etc.

Ahora bien, en medio de esta anomia que caracteriza al Estado fallido, hay una sola institución que sostiene al país y evita su colapso. Esa institución es la dolarización. Así, el sistema monetario se convirtió en garantía de sobrevivencia institucional del país. A la sociedad por supuesto que le preocupa la crisis, pero le parece soportable a condición de que se mantenga la dolarización. Existe la percepción de que, si este esquema monetario tambalea, todo se puede venir abajo.

En el contexto del Estado fallido y la situación de anomia, este fue uno de los recursos más importantes generados por el candidato-presidente. El candidato-presidente, creó un ambiente de miedo con respecto a la dolarización. Indicó que si gana la Revolución Ciudadana la dolarización se vendría abajo. Lo hizo incluso a través de un Decreto Presidencial que intentaba, por sí mismo, garantizar la dolarización. Un recurso bastante barroco que no por eso dejó de tener importancia estratégica en la campaña electoral. 

Traer a la dolarización como vector en la disputa electoral cuando es la única baza que tiene la sociedad para no naufragar bajo el peso de sus propios errores, demuestra la falta absoluta de escrúpulos del candidato-presidente y la forma por la cual integró todo lo que le ayude a ganar su campaña como determinaciones propias.

Así, el Estado fallido provocaba la anomia institucional. Ninguna institución podía reclamar espacios de autonomía por fuera del hiperpresidencialismo y esto condujo a una situación que exacerbaba la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se reveló un recurso clave para generar el miedo y administrarlo. Por eso el discurso de la inminente caída de la dolarización si ganaba la candidata de la Revolución Ciudadana prendió como fuego en pasto seco. No había posibilidad de oponer un discurso racional y coherente para desmentirlo.

Pero no solo era la vulnerabilidad que nace de una sociedad que no tiene instituciones que la protejan, sino que además existió una violencia que fue generada de forma focalizada hacia aquellos que la campaña electoral del candidato-presidente consideraba como actores claves y que podían generar o disonancias u obstáculos. Ese expediente fue el lawfare, es decir, la persecución legal desde el Estado contra todos aquellos que podían convertirse en obstáculos en su camino.

 

La nueva disputa: la Asamblea Constituyente

Esto no quita, por supuesto, la responsabilidad de los errores de la campaña electoral de la Revolución Ciudadana. Pero son errores que solamente sirven para ratificar el proceso político llevado adelante por el candidato-presidente y que, en perspectiva, se convierten en pura contingencia. Son errores de campaña que se compensan con los errores cometidos por el adversario y cuyo peso en el desenlace final se refleja en algunos puntos porcentuales, pero no en la magnitud con los cuales ganó Daniel Noboa.

Ahora bien, Daniel Noboa es la confluencia de dos grupos económicos importantes del país, de una parte, el grupo económico Exportadora Bananera Noboa y, de otra, la Corporación Nobis. Esto hace que su gobierno pueda ser descrito como oligárquico-neoliberal. Esto representaría un giro de tuerca en el neoliberalismo porque lo adscribe directamente a intereses corporativos. Sin embargo, es evidente que ese giro de tuerca es incompatible con el orden constitucional vigente en el país y las leyes que lo fundamentan.

En efecto, la Constitución, al ser garantista, prohíbe la flexibilización laboral, el establecimiento de bases militares de otros países en territorio nacional, también prohíbe la privatización del agua, declara los derechos de la naturaleza, y obliga a que los bancos y financieras no realicen otras actividades y no sean propietarios de otros activos que no sean específicamente financieros. La Constitución también prohíbe la privatización de la seguridad social y la suscripción de acuerdos comerciales internacionales que impliquen laudos arbitrales contra el país. La Constitución también define las áreas estratégicas del Estado e impide su privatización.

Precisamente por ello, una de las tareas políticas imprescindibles para articular, consolidar e imponer este modelo oligárquico neoliberal, del ahora reelecto presidente Daniel Noboa, es salir de esta camisa de fuerza que es la Constitución de 2008. Pero también es necesario reconocer que su importante victoria electoral es señal de que esta Constitución de 2008 agotó todas sus posibilidades. Su tiempo histórico terminó. 

Por eso, el triunfo de Noboa no es solamente un giro de tuerca en el modelo oligárquico neoliberal, sino que supone el rediseño constitucional y legal en función de ese nuevo modelo político y económico; es decir, Noboa deberá convocar a una nueva Asamblea Constituyente para clausurar la Constitución de 2008 y crear una nueva más a tono con sus necesidades políticas.

Pero la convocatoria a una Asamblea Constituyente puede generar efectos no deseados y que pueden surgir por la polarización política que vive el país. En esa polarización la construcción del enemigo se convierte en tarea fundamental para movilizar al electorado entre los “buenos” y los “malos”.

Si la Revolución Ciudadana fue derrotada tan contundentemente significa que ya no es una amenaza para el régimen de Noboa. Pero si no es una amenaza, entonces ¿cómo mantener la polarización con un enemigo totalmente derrotado? ¿Cómo movilizar la voluntad ciudadana para que vote masivamente por el proyecto político que representa Noboa en una nueva Asamblea Constituyente? ¿Cómo generar el miedo suficiente para cosecharlo políticamente cuando se tiene a un enemigo totalmente doblegado?

Para el presidente reelecto, no puede convocarse la Asamblea Constituyente si previamente no depura el escenario político y evacúa sus amenazas y, entre ellas, está la necesidad ineludible de derrotar totalmente a la Revolución Ciudadana e impedir que sea un evento desestabilizador en esta nueva coyuntura. Es por ello que utiliza el lawfare, es decir la persecución política pura y dura, para reducir al máximo el espacio político de la Revolución Ciudadana y, de esta forma, evitar que dispute espacios de poder en la próxima Asamblea Constituyente. 

Asimismo, con el poder del Estado intentará cooptar a las organizaciones indígenas o, en todo caso, neutralizarlas al enfrentarlas entre sí, para acotar su incidencia. La utilización de la persecución, el miedo, la crisis, y la cooptación de organizaciones sociales, para sostener un modelo oligárquico-neoliberal, en realidad, se parece mucho al fascismo, pero es el recurso que más a mano tiene el gobierno de Noboa para poder ganar la próxima Asamblea Constituyente y mantenerse en el poder y, de esta forma, cerrar la transición política.

Si Noboa gana la Constituyente la transición, efectivamente, se habrá cerrado en beneficio del modelo oligárquico-neoliberal y sus derivas fascistas. Pero si por cualquier circunstancia, Noboa no logra ganar la Asamblea Constituyente, entonces la transición continúa y las víctimas y derrotados de ahora podrían convertirse en los vencedores de mañana.