La derrota política de Trump: El secuestro del presidente Maduro y la transición política que nunca se dio

  

La derrota política de Trump:

El secuestro del presidente Maduro y la transición política que nunca se dio

 

Pablo Dávalos

En la madrugada del tres de enero de 2026, la administración del presidente norteamericano Trump, en una operación militar que comprendió el bombardeo a varias bases militares en Caracas y otras ciudades de Venezuela, y el asesinato a los miembros de los circuitos de seguridad, secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Esta operación militar era la consecuencia al asedio marítimo que EEUU había empezado contra el país a inicios de agosto del 2025. 

Como parte de la estrategia de intervención militar, el gobierno norteamericano procedió a nombrar al Secretario de Estado, Marco Rubio, como administrador provisional para Venezuela, quien determinó que el nuevo gobierno de Venezuela deberá ser evaluado constantemente en su comportamiento para evitar nuevos bombardeos. 

El día cuatro de enero de ese mismo año, el Presidente norteamericano Donald Trump, en rueda de prensa, indicaba que su país tomaba posesión del petróleo de Venezuela y que administraría el país el tiempo suficiente para garantizar una transición ordenada hacia la democracia. Trump, además, indicó que los recursos del petróleo financiarían los costos de la administración de Venezuela y su proceso de transición ordenada durante todo el tiempo que eso ocurra. Sin embargo, en un giro impredecible, Trump indicó que la principal opositora a Nicolás Maduro y recientemente galardonada con el premio Nobel de la paz, María Corina Machado, en realidad, no representaba a nadie y no tenía ningún reconocimiento social en Venezuela por lo que estaba negada su participación en la “transición política hacia la democracia”. Con esto excluía a lo que se había considerado, hasta entonces, el actor político más importante de la oposición venezolana.

Ante el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, la Corte Constitucional venezolana encargó la administración del ejecutivo a la vicepresidenta Delcy Rodríquez. Es un encargo provisional pero que le permite al país tener la institucionalidad y legalidad necesarias. El cuatro de enero, asimismo, en horas de la mañana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, acompañada del ministro de relaciones exteriores, y de los comandos policiales y militares y otros altos funcionarios del gobierno, indicó que hay un Decreto emitido por Nicolás Maduro que declara el estado de conmoción externa y que es el marco jurídico sobre el cual se actuará en adelante. Indicó, asimismo, que Venezuela no permitirá el tutelaje ni la administración de ningún país extranjero y reclamó por la agresión sufrida y exigió la devolución inmediata del presidente Nicolás Maduro. En su exposición, Delcy Rodríguez, hizo varias referencias a Nicolás Maduro como el único y legítimo presidente del país e hizo también referencia a la herencia libertaria del Libertador Simón Bolívar, para ratificar el compromiso del gobierno con la soberanía y el derecho a la autodeterminación, así como el rechazo a cualquier maniobra de tutelaje sobre el país.

Las noticias daban cuenta de que en Venezuela no se produjo ni una sola movilización a favor de la operación militar de EEUU y que, por el contrario, todas las movilizaciones sociales fueron a favor del retorno de Maduro y en contra de EEUU. Asimismo, no se produjeron en ninguna ciudad de Venezuela ningún tipo de actos vandálicos ni tampoco ningún tipo de acto de la oposición política, como el caso de las denominadas “guarimbas” que fueron actos de fuerza de la oposición en circunstancias anteriores. 

Ante la operación militar de EEUU, por supuesto que hubo sorpresa no solo en Venezuela sino en el mundo, pero la sociedad venezolana se mantuvo en calma y apegada al derecho y a las instituciones. No se registraron ni desmanes ni turbulencias sociales de ningún tipo y en ninguna ciudad del país. Esto daba cuenta de que el secuestro del presidente Nicolás Maduro, no suscitó ningún cambio de régimen y que, por el contrario, el régimen venezolano se mostraba firme y férreamente unido. 

Es justamente ante ese hecho que EEUU decide reconocer el rol de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero con la amenaza de tomar represalias si ella no hace lo que la administración Trump tiene previsto para el país. Sin embargo, las primeras declaraciones políticas de Delcy Rodríguez no dejan ninguna duda de la distancia abismal que hay entre los deseos de la administración Trump con la situación real de Venezuela. 

El periódico The Wall Street Journal reconoce que Delcy Rodríguez pertenece a la línea dura del socialismo y de la izquierda de la revolución bolivariana. Sus padres provenían de sectores de izquierda y ella tiene un largo recorrido en la revolución bolivariana. Esto hace que la línea de mando, a pesar del secuestro del presidente Maduro, siga la misma línea ideológica, de ahí que goce de la confianza de los mandos del ejército, la policía y las bases sociales.

En Venezuela, al menos en los primeros días del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, se consolidó la alianza militar-policial-popular y el país entró en un estado de conmoción externa con vigilancia de las fuerzas armadas bolivarianas y con la presencia de todas las instituciones del Estado Bolivariano que mantuvieron el orden, la legalidad y la paz en todas las ciudades del país. 

A diferencia de otras circunstancias en las que el derrocamiento del liderazgo por parte de EEUU condujo a una transición política producto del hundimiento social, como fue el caso de Libia o Irak, esta vez, al menos en los primeros días, no se produjo ninguna transición política en Venezuela ni nada que se le parezca.

Este es un escenario diferente para EEUU que ve complicarse su jugada política. El secuestro del presidente Maduro, sin transición política favorable a EEUU, no tiene ningún sentido. Es por eso que el presidente Trump, el cuatro de enero, lanza una amenaza a Delcy Rodríguez, indicando que “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”, “si no hace lo correcto” (The Atlantic). Hacer lo correcto es, evidentemente, poner el país a disposición del tutelaje de la administración provisional encabezada por Marco Rubio. 

Por otra parte, el mismo 4 de enero, todo el alto mando de las fuerzas armadas bolivarianas, presididos por Vladimir Padrino, hacían una declaración pública en el cual indicaban su absoluta cohesión con el poder político, su obediencia a la Constitución y su defensa irrestricta a la soberanía nacional, al tiempo que denunciaban el secuestro del presidente Nicolás Maduro a quien reconocían como único líder indiscutible de la revolución bolivariana y pedían su inmediata devolución. Esto indicaba que EEUU no tenían ningún punto de apoyo en las fuerzas armadas bolivarianas.

Las declaraciones de las grandes potencias económicas, salvo Europa, fueron unánimes en condenar la operación militar norteamericana y el secuestro al presidente Maduro. China exigió la puesta en libertad inmediata del presidente Maduro y condenó en duros términos a EEUU. Lo mismo hizo Rusia y también Irán. De su parte, Corea del Norte, incluso amenazó con la guerra si no se liberaba inmediatamente a Maduro. Los gobiernos latinoamericanos de Cuba, Nicaragua, México, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay también fueron contundentes en su rechazo al secuestro del presidente Maduro y a la agresión militar a Venezuela. Solamente los gobiernos de Bukele, en El Salvador, Milei en Argentina y Noboa de Ecuador, se mantuvieron entusiastas en su apoyo a la administración Trump.

A pesar del repudio mundial a esta agresión militar contra un país soberano, en varias declaraciones el presidente Trump también amenazó al presidente de Colombia, Gustavo Petro y realizó amenazas al gobierno mexicano. Asimismo, declaró su intención de adueñarse de Groenlandia, lo que suscitó la inmediata reacción del gobierno danés.

En el caso de Europa, existieron fuertes condenas por parte de algunos partidos políticos, como Podemos e incluso el Partido Socialista Español; pero quizá lo más sorprendente fue la posición de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, quien rechazó de forma categórica la intervención norteamericana indicando que la soberanía de los países y el derecho a la autodeterminación es absolutamente sagrado e inviolable; en cambio, el presidente de Francia, Macron, emitió un comunicado indicando que estaba presto a colaborar con la transición política en Venezuela y expresaba su apoyo a María Corina Machado. Esta posición hizo que la cancillería de Venezuela emita un enérgico rechazo a la posición de Francia. 

Muchos gobiernos asiáticos y africanos, se mantuvieron en la línea de rechazar la agresión y el secuestro al presidente Maduro, se solidarizaron con el pueblo venezolano y coincidieron en que la actuación de EEUU rompía de manera radical el orden jurídico internacional y generaba incertidumbre incluso en el comercio mundial.

En virtud de que la rueda de prensa y las declaraciones consecutivas del presidente Trump expresaban una relación directa entre el ataque a Venezuela con la intención de apoderarse del petróleo de este país, se forjó un consenso casi unánime a escala global de que el principal motivo del ataque a Venezuela y el secuestro a su presidente constitucional, Nicolás Maduro, no tenía propósitos políticos ni, menos aún, democráticos, sino económicos en la apropiación ilegal del petróleo venezolano. De ahí que algunos sectores de la derecha de varios países que en primera instancia aplaudieron la agresión a Venezuela y pensaron que, según ellos, eso traería la paz y la libertad al país, se quedaron sin argumentos cuando el propio presidente Trump aclaró, en repetidas oportunidades, que EEUU se adueñaría del petróleo de Venezuela porque, según él, les pertenecía por derecho propio.

En Venezuela el ataque militar y el secuestro a su presidente no provocó, como se había indicado, ningún cambio político en el país y, menos aún, un cambio de régimen. Por el contrario, el régimen, al cual los medios occidentales lo denominan “chavismo” aunque su nombre real es “Revolución Bolivariana”, se mantuvo intacto y consolidó su hegemonía sobre la sociedad. Así, no se produjo ningún tipo de desorden social y todas las movilizaciones sociales eran de respaldo al régimen y de repudio a EEUU. 

Esto quiere decir que la oposición política en Venezuela no tiene ninguna capacidad de movilización social y no puede, por tanto, convertirse en un actor importante para cualquier tipo de desenlace. Esto ya lo tiene claro la administración Trump que evacuó de la ecuación a María Corina Machado. Sin embargo, tampoco hay un ambiente de crisis y convulsión social que justifique otra intervención de EEUU y el surgimiento de un régimen de transición. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que emerja ningún régimen de transición política por lo que la administración Trump deberá negociar directamente con el “chavismo” la resolución de esta crisis.

Si EEUU negocia con el chavismo la única baza que tiene es aquella de la amenaza con golpear militarmente al país, sobre todo con bombardeo de misiles y de secuestrar militarmente a otros operadores políticos de la revolución bolivariana o, de ser el caso, eliminarlos. Es un chantaje fuerte pero que no tiene ninguna plausibilidad política. Si los operadores políticos venezolanos ceden al chantaje de EEUU y admiten la tutela de una administración presidida por Marco Rubio, es de suponer que no contarán con el apoyo de las fuerzas armadas bolivarianas ni, tampoco, con el apoyo del aparato político del partido PSUV ni tampoco con sus bases sociales. En otros términos, es un chantaje que solo sirve como argumento para consumo de la propia administración norteamericana, pero que no tiene posibilidades de ejecutarse en la práctica en Venezuela.

Esto no quita el hecho de que la administración venezolana presidida por Delcy Rodríguez acepte varios tratos de negociación con las empresas petroleras norteamericanas, pero en los términos establecidos directamente desde el “chavismo”, no desde EEUU. De hecho, ya lo había propuesto varias veces incluso Maduro antes de su secuestro. 

Entonces, EEUU se confronta a un escenario en donde el secuestro al presidente Nicolás Maduro no cumple ya ninguna función política y, en cambio, se ve confrontado a un desgaste internacional evidente. Para la inmensa mayoría de países y de sociedades, EEUU se ha convertido en un Estado al margen de la ley, en un Estado canalla. Una imagen con la cual difícilmente se puede gestionar la hegemonía global.

Si no hay ninguna transición política en Venezuela, para Trump el juicio que pretende realizar en las cortes judiciales norteamericanas en contra del presidente Nicolás Maduro se convierte en un pasivo político fuerte y en un dolor de cabeza. No tiene ningún argumento jurídico que avale esta pretensión, porque se trata de un presidente en funciones. 

De ahí la importancia del pronunciamiento de la Corte Constitucional de Venezuela que “encarga” las funciones presidenciales a Delcy Rodríguez. Esto quiere decir que no hay transición política y que Nicolás Maduro sigue siendo presidente constitucional de Venezuela y, por tanto, comandante en jefe de las fuerzas armadas venezolanas. 

La cuestión es ¿con qué marcos jurídicos pretende enjuiciar EEUU a un presidente extranjero en funciones? Maduro no ha sido depuesto. No es un ex presidente. Sus funciones constitucionales siguen vigentes. Sigue siendo el comandante en jefe de sus fuerzas armadas. Hay muchos Estados que lo reconocen aún como gobernante en funciones ¿Puede cualquier juez norteamericano juzgar a un presidente constitucional y en plenas funciones? La respuesta, dentro del derecho tanto norteamericano como internacional es que, obviamente, no puede hacerlo. 

Para hacerlo necesita de una capacidad jurídica que no posee y que al momento solo tiene la Corte de la Haya y, además, previo acuerdo de los países signatarios y, hay que recordarlo, EEUU no es un país signatario de estos acuerdos.

EEUU puede acudir al expediente de la lucha contra el narcotráfico y los carteles de la droga y puede inventarse todos los argumentos a este tenor como, efectivamente, lo ha hecho. Creó un imaginario cartel de narcotráfico al que le puso un nombre rimbombante, como “Cartel de los Soles”, que solo existe en la imaginación de la administración Trump. Endilgó responsabilidades penales a Nicolás Maduro a partir de la adscripción imaginaria a este cartel inexistente y, con ese argumento, procedió a secuestrarlo y ponerlo a órdenes de la justicia norteamericana. El problema es que, días antes de esto, la administración Trump indultó a uno de los mayores narcotraficantes del mundo, el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, detenido por la DEA y acusado de traficar más de 400 toneladas de droga hacia EEUU. Esto quiere decir que la administración Trump carece de validez moral para otorgar validez real a su imaginario cartel de los soles.

Si el sistema de justicia norteamericano acepta juzgar por cargos inexistentes a un presidente constitucionalmente electo y en funciones, secuestrado de forma ilegítima e ilegal, se expone a la ilegitimidad de todas sus decisiones y aparecer ante el mundo como un artefacto político al servicio del poder de turno. Si no hay ni causales ni formas jurídicas pertinentes y adecuadas para juzgar a un presidente constitucional en funciones, ¿con qué argumentos legales procesar a su esposa, Cilia Flores? ¿Cómo justificar su secuestro?

El sistema legal norteamericano se confronta a una aporía jurídica que nace de una decisión abrupta, irresponsable y abusiva tomada por Trump. La aporía es que si acepta juzgar a Maduro demuestra que la justicia norteamericana está tan politizada y tan corrupta como cualquier país acusado de ello. Si no acepta juzgarlo, en cambio, expone a Trump a la vindicta universal y debilita a su propio gobierno de manera radical y, finalmente, daría la razón al “chavismo” y Trump tendría que devolver a Maduro.

La corrupción de la justicia por su politización, se trata del mayor cuestionamiento que había hecho el liberalismo a los denominados gobiernos totalitarios. EEUU se vanagloriaba de tener el mejor sistema judicial del mundo por la imparcialidad de sus jueces y la consistencia jurídica de sus veredictos y sentencias. Pero eso está a punto de perderse de forma irremisible.

Aceptar el juzgamiento a un presidente constitucional en funciones por actos que tienen que ver con su actuación como presidente constitucional de un país, y en un contexto donde se han cometido tantas irregularidades y con imputaciones que nacen desde la imaginación, pone en tensión a todo el sistema judicial norteamericano y a uno de sus principios más importantes, aquel de la seguridad jurídica.

En efecto, ¿puede garantizar la seguridad jurídica un sistema judicial corrupto y dependiente del sistema político? ¿Qué confianza tener en un juez que se arroga el derecho a enjuiciar a un presidente constitucional en funciones? ¿Con qué pruebas reales el gobierno norteamericano va a acreditar la existencia de un cartel imaginario?

Si las cortes judiciales de EEUU aceptan el pedido de Trump de enjuiciar por cargos inexistentes a un presidente constitucional en funciones, revelarían que actúan movidas por presión de su sistema político y eso, en otros términos, se llama corrupción.

A diferencia de otros contextos, como el juicio a Saddam Hussein en Irak, que mantuvo al menos la apariencia de legalidad en una orden que provenía desde el sistema de Naciones Unidas, o el apresamiento a Manuel Noriega en Panamá quien, además, había trabajado para la CIA; esta vez la administración Trump no tiene absolutamente nada para justificar y legitimar sus acciones contra Venezuela. 

Así, desde sus inicios, el proceso legal que EEUU emprendería contra Nicolás Maduro, no solo que sería ilegítimo sino ilegal. Se demostraría como la cobertura jurídica desde el sistema judicial norteamericano a una acción ilegal y arbitraria de la administración Trump. En otros términos, corrupción pura y dura. Esta sería una interpretación a escala global que repercutiría inmediatamente en las decisiones que los demás países tengan que adoptar con respecto a EEUU. La administración Trump, de esta manera, provocaría el mayor daño a la credibilidad y legitimidad de su sistema de justicia, en toda su historia. Un daño que, además, no tendrá reparación.

Ahora bien, puede establecerse con cierta precisión que la administración y tutelaje colonial sobre Venezuela y teóricamente encabezada por Marco Rubio no tiene ninguna posibilidad de ejecutarse en la práctica. Es imposible que la revolución bolivariana, los cuadros políticos del PSUV, las bases sociales y las fuerzas armadas bolivarianas, entre los actores más importantes, lo permitan. También es virtualmente imposible que Trump vuelva a atacar al país para imponer esta administración y tutelaje colonial. A pesar de todas las amenazas, la revolución bolivariana no cederá un milímetro ante la administración Trump y un nuevo ataque o bombardeo no añade ni cambia nada de la actual correlación de fuerzas. 

Es improbable que Trump opte por el desembarco de tropas para tomar el control del país porque el Congreso norteamericano no lo permitiría. Sería un desangre gratuito y sin ningún beneficio de inventario, con el riesgo que sea un conflicto armado que absorba tal cantidad de fuerzas y recursos que dejaría abiertas otras fronteras bélicas importantes y estratégicas para EEUU, como aquella de Israel frente a Irán, o Ucrania frente a Rusia, o Taiwán frente a China. Si EEUU entra en este escenario su declive como potencia sería inminente e irreversible.

Tampoco es plausible el procedimiento jurídico contra Nicolás Maduro. Es un presidente constitucionalmente electo y en plenas funciones. Ningún país del mundo ha realizado un proceso de esas características. Sería la primera vez en la historia moderna reciente, que un país se arroga el derecho a secuestrar a un presidente y enjuiciarlo con sus propias leyes cuando aún sigue en funciones y tiene el reconocimiento constitucional no solo de su propio país sino de otros Estados en el mundo. EEUU se arrogaría funciones que le competen exclusivamente a la Corte de la Haya. 

Por eso, si se produce ese juicio contra Nicolás Maduro quien, recordemos, aún está en funciones presidenciales, el bochorno y el escarnio que ese juicio provoque sobre la imagen del sistema judicial de EEUU lo desgastará irremisiblemente y lo conducirá a la mayor crisis de legitimidad en su historia. ¿Aceptará el sistema político norteamericano pagar un precio tan alto por una decisión tan equívoca? 

Es necesario decirlo fuerte y claro: no habrá ninguna transición política en Venezuela que sea conveniente a EEUU. Tampoco habrá ningún tutelaje de ninguna administración colonial. El juicio a Nicolás Maduro en las cortes norteamericanas tampoco es plausible. EEUU no tiene otra opción que entregar a Nicolás Maduro a Venezuela. No hay plan B para EEUU. La derrota política de EEUU en esa aventura estuvo prescrita desde sus inicios.

El secuestro al presidente venezolano Nicolás Maduro solo se justificaba si desencadenaba, como sucedió en Libia o Irak, una transición política hacia un nuevo sistema político dependiente y funcional a EEUU. Pero eso no pasó ni va a pasar en Venezuela. Por eso, mantener el secuestro a Nicolás Maduro le hace daño a EEUU, no a Venezuela.

Trump y su entorno cometieron un terrible error de cálculo. Pensaron que al secuestrar a Maduro los venezolanos saldrían a las calles a gritar por su libertad recuperada gracias a los marines norteamericanos. Pensaron que Venezuela se hundiría en el caos más absoluto y que ellos retornarían a poner orden e imponer la democracia. Pensaron que Venezuela era la gloriosa puerta de entrada al “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Pensaron que Venezuela no era sino una réplica a escala menor de Irak o a escala mayor que Panamá.

Pero nunca pasó lo que habían supuesto y lo que habían previsto. Nunca se les dio por pensar que detrás de Maduro había un proceso político llamado Revolución Bolivariana. Nunca entendieron que los procesos políticos no cambian por más bombardeos que se hagan. Nunca entendieron la fuerza simbólica que tiene en el pueblo venezolano la imagen histórica del Libertador Simón Bolívar. Enfrentarse a los herederos del Libertador es palabras mayores. No hay ni habrá imperialismo alguno que pueda hacerlo. 

Ahora no saben cómo asumir su derrota. No saben a quién culpar por sus errores. Quizá quieran salir de esta crisis huyendo hacia delante y provocando otra crisis de mayores consecuencias. Probablemente busquen a otro país como chivo expiatorio. Pero se enfrentan a un escenario real y es el impeachment, es decir la destitución de Trump, porque Trump ha hecho demasiado daño a su país. Lo ha llevado hacia el aislamiento mundial. Ha convertido a su Estado, en un Estado canalla. Ha utilizado las formas políticas que nacen de su responsabilidad como presidente de la potencia más grande del mundo, como su negocio personal para satisfacer su narcisismo infinito.

 

La estrategia del Hobbit. Una lectura política del paro indígena y la derrota electoral de Noboa del 16-N

La estrategia del Hobbit 

Una lectura política del paro indígena y la derrota electoral de Noboa del 16-N

 

A Verónica, y su pueblo

 

Pablo Dávalos

 

La lucha indígena del mes de septiembre-octubre de 2025 fue un factor clave para reposicionar las fuerzas políticas en el Ecuador que condujeron a la primera derrota al gobierno del magnate bananero, Daniel Noboa en la consulta y referéndum del 16 de noviembre de 2025. Esta derrota electoral le impide al gobierno cerrar la transición política y abre el espacio para nuevas definiciones. 

¿Cómo se produjo esa derrota política al régimen de Daniel Noboa? ¿Qué actores fueron claves para su desenlace? ¿Existe alguna vinculación entre el paro indígena de septiembre-octubre de 2025 con las elecciones de referéndum y consulta popular de noviembre? ¿Cómo altera el escenario político del Ecuador el resultado electoral del 16-N? 

Para comprender la magnitud, alcance y repercusiones de la derrota política al gobierno de Noboa hay que indicar, en primer lugar que, hasta ese momento, se trataba de un gobierno que no había tenido verdadera oposición política y que su capacidad de hegemonía y dominación política fueron incluso más importantes que aquellas del ciclo político 2007-2017 de la Revolución Ciudadana; en segundo lugar, hay que identificar el proceso político que condujo a esa derrota a un gobierno que había cooptado al Estado y controlado de tal manera a la sociedad que lo convertían en hegemónico y, aparentemente, aseguraban una dominación política al largo plazo.

La derrota política del 16-N altera ese escenario y conduce a nuevas interrogantes que tienen que ver en la identificación de las fisuras que se produjeron en ese monolítico y, supuestamente, inquebrantable modelo de dominación política.  

Un gobierno sin oposición política

Daniel Noboa llega al poder producto de la transición política provocada por la decisión del ex presidente Guillermo Lasso de acudir a la muerte cruzada para evitar ser enjuiciado por la Asamblea Nacional por sus vínculos con el crimen organizado. Una vez en el poder, Noboa utilizó todo el peso del Estado para inclinar la balanza y ganar las elecciones del año 2025.

Desde fines de 2023 hasta el referéndum y consulta popular de 2025, el gobierno de Noboa había construido un proyecto político caracterizado por el control absoluto del Estado y de la oposición. En efecto, el único espacio de oposición a Noboa había sido, y muy tímidamente por lo demás, la Corte Constitucional. 

Si la Corte Constitucional se convirtió en un obstáculo y, por tanto, abrió un resquicio de oposición fue muy a su pesar y, en realidad, se produjo ante el irrespeto a las formas básicas al orden constitucional por parte del gobierno de Noboa. Se trató de una forma tan grosera y tan burda de hacer caso omiso a la Constitución en varios proyectos de ley enviados por el gobierno, que a la Corte Constitucional no le quedó más remedio que poner un poco de límites a este ejercicio desmesurado del poder y, solo por haberlo hecho, se transformó rápidamente en enemiga del gobierno y fue tratada a ese tenor.

Fuera de esa tímida oposición, el gobierno de Noboa, prácticamente, lo controlaba todo. Así, llegó a controlar totalmente a la Asamblea Nacional que nunca negó ninguno de los proyectos de ley del gobierno y que cerró, hasta nueva orden, la oficina de fiscalización, en un entorno en donde se multiplicaban las denuncias de corrupción. La legislatura, controlada por el gobierno, llegó al extremo de aprobar verdaderas aberraciones jurídicas que, finalmente, tuvieron que ser declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. 

El principal partido de la oposición, la Revolución Ciudadana, fue cuidadosamente neutralizado de tal manera que todos sus pronunciamientos se convertían en la voz que clamaba desde el desierto. Para acotar aún más la incidencia política de la RC se apretó el lawfare en su contra al extremo de vincular a los líderes de la RC en el crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Una aberración cuya lógica era política no jurídica y que demostraba el verdadero sustrato del lawfare. Si se habían inventado el expediente del “influjo psíquico”, el lawfare era capaz de hacer hasta lo inimagible, como efectivamente sucedió.

Para que estas aberraciones jurídicas y políticas sean legítimas, es decir, sean mínimamente plausibles y permitan la persecución correspondiente, el gobierno había cooptado las palancas fundamentales de la función de administración de justicia y de la función de participación y control social. Gracias a ese control pudo mantener bajo su dominio la fiscalía general del Estado, una palanca esencial para el lawfare. 

Esto puso a la RC en una posición defensiva y sin capacidad de asumir ningún liderazgo social ni, tampoco, de posicionar ningún relato que dispute con aquel del poder. 

De otra parte, luego de la defección de los seis asambleístas del movimiento Pachakutik que se pasaron al lado del gobierno, el movimiento Pachakutik se quedó prácticamente sin representación parlamentaria y, por tanto, sin capacidad alguna de incidir en el debate al interno del sistema político. Así, se había logrado silenciar y neutralizar a otro partido político que podía causar ruido e impedir la consolidación de la dominación política.

Todas estas maniobras le dieron a Noboa una capacidad hegemónica casi absoluta sobre el sistema político. No obstante, para garantizar esa dominación política y esa capacidad hegemónica el gobierno de Noboa tenía que alterar la arquitectura institucional del Estado para ponerla en función de sus necesidades de dominación política. Esto significaba, en la práctica, la desarticulación de las instituciones públicas, su pérdida de legitimidad y su paulatino deterioro. La hegemonía y dominación política del gobierno de Noboa necesitaba de instituciones débiles que sean susceptibles de captura, manipulación, sometimiento y control. El Estado Fallido fue una determinación más de esta estrategia de control total.

El gobierno había logrado también imponer un cerco político sobre la organización social más importante del país, el movimiento indígena y la CONAIE. Para ello utilizó a los mismos asambleístas del movimiento Pachakutik que habían defeccionado del movimiento para transformarlos en operadores políticos del régimen. El gobierno de Noboa también cooptó a varios ex líderes indígenas y aprovechó el fuerte sentimiento indígena y comunitario en contra del “correísmo” como capital político propio. De hecho, en todas las votaciones, los comuneros indígenas se habían decantado de forma mayoritaria por el gobierno de derecha de Noboa.

Así, había cerrado todos los puntos de fuga del sistema político. Pero subsistía la apariencia de libertad de expresión y pluralismo político para aquellos que insistían en hacer la oposición a Noboa, aunque su impacto real era intrascendente. De esta forma, gracias a su dominio sobre el sistema político y sobre las instituciones del Estado, el gobierno devenía en régimen.

Ajuste, FMI y neoliberalismo

En términos económicos, el régimen de Noboa había trasladado las palancas del manejo de la economía directamente al FMI y al Banco Mundial. Era el FMI quien monitoreaba cuidadosamente el cumplimiento irrestricto de las metas del programa de consolidación fiscal y tomaba todas las decisiones económicas importantes. Las políticas de austeridad eran implacables y se habían impuesto sin que, hasta ese momento, hayan generado ninguna oposición ni política ni social. 

Para garantizar el control social, el régimen había utilizado de manera estratégica la comunicación política y, en especial, las redes sociales. Tenía aliados potentes para hacerlo. Empresas como la transnacional Palantir, entre otras, fueron claves para identificar a nivel incluso personal aquellos núcleos de resistencia y oposición y poder monitorearlos, controlarlos y, llegado el momento, neutralizarlos.

El régimen disponía de una cartografía a nivel detallado de todos los apoyos, así como de todos sus críticos y sabía dónde y cómo intervenir. Cuando existían críticos que rebasaban el perímetro ideológico permitido entonces se intervenía de manera directa. 

Control social en la dominación política

Para entender esta forma de control y dominación quizá valgan varios ejemplos. El alcalde de una pequeña ciudad del sur del país, la ciudad de Nabón, a la sazón presidente del gremio de alcaldes, denominado Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, había reclamado la falta de compromiso del gobierno con las alcaldías y el injusto recorte de sus asignaciones, así como los retrasos y entrega de bonos del Estado en vez de recursos líquidos que multiplicaban la deuda existente. El régimen optó por intervenir directamente sobre este gremio y nombró, por fuera de los estatutos vigentes del gremio, a alguien cercano y, de esta forma, cerró la oposición que surgía desde este espacio. La nueva representante del AME se alió inmediatamente al régimen e indicó que, de hecho, ya no había ninguna deuda del gobierno con las alcaldías del país. 

Otro ejemplo. El medio de comunicación digital La Posta, que había ganado una enorme legitimidad y un gran número de seguidores gracias a sus investigaciones periodísticas sobre la relación del ex presidente Guillermo Lasso y su cuñado, Danilo Carrera, con la mafia albanesa y el narcotráfico, se había convertido en un dolor de cabeza para el régimen porque, habida cuenta de los efectos multiplicadores en redes sociales que tenían sus comentarios, se convertía en una oposición mediática fuerte al señalar continuamente los errores del régimen. En virtud de que este medio de comunicación fue importante para restarle credibilidad y legitimidad al gobierno de Lasso que, finalmente, lo condujeron a decretar la muerte cruzada, el régimen de Noboa no podía permitirse un riesgo similar, sobre todo cuando existía abundante material periodístico que podía demostrar la creciente corrupción de su gobierno.

¿Qué hizo el régimen de Noboa? Pues comprar ese medio de comunicación por un valor, según información de redes sociales, de alrededor de un millón dólares. Con eso cerró una de las voces disonantes y, supuestamente, dentro del respeto al derecho a la libertad de expresión.

Entonces, la única oposición que tuvo, como ya se había indicado, fue aquella que surgió desde la Corte Constitucional que frenó algunas de las arbitrariedades y aberraciones jurídicas que se habían propuesto desde el régimen. Ahora bien, uno de los puntos claves de esa disputa fue la decisión de la Corte Constitucional de acotar varios de los Decretos Ejecutivos que declaraban el Estado de Excepción.

En efecto, desde el primer día que asumió el gobierno, el régimen había decretado, casi de forma mensual e ininterrumpida, continuos Decretos de Estado de Excepción en donde el país se desplazaba desde un orden de un Estado constitucional de derechos y justicia hacia un régimen de estado de excepción permanente. 

El Estado de excepción permanente le permitía utilizar discrecionalmente los recursos fiscales en función de la dominación política y las capacidades hegemónicas. Como un recurso heurístico para la legitimidad del Estado de excepción permanente, actuaba la crisis de seguridad ciudadana. En vez de resolverla, el régimen la atizó. En poco tiempo, el país se convirtió en el más inseguro del mundo. Eso, en realidad, era altamente funcional al modelo de dominación política. El régimen transformó al crimen organizado en vector funcional del poder. 

En consecuencia, fue ese control hegemónico al sistema político, a la institucionalidad del Estado, al movimiento social, y a toda la población, lo que le hizo apurar los tiempos para dirimir la transición política y cerrarla en beneficio propio. El régimen sabía que su principal limitante era la Constitución. Muchas de las líneas rojas que se había sobrepasado tenían que ver, precisamente, con límites impuestos por la Constitución vigente. Muchas de las trabas que impedían la consolidación de la dominación política estaban en la Constitución. 

Una nueva Constitución le permitiría al régimen, por ejemplo, reducir las capacidades de la Corte Constitucional y transformarla en una sala más de la administración de justicia, en donde el régimen tenía, además, el control total. Una nueva Constitución desarmaba al Estado y le permitía ampliar la frontera extractiva, limitar derechos y privatizar los sectores estratégicos. El régimen consideró, por tanto, que había llegado el momento de cruzar el Rubicón.

En primera instancia, el gobierno había considerado realizar esas elecciones de consulta popular y referéndum para el mes de diciembre de 2025. Optó por adelantarlas para mediados de noviembre de ese mismo año. El centro neurálgico de esas elecciones, definitivamente, era la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, las demás preguntas creaban un efecto de adhesión simbólica y semiótica. Con una nueva Constitución el régimen podía consolidar su dominación política y crear un sistema político a imagen y semejanza de sus necesidades hegemónicas. La nueva Constitución cerraba la transición y la disputa hegemónica y proyectaba la dominación política del régimen en varios años hacia delante. Tenía un camino expedito para hacerlo. 

Una vez convocadas las elecciones para la nueva Asamblea Constituyente, el régimen podía utilizar el clivaje del correísmo-anticorreísmo que tan funcional se había demostrado y, además, gracias a su control social sobre el sistema político, su capacidad de utilizar de manera discrecional el presupuesto público gracias al Estado de excepción permanente y su estrategia mediática y de redes sociales, el escenario para ganar esas elecciones era altamente favorable para el régimen. ¿Qué podía salir mal? 

El error estratégico

Sin embargo, presionado por el cumplimiento del programa de consolidación fiscal del FMI y la necesidad de cumplir con este programa para disminuir el riesgo país, un indicador clave para poder emitir nuevo financiamiento en los mercados internacionales de capitales, el régimen comete su error estratégico más importante, pero, en ese contexto, aún no podía intuirlo de esa manera. Decidió elevar el precio del diésel de 1,80 USD a 2,80 USD. Era el inicio de la liberalización de los precios de los combustibles más sensibles a la respuesta social. 

El régimen por supuesto que sabía que eso provocaría malestar social y, probablemente, una movilización social por parte de la organización indígena CONAIE más otras organizaciones sociales. Para eso generó una estrategia de neutralización previa a la CONAIE en donde sus operadores políticos infiltrados en la organización indígena, empujaron a que la CONAIE declare la realización de un paro sin ninguna preparación previa, sin ningún acuerdo con sus bases y sin ningún proceso de discusión y organización con sus estructuras comunitarias, como generalmente hace esta organización social. Es decir, esa convocatoria al paro sin ningún tipo de organización previa, prácticamente, lanzaba a la CONAIE al vacío. 

Al mismo tiempo, el régimen optó por ocupar política y militarmente la provincia en donde se pensaba estaba el núcleo duro de la movilización indígena, la provincia de Cotopaxi, en el centro del país. El líder indígena Leonidas Iza que había organizado el levantamiento indígena contra el entonces presidente Guillermo Lasso es, justamente, oriundo de esta región.

El gobierno, además, abrió la chequera gubernamental para evitar las posibles resistencias del sector del transporte que podían oponerse a esta medida y comprar su acuerdo con las medidas económicas adoptadas. El régimen esperaba un paro indígena de pocos días que se caería por su falta de preparación y sin que se sumen a él prácticamente ninguno de los sectores sociales importantes. Se trataba de una derrota al movimiento indígena en su propio terreno, algo que no lo había logrado hacer ningún gobierno desde el primer levantamiento indígena de 1990 y que limpiaba el camino hacia la aprobación de la nueva Constituyente sin adversarios de cuidado. 

El régimen de Noboa tenía toda la información necesaria para saber que ese paro convocado por la CONAIE estaba derrotado de antemano y que la ocupación territorial en la provincia del líder indígena Leonidas Iza, demostraba quién mandaba en el país. Por eso el gobierno trasladó la sede gubernamental a esa provincia y esperó a que el paro indígena fracase. Tenía la intención de hacer firmar el acta de rendición a la nueva dirigencia de la CONAIE en su propio territorio. Todos sus operadores políticos infiltrados en la organización indígena le habían garantizado que ese paro indígena no conducía a ninguna parte.

La estrategia del hobbit

Sin embargo, ahí, cuando al parecer todo estaba ya definido y no había nada que hacer, emerge la estrategia del hobbit. Había un portador del anillo y no estaba precisamente en Cotopaxi, es más, ni siquiera estaba en la CONAIE. Era invisible para el poder y justamente por eso pudo derrotarlo.

La resistencia al régimen surgió en el lugar menos esperado: Cotacachi y la organización indígena Unorcac. La Unorcac no pertenece a la CONAIE sino a la Fenocin; sin embargo, forma parte del movimiento indígena, por eso, al estar en los márgenes, el radar del régimen (¿o el ojo de Sauron?) no lo había visto. Curiosamente, la Unorcac no forma parte de las bases de la CONAIE, pero varios de sus dirigentes, en cambio, sí forman parte del movimiento Pachakutik, lo que demuestra la complejidad del movimiento indígena ecuatoriano.

Esa compleja mixtura Unorcac-Fenocin-Pachakutik, de la región de Cotacachi, fue el núcleo que encendió la chispa e incendió la pradera. Ahí, en los bordes del movimiento indígena se fraguó la resistencia más heroica contra uno de los proyectos políticos más densos y potentes de las clases dominantes.

Para el régimen, la resistencia y movilización en Cotacachi fue impensada, imprevista y lo tomó por sorpresa. Su desplazamiento al centro del país, hacia la provincia de Cotopaxi en donde había imaginado estaría el núcleo duro de la resistencia se reveló como un error de cálculo porque lo había distanciado del verdadero núcleo duro de la resistencia. 

Ahora bien, la movilización de la Unorcac-Fenocin-Pachakutik, motivó a que la organización de base de la CONAIE en la provincia de Imbabura, la FICI, actúe más como reflejo mimético que en cumplimiento del paro de la CONAIE. Al integrarse la FICI a la movilización, en realidad fue toda la provincia de Imbabura la que se sumó al paro indígena. Esto provocó un efecto de contagio y derrame hacia las organizaciones indígenas vecinas del pueblo Cayambi, porque algunas de ellas también son parte de la FICI, y la movilización prendió en Cayambe y, por extensión, el norte de la provincia de Pichincha hacia organizaciones que, esta vez, sí pertenecían a la CONAIE. 

El paro convocado por la CONAIE y que se había pensado que estaba condenado al fracaso empezó a prender a nivel nacional. Los focos de movilización empezaron a multiplicarse por todo el país. Tanto el gobierno como incluso la misma dirigencia de la CONAIE estaban sorprendidos de ello. El gobierno porque estos núcleos de resistencia estaban por fuera de su radar y afectaron su cálculo político; y la dirigencia de la CONAIE porque no había organizado ni tampoco había dado conducción política al paro y se sorprendía de una movilización que se le había escapado de sus manos.

El gobierno optó por encerrar la movilización en la zona geográfica de Imbabura y el norte de Pichincha y resolverla desde la lógica del enfrentamiento militar para evitar un efecto de contagio. Envió convoyes militares a los territorios indígenas, con el disfraz de convoyes humanitarios, pero con la orden de terminar el paro al precio que sea. Producto de esa violencia empezaron a caer las primeras víctimas; gracias a las redes sociales y las cámaras de vigilancia, se pudo apreciar la magnitud de la brutalidad de la violencia utilizada por el gobierno de Noboa cuando los militares agredieron a uno de los manifestantes de la Unorcac que, como se demostró luego, agonizaba en la calle mientras era torturado por las fuerzas armadas.

Ese testimonio gráfico de la brutal violencia del régimen provocó un rechazo social casi unánime. El gobierno empezaba a perder su imagen y demostrarse como verdaderamente es: violencia pura y corrupción generalizada. 

Durante ese mes de violencia, murió un comunero de Cotacachi, Efraín Fuérez, y más de cuatrocientos fueron heridos, muchos de ellos de gravedad. También murieron otros comuneros en otras provincias del país. Muchos heridos fueron amputados de sus extremidades para sobrevivir. Cotacachi e Imbabura pagaban un alto precio por su heroica resistencia al poder. La máscara del poder caía y la sociedad podía ver directamente al rostro de la Hidra.

La violencia de la represión activó mecanismos ancestrales de lucha social en el pueblo de Cotacachi, famoso, además, por sus fiestas del Inti Raymi y la lucha entre comunidades por la toma de la plaza. En vez de amilanar y crear miedo social, la violencia del régimen, en realidad, fue el aliciente para radicalizar la movilización. Esa radicalización se expresó por su duración y contundencia. Desde el primer levantamiento indígena de 1990, era la primera vez en la historia moderna que una movilización social se sostiene durante un mes consecutivo y con radicalidad creciente.

En ese mes, la resistencia y movilización de la Unorcac-Fenocin-Pachakutik, fue el referente para movilizaciones en todo el país. Las imágenes de la brutalidad represiva actuaban como catalizadores para generar solidaridad, adhesión y, en algunos casos, motivar a la movilización de otros sectores sociales, al tiempo que producían desencanto en sectores que aún apoyaban al régimen.

Sin embargo, se trataban de movilizaciones que no tenían conducción política. La recientemente electa dirigencia de la CONAIE había decidido abandonar a sus bases y, sin conducción y liderazgo político, las movilizaciones se radicalizaban, pero no escalaban y, finalmente, remitían. La falta de liderazgo no otorgó a las movilizaciones que se suscitaron en varias provincias del país, la proyección y el liderazgo político que necesitaban. El cálculo del gobierno con respecto a la dirigencia indígena de la CONAIE se había demostrado correcto. Era una dirigencia incapaz de liderazgo político a nivel nacional.

Empero de ello, la resistencia y la movilización social de Imbabura nunca cejó. Fue tenaz. Durante un mes, las organizaciones indígenas de Imbabura pusieron al gobierno contra las cuerdas. En ese mes arrebataron la construcción del relato al gobierno y le quitaron legitimidad. Se produjo, además, algo relativamente inédito. Al no tener conducción política centralizada porque los dirigentes de la CONAIE, esta vez decidieron hacer mutis por el foro y abandonar a sus bases, crearon el expediente de la conducción política descentralizada y en donde eran las bases las que asumían esa conducción política directamente.

El gobierno, además de la violencia armada, recurrió a otras formas de violencia relativamente inéditas, entre ellas, la violencia financiera. Ordenó a los bancos y cooperativas del país que cierren todas las cuentas bancarias de todas las personas y organizaciones vinculadas con la movilización social. Sin orden previa de ningún juez y sin ningún procedimiento jurídico que avale tal decisión, el régimen pensó que, al asfixiar económicamente a las organizaciones, líderes y comuneros, podía obligarlos a rendirse.

Fue una medida desesperada que no rindió fruto alguno y que desgastó aún más al gobierno. En medio de ese desgaste, las pruebas apuntan a que fue el propio gobierno quien organizó ataques de falsa bandera de terrorismo en la ciudad de Guayaquil para justificar el discurso del “narco-terrorismo” con el cual se pretendía deslegitimar el paro indígena y justificar la violencia de la represión.

De esta manera, cada día que pasaba sin resolver el paro indígena era un día perdido para el gobierno y un día ganado para la resistencia. 

El reloj de arena de la consulta popular, en cambio, se aproximaba a sus días decisivos. En un ambiente de lucha y confrontación social y con toda la narrativa vinculada al paro indígena, era imposible que el gobierno sitúe otra narrativa para convencer al electorado de la necesidad de una nueva Constitución. Su proyecto insignia empezaba a hacer aguas.

Las organizaciones sociales decidieron suspender el paro apenas a tres semanas de las elecciones de consulta y referéndum, con el propósito de llevar la energía política de la movilización hacia las elecciones. Las organizaciones indígenas decidieron proyectar la resistencia hacia la consulta y referéndum como una estrategia que nace directamente desde las bases, desde la gente, desde el pueblo. Crearon una especie de línea de continuidad entre la movilización y la consulta y el referéndum. En otros términos, la Unorcac-Fenocin-Pachakutik, que fue el núcleo duro de la resistencia, decidió que la movilización social debía continuar, pero por otros medios, esta vez asumir la forma electoral para derrotar al gobierno en la consulta y referéndum.

El cambio de registro fue abrupto y siguió la ruta trazada por la movilización social. En virtud de que siempre fue una movilización descentralizada el sustrato político de la campaña por el NO al régimen también asumió ese carácter descentralizado. De un día al otro, el país pasó de la narrativa del paro indígena a la convocatoria a votar NO contra el gobierno de Noboa y que tenía su centro de referencia en esa forma descentralizada que asumió el paro indígena y su fuente en las organizaciones que llevaron adelante ese paro indígena-popular. La campaña por el NO al referéndum y consulta popular del régimen fue, en realidad, una continuación del paro indígena. No puede pensarse lo uno sin lo otro.

Las mismas organizaciones indígenas que se movilizaron en todo el país y que nunca tuvieron conducción política por parte de la nueva dirigencia de la CONAIE y de ninguna otra organización, decidieron asumir directamente la campaña por el NO. Cuando el gobierno quiso hacer campaña para que el electorado vote por sus propuestas y adscriba a su proyecto de una nueva Constituyente, ya no había espacio político. Ese espacio había sido copado desde el paro indígena, desde la gente, desde el pueblo.

El régimen de Noboa, en realidad, perdió las elecciones tres semanas antes de las votaciones y las perdió cuando no pudo dar salidas políticas a la movilización indígena. Las perdió cuando pensó que podía solucionar un conflicto político con violencia militar y policial. El gobierno pensó que tenía el espacio y las condiciones para repetir el mismo formato que le había sido tan útil anteriormente de apelar al clivaje correísmo-anticorreísmo, pero que esta vez ese clivaje resultaba anacrónico, fuera de lugar, incongruente.

En efecto, en esas tres semanas antes de las votaciones, cuando el país aún procesaba la violencia utilizada por el gobierno contra los comuneros indígenas durante el paro indígena y cuando la propia CONAIE no atinaba a comprender qué había pasado, se produjo una campaña totalmente descentralizada por el NO al régimen, que convocó a todos los ciudadanos a que expresen su malestar, su inconformidad, su hastío con la corrupción, las mentiras, la demagogia y la violencia del gobierno de Noboa. La consulta y referéndum, gracias al paro indígena, se había transformado en plebiscito. En ese contexto, apelar al correísmo y anticorreísmo como operador simbólico para disciplinar al electorado era absurdo, improcedente y fuera de toda racionalidad política. 

A pesar de eso, el gobierno intentó hacerlo cuando ordenó que el ex vicepresidente Jorge Glas, detenido por el proceso de lawfare contra la RC, sea trasladado hacia la nueva cárcel denominada del Encuentro, que aún estaba en proceso de construcción. Una jugada que le restó más legitimidad y que mostraba al correísmo como víctima del poder.

El gobierno pensó que el correísmo podía suscribir su tesis de convocatoria a la nueva constituyente porque supuestamente le convenía participar, pero no entendió que el momento político luego del paro indígena había evacuado de la discusión política a todos los partidos políticos. De hecho, el único partido político que entró como tal a definir la consulta y el referéndum fue aquel del régimen. Los demás partidos fueron invisibilizados por el carácter popular que asumió la campaña por el NO y por esa estructura descentralizada de manejo político que se creó durante el paro indígena.

De la misma manera que Noboa no sabía contra quién se confrontaba en Imbabura, porque pensó incluso que lo hacía contra las bases de la CONAIE, así no entendió que en la consulta y referéndum no se confrontaba contra ningún otro partido político de oposición sino en contra de la ciudadanía y que ya no se trataba de una consulta sino de un plebiscito.

La ciudadanía que actuó de forma descentralizada creando relatos y posicionándolos en redes sociales contra el régimen, no habría tenido ese espacio político sin el paro indígena. La campaña por el NO a las preguntas del régimen en la consulta y referéndum adoptó una forma descentralizada y sin mandos porque ese fue, precisamente, el formato del paro indígena. Pudo imponerse sobre cualquier campaña de cualquier partido o movimiento político, porque estos partidos y movimientos no participaron en el paro indígena, por eso no tenían la legitimidad para asumir la conducción electoral de esta campaña por el NO.

Fue el pueblo, fue la estructura comunitaria la que asumió esa conducción política tanto durante el paro indígena cuanto la campaña por el NO a las preguntas del régimen. De ahí su carácter popular, espontáneo. Fue una revolución molecular. Una de las primeras que adopta esa forma en la historia reciente del país. 

La dirigencia de la CONAIE nunca dio línea política ni conducción política al paro indígena. Por eso la CONAIE no jugó ningún rol relevante en la campaña por el NO. Tampoco las estructuras del movimiento Pachakutik a nivel nacional. Tampoco lo hizo la RC. Todos ellos se sumaron a la campaña por el NO, pero la iniciativa política le perteneció por entero al pueblo, a la ciudadanía.

En las pocas semanas que tuvo el régimen antes de la consulta y referéndum, intentó utilizar los mecanismos de siempre de manipulación mediática, generación de miedo social al retorno del correísmo, entrega masiva de bonos y recursos públicos, pero era ya demasiado tarde. El resultado estaba ya prescrito y escrito por el paro y resistencia indígena.

Y en las elecciones sucedió lo que era previsible. En todos los sitios en los que el régimen demostró su brutalidad represiva, perdió con amplio margen. En Imbabura y en el norte de Pichincha, el NO gana incluso con el 90%. En la costa del país, el NO ganó de manera amplia. En las comunidades indígenas que antes habían votado masivamente por Noboa ahora lo hicieron contra Noboa. El paro indígena “despegó”, por así decirlo, a los comuneros de toda adhesión simbólica y semiótica con respecto al régimen.

Por eso, no se puede comprender el paro indígena sin la campaña descentralizada por el NO. Forman parte de un único proceso. Y es uno de los procesos políticos más complejos de los últimos años, porque presenta características nuevas y genera escenarios que no se habían previsto.

Fue una victoria popular que no puede ser adscrita a ninguna organización ni personaje en particular. Una victoria que desestructura todo el andamiaje que el régimen había construido. Ese resultado electoral crea un vacío político sobre el régimen. Puede ser que el régimen mantenga su control sobre el sistema político y el Estado, pero esta vez tiene a la sociedad en contra y ha perdido toda garantía de gobernabilidad. Esta victoria popular pone puntos suspensivos sobre la continuidad del programa económico del régimen. Si adopta nuevamente duras medidas económicas, es probable que se reactive la movilización y, esta vez, con más contundencia e intensidad y con pronóstico reservado para la estabilidad del régimen.

Es tan fuerte esta derrota estratégica al régimen de Noboa que es difícil que pueda recomponerse a futuro. Lo más probable es que la transición política continúe y Noboa no pueda siquiera terminar su periodo. Si es así, esta revolución molecular ha creado ya la forma política por la cual se puede superar el clivaje correísmo-anticorreísmo: la organización descentralizada, molecular, de la resistencia, de la movilización, es decir, el pueblo. Esa es la respuesta a la salida de la crisis y a la recuperación de la democracia, la institucionalidad y la paz. Esa respuesta es apostar totalmente a la capacidad de imaginación, de dignidad, de solidaridad del pueblo. Confiar en el pueblo, en su sabiduría, en su lucha. Esa es la gran lección de esta revolución molecular.

 

 

Hacia el modelo oligárquico-neoliberal Apuntes sobre las elecciones de Ecuador de 2025

 Hacia el modelo oligárquico-neoliberal

Apuntes sobre las elecciones de Ecuador de 2025

 

Pablo Dávalos

 

Introducción

Contra todo pronóstico, en las elecciones presidenciales de abril de 2025 en Ecuador, el candidato y presidente de la República, Daniel Noboa, se impuso de forma abrumadora a Luisa González, del movimiento de la Revolución Ciudadana. Días antes de las elecciones, la mayoría de las encuestas apuntaban a un empate técnico y, algunas de ellas, incluso, daban una ligera ventaja a la candidata de la Revolución Ciudadana.

Entonces, ¿Cómo entender el comportamiento del electorado en el Ecuador que dio más de diez puntos de diferencia al candidato de la derecha, Daniel Noboa? ¿Cuáles son las consecuencias que tienen estas elecciones? Y, sobre todo, ¿por qué ganó Noboa, un representante directo de los grupos oligárquicos más conservadores y de derecha en un ambiente de crisis total y de Estado fallido que, aparentemente, conspiraban en su contra? 

Hay que indicar, además, que estas elecciones en Ecuador se inscriben dentro del contexto de la política del país caracterizada por la transición una vez que el anterior presidente, Guillermo Lasso, no pudo terminar su periodo y se vio obligado a disolver la Asamblea Nacional y llamar a nuevas elecciones, un proceso que en el país se conoce con el nombre de “muerte cruzada”. 

Esa transición se decantó hacia la derecha y contribuye a que las expresiones políticas más conservadoras, más radicales y más comprometidas con la agenda neoliberal impongan su proyecto político.

Así que para responder a las preguntas anteriores es necesario una hipótesis que sea plausible y que tenga posibilidades heurísticas. En ese sentido, es necesario, previamente, un proceso analítico que separe lo contingente de toda campaña electoral de los procesos más profundos que la fundamentan y le otorgan sus condiciones de posibilidad. Por ello, con toda la importancia que tienen, pero los aspectos más puntuales de la forma cómo asumió la campaña electoral la Revolución Ciudadana con sus posibles errores, incluso estratégicos, se soslayan en beneficio de la hipótesis principal.

En consecuencia, se propone la hipótesis de que Noboa ganó las elecciones presidenciales porque incorporó un vector que las transformó radicalmente; ese vector que Noboa integró de forma orgánica a las elecciones fue el Estado. Cuando Noboa, en tanto presidente de la república, no traza límites claros con su posición de ser al mismo tiempo candidato a la presidencia, puede poner a trabajar a todo el Estado para su candidatura y, en esas circunstancias, vencer al Estado, para cualquier contendiente, es casi misión imposible.

Sin embargo, no es un procedimiento exclusivo de Noboa, sino que tiene que ver con el formato liberal de la política, la democracia representativa y el diseño político electoral y el sistema político. Justamente por eso se intenta poner límites a estas distorsiones de la democracia liberal a través de la limitación o la prohibición de la reelección.

No obstante, poner al Estado a trabajar en función de una candidatura e inclinar la balanza fue, precisamente, el recurso utilizado por Rafael Correa cuando fue presidente y, gracias a él, pudo ganar cómodamente varias elecciones consecutivas en el periodo 2007-2017.

Ahora bien, hay que añadir un elemento a esa hipótesis, y es aquel del diseño del Estado que se definió en la Constitución del año 2008. El Estado que nace de esa Constitución es garantista en derechos, pero mantiene el control del ejecutivo sobre las palancas claves del poder, como por ejemplo el presupuesto del Estado y la definición de políticas públicas, en una dinámica que se conoce con el nombre de hiperpresidencialismo. Entonces, no solo que entra en el juego electoral el Estado e inclina radicalmente la balanza, sino que no es cualquier Estado, es un Estado cuyo diseño político le otorga un importante margen de maniobra al Ejecutivo y, en particular, al presidente de la República.

Esto permite comprender que, en el tiempo electoral, el Estado ecuatoriano puso a disposición del candidato Daniel Noboa, recursos que sobrepasaron los 500 millones de dólares, en una serie de financiamiento de políticas públicas y que comprendían bonos, subsidios, ayudas, becas, entre otros, y que se generaron y utilizaron de forma específica durante la campaña electoral y que inclinaron de manera decisiva la balanza en beneficio del candidato-presidente.

Pero es necesario complementar la hipótesis con un contexto más general, porque en un Estado con instituciones relativamente estables y sólidas, habría sido muy difícil mover una cantidad tan grande de recursos y, además, en un contexto de austeridad fiscal y de cumplimiento de reglas macrofiscales impuestas por el FMI. 

Es decir, para que pueda operar la figura del Estado como condición de posibilidad del candidato-presidente, era necesario un proceso previo de neutralización y debilitamiento de las instituciones, sobre todo las más importantes como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado, entre otras.

La candidatura presidencial de Noboa pudo mover al Estado en beneficio propio porque no hay una institucionalidad fuerte y esto se debe a que hay un Estado fallido. La noción de Estado fallido como un Estado que no puede garantizar los contenidos mínimos del contrato social en una sociedad moderna, se avala y demuestra cuando se registra el hecho de que el Estado no puede garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, al extremo que el Ecuador, en pocos años, se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo.

Entonces, la utilización del Estado para inclinar la balanza de la disputa electoral, la capacidad de manejar a discreción políticas públicas y recursos públicos, gracias al carácter de hiperpresidencialismo y el Estado fallido, fueron determinantes para que el candidato presidente, Daniel Noboa, se imponga de manera amplia a la candidata de la Revolución Ciudadana. Conviene, por tanto, demostrar esas hipótesis.

 

El desequilibrio fundamental

Luego de proclamar los resultados electorales la noche del 13 de abril de 2005, la candidata de la Revolución Ciudadana, indicó que desconocía esos resultados porque provenían de un fraude electoral. La candidata tenía razón, pero no en el sentido contingente de manipulación de las urnas, actas o votos, sino de algo más profundo. La apelación al fraude electoral nacía del hecho de que las autoridades de control no hicieron nada por impedir que el candidato-presidente Daniel Noboa, utilice el Estado de manera discrecional y en función exclusiva para su campaña política.

Las violaciones a la ley electoral y a la Constitución fueron evidentes al extremo que el candidato-presidente Daniel Noboa nunca encargó la presidencia, mientras él hacía campaña electoral, a su vicepresidenta legal y constitucional, sino que procedió a nombrar de su propia iniciativa a un funcionario de su gobierno como vicepresidente. Un acto que rompía no solo con la ley sino con la Constitución pero que no fue advertido ni sancionado por ninguna autoridad ni electoral ni constitucional.

Noboa, utilizó todas las instituciones públicas para sincronizarlas en el reloj de su campaña electoral por fuera de toda prescripción legal y sin que haya existido ningún contrapeso para esa decisión. Así, gobernadores, ministros, subsecretarios, directores de empresas públicas, y funcionarios públicos de todos los niveles y en todos los distritos del país, entre otros, se convirtieron, de grado o por fuerza, en engranajes de un enorme mecanismo que hacía tabula rasa de toda consideración ética y legal en la utilización de recursos públicos para una campaña electoral que territorializó la campaña y confundió políticas públicas con ofrecimientos electorales.

La ley, en efecto, prohíbe la utilización de recursos públicos para cualquier acto electoral y su vigilancia y cumplimiento habían sido celosamente seguidas hasta estas elecciones sobre todo para vigilar el apoyo que se podría prestar, desde determinados espacios, sobre todo alcaldías y prefecturas manejadas por la oposición, a los candidatos que incomodaban o amenazaban al candidato-presidente. 

Así, mientras se castigaba a alcaldes o Prefectos que habían apoyado a los candidatos de sus partidos políticos y las autoridades de control estaban prestas para la vigilancia y el castigo, en el caso del candidato-presidente, en cambio, hicieron mutis por el foro y mantuvieron una posición de connivencia e indiferencia ante las múltiples denuncias de la utilización de recursos públicos para la campaña electoral del candidato-presidente Daniel Noboa.

Esto hizo que el candidato-presidente haga una campaña de posicionamiento personal que renunciaba a darle contenidos de cualquier índole a la disputa electoral porque no era necesario y porque podía generar efectos no deseados. De esta forma, se produjo una paradoja en la cual el país entraba de lleno a definir aspectos claves de su futuro político, pero la campaña electoral se negaba a debatir cualquier tema que implique la más mínima profundidad conceptual. Se convirtió en una campaña inane, intrascendente, banal, en donde el candidato-presidente se convertía en influencer de tik tok divulgando los aspectos más banales de su vida cotidiana y renunciaba a realizar cualquier pronunciamiento sobre la difícil situación del país que tenía que ver, precisamente, por sus decisiones políticas.

Los medios de comunicación de la derecha y afines a Noboa, así como sus influencers, contribuyeron a exacerbar este ambiente de banalización absoluta en donde todo lo que implique el más mínimo esfuerzo de comprensión y debate sobre los problemas más importantes de la sociedad, era inmediatamente excluido y, en su lugar, se posicionaba un discurso maquineo de los buenos contra los malos, de los amigos y los enemigos. Era el retorno de Carl Schmitt, pero en el peor de los escenarios, porque se había llegado al grado cero de toda inteligencia social, a niveles de banalización de lo real que disputan incluso con aquello que Guy Debord llamaba la sociedad del espectáculo.

 

Los antecedentes

Curiosamente, este procedimiento de poner al Estado en la ecuación electoral, no fue ni creado ni inaugurado por el candidato-presidente Daniel Noboa. Alguien más ya lo había hecho antes que él y con resultados contundentes. Se trata, en efecto, del ex presidente Rafael Correa. En su gobierno, la utilización del Estado como vector político para cercar a sus oponentes y para convertirlo en un arma de disuasión fue una de sus características. De esta forma, Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, fue la víctima de un invento político de la misma Revolución Ciudadana.

Gracias a este expediente, como se había indicado, la Revolución Ciudadana pudo convertirse en hegemónica en el periodo 2007-2017. Fue porque intervino sobre el Estado y lo transformó en un arma política que pudo mantener esa hegemonía sin atisbos de resistencia. 

 

La sala de máquinas de la Constitución: el hiperpresidencialismo

Muchos juristas cuestionaron a la Constitución del Ecuador del año 2008 por su hiperpresidencialismo. Si bien se reconocían los avances en derechos y la institucionalidad que se ponía en marcha para garantizar su real ejercicio y cumplimiento, también es cierto que en el diseño político del Estado se había manifestado que el hiperpresidencialismo, al no crear contrapesos al poder, podía convertirse en una importante dificultad al momento de poner límites al poder del ejecutivo, sobre todo cuando se altere la correlación de fuerzas.

Cuando se aprobó la Constitución de 2008, la Revolución Ciudadana, que en ese entonces se llamaba Alianza País, estaba al inicio del ciclo político en el cual sería hegemónica. Para consolidar esa hegemonía Alianza País, necesitaba controlar, directamente, las palancas claves del poder y esas palancas estaban en la capacidad de dirimir desde posiciones hegemónicas a las autoridades de control, el presupuesto del Estado, la capacidad de veto del Presidente y su capacidad de legislar, el monopolio sobre las políticas públicas y la capacidad discrecional sobre el presupuesto público. Fue por esa necesidad de hegemonía que Alianza País diseñó un poder ejecutivo con capacidades hiperpresidenciales.

Así, el legislativo no puede cambiar el presupuesto del Estado, solo puede “observarlo”. La Asamblea puede aprobar una ley con la mayoría de sus miembros, pero el presidente puede vetarla totalmente si es de su conveniencia hacerlo. Además, puede enviar decretos de urgencia económica que deben ser aprobados de forma obligatoria en treinta días. Si la Asamblea tarda un minuto más, entonces entrarán en vigencia de forma inmediata por el ministerio de ley. 

Por supuesto que hay otros temas que dan cuenta del hiperpresidencialismo en el diseño del Estado en la Constitución de 2008, pero aquello que quiere resaltarse es que esa capacidad del hiperpresidencialismo fue clave al momento de orillar al Estado a transformarse en vector de una campaña electoral. El hiperpresidencialismo atenúa o elimina los contrapesos al poder del ejecutivo. Un ejecutivo fuerte es fundamental para todo proceso hegemónico. Lo demostró el caso de la Revolución Ciudadana en el periodo 2007-2017 y lo vuelve ahora a demostrar la reelección de Daniel Noboa.

Ante un ejecutivo fuerte, las demás instituciones del Estado, incluidas aquellas de control, terminan por plegarse a sus condiciones. Ninguna de ellas tiene la fuerza suficiente para mantener un mínimo margen de autonomía y espacio propio. Así, instituciones claves como el Consejo Nacional Electoral, se convierten en determinaciones del poder y ratifican la capacidad hegemónica del hiperpresidencialismo. 

Fue gracias a la figura del hiperpresidencialismo que Daniel Noboa pudo poner en sintonía y sincronización no solo a las entidades del gobierno central sino también a aquellas del Estado y que, teóricamente, al menos, no están bajo la dependencia directa del ejecutivo. Pero ninguna autoridad quería arriesgar su posición ante un poder ejecutivo tan hegemónico.

El jurista Roberto Gargarella afirma que en la Constitución del Ecuador hay un conjunto de procedimientos y normas que se convierten en una especie de “sala de máquinas” del orden jurídico. Mutatis mutandis, la “sala de máquinas” de la Constitución puede ser adscrita a ese espacio relativamente oscuro y desde donde se procesa el poder del ejecutivo por sobre los demás poderes del Estado y, en consecuencia, sobre la sociedad. Ese espacio es el hiperpresidencialismo.

 

El Estado Fallido

La debilidad institucional del país es evidente. En el Ecuador, en el año 2025, hay una especie de colapso institucional. Las instituciones del país son una especie de zombis que aún no saben que están muertas y que sobreviven básicamente por inercia. Las Fuerzas Armadas atraviesan su peor momento por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad provocados, especialmente, contra niños y jóvenes. La Fiscalía General del Estado se ha convertido en un alfil del poder que utiliza la violencia legítima del Estado para proteger a grandes delincuentes y perseguir a los enemigos del régimen. La Contraloría General del Estado persigue a quienes tienen deudas intrascendentes y deja en paz a negociados evidentes en los cuales incluso estaría involucrado de forma directa el candidato-presidente. El servicio de rentas internas se revela incapaz de cobrar las deudas tributarias a la familia del candidato-presidente Daniel Noboa. La Policía Nacional ha sido acusada de tener narcogenerales en sus filas por parte de la propia embajada de EEUU. Las cortes de justicia se han convertido en el epítome de la corrupción. Es imposible hacer un trámite normal, como sacar un pasaporte o una cédula de identidad, sin que medie la corrupción y la desidia del gobierno.

Es un ambiente de degradación institucional en el cual se ha perdido el sentido del nomos, es decir, la norma, la ley. Es una situación de anomia que surge por la intersección de varias crisis: la crisis económica provocada por la recesión y la falta de inversión y empleo; la crisis de seguridad ciudadana que ha convertido al país en uno de los más inseguros del mundo; la crisis institucional, etc.

Ahora bien, en medio de esta anomia que caracteriza al Estado fallido, hay una sola institución que sostiene al país y evita su colapso. Esa institución es la dolarización. Así, el sistema monetario se convirtió en garantía de sobrevivencia institucional del país. A la sociedad le preocupa la crisis, pero le parece soportable a condición de que se mantenga la dolarización. Existe la percepción de que, si este esquema monetario tambalea, todo se puede venir abajo.

En el contexto del Estado fallido y la situación de anomia, este fue uno de los recursos más importantes generados por el candidato-presidente y, esta vez, es un recurso que provino directamente desde él. El candidato-presidente, creó un ambiente de miedo con respecto a la dolarización. Indicó que si gana la Revolución Ciudadana la dolarización se vendría abajo. Lo hizo incluso a través de un Decreto Presidencial. 

Traer a la dolarización como vector en la disputa electoral cuando es la única baza que tiene la sociedad para no naufragar bajo el peso de sus propios errores, demuestra la falta absoluta de escrúpulos del candidato-presidente y la forma por la cual integró todo lo que le ayude a ganar su campaña como determinaciones propias.

Así, el Estado fallido provocaba la anomia institucional. Ninguna institución podía reclamar espacios de autonomía por fuera del hiperpresidencialismo y esto condujo a una situación que exacerbaba la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se reveló un recurso clave para generar el miedo y administrarlo. Por eso el discurso de la inminente caída de la dolarización si ganaba la candidata de la Revolución Ciudadana prendió como fuego en pasto seco. No había posibilidad de oponer un discurso racional y coherente para desmentirlo.

Pero no solo era la vulnerabilidad que nace de una sociedad que no tiene instituciones que la protejan, sino que además fue generada de forma focalizada hacia aquellos que la campaña electoral del candidato-presidente consideraba como actores claves y que podían generar o disonancias u obstáculos. Ese expediente fue el lawfare, es decir, la persecución legal desde el Estado contra todos aquellos que podían convertirse en obstáculos en su camino.

 

El desenlace

Esto no quita, por supuesto, la responsabilidad de los errores de la campaña electoral de la Revolución Ciudadana. Pero son errores que solamente sirven para ratificar el proceso político llevado adelante por el candidato-presidente y que, en perspectiva, se convierten en pura contingencia. 

Sin embargo, Daniel Noboa es el representante de un grupo oligárquico claramente definido. Esto hace que su gobierno pueda ser descrito como oligárquico-neoliberal. Esto representaría un giro de tuerca en el neoliberalismo. Pero ese giro de tuerca es incompatible con el orden constitucional vigente en el país y las leyes que lo fundamentan. 

En efecto, la Constitución, al ser garantista, prohíbe la flexibilización laboral, el establecimiento de bases militares de otros países en territorio nacional, también prohíbe la privatización del agua, declara los derechos de la naturaleza, y obliga a que los bancos y financieras no realicen otras actividades y no sean propietarios de otros activos que no sean específicamente financieros. La Constitución también prohíbe la privatización de la seguridad social y la suscripción de acuerdos comerciales internacionales que impliquen laudos arbitrales contra el país. La Constitución define las áreas estratégicas del Estado e impide su privatización.

Precisamente por ello, una de las tareas políticas imprescindibles para articular, consolidar e imponer este modelo oligárquico neoliberal, del ahora reelecto presidente Daniel Noboa, es salir de esta camisa de fuerza que es la Constitución de 2008. Su victoria electoral es también la señal de que esta Constitución agotó todas sus posibilidades. Su tiempo histórico terminó. No se trata solamente de un giro de tuerca en el modelo oligárquico neoliberal sino del rediseño constitucional y legal en función de ese nuevo modelo político y económico.

Pero la convocatoria a una Asamblea Constituyente puede generar efectos no deseados y que pueden surgir por la polarización política que vive el país. Si la Revolución Ciudadana fue derrotada tan contundentemente significa que ya no es una amenaza para el régimen de Noboa. Pero si no es una amenaza, entonces ¿cómo mantener la polarización con un enemigo totalmente derrotado? ¿Cómo movilizar la voluntad ciudadana para que vote masivamente por el proyecto político que representa Noboa en una nueva Asamblea Constituyente? ¿Cómo generar el miedo suficiente para cosecharlo políticamente?

Para el presidente reelecto, no puede convocarse la Asamblea Constituyente si previamente no depura el escenario político y evacúa sus amenazas y, entre ellas, está la necesidad ineludible de derrotar totalmente a la Revolución Ciudadana. Es por ello que utiliza el lawfare, es decir la persecución política pura y dura, para reducir al máximo el espacio político de la Revolución Ciudadana y, de esta forma, impedir que dispute espacios de poder en la próxima Asamblea Constituyente. Asimismo, con el poder del Estado intentará cooptar a las organizaciones indígenas o, en todo caso, neutralizarlas al enfrentarlas entre sí, para acotar su incidencia e impedir que sean un obstáculo para la próxima Asamblea Constituyente.

La utilización de la persecución, el miedo, la crisis, y la cooptación de organizaciones sociales, en realidad, se parece mucho al fascismo, pero es el recurso que más a mano tiene el gobierno de Noboa para poder ganar la próxima Asamblea Constituyente. Si Noboa gana la Constituyente la transición se habrá cerrado en beneficio del modelo oligárquico-neoliberal. Pero si por cualquier circunstancia, Noboa no logra ganar la Asamblea Constituyente, entonces la transición continúa y las víctimas y derrotados de ahora podrían convertirse en los vencedores de mañana.