La estrategia del Hobbit. Una lectura política del paro indígena y la derrota electoral de Noboa del 16-N

La estrategia del Hobbit 

Una lectura política del paro indígena y la derrota electoral de Noboa del 16-N

 

A Verónica, y su pueblo

 

Pablo Dávalos

 

La lucha indígena del mes de septiembre-octubre de 2025 fue un factor clave para reposicionar las fuerzas políticas en el Ecuador que condujeron a la primera derrota al gobierno del magnate bananero, Daniel Noboa en la consulta y referéndum del 16 de noviembre de 2025. Esta derrota electoral le impide al gobierno cerrar la transición política y abre el espacio para nuevas definiciones. 

¿Cómo se produjo esa derrota política al régimen de Daniel Noboa? ¿Qué actores fueron claves para su desenlace? ¿Existe alguna vinculación entre el paro indígena de septiembre-octubre de 2025 con las elecciones de referéndum y consulta popular de noviembre? ¿Cómo altera el escenario político del Ecuador el resultado electoral del 16-N? 

Para comprender la magnitud, alcance y repercusiones de la derrota política al gobierno de Noboa hay que indicar, en primer lugar que, hasta ese momento, se trataba de un gobierno que no había tenido verdadera oposición política y que su capacidad de hegemonía y dominación política fueron incluso más importantes que aquellas del ciclo político 2007-2017 de la Revolución Ciudadana; en segundo lugar, hay que identificar el proceso político que condujo a esa derrota a un gobierno que había cooptado al Estado y controlado de tal manera a la sociedad que lo convertían en hegemónico y, aparentemente, aseguraban una dominación política al largo plazo.

La derrota política del 16-N altera ese escenario y conduce a nuevas interrogantes que tienen que ver en la identificación de las fisuras que se produjeron en ese monolítico y, supuestamente, inquebrantable modelo de dominación política.  

Un gobierno sin oposición política

Daniel Noboa llega al poder producto de la transición política provocada por la decisión del ex presidente Guillermo Lasso de acudir a la muerte cruzada para evitar ser enjuiciado por la Asamblea Nacional por sus vínculos con el crimen organizado. Una vez en el poder, Noboa utilizó todo el peso del Estado para inclinar la balanza y ganar las elecciones del año 2025.

Desde fines de 2023 hasta el referéndum y consulta popular de 2025, el gobierno de Noboa había construido un proyecto político caracterizado por el control absoluto del Estado y de la oposición. En efecto, el único espacio de oposición a Noboa había sido, y muy tímidamente por lo demás, la Corte Constitucional. 

Si la Corte Constitucional se convirtió en un obstáculo y, por tanto, abrió un resquicio de oposición fue muy a su pesar y, en realidad, se produjo ante el irrespeto a las formas básicas al orden constitucional por parte del gobierno de Noboa. Se trató de una forma tan grosera y tan burda de hacer caso omiso a la Constitución en varios proyectos de ley enviados por el gobierno, que a la Corte Constitucional no le quedó más remedio que poner un poco de límites a este ejercicio desmesurado del poder y, solo por haberlo hecho, se transformó rápidamente en enemiga del gobierno y fue tratada a ese tenor.

Fuera de esa tímida oposición, el gobierno de Noboa, prácticamente, lo controlaba todo. Así, llegó a controlar totalmente a la Asamblea Nacional que nunca negó ninguno de los proyectos de ley del gobierno y que cerró, hasta nueva orden, la oficina de fiscalización, en un entorno en donde se multiplicaban las denuncias de corrupción. La legislatura, controlada por el gobierno, llegó al extremo de aprobar verdaderas aberraciones jurídicas que, finalmente, tuvieron que ser declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. 

El principal partido de la oposición, la Revolución Ciudadana, fue cuidadosamente neutralizado de tal manera que todos sus pronunciamientos se convertían en la voz que clamaba desde el desierto. Para acotar aún más la incidencia política de la RC se apretó el lawfare en su contra al extremo de vincular a los líderes de la RC en el crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Una aberración cuya lógica era política no jurídica y que demostraba el verdadero sustrato del lawfare. Si se habían inventado el expediente del “influjo psíquico”, el lawfare era capaz de hacer hasta lo inimagible, como efectivamente sucedió.

Para que estas aberraciones jurídicas y políticas sean legítimas, es decir, sean mínimamente plausibles y permitan la persecución correspondiente, el gobierno había cooptado las palancas fundamentales de la función de administración de justicia y de la función de participación y control social. Gracias a ese control pudo mantener bajo su dominio la fiscalía general del Estado, una palanca esencial para el lawfare. 

Esto puso a la RC en una posición defensiva y sin capacidad de asumir ningún liderazgo social ni, tampoco, de posicionar ningún relato que dispute con aquel del poder. 

De otra parte, luego de la defección de los seis asambleístas del movimiento Pachakutik que se pasaron al lado del gobierno, el movimiento Pachakutik se quedó prácticamente sin representación parlamentaria y, por tanto, sin capacidad alguna de incidir en el debate al interno del sistema político. Así, se había logrado silenciar y neutralizar a otro partido político que podía causar ruido e impedir la consolidación de la dominación política.

Todas estas maniobras le dieron a Noboa una capacidad hegemónica casi absoluta sobre el sistema político. No obstante, para garantizar esa dominación política y esa capacidad hegemónica el gobierno de Noboa tenía que alterar la arquitectura institucional del Estado para ponerla en función de sus necesidades de dominación política. Esto significaba, en la práctica, la desarticulación de las instituciones públicas, su pérdida de legitimidad y su paulatino deterioro. La hegemonía y dominación política del gobierno de Noboa necesitaba de instituciones débiles que sean susceptibles de captura, manipulación, sometimiento y control. El Estado Fallido fue una determinación más de esta estrategia de control total.

El gobierno había logrado también imponer un cerco político sobre la organización social más importante del país, el movimiento indígena y la CONAIE. Para ello utilizó a los mismos asambleístas del movimiento Pachakutik que habían defeccionado del movimiento para transformarlos en operadores políticos del régimen. El gobierno de Noboa también cooptó a varios ex líderes indígenas y aprovechó el fuerte sentimiento indígena y comunitario en contra del “correísmo” como capital político propio. De hecho, en todas las votaciones, los comuneros indígenas se habían decantado de forma mayoritaria por el gobierno de derecha de Noboa.

Así, había cerrado todos los puntos de fuga del sistema político. Pero subsistía la apariencia de libertad de expresión y pluralismo político para aquellos que insistían en hacer la oposición a Noboa, aunque su impacto real era intrascendente. De esta forma, gracias a su dominio sobre el sistema político y sobre las instituciones del Estado, el gobierno devenía en régimen.

Ajuste, FMI y neoliberalismo

En términos económicos, el régimen de Noboa había trasladado las palancas del manejo de la economía directamente al FMI y al Banco Mundial. Era el FMI quien monitoreaba cuidadosamente el cumplimiento irrestricto de las metas del programa de consolidación fiscal y tomaba todas las decisiones económicas importantes. Las políticas de austeridad eran implacables y se habían impuesto sin que, hasta ese momento, hayan generado ninguna oposición ni política ni social. 

Para garantizar el control social, el régimen había utilizado de manera estratégica la comunicación política y, en especial, las redes sociales. Tenía aliados potentes para hacerlo. Empresas como la transnacional Palantir, entre otras, fueron claves para identificar a nivel incluso personal aquellos núcleos de resistencia y oposición y poder monitorearlos, controlarlos y, llegado el momento, neutralizarlos.

El régimen disponía de una cartografía a nivel detallado de todos los apoyos, así como de todos sus críticos y sabía dónde y cómo intervenir. Cuando existían críticos que rebasaban el perímetro ideológico permitido entonces se intervenía de manera directa. 

Control social en la dominación política

Para entender esta forma de control y dominación quizá valgan varios ejemplos. El alcalde de una pequeña ciudad del sur del país, la ciudad de Nabón, a la sazón presidente del gremio de alcaldes, denominado Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, había reclamado la falta de compromiso del gobierno con las alcaldías y el injusto recorte de sus asignaciones, así como los retrasos y entrega de bonos del Estado en vez de recursos líquidos que multiplicaban la deuda existente. El régimen optó por intervenir directamente sobre este gremio y nombró, por fuera de los estatutos vigentes del gremio, a alguien cercano y, de esta forma, cerró la oposición que surgía desde este espacio. La nueva representante del AME se alió inmediatamente al régimen e indicó que, de hecho, ya no había ninguna deuda del gobierno con las alcaldías del país. 

Otro ejemplo. El medio de comunicación digital La Posta, que había ganado una enorme legitimidad y un gran número de seguidores gracias a sus investigaciones periodísticas sobre la relación del ex presidente Guillermo Lasso y su cuñado, Danilo Carrera, con la mafia albanesa y el narcotráfico, se había convertido en un dolor de cabeza para el régimen porque, habida cuenta de los efectos multiplicadores en redes sociales que tenían sus comentarios, se convertía en una oposición mediática fuerte al señalar continuamente los errores del régimen. En virtud de que este medio de comunicación fue importante para restarle credibilidad y legitimidad al gobierno de Lasso que, finalmente, lo condujeron a decretar la muerte cruzada, el régimen de Noboa no podía permitirse un riesgo similar, sobre todo cuando existía abundante material periodístico que podía demostrar la creciente corrupción de su gobierno.

¿Qué hizo el régimen de Noboa? Pues comprar ese medio de comunicación por un valor, según información de redes sociales, de alrededor de un millón dólares. Con eso cerró una de las voces disonantes y, supuestamente, dentro del respeto al derecho a la libertad de expresión.

Entonces, la única oposición que tuvo, como ya se había indicado, fue aquella que surgió desde la Corte Constitucional que frenó algunas de las arbitrariedades y aberraciones jurídicas que se habían propuesto desde el régimen. Ahora bien, uno de los puntos claves de esa disputa fue la decisión de la Corte Constitucional de acotar varios de los Decretos Ejecutivos que declaraban el Estado de Excepción.

En efecto, desde el primer día que asumió el gobierno, el régimen había decretado, casi de forma mensual e ininterrumpida, continuos Decretos de Estado de Excepción en donde el país se desplazaba desde un orden de un Estado constitucional de derechos y justicia hacia un régimen de estado de excepción permanente. 

El Estado de excepción permanente le permitía utilizar discrecionalmente los recursos fiscales en función de la dominación política y las capacidades hegemónicas. Como un recurso heurístico para la legitimidad del Estado de excepción permanente, actuaba la crisis de seguridad ciudadana. En vez de resolverla, el régimen la atizó. En poco tiempo, el país se convirtió en el más inseguro del mundo. Eso, en realidad, era altamente funcional al modelo de dominación política. El régimen transformó al crimen organizado en vector funcional del poder. 

En consecuencia, fue ese control hegemónico al sistema político, a la institucionalidad del Estado, al movimiento social, y a toda la población, lo que le hizo apurar los tiempos para dirimir la transición política y cerrarla en beneficio propio. El régimen sabía que su principal limitante era la Constitución. Muchas de las líneas rojas que se había sobrepasado tenían que ver, precisamente, con límites impuestos por la Constitución vigente. Muchas de las trabas que impedían la consolidación de la dominación política estaban en la Constitución. 

Una nueva Constitución le permitiría al régimen, por ejemplo, reducir las capacidades de la Corte Constitucional y transformarla en una sala más de la administración de justicia, en donde el régimen tenía, además, el control total. Una nueva Constitución desarmaba al Estado y le permitía ampliar la frontera extractiva, limitar derechos y privatizar los sectores estratégicos. El régimen consideró, por tanto, que había llegado el momento de cruzar el Rubicón.

En primera instancia, el gobierno había considerado realizar esas elecciones de consulta popular y referéndum para el mes de diciembre de 2025. Optó por adelantarlas para mediados de noviembre de ese mismo año. El centro neurálgico de esas elecciones, definitivamente, era la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, las demás preguntas creaban un efecto de adhesión simbólica y semiótica. Con una nueva Constitución el régimen podía consolidar su dominación política y crear un sistema político a imagen y semejanza de sus necesidades hegemónicas. La nueva Constitución cerraba la transición y la disputa hegemónica y proyectaba la dominación política del régimen en varios años hacia delante. Tenía un camino expedito para hacerlo. 

Una vez convocadas las elecciones para la nueva Asamblea Constituyente, el régimen podía utilizar el clivaje del correísmo-anticorreísmo que tan funcional se había demostrado y, además, gracias a su control social sobre el sistema político, su capacidad de utilizar de manera discrecional el presupuesto público gracias al Estado de excepción permanente y su estrategia mediática y de redes sociales, el escenario para ganar esas elecciones era altamente favorable para el régimen. ¿Qué podía salir mal? 

El error estratégico

Sin embargo, presionado por el cumplimiento del programa de consolidación fiscal del FMI y la necesidad de cumplir con este programa para disminuir el riesgo país, un indicador clave para poder emitir nuevo financiamiento en los mercados internacionales de capitales, el régimen comete su error estratégico más importante, pero, en ese contexto, aún no podía intuirlo de esa manera. Decidió elevar el precio del diésel de 1,80 USD a 2,80 USD. Era el inicio de la liberalización de los precios de los combustibles más sensibles a la respuesta social. 

El régimen por supuesto que sabía que eso provocaría malestar social y, probablemente, una movilización social por parte de la organización indígena CONAIE más otras organizaciones sociales. Para eso generó una estrategia de neutralización previa a la CONAIE en donde sus operadores políticos infiltrados en la organización indígena, empujaron a que la CONAIE declare la realización de un paro sin ninguna preparación previa, sin ningún acuerdo con sus bases y sin ningún proceso de discusión y organización con sus estructuras comunitarias, como generalmente hace esta organización social. Es decir, esa convocatoria al paro sin ningún tipo de organización previa, prácticamente, lanzaba a la CONAIE al vacío. 

Al mismo tiempo, el régimen optó por ocupar política y militarmente la provincia en donde se pensaba estaba el núcleo duro de la movilización indígena, la provincia de Cotopaxi, en el centro del país. El líder indígena Leonidas Iza que había organizado el levantamiento indígena contra el entonces presidente Guillermo Lasso es, justamente, oriundo de esta región.

El gobierno, además, abrió la chequera gubernamental para evitar las posibles resistencias del sector del transporte que podían oponerse a esta medida y comprar su acuerdo con las medidas económicas adoptadas. El régimen esperaba un paro indígena de pocos días que se caería por su falta de preparación y sin que se sumen a él prácticamente ninguno de los sectores sociales importantes. Se trataba de una derrota al movimiento indígena en su propio terreno, algo que no lo había logrado hacer ningún gobierno desde el primer levantamiento indígena de 1990 y que limpiaba el camino hacia la aprobación de la nueva Constituyente sin adversarios de cuidado. 

El régimen de Noboa tenía toda la información necesaria para saber que ese paro convocado por la CONAIE estaba derrotado de antemano y que la ocupación territorial en la provincia del líder indígena Leonidas Iza, demostraba quién mandaba en el país. Por eso el gobierno trasladó la sede gubernamental a esa provincia y esperó a que el paro indígena fracase. Tenía la intención de hacer firmar el acta de rendición a la nueva dirigencia de la CONAIE en su propio territorio. Todos sus operadores políticos infiltrados en la organización indígena le habían garantizado que ese paro indígena no conducía a ninguna parte.

La estrategia del hobbit

Sin embargo, ahí, cuando al parecer todo estaba ya definido y no había nada que hacer, emerge la estrategia del hobbit. Había un portador del anillo y no estaba precisamente en Cotopaxi, es más, ni siquiera estaba en la CONAIE. Era invisible para el poder y justamente por eso pudo derrotarlo.

La resistencia al régimen surgió en el lugar menos esperado: Cotacachi y la organización indígena Unorcac. La Unorcac no pertenece a la CONAIE sino a la Fenocin; sin embargo, forma parte del movimiento indígena, por eso, al estar en los márgenes, el radar del régimen (¿o el ojo de Sauron?) no lo había visto. Curiosamente, la Unorcac no forma parte de las bases de la CONAIE, pero varios de sus dirigentes, en cambio, sí forman parte del movimiento Pachakutik, lo que demuestra la complejidad del movimiento indígena ecuatoriano.

Esa compleja mixtura Unorcac-Fenocin-Pachakutik, de la región de Cotacachi, fue el núcleo que encendió la chispa e incendió la pradera. Ahí, en los bordes del movimiento indígena se fraguó la resistencia más heroica contra uno de los proyectos políticos más densos y potentes de las clases dominantes.

Para el régimen, la resistencia y movilización en Cotacachi fue impensada, imprevista y lo tomó por sorpresa. Su desplazamiento al centro del país, hacia la provincia de Cotopaxi en donde había imaginado estaría el núcleo duro de la resistencia se reveló como un error de cálculo porque lo había distanciado del verdadero núcleo duro de la resistencia. 

Ahora bien, la movilización de la Unorcac-Fenocin-Pachakutik, motivó a que la organización de base de la CONAIE en la provincia de Imbabura, la FICI, actúe más como reflejo mimético que en cumplimiento del paro de la CONAIE. Al integrarse la FICI a la movilización, en realidad fue toda la provincia de Imbabura la que se sumó al paro indígena. Esto provocó un efecto de contagio y derrame hacia las organizaciones indígenas vecinas del pueblo Cayambi, porque algunas de ellas también son parte de la FICI, y la movilización prendió en Cayambe y, por extensión, el norte de la provincia de Pichincha hacia organizaciones que, esta vez, sí pertenecían a la CONAIE. 

El paro convocado por la CONAIE y que se había pensado que estaba condenado al fracaso empezó a prender a nivel nacional. Los focos de movilización empezaron a multiplicarse por todo el país. Tanto el gobierno como incluso la misma dirigencia de la CONAIE estaban sorprendidos de ello. El gobierno porque estos núcleos de resistencia estaban por fuera de su radar y afectaron su cálculo político; y la dirigencia de la CONAIE porque no había organizado ni tampoco había dado conducción política al paro y se sorprendía de una movilización que se le había escapado de sus manos.

El gobierno optó por encerrar la movilización en la zona geográfica de Imbabura y el norte de Pichincha y resolverla desde la lógica del enfrentamiento militar para evitar un efecto de contagio. Envió convoyes militares a los territorios indígenas, con el disfraz de convoyes humanitarios, pero con la orden de terminar el paro al precio que sea. Producto de esa violencia empezaron a caer las primeras víctimas; gracias a las redes sociales y las cámaras de vigilancia, se pudo apreciar la magnitud de la brutalidad de la violencia utilizada por el gobierno de Noboa cuando los militares agredieron a uno de los manifestantes de la Unorcac que, como se demostró luego, agonizaba en la calle mientras era torturado por las fuerzas armadas.

Ese testimonio gráfico de la brutal violencia del régimen provocó un rechazo social casi unánime. El gobierno empezaba a perder su imagen y demostrarse como verdaderamente es: violencia pura y corrupción generalizada. 

Durante ese mes de violencia, murió un comunero de Cotacachi, Efraín Fuérez, y más de cuatrocientos fueron heridos, muchos de ellos de gravedad. También murieron otros comuneros en otras provincias del país. Muchos heridos fueron amputados de sus extremidades para sobrevivir. Cotacachi e Imbabura pagaban un alto precio por su heroica resistencia al poder. La máscara del poder caía y la sociedad podía ver directamente al rostro de la Hidra.

La violencia de la represión activó mecanismos ancestrales de lucha social en el pueblo de Cotacachi, famoso, además, por sus fiestas del Inti Raymi y la lucha entre comunidades por la toma de la plaza. En vez de amilanar y crear miedo social, la violencia del régimen, en realidad, fue el aliciente para radicalizar la movilización. Esa radicalización se expresó por su duración y contundencia. Desde el primer levantamiento indígena de 1990, era la primera vez en la historia moderna que una movilización social se sostiene durante un mes consecutivo y con radicalidad creciente.

En ese mes, la resistencia y movilización de la Unorcac-Fenocin-Pachakutik, fue el referente para movilizaciones en todo el país. Las imágenes de la brutalidad represiva actuaban como catalizadores para generar solidaridad, adhesión y, en algunos casos, motivar a la movilización de otros sectores sociales, al tiempo que producían desencanto en sectores que aún apoyaban al régimen.

Sin embargo, se trataban de movilizaciones que no tenían conducción política. La recientemente electa dirigencia de la CONAIE había decidido abandonar a sus bases y, sin conducción y liderazgo político, las movilizaciones se radicalizaban, pero no escalaban y, finalmente, remitían. La falta de liderazgo no otorgó a las movilizaciones que se suscitaron en varias provincias del país, la proyección y el liderazgo político que necesitaban. El cálculo del gobierno con respecto a la dirigencia indígena de la CONAIE se había demostrado correcto. Era una dirigencia incapaz de liderazgo político a nivel nacional.

Empero de ello, la resistencia y la movilización social de Imbabura nunca cejó. Fue tenaz. Durante un mes, las organizaciones indígenas de Imbabura pusieron al gobierno contra las cuerdas. En ese mes arrebataron la construcción del relato al gobierno y le quitaron legitimidad. Se produjo, además, algo relativamente inédito. Al no tener conducción política centralizada porque los dirigentes de la CONAIE, esta vez decidieron hacer mutis por el foro y abandonar a sus bases, crearon el expediente de la conducción política descentralizada y en donde eran las bases las que asumían esa conducción política directamente.

El gobierno, además de la violencia armada, recurrió a otras formas de violencia relativamente inéditas, entre ellas, la violencia financiera. Ordenó a los bancos y cooperativas del país que cierren todas las cuentas bancarias de todas las personas y organizaciones vinculadas con la movilización social. Sin orden previa de ningún juez y sin ningún procedimiento jurídico que avale tal decisión, el régimen pensó que, al asfixiar económicamente a las organizaciones, líderes y comuneros, podía obligarlos a rendirse.

Fue una medida desesperada que no rindió fruto alguno y que desgastó aún más al gobierno. En medio de ese desgaste, las pruebas apuntan a que fue el propio gobierno quien organizó ataques de falsa bandera de terrorismo en la ciudad de Guayaquil para justificar el discurso del “narco-terrorismo” con el cual se pretendía deslegitimar el paro indígena y justificar la violencia de la represión.

De esta manera, cada día que pasaba sin resolver el paro indígena era un día perdido para el gobierno y un día ganado para la resistencia. 

El reloj de arena de la consulta popular, en cambio, se aproximaba a sus días decisivos. En un ambiente de lucha y confrontación social y con toda la narrativa vinculada al paro indígena, era imposible que el gobierno sitúe otra narrativa para convencer al electorado de la necesidad de una nueva Constitución. Su proyecto insignia empezaba a hacer aguas.

Las organizaciones sociales decidieron suspender el paro apenas a tres semanas de las elecciones de consulta y referéndum, con el propósito de llevar la energía política de la movilización hacia las elecciones. Las organizaciones indígenas decidieron proyectar la resistencia hacia la consulta y referéndum como una estrategia que nace directamente desde las bases, desde la gente, desde el pueblo. Crearon una especie de línea de continuidad entre la movilización y la consulta y el referéndum. En otros términos, la Unorcac-Fenocin-Pachakutik, que fue el núcleo duro de la resistencia, decidió que la movilización social debía continuar, pero por otros medios, esta vez asumir la forma electoral para derrotar al gobierno en la consulta y referéndum.

El cambio de registro fue abrupto y siguió la ruta trazada por la movilización social. En virtud de que siempre fue una movilización descentralizada el sustrato político de la campaña por el NO al régimen también asumió ese carácter descentralizado. De un día al otro, el país pasó de la narrativa del paro indígena a la convocatoria a votar NO contra el gobierno de Noboa y que tenía su centro de referencia en esa forma descentralizada que asumió el paro indígena y su fuente en las organizaciones que llevaron adelante ese paro indígena-popular. La campaña por el NO al referéndum y consulta popular del régimen fue, en realidad, una continuación del paro indígena. No puede pensarse lo uno sin lo otro.

Las mismas organizaciones indígenas que se movilizaron en todo el país y que nunca tuvieron conducción política por parte de la nueva dirigencia de la CONAIE y de ninguna otra organización, decidieron asumir directamente la campaña por el NO. Cuando el gobierno quiso hacer campaña para que el electorado vote por sus propuestas y adscriba a su proyecto de una nueva Constituyente, ya no había espacio político. Ese espacio había sido copado desde el paro indígena, desde la gente, desde el pueblo.

El régimen de Noboa, en realidad, perdió las elecciones tres semanas antes de las votaciones y las perdió cuando no pudo dar salidas políticas a la movilización indígena. Las perdió cuando pensó que podía solucionar un conflicto político con violencia militar y policial. El gobierno pensó que tenía el espacio y las condiciones para repetir el mismo formato que le había sido tan útil anteriormente de apelar al clivaje correísmo-anticorreísmo, pero que esta vez ese clivaje resultaba anacrónico, fuera de lugar, incongruente.

En efecto, en esas tres semanas antes de las votaciones, cuando el país aún procesaba la violencia utilizada por el gobierno contra los comuneros indígenas durante el paro indígena y cuando la propia CONAIE no atinaba a comprender qué había pasado, se produjo una campaña totalmente descentralizada por el NO al régimen, que convocó a todos los ciudadanos a que expresen su malestar, su inconformidad, su hastío con la corrupción, las mentiras, la demagogia y la violencia del gobierno de Noboa. La consulta y referéndum, gracias al paro indígena, se había transformado en plebiscito. En ese contexto, apelar al correísmo y anticorreísmo como operador simbólico para disciplinar al electorado era absurdo, improcedente y fuera de toda racionalidad política. 

A pesar de eso, el gobierno intentó hacerlo cuando ordenó que el ex vicepresidente Jorge Glas, detenido por el proceso de lawfare contra la RC, sea trasladado hacia la nueva cárcel denominada del Encuentro, que aún estaba en proceso de construcción. Una jugada que le restó más legitimidad y que mostraba al correísmo como víctima del poder.

El gobierno pensó que el correísmo podía suscribir su tesis de convocatoria a la nueva constituyente porque supuestamente le convenía participar, pero no entendió que el momento político luego del paro indígena había evacuado de la discusión política a todos los partidos políticos. De hecho, el único partido político que entró como tal a definir la consulta y el referéndum fue aquel del régimen. Los demás partidos fueron invisibilizados por el carácter popular que asumió la campaña por el NO y por esa estructura descentralizada de manejo político que se creó durante el paro indígena.

De la misma manera que Noboa no sabía contra quién se confrontaba en Imbabura, porque pensó incluso que lo hacía contra las bases de la CONAIE, así no entendió que en la consulta y referéndum no se confrontaba contra ningún otro partido político de oposición sino en contra de la ciudadanía y que ya no se trataba de una consulta sino de un plebiscito.

La ciudadanía que actuó de forma descentralizada creando relatos y posicionándolos en redes sociales contra el régimen, no habría tenido ese espacio político sin el paro indígena. La campaña por el NO a las preguntas del régimen en la consulta y referéndum adoptó una forma descentralizada y sin mandos porque ese fue, precisamente, el formato del paro indígena. Pudo imponerse sobre cualquier campaña de cualquier partido o movimiento político, porque estos partidos y movimientos no participaron en el paro indígena, por eso no tenían la legitimidad para asumir la conducción electoral de esta campaña por el NO.

Fue el pueblo, fue la estructura comunitaria la que asumió esa conducción política tanto durante el paro indígena cuanto la campaña por el NO a las preguntas del régimen. De ahí su carácter popular, espontáneo. Fue una revolución molecular. Una de las primeras que adopta esa forma en la historia reciente del país. 

La dirigencia de la CONAIE nunca dio línea política ni conducción política al paro indígena. Por eso la CONAIE no jugó ningún rol relevante en la campaña por el NO. Tampoco las estructuras del movimiento Pachakutik a nivel nacional. Tampoco lo hizo la RC. Todos ellos se sumaron a la campaña por el NO, pero la iniciativa política le perteneció por entero al pueblo, a la ciudadanía.

En las pocas semanas que tuvo el régimen antes de la consulta y referéndum, intentó utilizar los mecanismos de siempre de manipulación mediática, generación de miedo social al retorno del correísmo, entrega masiva de bonos y recursos públicos, pero era ya demasiado tarde. El resultado estaba ya prescrito y escrito por el paro y resistencia indígena.

Y en las elecciones sucedió lo que era previsible. En todos los sitios en los que el régimen demostró su brutalidad represiva, perdió con amplio margen. En Imbabura y en el norte de Pichincha, el NO gana incluso con el 90%. En la costa del país, el NO ganó de manera amplia. En las comunidades indígenas que antes habían votado masivamente por Noboa ahora lo hicieron contra Noboa. El paro indígena “despegó”, por así decirlo, a los comuneros de toda adhesión simbólica y semiótica con respecto al régimen.

Por eso, no se puede comprender el paro indígena sin la campaña descentralizada por el NO. Forman parte de un único proceso. Y es uno de los procesos políticos más complejos de los últimos años, porque presenta características nuevas y genera escenarios que no se habían previsto.

Fue una victoria popular que no puede ser adscrita a ninguna organización ni personaje en particular. Una victoria que desestructura todo el andamiaje que el régimen había construido. Ese resultado electoral crea un vacío político sobre el régimen. Puede ser que el régimen mantenga su control sobre el sistema político y el Estado, pero esta vez tiene a la sociedad en contra y ha perdido toda garantía de gobernabilidad. Esta victoria popular pone puntos suspensivos sobre la continuidad del programa económico del régimen. Si adopta nuevamente duras medidas económicas, es probable que se reactive la movilización y, esta vez, con más contundencia e intensidad y con pronóstico reservado para la estabilidad del régimen.

Es tan fuerte esta derrota estratégica al régimen de Noboa que es difícil que pueda recomponerse a futuro. Lo más probable es que la transición política continúe y Noboa no pueda siquiera terminar su periodo. Si es así, esta revolución molecular ha creado ya la forma política por la cual se puede superar el clivaje correísmo-anticorreísmo: la organización descentralizada, molecular, de la resistencia, de la movilización, es decir, el pueblo. Esa es la respuesta a la salida de la crisis y a la recuperación de la democracia, la institucionalidad y la paz. Esa respuesta es apostar totalmente a la capacidad de imaginación, de dignidad, de solidaridad del pueblo. Confiar en el pueblo, en su sabiduría, en su lucha. Esa es la gran lección de esta revolución molecular.