Reactivación productiva, superávit fiscal y fortalecimiento de la dolarización

EL PARLAMENTO DE LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES

SOCIALES DEL ECUADOR – PROPUESTA AL PAIS

Resumen de la propuesta: 

Reactivación productiva, superávit fiscal y fortalecimiento de la dolarización

1.    La propuesta económica que la CONAIE y el Parlamento de los Pueblos y Organizaciones sociales, presentaron al país forma parte de los acuerdos a los que se llegó con el Estado ecuatoriano el día 13 de octubre de 2019, y como parte de los procesos de Diálogo por la Paz, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Esos acuerdos se plasmaron en el Decreto No. 894, en el cual se deroga el Decreto 883 y se anuncia un nuevo Decreto en el que se establecerá una política integral de subsidios dentro de un nuevo modelo económico.

2.    La propuesta económica de la CONAIE se realizó con la participación de más de 180 organizaciones sociales con representación local y nacional, en un proceso de diálogo, debate y análisis de la realidad nacional. Es una propuesta consensuada socialmente, técnicamente sustentada y políticamente respaldada por los procesos de Diálogo por la Paz mantenidos con el Estado ecuatoriano. El conjunto de estas organizaciones decidieron instituirse como Parlamento de los Pueblos y organizaciones sociales del Ecuador, como espacio alternativo para la búsqueda de consensos y acuerdos por el país.

3.    Es una propuesta que se enmarca en la Constitución del Ecuador y se fundamenta, para la definición de políticas tributarias, en los Artículos 286 que establece la relación entre ingresos permanentes y gastos permanentes (regla fiscal), y el Artículo 300 que establece que el régimen tributario debe ser progresivo, directo, y equitativo. Las medidas económicas que se plantean están, en consecuencia, en armonía con lo que establece la Constitución y se contraponen a la tutela e injerencia de Instituciones Financieras Internacionales, como es el caso de la Carta de Intención con el FMI que el gobierno suscribió el 1 de marzo de 2019.

4.    Las políticas económicas que el Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales y la CONAIE plantean al país tienen dos dimensiones básicas: (1) políticas económicas fiscales para resolver los problemas de déficit fiscal dentro del periodo fiscal 2020; y, (2) políticas sectoriales para reactivar la producción con énfasis en sectores específicos de la economía, como el sector agrario, el sector de la microempresa, entre otros.

5.    Las políticas económicas fiscales que se proponen tienen como objetivo recaudar ingresos para el gobierno central, en el marco del respeto a la Constitución y las leyes (el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el Código Orgánico Monetario y Financiero). La Constitución establece que el ingreso permanente financie el gasto permanente, en tal virtud se proponen medidas de ingresos permanentes con énfasis en los impuestos directos para respetar el espíritu del Artículo 300 de la Constitución. A fin de no alterar el ambiente de negocios para el conjunto de las empresas del país, se propone un régimen tributario al 1% de las empresas más importantes del país (5.303 empresas al año 2017), que concentran más del 90% del volumen de ventas e ingresos y que pertenecen a 971 personas naturales, estructuradas en 270 grandes grupos económicos .

6.    El régimen tributario especial es para el 1% de las empresas que concentran el mercado y se define en tres grandes ámbitos de política tributaria: (a) una mejor determinación tributaria del Servicio de Rentas Internas a estos 270 grandes grupos económicos, para incrementar su contribución del impuesto a la renta a un promedio no menor al 4% (su contribución al impuesto a la renta en promedio para el año 2017 fue de 2,26% del PIB); (b) un impuesto del 1% a los activos de estos grandes grupos económicos en consideración que utilizan para apalancar su poder de control y concentración de mercado activos públicos y sociales, y deben contribuir para ello; (c) un impuesto al 5% del patrimonio de los 270 grandes grupos económicos. Solamente para los literales b) y c) se requiere de la aprobación de estos impuestos por parte de la Asamblea Nacional.

7.    De acuerdo a los cálculos presentados por los expertos que trabajaron y apoyaron a la respectiva comisión del Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales y a la CONAIE, los ingresos adicionales que el gobierno central recaudaría por las medidas de régimen tributario especial para los grandes grupos económicos, serían las siguientes: (a) por nueva determinación tributaria en impuesto a la renta: 1.539.873.881 USD; (b) por el 1% a los activos a los grupos económicos: 1.157.250.150 USD; (c) por contribución del 5% al patrimonio: 215.494.841 USD. De adoptarse estas decisiones, los ingresos por impuestos directos planificados para el año 2020, se incrementarían en un valor que oscilaría entre 2.912.618.872USD calculados al nivel de ventas del año 2017, y 3.087.376.004USD calculados con un crecimiento ponderado de nivel de ventas e ingresos del 6% para el periodo 2018-2019.

8.    Para lograr la reactivación económica y al mismo tiempo tener una mejor recaudación tributaria en impuestos indirectos, se propone la disminución del IVA al 10%. Los cálculos realizados por los técnicos y expertos económicos con respecto a la disminución del IVA indican que esta medida produciría los siguientes efectos: (a) un abaratamiento del costo de transacción tributaria en el mercado, con el consecuente incremento de transacciones económicas; (2) crecimiento de la economía por los efectos multiplicadores del consumo; (3) crecimiento del consumo global de la economía. Los datos de la economía ecuatoriana, de su parte, indican que en el año 2015 cuando se incrementó el IVA al 14% la recaudación por IVA disminuyó y pasó de 5.978,1 millones de USD en el 2015 a 5.399,7 millones de USD en el año 2016. Cuando en el año 2017 se disminuyó el IVA al 12%, la recaudación del IVA para el año 2017 aumentó a 5.978,9 millones de USD y a 6.383,9 millones de USD para el año 2018. Por ello, los diferentes cálculos indican que la disminución del IVA al 10% podría incrementar la recaudación fiscal entre 405 millones de USD a 570 millones de USD, dependiendo del crecimiento de la economía.

9.    En lo que hace referencia a los ingresos no permanentes y en el cual se registran las transferencias que las empresas estatales hacen al gobierno central, se ha propuesto una renegociación de los contratos petroleros y una renegociación del espectro radio eléctrico para las operadoras de telefonía celular, en especial el ancho de banda para el 5G. Se calcula que estas medidas podrían dar al gobierno central al menos entre 500 y 2.000 millones de USD en el año 2020.

10. Si se suman los ingresos propuestos, y considerando los niveles mínimos, se tienen los siguientes datos: (a) 2.912 millones de USD en tributos a los 270 grupos económicos; (b) 405 millones de USD en recaudación adicional por disminución del IVA al 10%; (c) 500 millones de USD en ingresos no permanentes. El total de recursos netos a los ingresos del gobierno central serían no menores a: 3.817,6millones de USD, una cantidad mayor al déficit fiscal calculado para el año 2020 en 3.383,9millones de USD. En otras palabras, las medidas económicas propuestas por el Parlamento de los Pueblos y las Organizaciones Sociales y la CONAIE, permitirían superar el déficit fiscal y permitirían su superávit primario entre 433,7 millones de USD y 608,4 millones de USD. Lo que implicaría que no serían necesarios los ajustes, ni la tutela del FMI, ni los recortes ni despidos de personal del sector público.

11.El Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales y la CONAIE, también han propuesto políticas sectoriales al largo plazo para los siguientes sectores económicos: (a) para fortalecer la dolarización se propone mantener los requisitos de liquidez para las entidades del sistema financiero; (b) reformar la Ley de Fomento Productivo para que el Banco Central pueda realizar operaciones de financiamiento al sector público y abaratar el crédito público; (c) devolver al Banco Central el manejo del dinero electrónico para expandir la velocidad de circulación monetaria y proteger la dolarización; (d) Transformar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en un encaje bancario del 10% a todas las transferencias al exterior, que serán devueltas cuando se repatrien esas transferencias, y con esos recursos crear el Banco de Exportaciones e Importaciones del Ecuador (EXIMBANK-Ecuador). 

12.Para la reactivación productiva se propone: (a) la integración de un sistema de financiamiento a la reactivación, con la convergencia de BanEcuador, Banco del Pacífico y BIESS (respetando la autonomía constitucional del IESS), para abaratar la tasa de interés, disminuir los costos de transacción financiera, fomentar la inclusión financiera, permitir el uso del dinero electrónico, ayudar a las microempresas y a la pequeña economía campesina y comunitaria con líneas de crédito especiale y fortalecer la Economía Popular y Solidaria; (b) Cambiar los marcos legales para que los sujetos comunitarios sean también sujetos de crédito; (c) Crear los sistemas financieros para el desarrollo territorial y comunitario con la participación de los GADs.

13.Otras propuestas sectoriales como por ejemplo establecer los mecanismos necesarios para la transición energética del país, que implique el uso eficiente de nuevas fuentes energéticas como la energía solar, eólica, geotérmica y las micro centrales hidroeléctricas, de tal manera que se puedan mitigar los efectos del calentamiento global al mismo tiempo que se transite hacia una economía de la información, del conocimiento y de la redistribución del ingreso.

14.Otras medidas destinadas a sectores como el sector agrícola, el sector pesquero, el sector artesanal, además de políticas intersectoriales como políticas de educación, fortalecimiento a la educación superior e integración de la investigación universitaria con la producción y la generación de: I+D+I, también se contemplan en las propuestas del Parlamento de los Pueblos y las Organizaciones Sociales y la CONAIE.

Las razones de la rebelión de Octubre en Ecuador

Las razones de la rebelión de Octubre en Ecuador

Pablo Dávalos

En el alzamiento popular que conoció Ecuador a lo largo de la primera quincena de octubre, con la demanda de la derogación del Decreto 883 que liberó el precio de los combustibles y en rechazo al FMI, dos estrategias y comprensiones de la realidad se enfrentaron: la gubernamental, obnubilada por una supuesta conspiración internacional en contra de su estabilidad, y la social-popular encabezada por la organización indígena Conaie, que situó las coordenadas del conflicto dentro de la política, del modelo de acumulación y de los acuerdos con el FMI. La correcta lectura de la coyuntura por parte de la organización indígena explica su victoria y contextualiza la derrota del gobierno. 

Cuando en el año 2017 Lenín Moreno fue electo presidente de Ecuador, con el sello político de Alianza País y en una campaña electoral que estuvo bajo la conducción directa de Rafael Correa, nadie habría de imaginar que apenas dos años después sería el responsable de un viraje hacia posiciones de derecha radical que llevarían al país a una de las crisis económicas, políticas, institucionales y sociales más importantes de la últimas décadas. 

En ese viraje hacia la derecha, Moreno buscó la protección política de los grandes bancos, las cámaras empresariales y de los partidos políticos que le son funcionales, es decir, el movimiento Creo, del banquero Guillermo Lasso, el Partido Socialcristiano, y, además, la embajada americana. 

Para garantizar y consolidar semejante viraje político y sin que medie ninguna justificación económica que avale tal decisión, el gobierno suscribió el mes de marzo de 2019 un Acuerdo de Facilidad Ampliada con el FMI por 4.200 millones de dólares, para un programa de ajuste fiscal de tres años.  

Un Acuerdo innecesario, ya que hasta ese momento Ecuador no había sufrido un choque externo que desestabilizara su balanza de pagos, ni tampoco estaba afectada su capacidad productiva interna por ningún evento. El país tenía, de hecho, un crecimiento económico modesto y no estaba en una situación crítica que hiciera pensar en un default de sus créditos externos. Por ello, el acercamiento con el FMI debe leerse más como parte de la estrategia política del gobierno de Lenín Moreno y sus aliados para consolidar el viraje a la derecha, que como una necesidad nacida desde la economía.

Crisis inducida

Dentro de tal estrategia, la presencia del FMI posiciona en el debate el déficit fiscal y la necesidad absoluta de la austeridad para resolverlo. No obstante y para tener un mejor contexto, debe tenerse en cuenta que en el mes de agosto del año 2018 el gobierno de Moreno envío a la Asamblea Nacional una ley que permitía la condonación de intereses, multas y recargos de impuestos directos no pagados por las grandes empresas y bancos. Esta remisión tributaria, por más de cuatro mil millones de dólares, generó de forma inmediata un agujero fiscal en la economía que se expresó, efectivamente, en un importante déficit fiscal.  

Esta ley, denominada de Fomento Productivo, alteró la estructura tributaria del país y debilitó la capacidad del gobierno para recaudar impuestos directos a los grandes grupos empresariales. En otros términos, fue el propio gobierno quien creó todas las condiciones y las circunstancias para la existencia del déficit fiscal. 

No contento con ello, el Gobierno desprecia el impulso que le llega traído por la geopolítica global y que se expresa en el incremento del precio del petróleo. En efecto, al preparar la proforma fiscal para el año 2019, el gobierno calculó ingresos petroleros a un precio de 50,05 USD por barril de petróleo exportado y, sobre ese cálculo, definió un déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB para el año en curso. Un porcentaje relativamente modesto, de fácil maniobra para la política económica y sin mayores consecuencias para el conjunto de la economía. Para la segunda mitad del 2019, el petróleo había rebasado el baremo calculado y había generado un excedente adicional de recursos para el gobierno ecuatoriano. Mas, esos recursos no podían ser utilizados para el nuevo cálculo del déficit fiscal, porque formaban parte de un Fondo de ahorro fiscal que, en virtud de la Ley de Fomento Productivo, no se contabiliza en el presupuesto. Asimismo, y a pesar de tener los recursos necesarios, el gobierno de Moreno en apenas un año realizó un intenso proceso de desinversión pública que se tradujo en el menor porcentaje de inversión pública sobre el PIB desde la crisis del año 2000. 

En este juego de intereses, puede advertirse que fue el propio gobierno quien creó las condiciones para generar, mantener y expandir el déficit fiscal y esgrimirlo como argumento legitimante de su acercamiento con el FMI, al mismo tiempo que lo utilizó como discurso sobre el cual imponer las políticas de austeridad y avalar su viraje político hacia la derecha y culpar al anterior gobierno de sus propias decisiones.

Al mismo tiempo que hacía esto, el régimen empezó un intenso proceso de despidos en el sector público. Al suprimir la inversión pública y contraer la demanda agregada interna por la vía de recortes drásticos de personal, el régimen creó todas las condiciones económicas para la recesión y la crisis. En apenas dos años, el pleno empleo, es decir el porcentaje de la población económicamente activa con un contrato laboral estable y con seguridad social, descendió al 37 por ciento, un nivel jamás visto en la economía ecuatoriana, incluso en sus momentos de mayor crisis como fue el año 2000. 

En esta misma senda, para asegurar la no utilización de los excedentes petroleros para la inversión pública, el gobierno decidió cambiar el sentido de la planificación pública y redujo la Secretaría Nacional de Planificación a una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, de tal forma que el Plan Anual de Inversiones pueda ser desconectado de la política fiscal, lo que explica el hecho de que los importantes excedentes petroleros generados en este periodo nunca fueran destinados a la inversión pública, y que los recursos del sobreendeudamiento (más de 12 mil millones de USD en apenas dos años), jamás se tradujeran en inversión. 

Al final y como resultado lógico, la sumatoria de estos procesos condujo a la exacerbación de la crisis, el desempleo y la recesión. Es por todo ello que el concepto que mejor define la estrategia del Gobierno y de sus aliados sea aquel de Crisis inducida. En efecto, el régimen necesitaba de la crisis para crear el espacio social y político sobre el cual situar la flexibilización laboral, la eliminación de subsidios, la privatización de la infraestructura pública, la reducción de la inversión pública, la condonación de impuestos a los grandes conglomerados empresariales y, al mismo tiempo, cumplir los acuerdos con el FMI. 

Por otra parte, el gobierno también necesitaba crear un espacio político sobre el cual puedan posicionarse de mejor manera sus aliados políticos para las elecciones generales del año 2021, en la ocurrencia los partidos políticos Creo y socialcristiano. El razonamiento de estos partidos políticos aliados al régimen, es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio y que el sujeto más indicado para hacerlo es, precisamente Lenin Moreno, habida cuenta que no tiene ninguna ambición política a futuro y que su gobierno es de transición, de ahí su apoyo irrestricto al programa económico del gobierno. 

Para consolidar más aún esta estrategia, Moreno se acerca y converge de forma total a la agenda norteamericana diseñada para la región y, al mismo tiempo, goza del apoyo de los grandes medios de comunicación que magnifican la crisis y la necesidad absoluta de la austeridad, y protegen al gobierno de toda crítica. 

La agenda fondomonetarista

Los acuerdos con el FMI se escalan en el tiempo y comprenden una serie de medidas que, en lo fundamental imponen: (i) una reforma fiscal que vaya de los impuestos directos hacia los impuestos indirectos y que le permita incrementar la recaudación en al menos 1.500 millones de dólares por la vía del incremento impositivo a los consumos especiales y al valor agregado; (ii) eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas (ISD); (iii) disminución de la nómina pública en volumen y en monto salarial; (iv) eliminación de subsidios a los combustibles; (v) independencia del Banco Central; (vi) reducción del gasto en inversión pública; (vii) liberación del sistema financiero y flotación de tasas de interés; (viii) flexibilización laboral; (ix) un agresivo programa de privatizaciones; entre otras condicionalidades.

Ahora bien, cuando el gobierno de Moreno pretende enviar las reformas legales a la Asamblea Nacional para incrementar el IVA, se encuentra con un ambiente complejo y contradictorio porque sus aliados políticos, habida cuenta del próximo escenario electoral, no quieren asumir el costo social y político de las reformas económicas y, en consecuencia, no piensan aprobarlas. 

Es en esa coyuntura cuando el régimen opta por la solución, aparentemente más fácil y decide, vía decreto ejecutivo, liberar los precios de la gasolina extra y del diésel, con lo cual podía obtener alrededor de 1.000 millones de USD, y cumplir con una de las metas previstas en los acuerdos suscritos con el FMI. Lo que el gobierno nunca previó es que esa salida fácil se iba a convertir en un acontecimiento político que cambiaría de manera radical toda la construcción política e institucional construida hasta ese momento desde el poder. 

La lectura del gobierno era que el movimiento social estaba fracturado desde hace varios años y que los golpes recibidos, sobre todo por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, prácticamente lo habían aniquilado. Si bien el régimen esperaba algún tipo de reclamo, sobre todo de sectores corporativos, como los transportistas, y afectados directamente por la medida, el régimen sabía que con negociación y con presión sobre los dirigentes podría controlar cualquier tipo de protesta social. 

Un cálculo errado ya que el régimen nunca consideró que el reclamo social rebasara los límites que ellos mismos habían previsto, hasta convertirse en una marea popular que, finalmente, habría de ponerlo de rodillas. El régimen subestimó la capacidad de resiliencia del movimiento indígena. Consideró que el proceso de diálogo abierto con el movimiento indígena desde el inicio de su gestión le había permitido comprender a la nueva dirigencia y a las nuevas estructuras organizativas, considerándolo por ello como un actor social controlable, habida cuenta, más aún, de su desgaste en su resistencia al gobierno de Rafael Correa.

El levantamiento social

Empero, la nueva dirigencia del movimiento indígena comprendió rápidamente la coyuntura y la situó en sus coordenadas precisas: aquello que estaba en juego no era solamente un subsidio a los combustibles, sino la implantación del modelo neoliberal cuyas consecuencias serían nefastas no solo para ellos sino para toda la sociedad. 

Es esa lectura y esa capacidad de comprensión del tiempo histórico la que proyecta al movimiento indígena al liderazgo de las jornadas de movilización y resistencia. Gracias a esa correcta interpretación, pudo convocar al conjunto de la población al tiempo que explicar a la sociedad que lo que está en juego va más allá de estas medidas económicas. 

En efecto, a las 24 horas de anunciada la medida de eliminación de subsidios a los combustibles, el paro era nacional y las organizaciones indígenas de base procedieron a levantarse contra el gobierno y a marchar sobre la ciudad de Quito. A las 48 horas de adoptada la medida por parte del Gobierno, los primeros comuneros ya estaban en la capital del país y empezaron el cerco al Palacio de Gobierno, conjuntamente con el apoyo de la ciudadanía quiteña. A los tres días de la medida, se habían ya sumado organizaciones sociales de todo tipo y el cerco popular al gobierno era literal. La demanda de todos los sectores sociales convergía en la exigencia de la derogatoria del Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles y las pancartas y consignas de las organizaciones sociales denunciaban al FMI y al neoliberalismo. 

Ante tal explosión de rebeldía popular el Gobierno optó por declarar el Estado de Excepción, dejar la gestión de la crisis en manos del Ministro de Defensa, un tenebroso personaje vinculado a los servicios de inteligencia americanos, y trasladar la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, y guarescerse bajo el amparo de sus aliados del partido socialcristiano y de Creo. Los comuneros, ante esa decisión, decidieron también bajar a la ciudad de Guayaquil en busca del presidente Lenin Moreno y exigirle la derogatoria del Decreto 883. 

El solo anuncio de esta decisión de los comuneros indígenas creó pánico en las filas del partido socialcristiano que decidió armar a toda prisa una contramarcha en la ciudad de Guayaquil en contra de la Conaie, y de todas las organizaciones sociales. Para hacerlo, acudió al discurso del racismo: “Que se queden en el páramo”, fue la expresión que utilizó en esa coyuntura Jaime Nebot, líder socialcristiano y su candidato a la presidencia en las elecciones del 2021. En este momento pudo comprenderse que la derecha política no tenía ningún discurso de país y que no había entendido nunca la complejidad de la sociedad ecuatoriana atravesada por diversidades de todo tipo. Quizá sin proponérselo y por falta absoluta para comprender la coyuntura, el partido socialcristiano fue a contracorriente y se desgastó de una forma tan profunda que comprometió radicalmente toda posibilidad electoral futura. 

En estas condiciones, y a medida que pasaban los días, con un gobierno sin atinar con un libreto para asumir la rebelión popular, la gestión de la crisis queda por entero a cargo  del Ministerio de Defensa que, acorde con un accionar digno de la Doctrina de la Seguridad Nacional articuló una estrategia bélica con una violencia inusitada que trasgredió las líneas rojas de los derechos humanos básicos. En menos de una semana el panorama se había complicado de tal manera que el Gobierno no atinó a desplegar ninguna estrategia política que no fuera aquella de la violencia y el terrorismo de Estado, acercándose de forma peligrosa a crear un vacío político en el sistema de representación política. 

Ver enemigos donde no los hay. Lo que entrampó al régimen en sus propios errores y que extendió de forma innecesaria el conflicto por tantos días fue la creencia en la teoría de la conspiración como fuente y alimento de la rebelión popular. En efecto, el Gobierno asumió e inscribió a la resistencia social dentro de las coordenadas de la teoría de la conspiración. Se inventó el expediente que todo estaba armado desde los oscuros designios de sus acérrimos enemigos y que era víctima de un complot internacional; un discurso que políticamente  le restó toda posibilidad de maniobra y le cerró todo espacio de negociación posible. 

Por su parte la sociedad toda, aunque con protagonismo muy especial de los indígenas, levantaban banderas de dignidad y paz. Ya eran más de diez días de movilización social donde mujeres y hombres de todas las edades, profesiones y oficios ocupaban las calles de sus ciudades. Cuando el levantamiento social entraba en su duodécimo día, y el movimiento popular estaba cada vez más fuerte y más decidido a ir hasta las últimas consecuencias, y los minutos de la permanencia del presidente Lenin Moreno en el poder prácticamente estaban contados, este tuvo que ceder y, finalmente, derogar el Decreto 883. Al hacerlo, asumía que ninguno de sus discursos le sirvió para frenar la rebelión popular y, de esta forma, pudo salvar in extremissu permanencia en el gobierno. 

Gobierno indigno

Fue una derrota sin concesiones, transmitida a nivel nacional y mundial, y que presentó al movimiento indígena como el referente más importante en la resistencia en contra del neoliberalismo. Pero fue una derrota sin capacidad de heurística para el Gobierno, que considera que el cumplimiento con el FMI es más importante que sus propias condiciones de gobernabilidad. En efecto, a pocos días de su derrota y ante el acontecimiento más importante generado por la sociedad ecuatoriana en sus últimas décadas, el Gobierno cumple de forma puntillosa con el FMI y envía varias reformas a la Asamblea Nacional que implican el estrangulamiento del presupuesto público para los sectores de salud, educación y bienestar social, a la vez que obedecen la condicionalidad del FMI de la independencia del Banco Central e incrementa e impone nuevos impuestos a la sociedad. No solo ello, sino que también reitera su voluntad de volver a emitir un nuevo Decreto muy parecido al 883 pero esta vez con estrategias de compensación para los más pobres. 

A estas decisiones se suma una cacería de brujas en contra de todas las organizaciones sociales que acompañaron al movimiento indígena, en una represión sin antecedentes en la historia reciente del país, represión complementada con una intensa campaña de desprestigio de los líderes de la rebelión de octubre, orquestada por los grandes medios de comunicación y por los think tanksneoliberales.

Con persistencia en su diseño original, el régimen pretende recuperar la hegemonía perdida por la vía de la violencia, la criminalización, la impunidad, la instauración de un régimen en el cual cualquier opinión ciudadana puede ser fácilmente judicializada, y el acoso mediático de los grandes medios de comunicación sobre los líderes sociales.

Parlamento de los Pueblos

Es en este contexto que el movimiento indígena ha convocado a la conformación del Parlamento de los Pueblos, como una expresión que nace y que, al mismo tiempo, da continuidad política a la rebelión de octubre, para diseñar un nuevo modelo económico y social, cuyas coordenadas sean la democracia, la paz social, la estabilidad, la justicia, la equidad, y una forma de vida armónica con la naturaleza y con la sociedad, la misma que los indígenas denominan Sumak Kawsay, la vida en plenitud. De esta forma, se convierten en el polo contrahegemónico más importante del país, y están absolutamente convencidos que, a pesar de la difícil coyuntura, el futuro les pertenece por entero. 

Manifiesto al país Sobre el Proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal

Manifiesto al país

Sobre el Proyecto de Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas

Nosotras y nosotros que, en diferentes momentos  de la historia, hemos asumido responsabilidades en la conducción de la economía y la planificación pública,  y que hemos estado vinculados permanentemente a la academia, la investigación científica y la acción política comprometida con la búsqueda de un mejor Ecuador, y ante el proyecto de ley antes mencionado y enviado con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional el 18 de octubre de 2019, expresamos:

·      Nuestra profunda preocupación por las reformas contenidas en este proyecto de ley que responden de manera rígida a las condicionalidades establecidas por el FMI en la Carta de Intención suscrita con el Ecuador en marzo de 2019. Estas son reformas que no nacen de las necesidades estructurales de la economía ecuatoriana sino de la imposición de un acuerdo cuya transparencia y pertinencia constitucional ha sido cuestionada.

·      Las reformas fiscales contenidas en el proyecto de ley no son transparentes, no cuentan con el debido análisis de impacto fiscal, y no responden a un programa económico integral con metas claramente definidas. Además, desarticulan el andamiaje institucional diseñado para la política fiscal en contexto de dolarización, y añaden un conjunto de reformas denominadas “Reglas Fiscales” que debilitan el financiamiento para la garantía de derechos a la salud, educación, inclusión social y seguridad interna y externa. Vemos con asombro la forma a través de la cual esta propuesta de Ley pretende criminalizar y judicializar el incumplimiento de estas reglas fiscales hechas para mantener la austeridad fiscal. También vemos con sorpresa el chantaje previsto en la Ley contra todas las instituciones del sector público que no acaten estas reglas fiscales.

·      Esta propuesta de Ley irrespeta el estatuto de autonomía que tiene el sistema de seguridad social, los gobiernos autónomos descentralizados y el sistema de empresas y banca pública. Asimismo, contra todo principio de transparencia, se pretende declarar reservada la información tributaria, lo que representa un retroceso enorme respecto a la situación actual, con lo cual este proyecto de Ley busca ocultar los datos sobre grupos económicos y obligaciones, sobre todo, de los grandes contribuyentes. Además, se incrementan los beneficios tributarios y se promueve el blanqueo de capitales no declarados.

·      Además de estos severos e inconvenientes cambios propuestos para el área fiscal, plantea modificaciones extremadamente preocupantes del Código Orgánico Monetario y Financiero. Estas pretenden otorgar autonomía “institucional” al Banco Central del Ecuador en una clara contradicción con el Art. 303 de la Constitución. Crea un Directorio del Banco Central, cuyos miembros son nombrados por el Presidente de la República para un periodo que trasciende el del propio mandatario, y abre la posibilidad de que esté compuesto por personajes que provengan del sector bancario y financiero privado y elimina la necesaria rendición de cuentas ante el espacio democrático como es la Asamblea Nacional. Pero, además, propone la modificación del Art. 118 que obliga a los bancos privados a constituir una Reserva Mínima de Liquidez y deroga el Art. 120 que obliga a que un porcentaje importante de esta reserva esté en el país, ambos requisitos actualmente obligatorios que contribuyen a sostener el sistema de dolarización. Cambia, además, la conformación de la Junta de Regulación y la abren a la participación de intereses corporativos para el manejo de la liquidez monetaria, la desaparición del directorio del COSEDE, la eliminación de los artículos 124 y 125 que permiten la inversión de los excedentes de liquidez en áreas como la promoción de exportaciones e innovación, debilita a la banca pública y establece un uso limitado del instrumento de las tasas de interés.

·      En un hecho inédito en la legislación del país, este proyecto de Ley, incorpora un articulado que hace explícita referencia a una “crisis sistémica”, que puede crear un escenario de riesgo moral para el comportamiento de los bancos privados. La teoría económica y la experiencia histórica indican que una crisis sistémica no está relacionada con choques externos ni con problemas coyunturales internos de la economía, sino con fenómenos que nacen desde el sector financiero, contagian al sector monetario y, finalmente, impactan a toda la estructura productiva. La crisis de los años 1999-2000 fue una “crisis sistémica”. En otros términos, tenemos la preocupación que las reformas propuestas por el gobierno y que serán tratadas y, probablemente aprobadas por la Asamblea Nacional, puedan generar un escenario de “crisis sistémica”, que en el caso de nuestro país impactaría en la viabilidad del sistema de dolarización y, por tanto, en toda nuestra economía.

Ante el pedido mayoritario de sectores sociales que demandan por la paz y la estabilidad y el deber que tienen todas las funciones del Estado de garantizar la transparencia en todos sus actos, creemos que la Asamblea Nacional en un acto de responsabilidad con la sociedad, debe abstenerse de discutir estas reformas, y debe devolverlas al Ejecutivo. 

Exhortamos a un diálogo amplio y real, con todos los sectores sociales, que incluya a la academia, a la iglesia, entre otros, con el fin de acordar un Proyecto de ley que responda a las necesidades del país, especialmente las relacionadas con la creación de empleo, la erradicación de la pobreza y la justa distribución del ingreso. 

Confiamos en que los legisladores de todas las bancadas, reflexionen profundamente y actúen con la sensatez, el patriotismo y la responsabilidad que el momento histórico requiere.

Quito, 7 de noviembre de 2019 

Dr. Pablo Dávalos                  

Econ. Carlos De la Torre       

Econ. Diego Borja

Dr. Pedro Páez                       

Econ. Katiuska King              

Dr. Andrés Mideros

Las rebeliones populares y la construcción del futuro

Las rebeliones populares y la construcción del futuro

Pablo Dávalos

Es necesario articular una mirada crítica y una comprensión global de los efectos de la rebelión de octubre de Ecuador y situarla en el contexto histórico de las transformaciones del capitalismo a nivel global. La rebelión ecuatoriana del mes de octubre, y las movilizaciones de Chile, Haití y otros países, también en ese mismo mes, dan cuenta que la forma por la cual se articula la hegemonía en el capitalismo tardío tiene fallas estructurales. 

El ejemplo de Chile es paradigmático, porque sobre esa sociedad se había descargado la responsabilidad de asumir, legitimar y respaldar el modelo neoliberal. Chile se había convertido en la vitrina ideológica de todas las posibilidades del neoliberalismo. La privatización no solo de la infraestructura sino también de las políticas públicas, los sistemas de exclusión a través de mecanismos de precios (en salud, educación, en el trabajo, entre otros), entre otros, contaban con un discurso basado en cifras y en la aceptación silente de una sociedad que, aparentemente, convergía de manera unánime hacia ese discurso y esas prácticas.

Chile representaba la opción a ser presentada cuando se proponía la privatización de los sistemas de seguridad social, la flexibilización laboral, la privatización de los servicios básicos, la estructura de todo el sistema de tarifas para servicios públicos (que, de otra parte, son de los más caros del mundo), pero nunca se decía que ese sistema económico se sostenía sobre un sistema político que había sido diseñado por la dictadura de Pinochet y que no había sufrido transformaciones importantes en estas últimas décadas. Chile exhibía los indicadores más bajos de pobreza en el continente, y las cifras de crecimiento económico más altas y más sostenidas de la región. ¿Qué más se podía pedir? Chile representaba el fulcrum ideológico del modelo: crecimiento económico sostenido y reducción de la pobreza. Empero, todo eso se quebró y, coincidentemente, justo luego de la rebelión de octubre en Ecuador, cuando, de forma espontánea e impredecible, la sociedad chilena se volcó a las calles a reclamar por algo que es un clamor no solo en Chile sino en todo el capitalismo global: la equidad. 

Las marchas de Chile, así como las elecciones que se dieron a fines de octubre en Argentina, y la rebelión de Ecuador, y de Haití, entre otras, están atravesadas, en efecto, por el discurso de la equidad como fundamento que les otorga legitimidad, coherencia y proyección global. 

Aquello que se reclama es una justa y equitativa distribución del ingreso. Un debate, además, que también se dio en EEUU a propósito del movimiento 99/1, en donde el 1% de la población mundial acapara la riqueza del 99% restante, y que tiene que ver, en ese país, con la gestión de la crisis de las hipotecas subprime y la forma por la cual la reserva federal americana utilizó la política monetaria para salvar a los grandes bancos y perjudicar a los contribuyentes. 

Si se hace un recorrido por los premios en economía que otorga el Banco de Suecia y que son mal llamados Premios Nobel de Economía, puede verse que los últimos de ellos hacen referencia a reflexiones y teorizaciones sobre la pobreza, la desigualdad y la distribución del ingreso. El libro de Thomas Piketty: El Capital en el siglo XXI,se convirtió en best seller porque da un tratamiento teórico apoyado en datos y matemáticas, justamente al problema de la desigualdad. Se trata, por tanto, de un debate que está ahí, que no puede ser eludido, ni escamoteado ni soslayado.  

Es interesante constatar que la quiebra del discurso hegemónico neoliberal, se produce en América Latina cuando la oleada de gobiernos progresistas remite y da paso a la conformación de gobiernos de derecha y alineados con la agenda norteamericana y con el FMI. Se había pensado que el retorno de los gobiernos de derecha implicaba el regreso y consolidación del discurso neoliberal. Por lo visto, se trató de un espejismo. Los gobiernos de derecha tuvieron oportunidades históricas por los errores de los gobiernos progresistas, no por los méritos del discurso neoliberal.

En ese sentido, el caso de Argentina es otro ejemplo paradigmático. Macri se convierte en el primer presidente de Argentina que no logra la reelección. Su apego al FMI y su negociación por más de 50 mil millones de USD con esta institución, implicó un duro programa de ajuste en circunstancias en las que la macroeconomía de ese país no estaba apta para soportarlo. El tipo de cambio se incrementó de 9 pesos por dólar a más de 60 pesos por dólar en apenas tres años. La pobreza se duplicó y la sociedad se fracturó. Por ello, la forma por la cual la sociedad argentina rechazó el ajuste fue a través del sistema político y posibilitó el retorno del peronismo, cuyo sustento de campaña fue, precisamente, el discurso de la equidad. 

Sin embargo, puede notarse que la derecha aún no tiene una línea discursiva que al menos le permita comprender la historia que sucede en su alrededor. De una manera u otra, ha recurrido al expediente de la teoría de la conspiración para explicar fenómenos históricos y sociales que tienen sus propias explicaciones y referencias en la estructura económica y social. La derecha, es indudable, ha sido rebasada por el momento histórico. Su incapacidad de lectura de su propia realidad da cuenta que, por ahora, es el obstáculo más serio para los cambios que las sociedades necesitan. 

Se puede afirmar, habida cuenta que se trata de un fenómeno global en el cual también hay que inscribir a los gilet jaunes de Francia, y a otros movimientos sociales del mundo, que la resistencia que este momento expresan las sociedades a la forma por la cual se consolida una injusta distribución del ingreso en circunstancias en las que las sociedades y el propio capitalismo están transitando de la escasez hacia la abundancia, y cuya principal característica está en la preeminencia de la economía de la sociedad de la información como sustento de esta transformación, es global y es histórica, y que anuncia cambios profundos en la estructura misma del capitalismo. 

Es decir, las elites del capitalismo global, recurren a un discurso del siglo XX, en la ocurrencia el neoliberalismo, para consolidar la hegemonía sobre las sociedades del siglo XXI. Por ello utilizan todos los mecanismos que le permitieron esa hegemonía en el siglo XX, como el control a los grandes medios de comunicación, lo que les daba la posibilidad y la capacidad de manejar los discursos desde los cuales se genera la comprensión y la interpretación de la realidad, así como el financiamiento a los think tank que elaboraban, de su parte, las ideas, las propuestas, las cifras, los discursos y los marcos epistemológicos desde los cuales operan esos discursos. Pero es muy difícil controlar el futuro con las herramientas del pasado. 

Al parecer, esa forma de construcción de la hegemonía está llegando a su fin. Las sociedades del siglo XXI tienen a su disposición mecanismos de información, y de comunicación generados precisamente por la economía de la sociedad de la información, como las plataformas de redes sociales, que les permiten ser actores y testigos de lo que sucede en su propia realidad y en la del mundo, sin pasar por las aduanas de los grandes medios de comunicación. Son sociedades en las que los ciudadanos se reconocen también como ciudadanos globales. 

Hay que recordar que hace algún tiempo, cuando emergía la sociedad de la información, los dispositivos de comunicación permitieron la primavera árabe que acabó con varios gobiernos despóticos.

Lo que la rebelión de octubre de Ecuador, la movilización social de Chile, las elecciones de Argentina, la insurrección social en Haití, entre otros procesos sociales, demuestran es que los discursos que aseguraban y sostenían la hegemonía del capitalismo están, epistemológica, teórica, e ideológicamente, agotados. No se puede sostener la hegemonía del sistema con el discurso del crecimiento económico cuando hay que abordar y resolver los problemas del calentamiento global y las desigualdades estructurales. Tampoco se le puede exigir a las sociedades que sean más competitivas, cuando se la empobrece de forma concomitante a la cual se multiplica la riqueza. Tampoco se les puede decir que acepten toda imposición, incluso si va contra sus derechos fundamentales, para complacer a la inversión extranjera directa cuando sus condiciones de vida se deterioran. 

Es también por ello que la institución que codifica ese discurso se demuestra caduca y decadente con respecto a su momento histórico: se trata  del FMI. En todas partes del mundo, el FMI es el centro de la inquina social. Las recomendaciones del FMI no son bien vistas en ninguna parte. Desde la crítica que hizo Joseph Stiglitz a inicios del siglo XXI, el FMI no ha cambiado un milímetro y se ha aferrado a sus propios marcos interpretativos con la pasión de los fundamentalistas. La legitimidad social de esta institución se reduce a una velocidad creciente. Es muy probable que desaparezca en los próximos años. Tal como está diseñada, es un obstáculo este momento para las propias necesidades del capitalismo de sostener su capacidad hegemónica. Pero no solo eso, es también el discurso que secreta el que tiene los días contados: el discurso del neoliberalismo. 

Las transformaciones del capitalismo en el siglo XXI son cualitativas. La economía de la sociedad de la información multiplica de forma exponencial la capacidad de crear nueva riqueza y permite superar las condiciones de escasez para transitar a sociedades de la abundancia. Pero el discurso del neoliberalismo es un discurso de la escasez. Sus marcos epistémicos no pueden siquiera encuadrar y entender lo que significa la abundancia. Se aferra al discurso de la austeridad como una forma desesperada de luchar contra el futuro y restaurar el pasado.

De hecho, toda la estructura simbólica e ideológica de la hegemonía del capitalismo del siglo XX se sustenta sobre la escasez. Pero ya no se puede hablar de escasez en un contexto de economía de la sociedad de la información, porque el recurso que sostiene los nuevos procesos de acumulación ya no es escaso, como fue el caso del capital y el trabajo, sino un recurso infinito: la información, y cuya referencia más importante es aquella de la inteligencia artificial. 

Si la economía de la sociedad de la información converge hacia la inteligencia artificial, y todo parece apuntar en ese sentido, las condiciones históricas que definían el valor del universo de bienes y servicios que se crean y producen en el capitalismo, cambian de coordenadas históricas y epistemológicas. El valor ya no puede referirse a la producción, porque su importancia, en la economía de la sociedad de la información, es marginal. Es por ello que emergen nuevos discursos y nuevas prácticas: la renta básica universal, las monedas digitales y las monedas locales, la reducción de la jornada laboral, la seguridad social universal, la transformación de la matriz energética de la producción y la circulación, hacia energías limpias, la economía de las redes sociales, etc.

Y las sociedades, de una u otra manera, comprenden y sienten esas transformaciones, porque es ahí en donde se gestan. Por ello, las movilizaciones sociales en todas partes del mundo, son la constatación que el capitalismo del siglo XX está llegando a su fin y que otra sociedad, otros referentes, otros discursos están emergiendo en esta coyuntura. Esas movilizaciones sociales están construyendo otro mundo posible. Le están poniendo fin al capitalismo del siglo XX y construyendo las sociedades del siglo XXI, y ninguna violencia que se ejerza contra ellas puede evitarlas. 

La cuestión que será fundamental a futuro, es saber si el capitalismo sea el modelo histórico que permita sostener a la economía de la sociedad de la información y de los ciudadanos globales. Si el capitalismo se revela como una camisa de fuerza para la economía de la sociedad de la información y la ciudadanía global, quizá estemos presenciando el acontecimiento histórico más importante desde el siglo XVIII: el primer cambio civilizatorio que implica la transformación de un sistema que se quería inmutable y perenne, el sistema capitalista, hacia una nueva sociedad de la cual intuimos sus contornos pero a la que aún no hemos dado nombre todavía.