La elección de Leonidas Iza y el laberinto político de Guillermo Lasso

 Análisis de coyuntura: 

La elección de Leonidas Iza y el laberinto político de Guillermo Lasso

Pablo Dávalos

A mediados del año 2020 el gobierno del entonces Presidente ecuatoriano Lenin Moreno llevó adelante un proceso de renegociación y reestructuración de la deuda externa emitida en bonos soberanos y que, a la sazón, representaban cerca del 17% del PIB del Ecuador. Para garantizar y asegurar a los tenedores de bonos soberanos que el país iba a cumplir con ellos y que iba a crear excedentes monetarios para garantizar el pago de la deuda externa, el gobierno suscribió un acuerdo con FMI en septiembre del año 2020 por 6.500 millones de dólares, para dar continuidad al programa económico de ajuste o también denominado de consolidación fiscal que se había suspendido por las movilizaciones sociales de octubre de 2019.

Puede establecerse, por tanto, una relación directa entre tenedores de bonos soberanos, sistema financiero nacional e internacional y el programa de consolidación fiscal establecido por el FMI. Si este programa económico no se cumple, entonces los tenedores de bonos soberanos pueden castigar el precio de los bonos soberanos y puede subir el riesgo país y generarse un escenario de incertidumbre económica. 

Para cerrar el círculo, el FMI condicionó a que la Asamblea Nacional del Ecuador pueda aprobar a inicios del año 2021 una serie de reformas monetarias que le impedían al país utilizar su propio ahorro interno para financiar sus necesidades de liquidez, al tiempo que estableció que el ahorro interno del sector público pueda estar a libre disposición de los bancos privados, a través de la denominada regla de respaldo que fortalece las reservas internacionales y las pone a disposición  directa de los bancos privados, de tal manera que puedan utilizar estas reservas internaciones, que son públicas, para sus transferencias al exterior, sin tocar ni comprometer los activos internacionales netos del sistema bancario privado.

La elección del banquero Guillermo Lasso, en consecuencia, fue una buena señal para los tenedores de bonos soberanos que rebajaron el riesgo país y que premiaron los bonos soberanos del país en los mercados secundarios. 

Sin embargo, un análisis más detallado de la coyuntura política del Ecuador da cuenta que el entusiasmo de los mercados financieros privados por la elección del nuevo presidente del Ecuador se debía más al calor del momento que a las circunstancias que realmente lo definen. 

Tal como están las cosas en el Ecuador, la hipótesis que el programa de consolidación fiscal establecido con el FMI en septiembre del año 2020, y que define la hoja de ruta del presidente Guillermo Lasso, tiene pocas posibilidades de cumplirse debido a razones básicamente políticas es cada vez más plausible: el gobierno, en efecto, no tendría la capacidad de aprobar las reformas legales a nivel tributario que son indispensables para este programa, amén de otras reformas, porque los principales partidos políticos que constituyen la mayoría en la Asamblea Nacional, el movimiento indígena Pachakutik (PK) y el movimiento Unión por la Esperanza (UNES) que agrupa a los seguidores del ex Presidente Rafael Correa, no lo aprobarían. 

No solo eso, sino que estos dos movimientos que se autodefinen de izquierda, ni siquiera ratificarían el presupuesto fiscal del Estado, el plan nacional de desarrollo y el plan plurianual de inversiones, habida cuenta del sesgo neoliberal del gobierno de Lasso. Sin embargo, aún hay más: en las recientes reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, al tenor de las condiciones establecidas por el FMI, se crean dos directorios independientes y conformados de manera directa por personajes que deben provenir de la banca privada (aunque parezca inverosímil pero eso dice textualmente la reforma legal aprobada). El uno es el directorio financiero encargado de la regulación a los bancos y al sistema financiero nacional, y el otro es el directorio monetario encargado de la liquidez, el manejo de la dolarización y el control del Banco Central. El problema está en que sería muy difícil que los partidos de izquierda PK y UNES, y, como ya se indicó, son mayoritarios en la Asamblea, voten a favor de la conformación de estos directorios, porque el costo político de hacerlo sería demasiado alto para ellos y, sin sus votos, la conformación de estos directorios puede convertirse en una tarea difícil para el gobierno. Como se puede apreciar, el gobierno de Guillermo Lasso quizá tenga por lo pronto un buen nivel de aceptación ciudadana pero ningún margen de maniobra en el sistema político.

Para comprenderlo mejor habría que hacer una explicación previa, y tiene que ver con la forma por la cual el gobierno leyó sus propias condiciones políticas cuando armó una primera alianza parlamentaria para nombrar las autoridades de la Asamblea Nacional. En este primera lectura, el gobierno consideró que al entregar la Presidencia de la Asamblea Nacional al movimiento indígena Pachakutik (PK), de hecho la segunda minoría parlamentaria, podía tejer una coalición para obtener gobernabilidad por fuera de las imposiciones del partido de derecha social cristiano (PSC), y del ex Presidente Rafael Correa y su partido político UNES, como se había previsto al inicio. 

En el cálculo político del gobierno, había la certeza que el PSC iba a utilizar al Presidente Guillermo Lasso como baza política para recuperar sus propias posiciones perdidas dentro del sistema político, es decir, lo iba a utilizar como trampolín para la transición política; y, de otra parte, el ex presidente Rafael Correa iba a utilizar al bloque parlamentario de CREO, el partido de gobierno, para crear las condiciones para su eventual retorno a la política, lo cual dejaba sin margen de maniobra al gobierno de Guillermo Lasso. Esa alianza lo convertía en rehén tanto del líder de los socialcristianos Jaime Nebot, cuanto del ex Presidente Rafael Correa. 

A todas luces era una factura política demasiado alta para asumirla y, con una representación parlamentaria tan exigua, el gobierno de Guillermo Lasso optó por una asociación políticamente más neutra con el movimiento indígena PK y con la Izquierda Democrática (ID), y cedió el control de la Asamblea Nacional a estos movimientos. Casi todos leyeron esa jugada como una alianza, al menos de mediano plazo, que de alguna manera le daría un mínimo margen de gobernabilidad al gobierno en sus primeros años. Pero se trataba más de un deseo que de una realidad, porque esta apresurada lectura daba cuenta que se entendía muy poco al movimiento indígena PK y su rol en el sistema político. 

Hay, en efecto, un hecho que el gobierno no acertó a leer o a comprender en su cabal dimensión y es la elección de Leonidas Iza a la cabeza de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

La elección de Leonidas Iza, al frente de la CONAIE lo cambió todo. En Ecuador, la CONAIE es el movimiento social más potente y con mayor legitimidad social y política. Desde los años noventa hasta las movilizaciones de octubre de 2019, la CONAIE tiene una trayectoria que la avala como el interpelante social más potente al poder en el país. Es un movimiento que ha sido responsable de la destitución de tres Presidentes de la república y de poner en raya varias veces tanto al FMI cuanto al Banco Mundial. 

Sin embargo, la relación entre CONAIE y PK es, por decir lo menos, compleja, de ahí que la mayor parte de interpretaciones sobre una posible alianza del gobierno con el movimiento PK para garantizar su gobernabilidad, no hayan incorporado en su análisis como vector a la CONAIE. Quizá esto se deba al hecho que en el anterior periodo legislativo la magra representación del movimiento PK en la Asamblea Nacional nunca fue determinante para el sistema político y nunca se convirtió en un bloque con capacidad suficiente para impedir la deriva neoliberal del régimen anterior. De hecho, ese pequeño bloque de asambleístas del PK tuvieron un rol muy ambiguo en el cual oscilaron entre posiciones de derecha y posiciones coherentes con su propio movimiento social. Por ello, el debate y el cuestionamiento al neoliberalismo nunca pasó por las aduanas del sistema político, en el cual el rol del movimiento PK fue marginal, sino que tuvo directamente en la CONAIE a su interlocutor más validado.

Entonces, la conclusión más fácil era considerar que la CONAIE y el movimiento PK andaban por andariveles diferentes y sin posibilidades de convergencia. De ahí que a nivel social siempre se haya visto a la CONAIE como una potente organización social vinculada a la izquierda, a los movimientos sociales y en contra de la agenda neoliberal y extractiva, mientras que no se consideraba de la misma manera al movimiento PK, aunque ambas organizaciones tengan la misma raíz y sean, en realidad, complementarias de un solo proceso político. 

Esta vez, no obstante, la situación cambia de forma radical. Las elecciones del año 2021 extraen sus condiciones de posibilidad en octubre de 2019. Ahí, en ese acontecimiento político, se generó una energía social y política que se trasladó al sistema político y que puso al movimiento indígena en el centro del sistema político. Así, el movimiento PK ya no es un movimiento político marginal dentro del sistema político, sino su fuerza dirimente y se ha convertido, de hecho, en el movimiento político más importante del sistema político ecuatoriano. Una situación inédita desde su creación a mediados de los años noventa del siglo pasado. 

Cuando el movimiento PK asume la Presidencia de la Asamblea Nacional y la dirección de varias comisiones legislativas especializadas permanentes, entre ellas la estratégica comisión de régimen económico y tributario, la lectura tanto del gobierno cuanto de ciertos sectores sociales apuntaba a inscribirlo dentro de una alianza política más amplia que pueda garantizar la gobernabilidad de Guillermo Lasso. 

Las primeras declaraciones tanto de la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, cuanto del propio coordinador nacional del PK, Marlon Santi, daban para esa interpretación. Pero se trataba más de un espejismo y de la falta de una lectura más comprehensiva de la nueva realidad política del país. 

Muchos leyeron la coyuntura política al tenor de la oposición correísmo-anticorreísmo que fue tan funcional y estratégica durante el gobierno de Lenin Moreno. Pero esa falsa dicotomía no era posible en la nueva coyuntura. Emergía con mucha fuerza un tercer actor por fuera de esa dicotomía correísmo-anticorreísmo, ese nuevo actor es el movimiento indígena y el movimiento social, y el acontecimiento que le dio origen fueron las potentes movilizaciones sociales de octubre de 2019. 

La derecha política, así como varios grandes medios de comunicación, optaron por invisibilizar al movimiento indígena y seguir en la línea narrativa que oponía correísmo y anti-correísmo para explicar y referir el conflicto político  y, al mismo tiempo, sobreestimaron las iniciales posibilidades políticas del recién electo presidente Guillermo Lasso; mientras que la militancia del partido UNES que es la primera minoría de la Asamblea Nacional, y el otro polo del debate político nacional, consideraba al movimiento indígena como una extensión del gobierno y no alcanzaban a dilucidar la relación CONAIE-PK. 

Ni la derecha ni el movimiento UNES, de otra parte, podían descifrar y decodificar lo que significaba la plurinacionalidad del Estado y la interculturalidad de la sociedad, que son los ejes de la ontología política del movimiento indígena, de ahí que el movimiento UNES, por ejemplo, se haya opuesto tan fervientemente a la universidad indígena Amawtay Wasi, y, por otro lado, el gobierno haya emitido el decreto ejecutivo No. 151 que da carta abierta a la minería sin consideración alguna a los derechos colectivos, el derecho a los territorios ancestrales, derecho humano al agua y derechos de la naturaleza, ni el derecho a la consulta libre, previa e informada, es decir, los aspectos constitucionales que definen la plurinacionalidad del Estado.

Al no comprender al movimiento indígena, las lecturas sobre la coyuntura política  estuvieron equivocadas y partían más de posiciones ideológicas de principio que de una comprensión de los factores objetivos de la situación política del país. Empero, se obstinaron en aferrarse a ella porque era la única posibilidad que tenían para intentar comprender un escenario político tan novedoso y complejo. 

Es precisamente por ello que la elección de Leonidas Iza a la presidencia de la CONAIE no estuvo en el radar tanto de la derecha, cuanto de los partidarios del ex presidente Rafael Correa y su partido UNES, y que, hasta el momento, no sepan exactamente cómo asumirla. Pero esa elección es trascendente porque establece un vector que explicará la coyuntura política en adelante y que la altera de forma trascendente. 

La emergencia de Leonidas Iza al escenario nacional se produjo en los eventos de octubre de 2019, aunque venía de un proceso organizativo de larga data. En el encuentro con el gobierno de ese entonces y luego de cerca de dos semanas de intensas movilizaciones sociales, Leonidas Iza se convirtió en el interpelante más sólido, más crítico, más contundente y con mayor legitimidad social ante el ex presidente Lenin Moreno, así como ante el entonces ministro de finanzas, Richard Martínez. 

En esa coyuntura, la claridad de la exposición, la nitidez de sus argumentos, la pertinencia de sus comparaciones y la frontalidad de sus declaraciones, convirtieron a Leonidas Iza en la representación y la condensación de lo que octubre-19 significó para la sociedad ecuatoriana. Un año más tarde, Leonidas Iza escribirá un libro, conjuntamente con Andrés Madrid y Andrés Tapia, sobre los eventos de Octubre, en el cual demuestra además su formación académica, su solidez ideológica y política. Por ello, su elección a la CONAIE no es cualquier elección. Se trata de poner al frente de la organización social más importante del país, a uno de los líderes más carismáticos, ideológicos y más potentes de todo el movimiento social ecuatoriano. 

Es gracias a esa fuerza ideológica, que una de las primeras tareas de Leonidas Iza es dar conducción política al movimiento indígena y, dentro de él, al bloque parlamentario del movimiento PK. A diferencia de otras circunstancias en las cuales los legisladores de PK tenían una relación distante y esporádica con la CONAIE y su dirigencia, esta vez la CONAIE asume directamente la conducción política de su bloque parlamentario, un bloque, hay que recordarlo, que controla la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador y la presidencia de varias comisiones legislativas especializadas permanentes (Régimen Económico y Tributario, Educación, Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otras). Esto significa un cambio en la trayectoria del movimiento PK que lo orilla a una posición de contradicción y confrontación directa con el gobierno de Guillermo Lasso. 

Si el gobierno esperaba tener en su débil alianza con el movimiento PK e Izquierda Democrática una leve esperanza para articular un mínimo margen de maniobra para su propia gobernabilidad, la elección de Leonidas Iza acaba de echarla abajo. Con Leonidas Iza al frente de la CONAIE, y en la conducción política del movimiento indígena ecuatoriano, es muy difícil que el bloque parlamentario del movimiento PK se sustraiga al control político de su propia organización social, la CONAIE. En consecuencia, no existe ninguna posibilidad que el movimiento PK vote por ninguna de las leyes neoliberales del gobierno de Lasso, sobre todo aquellas que procesan las reformas estructurales definidas por el FMI en su Carta de Intención de marzo de 2019 y de septiembre de 2020. 

La propuesta política de Leonidas Iza, por otra parte, pasa por articular de forma coherente y estructurada la relación política entre CONAIE y el movimiento PK, de tal manera que el bloque legislativo del movimiento PK no tenga ningún margen de ambigüedad ni dubitación ante la coyuntura política, pero también por ampliar el espectro de alianzas para el movimiento indígena y el movimiento social y recuperar lo mejor de octubre de 2019 que fue el Parlamento de los Pueblos como instancia de debate, discusión y legitimidad social. Leonidas Iza ha planteado ya líneas rojas a la política económica del régimen: la continuidad del programa neoliberal que se expresa, en lo más inmediato, en la eliminación de subsidios a los combustibles, el extractivismo y la afectación a los derechos en un Estado Plurinacional, al tiempo que construye una propuesta alternativa desde la re-creación de un nuevo espacio social que, probablemente, se convierta en el eje de articulación social a futuro, el Parlamento de los Pueblos.

Sin embargo, el gobierno parece no entender el impasse en el que está. En efecto, no se da cuenta que está en un laberinto. En otras palabras, está perdido y aún no lo sabe. Cuando Leonidas Iza le propone al gobierno suprimir los decretos ejecutivos emitidos por el gobierno anterior de Lenin Moreno y que eliminan gradualmente los subsidios a los combustibles, pone a discutir el centro del programa de consolidación fiscal impuesto por el FMI, desde la legitimidad de la mayor organización social que tiene el país la CONAIE, y en un contexto marcado por la recesión, la pobreza y el conflicto social. Mas, no es solo el representante de una organización social quien lo propone, sino que ahora es también el líder social que puede articular las posibilidades y el margen de maniobra del bloque legislativo del movimiento PK y, por tanto, de toda la Asamblea Nacional, habida cuenta que el movimiento PK controla la mayoría del Consejo de Administración de la Legislatura y la Presidencia de la Asamblea. 

Es decir, Leonidas Iza representa la posibilidad de conjugar en una misma dinámica la capacidad de movilización social de la CONAIE, sumar a ella varias alianzas estratégicas con sectores sociales a través del Parlamento de los Pueblos, y, sobre todo, la capacidad de incidir de forma gravitante dentro del sistema político a través del bloque legislativo del movimiento PK. Es, sin duda alguna, el líder político más importante que tiene el país, salvo para el gobierno de Guillermo Lasso (así como para los grandes medios de comunicación) que, al parecer, no tiene idea de lo que Leonidas Iza representa.

Al no tener una lectura clara del rol dirimente de Leonidas Iza, soslayarlo del debate y negarse a asumir siquiera un diálogo sobre las propuestas realizadas por Leonidas Iza, el gobierno de Guillermo Lasso dinamita sus propias posibilidades de gobernabilidad y genera las causales de futuros conflictos. No entiende que está en juego su propio margen de maniobra en el sistema político y en la sociedad. Está en juego su legitimidad presente y futura. No comprende que ahora la coyuntura política ha cambiado de forma importante y que tiene que gobernar en situaciones inéditas, y que estas circunstancias extraordinarias ameritan salir del libreto y asumir el principio de realidad de la política. 

Es la primera vez, en efecto, que un líder social y representante de una organización social tan potente como la CONAIE puede actuar con tal nivel de incidencia tanto dentro del sistema político como fuera de él. Son contextos únicos que ameritan una lectura minuciosa y lúcida, justamente por su carácter inédito. No se puede gobernar en circunstancias tan especiales con un libreto que no corresponde al momento. 

Pero los operadores políticos del gobierno de Guillermo Lasso han demostrado ser incapaces de descifrar el momento político que atraviesa su propio gobierno, y los grandes medios de comunicación que son operadores políticos por excelencia tampoco le ayudan al gobierno de Lasso. Y esa incapacidad hace que el gobierno de Guillermo Lasso sea desde ya un fracaso político. Quizá intente como el barón de Münchhausen, salir del pantano halándose de sus propios pelos, pero eso solo demostrará su incapacidad de comprensión sobre la coyuntura en la cual le tocó gobernar. Pero cuando se dé cuenta finalmente de sus errores, quizá sea ya demasiado tarde.

Del otro lado de la orilla, el movimiento político UNES, tampoco ha logrado descifrar la coyuntura. En una primera instancia acusaron al movimiento PK de formar parte del gobierno y de pertenecer a la derecha política. El objetivo era desalojarlo del espacio político de la izquierda para orillarlo hacia el centro, de tal manera que en ese espacio político de la izquierda quede un solo movimiento, en la ocurrencia, UNES. 

Acusar al movimiento PK de pertenecer a la derecha política y estar en alianza con el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso quizá tenga ciertos visos de plausibilidad habida cuenta de su errático comportamiento político, pero extender ese argumento hacia la CONAIE no tiene sentido alguno. UNES puede acusar al movimiento PK de derechización pero no puede hacer extensiva esa acusación a la CONAIE y, menos aún, a Leonidas Iza. Sería un despropósito. De hecho, UNES ha reconocido a Leonidas Iza como un líder social de izquierda. Pero, curiosa y paradójicamente, ese mismo reconocimiento deja sin piso a su estrategia de expulsar al movimiento PK de la izquierda para orillarlo al centro del espectro político y adscribirlo a la coalición de gobierno. Así, la elección de Leonidas Iza es también el fracaso de la estrategia política de UNES con respecto al movimiento indígena.

Para el movimiento UNES ahora es más complicado posicionarse en la izquierda, porque Leonidas Iza representa también la crítica más radical al desarrollismo económico y al extractivismo que, en cambio, forman parte de la propuesta ideológica central del movimiento UNES. Ellos comparten, en efecto, ese discurso extractivista que decía que no se puede ser mendigos sentados sobre un saco de oro y que justificaba la violencia extractiva, porque supuestamente con los recursos del extractivismo se podía financiar la obra pública y el desarrollo económico nacional. En consecuencia, a partir de la elección de Leonidas Iza quien va hacia el centro ya no es el movimiento PK sino el movimiento UNES. 

Esto inaugura una especie de dialéctica política dentro del espacio político de la izquierda entre estos dos movimientos UNES y PK que van a resistir ser expulsados del espacio político de la izquierda, porque desde ese espacio se puede validar la crítica más potente y más redituable contra el gobierno neoliberal de Lasso. Ninguno de ellos querrá salir de ese espacio y sacrificar sus opciones electorales y políticas futuras. Esto quiere decir que ninguno de estos movimientos políticos querrá sacrificar sus posiciones políticas para aprobar las leyes o iniciativas del gobierno de Lasso, con el agravante para UNES que quien tiene en sus manos el control de las palancas del poder legislativo para hacerlo es el movimiento indígena.

Existe otro vector de interpretación sobre la elección de Leonidas Iza y tiene que ver con el recambio generacional en el sistema político, un recambio que la pandemia del Covid-19 demostró imprescindible y urgente. Quizá UNES haya entendido la necesidad social por un recambio generacional en el sistema político y haya apostado por una figura nueva para ello en su candidato presidencial Andrés Aráuz; sin embargo, cuando UNES pierde las elecciones, deja en el limbo a su propio ex candidato presidencial y no lo proyecta en el sistema político. Eso los demuestra como una maquinaria electoral dispuesta a sacrificar a sus militantes con tal de ganar las elecciones. Es decir, UNES abre un espacio político necesario e importante pero, una vez abierto y al no ganar las elecciones, lo abandona. No es ético, pero forma parte del pragmatismo político de este movimiento. Ahora bien, en ese espacio calza perfectamente la imagen de Leonidas Iza, porque representa esa necesidad de recambio en nuevos liderazgos. Quizá sin proponérselo, UNES creó el espacio político en el imaginario nacional en el cual ahora puede caber la imagen de Leonidas Iza. La derecha, de su parte y por el momento, no tiene ningún nuevo liderazgo que proponerle al país.

Con estos antecedentes quizá sea necesario retornar a la cuestión inicial: ¿Qué pasa si se cae el programa de consolidación fiscal del FMI? Y la respuesta es que tal como está constituida la coyuntura política del Ecuador, ese programa está prácticamente caído. Si esto es así, ¿Cómo reaccionará el gobierno del banquero Guillermo Lasso?, ¿cómo reaccionarán las elites empresariales, bancarias y financieras?, y quizá la respuesta sea que reaccionarán como siempre lo han hecho, con una fuga hacia delante. Con una incomprensión absoluta del momento que ellas mismas propiciaron y es probable que apuesten a la violencia para resolver los conflictos políticos, en un escenario que recuerda mucho al de Colombia, pero cuya posibilidad es difícil en Ecuador habida cuenta de la potencia de sus movimientos sociales. En esa fuga hacia delante pondrán en riesgo toda la institucionalidad existente, y, lo que es peor, lo único que sostiene la relativa estabilidad institucional y económica que tiene el país, la dolarización. 

 

EL FMI Y EL GOBIERNO DE GUILLERMO LASSO EN ECUADOR: CRISIS ECONÓMICA Y CONFLICTO SOCIAL

EL FMI Y EL GOBIERNO DE GUILLERMO LASSO EN ECUADOR: CRISIS ECONÓMICA Y CONFLICTO SOCIAL

 

Pablo Dávalos

 

El 22 de septiembre de 2020 el Directorio del FMI aprobó la solicitud del gobierno del entonces Presidente Lenin Moreno, por un crédito de Facilidad Ampliada por 6.500 millones de dólares a 27 meses, es decir, hasta el mes de diciembre del año 2022, a la mitad de periodo del nuevo gobierno cualquiera que este fuese y con revisiones trimestrales (IMF 2020). En otras palabras, con este acuerdo con el FMI se rayaba el campo de juego para el nuevo gobierno y se acotaban sus márgenes de acción de forma independiente de su color político. 

Es necesario indicar que este acuerdo con el FMI estaba vinculado a la renegociación de los bonos soberanos realizados a mediados del año 2020 por el gobierno de Lenin Moreno y, precisamente por eso, se inscribe dentro de los criterios de excepción que el FMI acordó a esta línea de financiamiento. 

En efecto, el mes de mayo del año 2020, el FMI acordó un Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI por sus siglas en inglés) por 643 millones de dólares al Ecuador, que tenía como objetivo principal:  “To ensure debt sustainability, the authorities aim to reach expeditiously a comprehensive debt restructuring agreement with private creditors, pursue a sustained and ambitious, yet realistic, fiscal consolidation over the medium-term, while securing additional medium-term debt relief and financing on favorable terms from official bilateral creditors and other stakeholders” (IMF (c) 2020, 2). (“Para garantizar la sostenibilidad de la deuda, las autoridades se proponen alcanzar rápidamente un acuerdo global de reestructuración de la deuda con los acreedores privados, llevar a cabo una consolidación fiscal sostenida y ambiciosa, aunque realista, a medio plazo, y obtener al mismo tiempo un alivio adicional de la deuda a medio plazo y financiación en condiciones favorables de los acreedores bilaterales oficiales y otras partes interesadas”). 

La suscripción de este nuevo acuerdo como paso previo para la EFF de septiembre de 2020 que contemplaba el acuerdo más ambicioso del FMI tanto para el Ecuador cuanto para América Latina (de hecho era el segundo acuerdo más importante luego de aquel de Argentina), le permitió al gobierno y al FMI dar por terminado el acuerdo previo de marzo de 2019 que fracasó por las movilizaciones sociales de octubre de ese mismo año. 

En este acuerdo de financiamiento rápido con el FMI, se definieron los parámetros de operación para la reestructuración y sostenibilidad de la deuda externa del país (“The parameters of the operation were structured around the debt sustainability targets provided in the RFI”, (IMF 2020, 10), al tiempo que se dio por terminado el anterior acuerdo por “información errónea”.

Es decir, el acuerdo que se estableció el mes de septiembre de 2020 con el FMI, es una especie de punto de intersección entre los intereses de los tenedores de bonos soberanos, del sistema financiero nacional, de las élites empresariales y de la banca internacional. El programa de consolidación fiscal o ajuste económico que consta en ese acuerdo, en realidad sostiene toda la estrategia de renegociación de la deuda externa que realizó Lenin Moreno a mediados del año 2019. Para los tenedores de bonos de la deuda y bancos privados, por tanto, es absolutamente impensable que este acuerdo pueda ser revisado, pospuesto o incumplido.

Se trata de un programa económico que depende, además, del compromiso que al efecto deben demostrar de forma explícita para el cumplimiento de las condicionalidades establecidas tanto el Presidente de la República cuanto la Asamblea Nacional (“… and the statement by the National Assembly in support of the broad program objectives” (IMF 2020, 1).

Este acuerdo con el FMI pone énfasis no solo en las metas de consolidación fiscal sino también en una serie de reformas legales que apuntan al consolidar el nuevo rol de regulación social que el FMI asigna a los mercados y que se denominan, de acuerdo a la jerga del FMI como “reformas estructurales”, y que entran incluso en contradicción con la propia Constitución del país. 

Su cumplimiento, en la coyuntura política del año 2020, no implicó problema alguno para el FMI porque el gobierno de ese entonces mantenía un relativo control sobre la Asamblea Nacional que, además, se había plegado a las imposiciones del FMI, sin problema alguno; precisamente por ello, el FMI puede indicar que el Ecuador ha demostrado tener la capacidad institucional de implementar los acuerdos establecidos en el acuerdo de facilidad ampliada de septiembre de 2020 (“have helped demonstrate Ecuador’s institutional capacity to implement the EA program”, (IMF 2020, 2)), y, por lo tanto,  podía presentar las garantías políticas para que se cumpla el acuerdo, que el FMI, consideraba, además, satisfactorias: ”Political assurances are deemed adequate”(ibid). Esta precisión era importante para el FMI, porque las movilizaciones de octubre del año 2019 habían dado al traste con la Carta de Intención suscrita en marzo de ese mismo año y el FMI necesitaba de certezas políticas que garanticen el cumplimiento del programa acordado (IMF 2020).

Ahora bien, el FMI está plenamente consciente que las reformas estructurales que plantean sus Cartas de Intención dependen de circunstancias políticas, porque son, básicamente, reformas políticas enmascaradas como reformas económicas, y esas reformas políticas necesitan, en lo fundamental, del sistema político. Por ello, el FMI considera que el apoyo del sistema político para las reformas económicas es clave, de ahí que el FMI sea explícito al respecto: el éxito en la implementación de las políticas del programa dependerá del apoyo que al efecto se suscite por parte de los legisladores de la Asamblea Nacional (“Successful implementation of the policies supported by the program will hinge on the buy-in and political will of the next administration and legislators in the National Assembly”, (IMF 2020, 6). 

En efecto, en diciembre del año 2020, en vísperas de las elecciones generales de inicios de 2021, el FMI, en la primera revisión del acuerdo EFF de 6.500 millones, establecía lo siguiente: “Successful implementation of the Fund-supported program following the elections will hinge on the degree of alignment of the incoming administration’s policies with the Fund-supported program’s main objectives and key policies, and the strength of the coalition that the new government will be able to forge in the National Assembly and the political will of the legislators.” (IMF (b) 2020, 6), (“El éxito de la implementación del programa apoyado por el Fondo tras las elecciones dependerá del grado de alineación de las políticas de la administración entrante con los principales objetivos y políticas clave del programa apoyado por el Fondo, así como de la fuerza de la coalición que el nuevo gobierno sea capaz de forjar en la Asamblea Nacional y de la voluntad política de los legisladores.” Trad. propia). 

Como puede apreciarse, para el FMI era absolutamente clave la capacidad de coalición parlamentaria que el nuevo gobierno pueda lograr para la continuidad del programa de consolidación fiscal. 

El FMI, de otra parte, está plenamente consciente que sus reformas implican conflicto social, y así lo describe como un riesgo posible para la implementación de su programa de consolidación fiscal: “the reemergence of social tensions or discord in pursuing much-needed fiscal and structural reforms,” (IMF (b) 2020, 11)(“el resurgimiento de tensiones o discordias sociales a la hora de llevar a cabo las tan necesarias reformas fiscales y estructurales”, traducción propia). Sin embargo, considera que esa tensión social puede resolverse y que el programa de consolidación fiscal establecido puede cumplirse sin mayor impedimento gracias al rol de los medios de comunicación en lograr el consenso social sobre el ajuste.

Existen una serie de reformas estructurales y fiscales que el FMI definió para el Ecuador desde el fallido programa de consolidación fiscal de marzo de 2019. La mayoría de esas reformas estructurales y reformas fiscales, desde ese entonces, se han cumplido sin mayor problema. Esto puede apreciarse en el siguiente cuadro que establece puntos de referencia estructurales para el programa de consolidación fiscal del FMI, y que fue utilizado para la revisión que el FMI realizó al avance del programa de consolidación fiscal en diciembre del año 2020: 

Fuente: FMI, diciembre 2020, pág. 41-42

Ahora bien, existen reformas fiscales pendientes y que el FMI ha previsto para el año 2021 que, entre otras, son las siguientes: 

(i) mantener recortes en el gasto público en el orden de 0,6% del PIB en masa salarial (alrededor de 550 millones de dólares), y 0,7% del PIB en gastos de inversión (alrededor de 650 millones de dólares) (“Discretionary spending cuts would include wage restraint (0.6 ppts of GDP) and moderation of capital spending (0.7 ppts of GDP)”,(IMF (b) 2020, 15 y 48); 

(ii) alcanzar una meta de déficit primario no petrolero (un indicador que legalmente no puede existir en la legislación ecuatoriana y que solo existe en la propia contabilidad del FMI) de 5,5% del PIB para el periodo 2019-2025, para la “consecución de estos objetivos ambiciosos, pero realistas, (se) requiere una combinación de una reforma fiscal progresiva -con un rendimiento permanente de los ingresos del 2 ^1⁄2por ciento del PIB a partir de 2022- y una racionalización sostenida del gasto” (“Achieving these ambitious, yet realistic, goals requires a combination of a progressive tax reform— with permanent revenue yield of 21⁄2 percent of GDP from 2022—and sustained expenditure rationalization” (IMF (b) 2020, 16);

(iii) realizar una amplia reforma fiscal y tributaria que sea “favorable para el crecimiento” (“Growth-friendly tax reform”, (IMF 2020, 14)), en virtud de que el FMI considera que la estructura fiscal en el Ecuador tiene bajos niveles impositivos comparados con otros países de la región, una reducida base imponible, amplias exenciones tributarias, es compleja y de aplicación débil (IMF 2020, 14). En consecuencia, la reforma tributaria deberá corregir esas distorsiones y buscaráreducir la base imponible para el impuesto a la renta de 11.315 USD al año 2021, a 3.600 USD al año, de tal manera que se incorporarían al impuesto a la renta los cuatro quintiles de población, eliminar las exenciones, por ejemplo de la décimo tercera y décimo cuarta remuneración, para el cálculo de la base imponible, incrementar el IVA, eliminar las exenciones tributarias a adultos mayores, entre otros, podrían, según el FMI, incrementar la recaudación en 1.1% del PIB (IMF 2020, 14-15), (IMF (b) 2020, 47);

(iv) una reforma integral del sistema de pensiones (“…comprehensive reform of the pensions system”), que pueden ir desde  “profundos cambios paramétricos y de gobernanza hasta el actual sistema de reparto” hacia “un sistema híbrido en el que la pensión básica del sistema de reparto se complementa con el ahorro individual”, (IMF (b) 2020, 69);

(v) una reforma laboral para ir hacia un régimen de flexibilización laboral alterno al existente, y una reducción del gasto corriente en nómina con una combinación de eliminación de contratación de empleo público y de reducción de salarios públicos (“the wage bill
rationalization would comprise a mix of
employment reduction and lower salaries
”, (IMF 2020, 15)); y,

(vi) continuar con la eliminación del subsidio a los combustibles, a través de una estrategia gradual que ayude, según el FMI a eliminar las distorsiones económicas provocadas por estos subsidios. La posición del FMI con respecto al subsidio a los combustibles en el Ecuador es más por razones de principio que por razones macroeconómicas. Su incidencia en la macroeconomía es mínima, los subsidios a los combustibles representan el 0,8% del PIB, y el 2,2% del presupuesto general del Estado, con datos previstos para el año 2021 (Banco Central del Ecuador 2021), y de acuerdo a la legislación existente no pueden ser registradas en el presupuesto público porque su compensación se realiza a través de la empresa estatal de petróleos que tiene un estatuto constitucional de autonomía. 

Sin embargo, para el FMI, este subsidio puede “magnificar el impacto macroeconómico fiscal por la volatilidad de los precios internacionales”, puede dar lugar a “costos medioambientales excesivos”, y puede “estimular el contrabando” (IMF 2020, 9). 

Es difícil suponer que un subsidio cuya importancia es marginal en la economía y que ni siquiera se registra contablemente en el presupuesto consolidado del Estado, pueda provocar tales distorsiones fiscales macroeconómicas como establece el FMI. Más difícil aún es creer la vocación ecologista del FMI, cuando líneas más delante en la propia Carta de Intención apuesta por ampliar la frontera petrolera y estimular la minería a gran escala. 

Empero, hay una desinformación por parte del FMI en el sentido que “La reducción de los subsidios regresivos también permitirá al gobierno asignar más recursos al fortalecimiento de las redes de seguridad social, en consonancia con el programa de crecimiento inclusivo de Ecuador” (Ibid, pag. 9), porque las leyes ecuatorianas prohíben la utilización de ingresos no permanentes para el pago de gastos permanentes (Artículo 286 de la Constitución). Como puede apreciarse, la capacidad de manipulación del FMI no tiene límites.

No obstante, para llevar adelante estas reformas estructurales y fiscales, el gobierno necesita apoyo político de la Asamblea Nacional, porque la capacidad de imponer medidas económicas sin reformas legales que les sean correlativas, tiene sus límites. Empero, la cuestión que surge es: ¿tiene el gobierno de Guillermo Lasso los votos necesarios en la Asamblea Nacional para aprobar las reformas legales que permitan y aseguren el programa de consolidación fiscal del FMI? ¿Qué ha cambiado en la Asamblea Nacional entre la coyuntura del año 2020 y aquella que nace de las elecciones de 2021? 

Y la respuesta es que el gobierno de Lasso, al parecer, no tendría los votos para lograrlo, porque los principales partidos y movimientos políticos han manifestado su desacuerdo y su rechazo al programa de consolidación fiscal y de reforma estructural del FMI, y son los partidos que emergen con una fuerte representación parlamentaria en la nueva Asamblea Nacional del Ecuador. 

En efecto, los principales partidos políticos pertenecen a la oposición de izquierda que es muy crítica con el FMI: el movimiento UNES del ex Presidente Rafael Correa, y el movimiento Pachakutik del movimiento indígena representado por la CONAIE, suman cerca del 54% de la representación legislativa total. A este bloque puede sumarse el partido de centro izquierda, Izquierda Democrática que también puede inclinarse hacia posiciones de izquierda, con lo cual el escenario legislativo para el gobierno de Guillermo Lasso es totalmente adverso.

Se impone, por tanto, otra cuestión: si el gobierno de Lasso no tiene los votos necesarios en la Asamblea Nacional para aprobar las reformas necesarias para asegurar el programa de consolidación fiscal, ¿cuál es el futuro de este programa y de los acuerdos con el FMI? 

El programa con el FMI establece claramente que es necesaria una reforma fiscal que incremente los ingresos fiscales y produzca un ahorro fiscal importante, conforme el siguiente texto: “A smart and progressive tax reform with permanent revenue yields of 21⁄2 percentage points of GDP from 2022 should be part of a credible medium-term fiscal strategy..” (IMF (b) 2020, 24)(“Una reforma fiscal inteligente y progresiva con un rendimiento permanente de los ingresos de 21⁄2 puntos porcentuales del PIB a partir de 2022 debería formar parte de una estrategia fiscal creíble a medio plazo”, trad. propia). Para que esto se cumpla, no obstante, es necesario que el gobierno de Lasso apruebe, necesariamente, una reforma fiscal.

En efecto, ¿cómo puede obtener el gobierno ingresos permanentes adicionales del 2,5% del PIB para el año 2022 sin una reforma fiscal? Es una cantidad considerable (más de dos mil cuatrocientos millones de dólares), es decir, una reforma que alcanzaría a cerca del 14% de todos los ingresos permanentes, y aproximadamente el 39% de toda la recaudación fiscal en impuesto el valor agregado (IVA) (Banco Central del Ecuador 2021). A todas luces, se trata de una reforma fiscal de shock, porque la única forma que sea posible realizarla es a través del incremento del IVA en, al menos, el 15%, entre otras medidas.

El FMI, no obstante, no se preocupa por la situación política del país y la soslaya totalmente. Tan es así que en el calendario del programa de consolidación fiscal la reforma fiscal debería estar ya promulgada para fines de septiembre del año 2021, conforme el siguiente texto: “Enactment of a tax reform, elaborated in consultation with Fund staff, aimed at generating revenue and improving the overall efficiency of the tax system, in line with the substantive elements and constitutional process …(End-Sep. 2021)”,(IMF (b) 2020, 43); (“Promulgación de una reforma fiscal, elaborada en consulta con el personal del Fondo, destinada a generar ingresos y mejorar la eficiencia general del sistema fiscal, de acuerdo con los elementos sustantivos y el proceso constitucional … (fines septiembre-2021)” trad. propia). 

Ahora bien, de acuerdo a la Constitución, el Presidente Lasso deberá enviar a la Asamblea Nacional, como proyecto de ley económico-urgente, el conjunto de estas reformas fiscales hasta fines de agosto de 2021, para que puedan entrar en vigencia a fines de septiembre de 2021 y se puedan cumplir con los plazos previstos en el programa de consolidación fiscal establecido por el FMI.

Sin embargo, es muy complicado que una reforma de este tenor sea aprobada por los movimientos de izquierda antes mencionados y que en la nueva Asamblea Nacional, son mayoritarios. Es difícil pensar que el movimiento Pachakutik apoye y apruebe las reformas neoliberales de Guillermo Lasso, a pesar que contó con los votos del movimiento político de Lasso para llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Y es difícil suponer que Pachakutik lo haga porque implicaría un suicidio político para un movimiento que ya está pensando en cómo ganar las siguientes elecciones y que ahora tiene un férreo control político desde la organización social CONAIE. Lo mismo en el caso del movimiento UNES del ex Presidente Rafael Correa. Para ellos, se trata de mantener su electorado y sus posibilidades de retornar al gobierno, y no pueden sacrificarlas en función de un proyecto político al cual siempre han denunciado y que políticamente puede tener consecuencias devastadoras.

¿Cómo va a proceder, entonces, el gobierno de Lasso para aprobar esas reformas y cumplir con lo establecido en el programa de consolidación fiscal? Tiene la posibilidad de, a pesar de todas las señales en contra, enviarla y tratar de sumar a su favor el consenso mediático que pueda obtener desde los grandes medios de comunicación y think tanks neoliberales que intentarán convencer a la población que las reformas tributarias son necesarias, justas, democráticas y en beneficio de los más pobres. Así, el incremento del IVA se presentaría como una medida fiscal progresiva porque afectaría a los más ricos porque son ellos los que consumen los bienes gravados con IVA, mientras que las familias pobres solo consumen bienes de la canasta básica que están exonerados del pago del IVA.

En efecto, tal es la argumentación del mismo FMI: “Most food and basic items (i.e., “canasta básica”) are exempted from VAT and will therefore not be affected by the VAT rate hike. Because low-income families allocate a higher share of their consumption to food (42 percent for the bottom income decile …) than the rich (12 percent for the top income decile), their consumption goods would be shielded from any VAT hike, allowing the policy change to improve the progressivity of the tax system”, (IMF (b) 2020, 46)(“La mayoría de los alimentos y artículos básicos (es decir, la "canasta básica") están exentos del IVA y, por tanto, no se verán afectados por la subida del tipo del IVA. Dado que las familias de bajos ingresos destinan una mayor proporción de su consumo a la alimentación (42% para el decil inferior de ingresos…) que los ricos (12% para el decil superior de ingresos), sus bienes de consumo estarían protegidos de cualquier subida del IVA, lo que permitiría que el cambio de política mejorara la progresividad del sistema fiscal..”, trad. propia). 

De acuerdo con este argumento del FMI, incrementar el IVA sería nada más y nada menos que un acto de justicia tributaria que beneficiaría directamente a los pobres. Es sabido que el FMI miente, manipula y oculta datos y discursos, pero esta vez llegan al epítome. Por definición, el IVA es un impuesto regresivo, y el impuesto a la renta es un impuesto progresivo. Los impuestos regresivos siempre impactan más a los que menos tienen. Empero, para el FMI: “The cumulative effect of the reform package (VAT rate hike by 3 ppts, PIT reform, and increase in cash transfers) will reduce income inequality”, (IMF (b) 2020, 48)(“El efecto acumulado del paquete de reformas (subida del tipo del IVA en 3 puntos, reforma del impuesto sobre la renta y aumento de las transferencias monetarias) reducirá la desigualdad de ingresos”, traducción propia). 

¿Podrá la sociedad tragar esa rueda de molino que el incremento del IVA, según el FMI, “reducirá la desigualdad de los ingresos”? ¿Qué van a pensar las clases medias que respaldaron con su voto cuando tengan que pagar más impuestos regresivos en un contexto de desempleo, crisis y recesión? En conclusión, esa vía, al parecer, no tiene muchas opciones.

La otra posibilidad del gobierno es suspender el envío de las reformas económicas porque a pesar de toda la campaña mediática a su favor, no implica que los movimientos políticos UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática, necesariamente voten por esas reformas. Pero si suspende el envío de esas reformas tributarias, no tiene la posibilidad de sustentar el plan plurianual de inversiones y el plan de desarrollo para el periodo 2021-2025, porque serían prácticamente los mismos que el anterior gobierno de Lenin Moreno. Si el gobierno envía las reformas fiscales a la Asamblea de forma ex post al envío y aprobación parlamentaria del plan plurianual de inversiones y del plan nacional de desarrollo, significa que su política fiscal está desconectada de la Constitución y de sus disposiciones en materia de política económica, y al estar desconectada son reformas que obedecen a imposiciones impuestas desde fuera y que no se deben a un plan coherente de desarrollo económico y social para el país.

Esto permite la emergencia en el debate nacional sobre la legalidad de los acuerdos con el FMI. La Constitución establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma jurídica nacional o internacional (Art. 424), que en el orden jerárquico la Constitución está por encima de todo el ordenamiento jurídico y lo subordina (Art. 425), y que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución (Art. 426). En el caso de instrumentos internacionales que “comprometan la política económica del Estado” a condiciones de instituciones financieras internacionales” , se debe contar con la ratificación o denuncia por parte de la Asamblea Nacional (Art. 419.5). Con ese maro constitucional, es necesario indicar que, según la Constitución del país, la deuda pública solo puede ser contratada para financiar proyectos de inversión pública en infraestructura (numeral 3 del Art. 290), y es por ello que la ley, en este caso el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, prohíbe la utilización de deuda externa para el financiamiento de gasto corriente (Art. 126 y 129). 

Es decir, están prohibidos los créditos externos de libre disponibilidad. Los créditos del FMI solo pueden ir a compensar desajustes en balanza de pagos, y reservas internacionales, que permitan el mismo pago de deuda externa en condiciones de default del país. Esos crédito no pueden ser destinados a ningún otro propósito porque se estaría quebrantando la ley.

No obstante las prohibiciones legales, las autoridades económicas del gobierno de Lenin Moreno, reconocen haber utilizado los recursos del primer desembolso de la EFF-2020 para gasto corriente conforme, puede leerse en el siguiente texto de la Carta de Intención que suscriben Mauricio Pozo, Ministro de Economía y Finanzas, y Verónica Artola, Gerente del Banco Central del Ecuador:

 “The $2 billion disbursed by the IMF upon program approval has helped meet urgent needs and support lives and livelihoods. We aimed to utilize these resources transparently to maximize its reach across the Ecuadorian society, clear accumulated arrears, and reactivate activity to engender an inclusive economy. Given the critical role of social security in the wellbeing of retirees and the need to help preserve the sustainability of the pension fund, we allocated about $350 million to IESS towards the outstanding contributions (about $1.6 billion) that had accumulated from October 2019 to September 2020 and $98.9 million to ISSFA. We also cleared past due wage payments to public sector employees ($461 million) covering all entities in the public sector, especially in health and education. We paid $239 million to municipalities (GADs) by COOTAD payments and VAT refunds and $31.6 million to SRI for tax refunds. In order to reach as many small contractors as possible, we used about $400 million of the disbursement to clear outstanding payments to more than 20,000 service providers, prioritizing payments of those suppliers within the social protection and education sectors and of the arrears of less than $500,000 and more than180 days.” (IMF (b) 2020, 66).

(“Los 2.000 millones de dólares desembolsados por el FMI tras la aprobación del programa han contribuido a satisfacer necesidades urgentes y a apoyar vidas y medios de subsistencia. Nos propusimos utilizar estos recursos de forma transparente para maximizar su alcance en toda la sociedad ecuatoriana, liquidar los atrasos acumulados y reactivar la actividad para generar una economía inclusiva. Dado el papel crítico de la seguridad social en el bienestar de los jubilados y la necesidad de ayudar a preservar la sostenibilidad del fondo de pensiones, asignamos unos 350 millones de dólares al IESS para las contribuciones pendientes (unos 1.600 millones de dólares) que se habían acumulado desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2020 y 98,9 millones de dólares al ISSFA. También liquidamos los pagos salariales atrasados a los empleados del sector público (461 millones de dólares) que cubren todas las entidades del sector público, especialmente en salud y educación. Pagamos 239 millones de dólares a los municipios (GADs) por pagos de COOTAD y devoluciones de IVA y 31,6 millones de dólares al SRI en concepto de devolución de impuestos. Para llegar al mayor número posible de pequeños contratistas, utilizamos unos 400 millones de dólares del desembolso para liquidar los pagos pendientes a más de 20.000 proveedores de servicios, dando prioridad a los pagos de aquellos proveedores de los sectores de la protección social y la educación y de los atrasos de menos de 500.000 dólares y más de 180 días.” Trad. propia)

Esto plantea un debate sobre el derecho a la seguridad jurídica del país, porque la continuidad de los acuerdos con el FMI se sustentarían en el incumplimiento del derecho a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución. Los créditos del FMI, al ser de libre disponibilidad, no tienen el marco constitucional y legal en conformidad con el ordenamiento jurídico nacional que los avale. Son créditos ilegales porque la ley prohíbe los créditos externos de libre disponibilidad. 

El gobierno de Lasso, al menos en estos primeros meses, opta por soslayar las responsabilidades constitucionales y legales. Lo hizo cuando suscribió el retorno al CIADI, un centro de arbitraje del Banco Mundial, a pesar que el artículo 422 de la Constitución lo prohíbe de forma expresa. Lo hizo con el Decreto Presidencial No. 95 que privatiza todo el sector petrolero, a pesar que la Constitución tampoco lo permite. Lo hizo también con el Decreto 151 que da vía libre a la minería abierta a gran escala, a pesar de la declaración constitucional de los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos indígenas que se oponen a que en sus territorios se haga minería a gran escala, y a pesar del derecho constitucional al agua.

Sin apoyos en la Asamblea para procesar sus reformas legales, al gobierno no le queda más remedio que extender al máximo sus propias prerrogativas, es decir, intentar gobernar vía decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales, al mismo tiempo que apostar por la represión, la criminalización y la violencia contra la sociedad si decide oponerse a su plan de gobierno. Un escenario de esta naturaleza es inviable al largo plazo. Las condiciones están dadas para un choque de trenes. ¿Saldrá indemne el gobierno de Lasso de este choque de trenes? Todos los indicios apuntan a que no será así. En consecuencia, el gobierno de Guillermo Lasso cada vez se parece más a un gobierno de transición.

Bibliografía

 

IMF. «Ecuador: Request for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility-Press Release; Staff Report; Staff Supplement; and Statement by the Executive Director for Ecuador.» www.imf.org.05 de octubre de 2020. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/10/02/Ecuador-Request-for-an-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-Press-Release-49803 (último acceso: 13 de agosto de 2021).

IMF (b). «Ecuador : First Review Under the Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility and Request for Modification of Quantitative Performance Criteria-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ecuador.» www.imf.org/countries.23 de diciembre de 2020. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/12/23/Ecuador-First-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-and-49980 (último acceso: 13 de agosto de 2021).

IMF (c). «Ecuador : Request for Purchase under the Rapid Financing Instrument and Cancellation of Arrangement under the Extended Fund Facility-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ecuador.» www.imf.org/countries/ecuador.28 de mayo de 2020. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/28/Ecuador-Request-for-Purchase-under-the-Rapid-Financing-Instrument-and-Cancellation-of-49460 (último acceso: 15 de agosto de 2021).

Banco Central del Ecuador. «Información Estadística Mensual.» Banco Central del Ecuador.01 de julio de 2021. https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp (último acceso: 16 de agosto de 2020).