Sistema político y reformas neoliberales: el muro de granito que Guillermo Lasso no puede resolver

Sistema político y reformas neoliberales: el muro de granito que Guillermo Lasso no puede resolver

 

Pablo Dávalos

 

¿Crisis en el sistema político? ¿Desgaste de la Asamblea y su representación? ¿”Que se vayan todos”? ¿Corrupción en la Asamblea? El Ecuador vive circunstancias políticas complejas a partir de la negativa del sistema político por aprobar el proyecto de ley económico-urgente de Atracción de Inversiones enviado por el gobierno de Guillermo Lasso. Por lo pronto, el principal obstáculo para la reforma neoliberal del Estado, no son los movimientos sociales, sino el sistema político. Empero, hay una potente campaña para restarle credibilidad y legitimidad al sistema político. Más allá de sus errores, la evidencia da cuenta que son los bloques de asambleístas de los movimientos de izquierda y de centro izquierda quienes han detenido, hasta el momento, la imposición del modelo neoliberal y la consiguiente pérdida de derechos. Para comprender esta coyuntura quizá sea necesario algo de contexto y de una lectura más in fine, por ello se proponen algunos puntos clave para la reflexión:

 

El programa de consolidación fiscal con el FMI

(i)           para el gobierno de Guillermo Lasso es fundamental sostener su programa de consolidación fiscal con el FMI, porque este programa está atado, entre otros aspectos, a la renegociación de los bonos soberanos de deuda externa, que se realizó a mediados del año 2020 durante el gobierno de Lenin Moreno. Por el momento, el gobierno de Guillermo Lasso ha logrado “blindar” cualquier cambio en la trayectoria de su política económica que altere el desempeño del programa de consolidación fiscal; quizá el único inconveniente que tendría el régimen sería la obligación de cumplir con la homologación salarial de los maestros en conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea Nacional; sin embargo, es muy probable que el régimen no dé su brazo a torcer y que se empecine en mantener el rigor fiscal y que decida prorratear el cumplimiento de esa homologación al largo plazo, de tal manera que no se vean afectadas sus metas de consolidación fiscal tal como fueron definidas en los acuerdos con el FMI. Una vez asegurado el programa de consolidación fiscal, el gobierno empezó con las reformas legales que son claves para sus transformaciones económicas, empero, para ello, necesita del sistema político. El problema, para Lasso, es que su representación parlamentaria es exigua, y que tiene bloques ideológicos que, de alguna manera, están en la orilla opuesta a su visión económica-empresarial;

 

El proyecto de ley de “Creación de Oportunidades de septiembre de 2021

(ii)         la intención original del gobierno de Guillermo Lasso era aprobar en un solo paquete todas las reformas legales que permitían la consolidación de su proyecto económico, como intentó, de hecho, hacerlo con su fallido proyecto de “Ley orgánica de creación de oportunidades, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal”, que presentó a la Asamblea Nacional el 24 de septiembre de 2021, pero que no fue admitida a trámite por la Asamblea por cuanto no respetaba el criterio de unidad de materia previsto en la Constitución para los proyectos de ley económico-urgentes (Artículo 136 de la Constitución). En este proyecto de ley constaban las prioridades y los ejes estratégicos de todo su programa de gobierno. En efecto, en este proyecto de ley Guillermo Lasso quería llevar adelante su propuesta de flexibilización laboral; el régimen temporal aplicable a activos en el exterior no declarados; y una serie de reformas legales para crear incentivos de todo tipo (arancelarios, aduaneros, administrativos, fiscales, tributarios, financieros, de procesos, etc.), para las inversiones, tanto las existentes cuanto aquellas que podían realizarse a futuro. Pero este proyecto de ley provocó una reacción social que el gobierno no supo medir a tiempo y, esa reacción social, fue importante para que la Asamblea decida devolver al gobierno este proyecto de ley sin tratarlo por incumplimientos inconstitucionales de forma. Sin este proyecto de ley, el gobierno de Lasso había perdido momentáneamente la brújula y la iniciativa política, pero trata de compensarlas a través de una estrategia previsible: considera, esta vez, conveniente que este proyecto de ley pase por partes y empieza por aquellas que, según su criterio, menos resistencia social y política pueden provocar: las contribuciones temporales por la pandemia del Covid-19 y las reformas legales que permitan más margen de acción a los empresarios; por ello, el 28 de octubre de 2021 envía con el carácter de urgente económico un nuevo proyecto: la “Ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del Covid-19”;

 

El proyecto de ley de Desarrollo Económico (la ley tributaria de Lasso)

(iii)        Este nuevo proyecto de ley soslaya por lo pronto toda la propuesta de flexibilidad laboral que era central en el anterior proyecto de ley (Creación de Oportunidades) y propone retomar varios temas que son claves para el régimen y que constaban en el proyecto de ley que fue devuelto por la Asamblea: (a) en primer lugar, y para cumplir con las metas de consolidación fiscal, crea dos nuevos impuestos directos y, por vez primera en el país, son impuestos directos al patrimonio de las personas naturales con ingresos superiores al millón de dólares con una tasa del 1% sobre la fracción excedente y, a partir de dos millones de dólares, el 1,5%; y a las empresas, un impuesto directo al patrimonio de aquellas que superen los cinco millones de dólares y con una tasa del 0,8%. Estas reformas constaban originalmente en el Libro II del proyecto de ley “Ley orgánica de creación de oportunidades, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal”, que, como ya se había indicado, no fue admitido a trámite por la Asamblea Nacional; (b) Retoma una vez más el libro III del proyecto de ley de Creación de Oportunidades sobre el régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos; (c) Retoma el título III de las Reformas a la ley de régimen tributario interno, que se convierte en la parte más conflictiva de la ley, porque incrementa el pago en impuesto a la renta para las clases medias que tenían un baremo bastante alto (hasta 15 mil USD) como fracción básica para pagar desde ahí el impuesto a la renta. Ahora, al disminuir la fracción básica (a menos de 5.000 USD), obliga a un pago mayor de impuesto a la renta a los sectores medios. Es este componente del proyecto de ley, en efecto, el que ha suscitado mayor debate e incomodidad en los sectores medios que, incluso, han calificado a esta ley como ley tributaria; (d) retoma la propuesta del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares (RIMPE) del anterior proyecto de ley; (e) retoma todas las reformas al Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones; (f) incorpora una serie de reformas a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (aprobada en agosto de 2018); también añade otras reformas a varias leyes en función de su esquema empresarial;

 

Las derogatorias al régimen de incentivos fiscales a los empresarios

(iv)        Ahora bien, cuando el gobierno envía a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Desarrollo Económico, comete un error estratégico cuya importancia recién se comprenderá a futuro: envía la reforma en partes y tal cual constaban en el proyecto de ley de Creación de Oportunidadesque fue devuelto por la Asamblea Nacional, sin depurarlas y armonizarlas. Es decir, lo que hace el gobierno es una especie de copia y pega de varias partes del proyecto anterior, sin un análisis político y jurídico de las condiciones políticas existentes y sin darles un tratamiento diferenciado en función de estas condiciones. Es por esto que en este nuevo proyecto constan derogatorias a varias leyes que solamente son coherentes dentro de una estructura jurídica integral como lo era, en efecto, el proyecto de ley de Creación de Oportunidades, fuera de ella pierden coherencia y pueden, incluso, convertirse en amenazas que fue lo que, finalmente, ocurrió. Esto puede apreciarse de forma nítida cuando el Presidente Guillermo Lasso propone la eliminación de los artículos 26 al 33 de la Ley de Fomento Productivo, una ley aprobada en agosto del año 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno. La eliminación de estos artículos solo puede ser coherente, para los sectores empresariales, si son reemplazados por otros del mismo tenor pero de más alcance, pero dentro del mismo proyecto de ley. Pero Lasso no lo hizo así, simplemente eliminó estos artículos y dejó que su resolución sea para el siguiente proyecto de ley económico-urgente. ¿Cuáles son esos artículos eliminados y por qué son tan importantes? Esos artículos eliminados son los siguientes: “Art. 26.- Exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones productivas en sectores priorizados …”; “Art. 27.-Exoneración del ISD para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión …” “Art. 28.-Las sociedades que reinviertan en el país desde al menos el 50% de las utilidades, en nuevos activos productivos, estarán exoneradas del pago del Impuesto a la Salida de Divisas por pagos al exterior …” “Art- 29.- Exoneración del impuesto a la renta para inversiones en industrias básicas…” “Art. 30.- Normas comunes a los incentivos a nuevas inversiones productivas …” “Art. 31.-Proyectos de vivienda de interés social como prioridad del Estado …” “Art. 32.- Responsabilidades en la ejecución de planes, programas y proyectos de construcción destinados para vivienda de interés social …” “Art. 33.- Procedimiento administrativo simplificado para la construcción de la vivienda de interés social …” . Como puede apreciarse, la reforma de la ley de Desarrollo Económicodeja a los empresarios sin un marco legal de exoneraciones tributarias para nuevas inversiones y para el ISD en pagos al exterior. ¿Por qué se derogaron esas disposiciones que son tan convenientes a los empresarios? Porque estos incentivos solo tenían, de acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Fomento Productivo, una vigencia de 24 meses desde su publicación en el Registro Oficial. Esta misma ley le otorgaba al Presidente la posibilidad de ampliar por 24 meses adicionales vía Decreto Ejecutivo esos incentivos (es decir, hasta agosto de 2022). Entonces, el cálculo del gobierno de Guillermo Lasso fue crear un marco jurídico más comprehensivo y más amplio de incentivos en una ley específica de Atracción de Inversiones. Es decir, dejó para una jugada posterior la resolución del régimen de incentivos empresariales, con la convicción que en esta nueva jugada se aprobaría su nueva ley sin mayor inconveniente. 

 

Las derogatorias al régimen de privatización vía concesión

(v)         En esa misma línea de considerar que el futuro ya está asegurado, el gobierno de Guillermo Lasso, en este mismo proyecto de ley económico urgente de Desarrollo Económico, también eliminó, (en el artículo 165 de esta Ley de Desarrollo Económico), todo el capítulo I del Título I (Del Fomento y Promoción de los Sectores Estratégicos claves para la infraestructura pública), del Libro V (De la competitividad sistémica y de la facilitación aduanera) del Código Orgánico para la Producción, Comercio e Inversiones. Para que se tenga una idea del alcance de la reforma de Lasso, los artículos derogados por Guillermo Lasso son los siguientes: “Art. 96.-Inversión en sectores estratégicos.- El Estado podrá delegar excepcionalmente, a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, las inversiones en los sectores estratégicos, en los casos que se establezcan en las leyes de cada sector …” “Art. (…)Estabilidad jurídica a la inversión.- Además de la estabilidad tributaria que se garantiza en este Código, se podrá otorgar estabilidad jurídica de la normativa sectorial específica que hubiese sido declarada como esencial en los correspondientes contratos de concesión u otros títulos habilitantes para la gestión de sectores estratégicos o provisión de servicios públicos …”, “Art. 98.- Trato no discriminatorio en el sector eléctrico …”, “Art. 99.- Simplificación de los trámites administrativos …”, “Art. 100.- Excepcionalidad.- En forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegara la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias, aeroportuarias, ferrovías y otros. …” “Art. 101.- Eficiencia en el servicio público …”, “Art.102.- Valor agregado nacional.- …”. Como puede apreciarse, la eliminación de estos artículos deja sin un marco jurídico la concesión al sector privado de los sectores estratégicos de la economía. Por supuesto que la intención de Lasso era dejar un vacío legal para luego llenarlo con una propuesta de privatización más ambiciosa. Pero por el momento desarticula el marco jurídico para las concesiones con la idea de retomarlo luego en otro proyecto de ley económico urgente. Esas tareas pendientes, piensa el gobierno, pueden convertirse incluso en argumentos de peso para obligar a la Asamblea para que se aprueben las reformas legales posteriores;

 

La ley de Desarrollo Económico se aprueba por la abstención de UNES

(vi)        Ahora bien y contra todo pronóstico, el 28 de noviembre el proyecto de ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del Covid-19, no pudo ser negado y archivado por la Asamblea Nacional, como estaba previsto, por una, hasta ahora, incomprensible acción del mayor bloque legislativo, la bancada de UNES, y supuestamente en oposición al gobierno, que, al momento de votar por negar y archivar este proyecto de ley, decidieron abandonar el recinto legislativo y, de esta forma, permitir que este proyecto de ley, sea aprobado por el ministerio de ley, una figura jurídica que establece que si en treinta días la Asamblea no se decide con respecto a un proyecto de ley económico urgente, el gobierno puede promulgarlo (Art. 140 de la Constitución). Esto permitió que el gobierno considere que sus reformas consustanciales para su proyecto económico finalmente avancen en la Asamblea. De forma inexplicable tuvo un apoyo in extremis del partido político que menos se esperaría, UNES. El gobierno comprendió que su estrategia de empantanar a la Asamblea en sus propias contradicciones puede rendir frutos. No obstante, habían grietas que tenían que ser llenadas de una forma u otra. Había un vacío legal para los incentivos a los empresarios y para las concesiones de sectores estratégicos que la ley de Desarrollo Económico había creado ex profeso y que eran prioritarias cerrarlas;

 

El proyecto de ley de Atracción de Inversiones

(vii)       El gobierno de Guillermo Lasso consideró que el primer trimestre del año 2022 era el escenario más adecuado para continuar con sus reformas legales de tal manera que puedan coincidir con la revisión prevista con el FMI al cumplimiento del programa de consolidación fiscal y de reformas estructurales (la quinta revisión del FMI está calendarizada para el 15 de abril de 2022), y optó por enviar a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de “Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital”, con el carácter de económico-urgente, el 22 de febrero de 2022. Este proyecto de ley económico-urgente va más allá incluso de su propuesta original del proyecto de “Ley orgánica de creación de oportunidades, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal” de octubre de 2021, que intentó aprobar a inicios de su gestión y que fracasó porque la Asamblea decidió no darle trámite por no cumplir con la unidad de materia. En este nuevo proyecto de ley de Atracción de Inversiones, en efecto, Lasso propone la reforma al Estado más radical desde aquella que fuese aprobada en el año 1993 en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik, conocida en ese entonces como “Ley de Modernización del Estado”. En este nuevo proyecto de ley, Lasso retoma y amplifica los puntos pendientes de la anterior reforma, es decir, el régimen de incentivos a los empresarios y el tratamiento de las concesiones al sector privado de los sectores estratégico del Estado y propone cambiar, nada menos que la estructura misma del Estado a partir de esos dos elementos: la estructura de incentivos y la privatización (vía delegación) del Estado en su conjunto y un amplio régimen de excepciones a través de zonas francas, zonas de desarrollo económico y nuevas exoneraciones impositivas y cambios estratégicos al mercado de valores, y al código monetario. El carácter de excepcionalidad para la delegación privada que consta en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, ahora, en este nuevo proyecto de ley, se convierte en norma y alcanza no solo los sectores estratégicos sino a todas las políticas públicas y a toda la infraestructura pública (que incluye sus edificios, su logística, hasta los programas de regeneración urbana, es decir, las calles de las ciudades y sus senderos y ciclovías). El gobierno está consciente que no tiene los votos necesarios para que ese proyecto de ley se apruebe, pero tiene a su favor la lealtad de la Presidenta de la Asamblea Nacional, el bloqueo político de la propia Asamblea y la creciente pérdida de legitimidad del legislativo. El régimen quiere repetir la misma jugada que le permitió aprobar la ley de Desarrollo Económico en noviembre del año 2021. Es decir, no quiere que la ley se vote, porque sabe que puede perder, quiere que la Asamblea siga en su bloqueo y que el proyecto de ley pase por el ministerio de la ley sin ser votado. Para el gobierno no hay, y no puede haber, un plan B, porque este proyecto de ley cierra los vacíos del anterior proyecto de ley y plantea la reforma política y económica al Estado más trascendente en las últimas décadas y abre la vía para el Estado mínimo del neoliberalismo. Es, por tanto, fundamental para su proyecto económico y político de mediano y largo plazo que se apruebe. Si se aprueba, entonces pueden entenderse las derogatorias realizadas previamente en la ley de Fomento Productivo y en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. Eran derogatorias que daban paso a algo más trascendente y más importante: la reforma neoliberal del Estado que lo transformaban en Estado mínimo a pesar de la Constitución. No obstante, se cumple la peor de las pesadillas para el gobierno: los bloques políticos  de la izquierda y centro-izquierda reaccionan y deciden negar y archivar el proyecto de ley de Atracción de Inversiones. El gobierno, en esta oportunidad, no contó con una jugada de un actor al que no se le había dado mayor importancia: el bloque de asambleístas del partido de la Izquierda Democrática y que, en el Ecuador, se lo relacionan con la socialdemocracia. La ID fue contundente en su negativa a aprobar este proyecto de ley y esto generó una especie de efecto dominó en las fuerzas de izquierda y centro izquierda en la Asamblea Nacional para que puedan converger hacia su negación y archivo. De otra parte, su aliada más leal y alfil político del régimen, la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, estaba en su peor momento, porque había sido apelada su presidencia de la Asamblea y se insistía en conformar una comisión multipartidista para evaluarla, es decir, destituirla; por lo tanto, ya no tenía el margen de maniobra para provocar un vacío de procedimientos y administración y, sobre ese vacío, esperar que el proyecto de ley económico urgente del gobierno se apruebe vía ministerio de ley;

 

La Asamblea niega el proyecto de ley de Atracción de Inversiones

(viii)      Es, efectivamente, una pesadilla para el régimen de Lasso porque prácticamente se desarticula todo su proyecto y deja en el aire todo el sistema de incentivos a los empresarios y todo el sistema de concesiones desde el Estado al sector privado. Por ello, intenta convencer, amenazar y utilizar todo su arsenal para presionar a la Asamblea para que apruebe su proyecto de ley. Llega, en efecto, incluso a reavivar la amenaza de la muerte cruzada, es decir la disolución de la Asamblea, si ésta no aprueba su proyecto de ley. Pero todas estas maniobras no le fueron suficientes al régimen que vio, impotente, como se caía todo su andamiaje político en su primer año de gobierno. Se trata de una situación muy conflictiva con sus propios aliados empresariales porque les deja sin ningún marco legal de incentivos, algo que para los empresarios es fundamental para eludir sus responsabilidades fiscales y, al mismo tiempo, inaugura en el país dos nuevos impuestos directos al patrimonio de las elites: las contribuciones temporales para aquellas personas con patrimonio de más de un millón de dólares, y empresas con patrimonio de más de cinco millones de dólares. Sin incentivos para eludir impuestos, sin posibilidades de ampliar su modelo de negocios para las privatizaciones y ahora, además, con nuevos impuestos, los empresarios no entienden qué pasa con el gobierno, y se convencen que el problema es el sistema político, pero eso no deja de convertirse en una situación incómoda, por decir lo menos, para un gobierno de derecha y empresarial. Los empresarios se dan cuenta que, finalmente, la improvisación y la forma chapucera de reformas legales les pasa una factura muy alta. El gobierno de Lasso, por lo pronto, no puede llevar adelante ninguna estrategia de delegación al sector privado de ningún sector estratégico ni de ninguna política pública porque las leyes que de alguna manera lo permitían, fueron derogadas por él mismo, en consecuencia, si lo hace, corren el riesgo de la ilegalidad y la inseguridad jurídica. Tampoco puede cumplir con las promesas realizadas a inversionistas internacionales en sus recorridos por otros países en los que aseguraba que el país es un buen destino de inversión porque el marco jurídico que lo permitía fue derogado por él mismo. Este momento, el orden jurídico para la inversión extranjera directa queda totalmente desarticulado.

 

La emocional reacción del Presidente Lasso

(ix)        La primera reacción del Lasso ante este impasse provocado por sus propios errores fue emocional. No tuvo la inteligencia de actuar de forma prudente sino que convirtió a sus errores en falencias de los demás. Al transferir sus propias responsabilidades al sistema político redujo, quizá sin pensarlo, su propio margen de maniobra. Esta forma emocional de asumir la política lo lleva a una confrontación directa con todo el sistema político. Los partidos políticos de oposición ahora tienen más argumentos para oponerse al régimen porque el gobierno ha convertido la política en un asunto personal y emocional y, en virtud de ello, ha empezado un proceso de lawfare hacia sus opositores y ha empezado con el mascarón de proa de la ID, a quien considera, con razón además, como el factor político clave que cambió la correlación de fuerzas en la Asamblea, por eso incluso aplica el lawfare en contra de Xavier Hervas, el candidato presidencial de la ID que llegó en cuarto lugar y que, en el balotaje, apoyó a Lasso. No obstante, y quizá algo tarde, el gobierno ahora comprende que necesita una cartografía más exacta de lo que sucede en la Asamblea Nacional y que necesita también de un cable a tierra. Pero no tiene ni los cuadros ni los operadores políticos que le permitan realizar esa cartografía (que debería incluir también un sismógrafo para registrar los terremotos políticos que continuamente provoca). Sus cuadros provienen del sector financiero, de la oligarquía de Guayaquil y, principalmente, del think tank Ecuador Libre, que no tienen mayor experiencia política, y que no tienen tampoco la capacidad de discernir el delicado entresijo de la política nacional. Es por ello que decide regresar a ver y encuentra a una organización política cuyo nombre no quiere ser recordado por la sociedad ecuatoriana, se trata del movimiento Ruptura de los 25, y cuya mayor figura es la ex ministra de gobierno de Lenin Moreno, María Paula Romo y responsable del terrorismo de Estado durante los eventos de octubre de 2019. El gobierno de Lasso ahora comprende que la política es mucho más que una campaña electoral y que está determinada por contingencias que escapan a toda previsibilidad, racionalidad y predictibilidad. Por ello, hace caso a las recomendaciones que, probablemente, vienen desde Ruptura de los 25 y, por vez primera, toma decisiones con más racionalidad: crea el ministerio del interior y de gestión política (como de hecho existía ya en el país), y, de esta forma, tiene que tragarse el discurso del Estado obeso porque, esta vez, no tiene opciones. En efecto, ahora comprende que su reacción emocional y calificar como corruptos al sistema político por no haber votado por su proyecto de ley, en vez de abrirle espacio, más bien los acota; de hecho, ahora se confronta a una oposición más dura y radical y por ello nombra como Ministro de gobierno a alguien que procede directamente del sistema político y con directa relación con Ruptura de los 25. De otra parte, Lasso comprende que la Asamblea está apenas a seis o siete escaños de la mayoría total para la destitución presidencial. El fantasma de su destitución, que pudo conjurar en la coyuntura de la investigación sobre los Pandora Papers, esta vez se hace plausible. Son momentos desesperados que ameritan soluciones desesperadas. La historia se repite dos veces, escribía Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Al parecer, el país, esta vez, entra en la época de la farsa;

¿Qué futuro para el gobierno de Guillermo Lasso?

(x)         Ahora bien, aquello que también caracteriza a esta coyuntura es la incomprensión del momento político por parte de la derecha, de los grandes medios de comunicación, de los think tanks aliados del régimen, de las cámaras empresariales, del mismo bloque del gobierno en la Asamblea y de los líderes de opinión conservadores y neoliberales. Todos ellos se dejan llevar por las formas y consideran que hay una crisis política que puede conducir al escenario de “muerte cruzada”, es decir, la disolución de la Asamblea y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Parten de un análisis muy simple en el cual, aparentemente, no hay cuadros visibles en la oposición que puedan disputar una probable elección al actual Presidente Guillermo Lasso y el desgaste del sistema político. Lo que ellos no ven es que los errores de Lasso son tan grandes y en todos los ámbitos que una muerte cruzada puede convertirse en un plebiscito sobre esos errores, sobre todo para una sociedad agotada por la pandemia, el desempleo y la inseguridad. En esas circunstancias, Guillermo Lasso no tendría ninguna posibilidad electoral. En efecto, el gobierno, para cumplir con el programa de consolidación fiscal acordado con el FMI, ha reducido de forma dramática la inversión pública y las transferencias al sector público. Para la sociedad es incomprensible cómo con altos precios del petróleo no exista la más mínima obra pública a casi un año de gobierno. De otra parte, el régimen tiene varios frentes abiertos: con las mujeres, porque Lasso legisla desde su propia ideología conservadora y ultramontana en un tema tan sensible como el derecho al aborto por violación; con los campesinos de la costa, sobre todo de arroz y de banano, por el vacío en políticas públicas para ese sector; con las clases medias a las cuales ahora les complica su ingreso-gasto familiar porque tienen que destinar un buen porcentaje de sus ingresos para el pago del impuesto a la renta (que no se traduce tampoco ni en obra pública ni en servicios públicos); con el sector productivo y transportista que tiene que afrontar precios de combustibles cada vez más altos en un país exportador de petróleo y productor de combustibles; con los maestros porque no quiere cumplir con las disposiciones legales que le obligan a la homologación salarial; con los jóvenes que ven que su acceso a la universidad no solo que es difícil sino imposible; en fin. De otra parte, es evidente que los movimientos sociales están en compás de espera: indígenas de la CONAIE, sindicatos, campesinos, pobladores, etc., se han limitado a un rol de observadores. Su posición es de cautela habida cuenta que los conflictos políticos, por el momento, se procesan y se resuelven dentro del sistema político. Efectivamente, quien ha logrado neutralizar al gobierno y llevarlo a cometer sus errores más gruesos, no ha sido el movimiento social sino el sistema político. Es curioso que la sociedad no comprenda que la mejor defensa que al momento tiene para evitar el proyecto conservador y neoliberal de Guillermo Lasso, al momento es la Asamblea Nacional y su representación política. La sociedad es implacable con la Asamblea pero se trata de una opinión creada directamente desde los grandes medios de comunicación y los think tank del neoliberalismo y altamente funcional, además, para el gobierno. Pero será difícil que esta campaña de desprestigio en contra del sistema político altere las coordenadas de la política. En consecuencia, ¿qué futuro tiene el gobierno de Guillermo Lasso? Al parecer, la respuesta es bastante obvia.