lunes, 18 de julio de 2022

Apuntes para entender la movilización indígena de Ecuador de junio de 2022

 

Apuntes para entender la movilización indígena de Ecuador de junio de 2022 

 

Pablo Dávalos

Docente-Investigador UNACH

 

Introducción

El presente texto parte de una hipótesis general y es que el movimiento indígena del Ecuador recoge el malestar de la sociedad con respecto a las políticas de austeridad impuestas al tenor de las recomendaciones y condicionalidades del FMI y, para evitar su avance y radicalización, en especial luego que ganó las elecciones en el primer trimestre del año 2021, el banquero neoliberal y ultraconservador Guillermo Lasso, se ven en la obligación de trasladar el debate sobre el neoliberalismo por fuera del sistema político y traerlo hacia las calles y carreteras del país por la vía de la movilización social para tener posibilidad de negociación.

Para lograrlo, se necesita de una enorme capacidad de coordinación organizativa y logística, al mismo tiempo que legitimidad en los planteamientos y firmeza en el liderazgo. Todos esos elementos se demuestran en las movilizaciones sociales del Ecuador en el mes de junio del año 2022 cuando, durante 18 días, los comuneros indígenas del Ecuador, liderados por el presidente de la organización indígena CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Leonidas Iza Salazar, y sus aliados de la FEINE (indígenas evangélicos), y FENOCIN (indígenas campesinos y pueblos afrodescendientes), lograron arrancar del gobierno ecuatoriano un compromiso por detener las medidas neoliberales de austeridad y empezar políticas públicas de reactivación de la economía y redistribución del ingreso.

Para comprender esta situación, el presente texto comprende tres partes: (1) en la primera, se analiza la forma por la cual se llevó adelante un agresivo y radical programa de austeridad cuando no existían condiciones macroeconómicas que lo justifiquen, ese programa de austeridad impuesto desde el bloque dominante de poder y el FMI, provocaron una grave fractura social que se expresa, en lo fundamental, en la precarización de toda relación social; (2) en una segunda parte, se analiza la confrontación entre el bloque de poder oligárquico-financiero y el FMI versus la organización social indígena más importante del Ecuador, la CONAIE, durante los 18 días de movilización social que se produjeron en el mes de junio de 2022 en el Ecuador; en esta parte se analizan las demandas de los indígenas, la forma por la cual se estructuró la movilización y se trata de explicar la capacidad organizativa para explicar el control sobre el territorio nacional que ejerció durante el periodo de movilización la organización indígena CONAIE y sus aliados gracias a las instituciones indígenas como la minga; (3) en una tercera parte se puntualiza la disputa semiótica en redes sociales por parte de los medios de comunicación comunitarios y populares, y la forma por la cual se vinculan nuevas agendas y nuevos actores a la movilización como los jóvenes, los movimientos feministas y, en especial, los influencersindígenas. Al final se realizan varias conclusiones a partir de las hipótesis planteadas. 

El texto es un análisis de coyuntura y se sustenta en la metodología del análisis de coyuntura, en ese sentido implica una posición epistemológica que busca la interdisciplinariedad entre, básicamente, la política y la economía. Parte de un criterio epistemológico de comprender la realidad como una totalidad compleja y dialéctica en el sentido que expresa contradicciones que se resuelven gracias, precisamente, al conflicto o lucha de clases. 

Una precisión teórica hace referencia a la problematización del discurso liberal y de las formas que tiene el liberalismo político para resolver los conflictos políticos pero no económicos. En este caso, el levantamiento indígena del mes de junio de 2022, supera, por así decirlo, el marco interpretativo del liberalismo, porque pretende resolver el conflicto político, económico y jurídico que se resumen en su oposición a  la austeridad y al extractivismo por fuera de sus marcos prescriptivos, gracias a la emergencia del sujeto comunitario. Para superar una posición antropológica se propone comprender al sujeto comunitario desde una visión de ontología política. La posición con respecto a las políticas de austeridad del FMI es una posición crítica en el sentido que intenta validar sus condicionalidades con los datos que emergen desde la realidad económica del país. La intención del texto es demostrar la capacidad política del movimiento indígena para convertirse en el interpelante más importante a los programas de austeridad del FMI.

Los acuerdos con el FMI y el programa de austeridad 

En América del sur, para el año 2022, los dos únicos países que habían suscrito Acuerdos de Facilidad Ampliada (EFF por sus siglas en inglés), eran Ecuador y Argentina. Estos acuerdos implican, para los países que los suscriben, la adopción de un estricto programa de austeridad fiscal y, en alguno casos como Ecuador, la adopción de cambios legales importantes que se denominan “reformas estructurales”.

Los demás países de la región tenían acuerdos de líneas de crédito flexible (FCL por sus siglas en inglés), líneas de crédito de corto plazo (SLL por sus siglas en inglés), o instrumentos de financiamiento rápido  (RFI por sus siglas en inglés), todos ellos sin ningún tipo de condicionalidad ex post a los créditos entregados, es decir, no requerían de un programa de austeridad.

El FMI creó las FCL en marzo 24 de 2009 y no están sujetas a los criterios de revisión ex post y condicionalidad de los programas del FMI. Así, Colombia tiene una FCL por 9,8 mil millones de dólares (IMF, 2022), Perú también una FCL por 5,4 mil millones de USD (IMF, 2022); Chile un SLL por 3,5 mil millones de USD (IMF, 2022); Bolivia un RFI por 327 millones de USD y vinculado a la pandemia del Covid-19 (IMF, 2020); Paraguay un RFI por 274 millones de USD y también vinculado a la pandemia del Covid-19 (IMF, 2020). Ni Uruguay, ni Venezuela y Brasil  tenían ningún tipo de acuerdo con el FMI.

En el caso del Ecuador, el país suscribió: (1) un acuerdo de Servicio Ampliado (EFF) por 4,2 mil millones de USD en marzo de 2019 durante el gobierno de Lenin Moreno (IMF, 2019); (2) un RFI por 640 millones de USD en mayo de 2020 (IMF, 2020); y, (3) un nuevo acuerdo de Servicio Ampliado (EFF) en octubre de 2020, por 27 meses y 6.5 mil millones de USD (IMF, 2020). En octubre de 2019 se produjo una insurrección nacional en contra de las medidas del FMI que condujeron a que el gobierno dé marcha atrás en el programa de austeridad fiscal y que el FMI suspenda y, finalmente, cancele el programa de austeridad adoptado en marzo de 2019 (IMF, 2020).

En abril de 2021 gana las elecciones en el Ecuador el banquero Guillermo Lasso, dueño del tercer banco más grande del país, el Banco de Guayaquil, y de una serie de fideicomisos y banca off shore. Apenas gana las elecciones, Guillermo Lasso decide continuar con el programa de austeridad fiscal y presenta un Plan Nacional de Desarrollo que se armoniza punto por punto con las condicionalidades establecidas por el FMI en el EFF de octubre de 2020.

Asimismo, el gobierno de Guillermo Lasso toma algunas decisiones que complementan el programa de austeridad al tiempo que generan condiciones de posibilidad para la conformación de mercados privados en varias áreas. Así, mediante Decreto Ejecutivo No. 82, decide la privatización de la empresa estatal de seguros, Seguros Sucre, con una prima neta anual de más de 500 millones de USD, para que sean las empresas privadas de seguros quienes participen del aseguramiento de la infraestructura pública (Periódico El Comercio, 2021). En el Decreto 95 decide privatizar toda la industria hidrocarburífera en manos de la estatal Petroecuador, y crear un mercado privado de importación, distribución y comercialización de combustibles y, para consolidar este mercado, decide liberalizar los precios de las gasolinas y el diésel (Presidencia de la República del Ecuador, 2021).

No obstante, es necesario indicar que el FMI exige un programa de austeridad para el Ecuador, en un contexto en el cual la economía está en plena recuperación de la pandemia del Covid-19, y en donde existen condiciones macroeconómicas relativamente favorables como, por ejemplo, las siguientes: (i) un importante volumen de remesas de migrantes que alcanzó en el año 2021, y por vez primera cerca del 4% del PIB del país (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 69); un crecimiento del precio del petróleo que estuvo planificado en 59,2 USD el barril para el presupuesto fiscal del año 2022, pero que ha sido vendido por encima de los 100 USD en el primer semestre del año (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 62); (iii) un incremento en la recaudación fiscal por encima de lo programado (Registro Oficial, 2021)(El Comercio, 2022)

No obstante, el gobierno orientó esos excedentes hacia las reservas internacionales que alcanzaron alrededor del 8% del PIB a mediados del año 2022 (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 8). De acuerdo a las reformas legales exigidas por el FMI, las reservas internacionales sirven como aval en las transferencias externas para los bancos privados (Registro Oficial, 2021)

Ahora bien, en el siguiente cuadro hay un comparativo de ingresos permanentes (impuesto a la renta y otros impuestos) y no permanentes (ingresos petroleros) del presupuesto fiscal para el primer trimestre del periodo 2019-2022, que demuestran que el gobierno tenía ingresos suficientes para inversión pública y gasto social:

Tabla 1Ingresos permanentes y no permanentes, Primer trimestre años 2019-2022, en millones USD

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 36)

Puede apreciarse que en el primer trimestre del año 2022 la economía del país empieza a repuntar y que el gobierno tiene ingresos adicionales a los previstos, producto de mejores recaudaciones fiscales y que constaban en la Ley de Desarrollo Económico aprobada en noviembre de 2021, así como por el mejor precio del petróleo en el mercado mundial; por ello, no puede comprenderse el comportamiento de la inversión pública en el periodo 2018-2022 sino por un esfuerzo de ajuste económico radical y con relación directa a las condicionalidades establecidas por el FMI; la disminución de la inversión pública adquiere características importantes conforme lo certifica el siguiente gráfico:

Ilustración 1Comparativo de la inversión pública del gobierno central. Primer trimestre periodo 2017-2022, en millones de USD

 

(Banco Central del Ecuador, 2022, p. 36)

La inversión pública descendió de 611,5 millones de USD en el primer trimestre del año 2017, al inicio del gobierno de Lenin Moreno, a 26,1 millones de USD en el primer trimestre del año 2022, a pesar que en el año 2017 los ingresos petroleros, que son su fuente de financiamiento, para ese mismo periodo, fueron de 2.307 millones de USD, mientras que en el primer trimestre del año 2022 fueron de 3.528 millones de USD (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 36)

De otra parte, puede también apreciarse un proceso de sobreendeudamiento público pero que no tiene relación con la inversión pública conforme lo establece la Constitución. En efecto, la Constitución en el Art. 290 numeral 3, define lo siguiente: “El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: 3. Con endeudamiento público se financiará exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento de la deuda pública en los últimos siete años. Los datos indican que la deuda pública se duplicó en cinco años, pero no fue una deuda pública orientada a la inversión pública conforme lo establece la ley, sino que fue un proceso de sobreendeudamiento sin relación alguna con el desarrollo económico del país:

Tabla 2Deuda pública interna, externa y total 2016-marzo 2022, en millones USD


Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022, pp. 47, 78)

Esto da cuenta que el proceso de austeridad utilizó la inversión pública y la reducción del gasto corriente como variables fundamentales para disminuir el consumo nacional, al mismo tiempo que provocó un sobreendeudamiento para justificar y legitimar más medidas de ajuste al mediano y largo plazo.

El programa de austeridad produjo recesión económica que se expresó en disminución del pleno empleo. En el Ecuador, de cada diez personas en capacidad de trabajar, solo cuatro de ellas tienen un contrato de trabajo, conforme el siguiente gráfico:

Ilustración 2  % Empleo adecuado como parte del empleo global, 2017-2021



Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2022, p. 103)

La pérdida de empleos provocada por el programa de austeridad disminuyó el ingreso de los hogares lo que contribuyó al incremento de la pobreza y la extrema pobreza. Conforme los siguientes datos, la pobreza y la extrema pobreza se incrementaron de forma importante:

Ilustración 3Proyección de la tasa de pobreza y de extrema pobreza para los años 2022-2023, en %de población total



Fuente: (ENEMDU, 2021, p. 08)

Esto quiere decir que al ritmo que asume la política económica de austeridad, la pobreza alcanzaría al 40% de la población en el año 2023, y la extrema pobreza subiría del 7,9% a cerca del 20% de la población para ese mismo año (ENEMDU, 2021). Hay que advertir que el índice de pobreza en el año 2017 fue del 21,5%; esto quiere decir que las políticas de austeridad del FMI podrían duplicar la pobreza y la extrema pobreza en apenas un lustro. En otros términos, el programa de austeridad del gobierno y del FMI programan la creación de pobreza de forma intencional.

Al mismo tiempo que se redujo el empleo y que el ciclo económico daba cuenta de recesión provocada por el programa de austeridad y también por los efectos recesivos de la pandemia del Covid-19, los indicadores financieros de los bancos privados, por el contrario, fueron anticíclicos y demostraron un importante incremento de las utilidades bancarias para ese mismo periodo, salvo para el periodo de la pandemia del Covid-19, conforme el siguiente gráfico:

Ilustración 4Ganancias del ejercicio total bancos privados, a diciembre 2017-2021, 

en miles USD



Fuente: (Superintendencia de Bancos, 2021)

El programa de austeridad creaba ganadores (el sistema financiero privado) y perdedores (los trabajadores y los campesinos indígenas); también generaba conflicto político y social. Es producto de este programa de austeridad que se producen los eventos de octubre de 2019 y de junio de 2022. En ambas circunstancias los eventos que detonan la protesta social tienen directa relación con los programas de austeridad del FMI y el sujeto político interpelante al programa neoliberal de austeridad es el movimiento indígena.

El levantamiento indígena de junio de 2022

El 13 de junio de 2022 empezó el paro nacional convocado por la organización indígena CONAIE, y también por las organizaciones aliadas FEINE (indígenas evangélicos) y FENOCIN (indígenas-campesinos y pueblos afrodescendientes), con una “Agenda de Lucha Nacional” (CONAIE, 2022), que contemplaba diez puntos, la mayoría de ellos, con directa relación al programa de austeridad del FMI y puesto en marcha por el gobierno de Guillermo Lasso.

El primer punto de la Agenda de Lucha de la CONAIE y las organizaciones aliadas, hacía referencia a la disminución del precio de la gasolina y del diésel y la necesidad de focalizar el subsidio para agricultores, campesinos, transportistas y pescadores. Hay que recordar que fue precisamente este punto el detonante de las movilizaciones, asimismo lideradas por la CONAIE, de octubre de 2019. Luego de 18 días de movilización nacional, el gobierno decidió ceder sobre este punto y redujo el precio de los combustibles en un 6%, al tiempo que se comprometió en la focalización del subsidio.

Otro de los puntos clave de la Agenda de Lucha fue la moratoria de la frontera extractiva y la derogatoria de los Decretos No. 95 y No. 151, que ampliaban el extractivismo petrolero y minero respectivamente. En los acuerdos con el movimiento indígena, el gobierno decidió derogar el Decreto No. 95 y delimitar con más precisión el catastro minero y excluir territorios indígenas y zonas vulnerables, conforme el pedido realizado por el movimiento indígena.

Asimismo, otro de los puntos importantes de la agenda era el alivio económico con una moratoria de al menos un año para renegociación de las deudas con el sistema financiero privado por parte de los pequeños productores rurales campesinos e indígenas y evitar el embargo por falta de pago. El gobierno también cedió en este punto y ordenó una condonación de pequeños créditos de la banca pública de desarrollo.

Sobre los demás puntos de la Agenda de Lucha, se estableció la conformación de una serie de mesas de trabajo (diez), encargadas de dar solución a todos y cada uno de los planteamientos realizados por el movimiento indígena ecuatoriano, y se instalaron un mes después de haber iniciado la movilización. Por lo tanto, puede constatarse que la movilización indígena se saldó con una victoria importante para las organizaciones indígenas. Aquello que pudo garantizar esa victoria está en su capacidad de organización y voluntad política de llevar la movilización hasta sus últimas consecuencias. Es necesario, por tanto, tratar de comprender las formas que asumió esa movilización.

Una primera reflexión es que la resolución del conflicto se produce por fuera de la institucionalidad del liberalismo, es decir, los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el movimiento indígena ecuatoriano, no se procesaron dentro de la institucionalidad del liberalismo, como por ejemplo, la legislatura o la participación ciudadana. Esto da cuenta que la forma por la cual la sociedad procesa aquellos aspectos cruciales para ella no están dentro de los procedimientos y formalidades del sistema político sino fuera de ellos. 

En efecto, a pesar que el movimiento indígena tiene una importante representación parlamentaria dentro del sistema político (alrededor del 19%), y que había, incluso, manejado la Presidencia de la Asamblea Nacional y que con sus aliados de centro izquierda tenía la mayoría de la legislatura, a las organizaciones indígenas nunca se les ocurrió situar la resolución del conflicto en las coordenadas del sistema político; es más, lo mantuvieron al margen y no le dieron ningún rol protagónico.

Una segunda constatación de esta movilización es la capacidad de control territorial del movimiento indígena y a escala nacional. Casi todas las capitales de provincia del país y, de hecho, todas las carreteras, estuvieron tomadas por el movimiento indígena durante los 18 días que duró el paro nacional. Es muy raro que un movimiento social tenga una capacidad de control territorial tan importante y a escala nacional y que, además, pueda sostener de forma ininterrumpida un paro nacional, pero eso fue lo que sucedió en las movilizaciones de junio de 2022 en el Ecuador. Esto suscita una inquietud ¿en dónde radica la fuerza y la capacidad de convocatoria, movilización, organización y logística del movimiento indígena?

La respuesta proviene del hecho de comprender a la movilización desde la lógica política del movimiento indígena como sujeto político pero también como sujeto con su propia ontología política. La movilización es la expresión de la ontología política del movimiento indígena. Asume esa forma y se expresa bajo esa representación, esto quiere decir que cuando la forma de hacer política, para la CONAIE y sus aliados (FEINE y FENOCIN), siempre es desde el sujeto comunitario. Detrás de la potente movilización consta y se registra el sujeto comunitario.

En efecto, el sujeto comunitario no toma decisiones políticas a nivel individual ni tampoco las valora a nivel individual. Las decisiones son comunitarias y, por eso, pueden sostenerse a pesar de la represión, la violencia y la persecución del Estado. Esas decisiones que se toman desde el sujeto comunitario tampoco se someten a la regla de la mayoría que es el mecanismo de toma de decisiones desde el liberalismo. En el caso del sujeto comunitario, las decisiones se toman por consenso y luego de un intenso proceso de diálogo comunitario. 

En el liberalismo quien hace la política son los ciudadanos, de ahí que quedan por fuera los niños, los jóvenes, las mujeres, los extranjeros; es decir, hay un componente censitario en la forma de hacer política desde el liberalismo. En el caso del sujeto comunitario esto no es así, la política la hace la comunidad en su conjunto, lo que incluye a los niños, jóvenes, mujeres y también extranjeros en el caso que los haya. Es por ello que en las movilizaciones indígenas hay tantos niños, jóvenes y mujeres, y no tiene nada que ver con manipulación alguna, como en alguna ocasión lo dijeron varios medios de comunicación, sino que es la expresión del sujeto comunitario.

Esta forma de tomar y asumir decisiones marca distancias que pueden parecer irreconciliables e inentendibles desde la política en su formato liberal. Generalmente, en los marcos liberales de la política, los jefes o líderes tienen la capacidad de tomar decisiones que son estratégicas y que nunca se consultan con aquellos directamente involucrados por estas decisiones. Para el sujeto comunitario esto es imposible, las decisiones más importantes siempre y en todo momento tienen que ser avaladas, consensuadas y aprobadas por el mismo sujeto comunitario. De ahí el error del gobierno en haber pensado que el presidente de la CONAIE o cualquiera de sus aliados, podía tener una capacidad de decidir sobre la movilización y detenerla cuando esa movilización dependía del sujeto comunitario.

Cuando el sujeto comunitario aborda una tarea en tanto sujeto comunitario, utiliza una de sus instituciones más ancestrales, aquella de la minga, es decir, el trabajo colectivo coordinado y estructurado desde lo colectivo. En este caso, cuando el sujeto comunitario asume la decisión de ir a la movilización, lo hace por consenso, y cuando arma la movilización lo hace desde la minga. 

La minga es una de las instituciones indígenas más potentes y más trascendentes de los pueblos indígenas, y esto pudo apreciarse en el levantamiento indígena de junio de 2022. Sin esta institución de la minga, habría sido imposible la coordinación, organización y logística del levantamiento. Aquello que estuvo detrás de la organización del levantamiento fue, justamente, esta institución de la minga. Gracias a ella, los comuneros indígenas pudieron articular de manera coherente, lógica y eficiente las líneas de abastecimiento, aprovisionamiento, transporte, logística, relevos, comunicaciones, seguridad, protección, alojamiento, control de todas las etapas de la movilización.

Para el gobierno, la magnitud de la movilización y su organización tan minuciosa y tan rigurosa solamente podía ser explicada por factores exógenos. Esto da cuenta del desconocimiento no solo epistemológico sino ontológico de lo que es y lo que significa el sujeto comunitario. Pero la minga apela a conceptos de base que tienen que ver con la cosmovisión de los pueblos ancestrales. El primero de esos conceptos es la solidaridad. El primer lazo que teje la minga apela a la solidaridad y es eso lo que pasó en todo el país. Una vez que los comuneros se decidieron por el paro ante las continuas negativas del gobierno por resolver los pedidos indígenas, obtuvieron muestras importantes de solidaridad de todo el país. En todas las ciudades se generaron muestras de solidaridad y generosidad con esta minga. La solidaridad de la minga apela a la cooperación y colaboración voluntaria y gratuita. Su única recompensa es simbólica y moral.

Un segundo elemento que suscita la minga es la reciprocidad. En este caso, los comuneros estaban, literalmente, luchando por todo el país, no solo por sus intereses en tanto economías campesinas e indígenas, sino que su agenda era nacional. Quienes acudieron al llamado de la reciprocidad fueron los más pobres y los más precarizados de la sociedad que se unieron a esta minga.

La solidaridad y la reciprocidad se explican por los fundamentos de ontología política del sujeto comunitario que tiene en su principio de relacionalidad su explicación sobre el ser en el mundo. Para el sujeto comunitario el mundo es una totalidad en la que pueden caber varios mundos. Esto puede comprenderse por la divisa de la unidad en la diversidad, o en aquello que los zapatistas de México reclamaban como “un mundo en el que quepan todos los mundos”. Este principio de relacionalidad apela a la interculturalidad. Para el sujeto comunitario la política siempre es intercultural y siempre implica la creación del mundo en el tiempo del mundo (al tiempo del mundo lo denominan pacha).

En consecuencia, cuando se advierte que detrás de la movilización de los comuneros indígenas en realidad consta el sujeto comunitario y su ontología política, puede advertirse que en el levantamiento de junio de 2022 hubo algo más que un paro nacional, en realidad, se confrontaban dos lógicas sobre el mundo, dos cosmovisiones sobre la realidad, dos proyectos de ontología política.

En el mundo del capitalismo y del liberalismo, la única forma por la cual se abren las compuertas de la política para las personas es por las elecciones o por lo que ellos denominan la “acción colectiva”. En el caso del levantamiento indígena es diferente. No es acción colectiva (aunque a fortiori puede parecerlo), porque el marco de epistemología política que la sostiene y estructura es aquel del sujeto comunitario, y el sujeto comunitario es algo diferente al sujeto individual moderno que realiza la acción colectiva.

Las consecuencias de la minga y del sujeto comunitario se expresan en una capacidad política de ese sujeto comunitario que rebasa todo aquello que puede ser contenido y definido desde el libreto liberal, que incluye, por supuesto, a la acción colectiva. La posibilidad de establecer un control territorial a escala nacional, bajo una plataforma específica y construida comunitariamente, con un liderazgo reconocido y con capacidad de extenderse durante los días que fuesen necesarios, da cuenta de niveles de organización, coordinación y dirigencia muy difíciles de comprender si no es a través de las instituciones y la ontología política del sujeto comunitario.

Otra de las instituciones del sujeto comunitario que también se desplegaron en esta coyuntura es la fiesta como apertura del tiempo y sus ciclos. En esta ocasión, la movilización coincidió con la fiesta más importante de los pueblos indígenas, el Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Es por ello que adquirió la forma de la toma de la plaza y la resignificación del territorio. La fiesta es ritual porque apela a lo sacro. Aquello que está en juego en la fiesta es el tiempo, el pacha. Para los comuneros, junio es el mes de la fiesta, el mes de la renovación del tiempo, el mes de la toma de la plaza. 

El resultado es evidente. Gracias a que en esta movilización se pusieron en marcha esas instituciones ancestrales, pudo lograrse algo que, en otras circunstancias, habría sido imposible, luego de 18 días de una paralización total y absoluta, los comuneros indígenas pusieron de rodillas al gobierno de Guillermo Lasso, quien se vio obligado a aceptar algunos de los puntos más estratégicos de la agenda de lucha del paro nacional.

Pero eso no quiere decir, en absoluto, que se haya detenido la maquinaria neoliberal ni el programa de austeridad del FMI. Quizá la haya interrumpido momentáneamente pero no la detuvo. Para detenerla hace falta algo más y que ahora el movimiento indígena lo tiene más claro: la necesaria confluencia entre la lucha social y la lucha política dentro de sistema político. Sin embargo, la hoja de ruta, para el movimiento indígena, empieza a perfilarse en ese sentido.

Medios digitales comunitarios e influencers indígenas

Si bien la institución de la minga fue el marco institucional que sostuvo y mantuvo la capacidad de organización del levantamiento indígena de junio de 2022, existen otras determinaciones que aparecieron en esta movilización y que son fenómenos inéditos no solo para el movimiento indígena sino también para la sociedad. Esos fenómenos tienen que ver, básicamente, con las redes sociales y el manejo de la comunicación desde medios digitales comunitarios.

Uno de los vectores que atraviesan a la globalización y le otorgan su propia particularidad tiene que ver, justamente, con el internet, la conexión digital que cada vez involucra a más sectores de la sociedad, y la compleja relación de las personas con las redes sociales. Ahora bien, a partir de la experiencia de las movilizaciones sociales de octubre de 2019, en el movimiento indígena se comprendió el rol estratégico de la comunicación de masas y la dimensión política de los grandes medios de comunicación que, por lo demás, siempre fueron aliados importantes del poder.

Esta vez, en el levantamiento indígena de junio de 2022, se pusieron en marcha toda una constelación de medios digitales comunitarios que fueron el eje sobre el cual se articuló la comunicación, la información y la reportería del levantamiento indígena. Medios digitales y comunitarios como: RedKapari, Lanceros Digitales, La Voz de la Confeniae, ApakTV, Wambra Medio Comunitario, Urku Kapari, Iliniza, Radio MICC, Radio Arutam, Bocina Digital, Comich Comunicación, en fin, fueron los que produjeron información y sus contenidos desde los territorios movilizados. Gracias a ese despliegue de medios comunitarios y digitales, pudieron desplazar a los grandes medios de comunicación.

Es la primera vez en la historia de las movilizaciones sociales del país, que se disputa el espacio de los medios de comunicación desde canales propios. En efecto, ante los grandes medios de comunicación apareció una gran constelación de medios digitales que tenían la ventaja de la proximidad, la legitimidad, la veracidad y la oportunidad y esta vez fue difícil para la gran prensa posicionar sus verdades que, en definitiva, son las verdades del poder.

Se trata de un fenómeno relativamente inédito porque siempre y en todo momento las movilizaciones sociales pasaban por el tamiz interpretativo de los grandes medios de comunicación, que casi siempre presentaban a esas movilizaciones sociales de forma grotesca, sin sustrato político y sin consistencia ideológica. Los grandes medios de comunicación lograban crear un consenso social negativo sobre las movilizaciones y trasladaban hacia las movilizaciones todas las responsabilidades posibles por millonarias pérdidas provocadas por esa movilización de tal manera que los convertían en culpables de una situación de anarquía, caos y desorden. 

Esta vez fue diferente. Los grandes medios de comunicación se enfrentaron, en el levantamiento, al rechazo no solo de los comuneros sino también de sectores sociales y populares, que les reprocharon por su falta de ética al momento de informar sobre la movilización social. Esto evidencia los contornos de una batalla semiótica que nunca fue confrontada con posibilidades de éxito desde los comuneros indígenas y sectores sociales, hasta este levantamiento de junio-22. Aquello que marca la diferencia es el aprendizaje del movimiento indígena con respecto a octubre de 2019. Esta vez, las organizaciones indígenas no solo que pudieron derrotar políticamente al gobierno gracias a las movilizaciones, sino que también crearon una fisura en el bloque de cemento de la comunicación de masas gracias a los medios digitales comunitarios. Fueron ellos los que informaron todo el tiempo sobre los eventos que se producían sobre el levantamiento. Fueron ellos la voz más creíble y la opinión más legítima en esa coyuntura.

No obstante, otro de los fenómenos interesantes e inéditos que se produjeron en este levantamiento tiene que ver con el rol político al lado de las organizaciones indígenas por parte de los influencers digitales indígenas. Esto es importante porque en esta coyuntura y ante la impotencia del gobierno y sus aliados por resolver políticamente la crisis y anular al movimiento indígena, apelaron al racismo. Los influencers pudieron hacer un contrapeso al racismo que empezó a destilarse en contra de los comuneros sociales en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Para la ideología colonial que sustenta el racismo, los indígenas carecen de consistencia ontológica. Simplemente: no son. No pueden ser. Nunca serán. Están en permanente devenir al ser. Nunca han sido.

Esta ideología colonial se expresa de muchas maneras: la posición del desconocimiento expreso de sus particularidades como pueblos y la obligatoriedad a que, para existir, asuman los formatos de la racionalidad dominante y dejen de ser indígenas; la posición de suspicacia permanente con respecto a los indígenas a quienes se les acusará siempre de “dobles intenciones” porque, según esta visión colonial, carecen de ética; la posición de miedo con respecto a los indígenas porque pueden ser capaces de lo inimaginable; la posición de desprecio porque nunca alcanzarán el éxito; la posición de conmiseración porque son pobres y no saben lo que hacen; la posición de infantilización a los indígenas a quienes se les acusa de ser permanentes menores de edad y proclives a ser manipulados. Son lo que Fanon definía como los “condenados de la tierra”.

Ahora bien, en un contexto de redes sociales y de influencers, en donde cada vez más personas, sobre todo jóvenes, los utilizan como referentes para construir su posición en el mundo, en esta oportunidad emergieron varios influencers propios del mundo indígena, fieles y consecuentes con su vida comunitaria y con cientos de miles de seguidores en todo el mundo, y con una capacidad de autoestima y proyección que su sola mención echaba por tierra todas las posiciones racistas y colonialistas.

Quizá en otras sociedades los influencers de redes sociales traten de cuidar y proteger sus espacios con respecto a la contingencias de la política, pero esta vez no fue así, básicamente por una razón, de forma independiente de su estatuto de influencers indígenas en redes sociales, ellos se deben a un sujeto comunitario. Ser indígenas significa formar parte de ese sujeto comunitario. Ellos, en tanto parte de ese sujeto comunitario, no tuvieron problema alguno de identificarse con la movilización y llevar la movilización al mundo de internet y las redes sociales.

En esta oportunidad abrieron un espacio de confrontación a través de formas de comunicación que son propias de las redes sociales y de las poblaciones más jóvenes. En el siguiente cuadro se hace una referencia a aquellos influencers indígenas que jugaron un rol activo en las movilizaciones de junio-22:

Tabla 3Principales influencers indígenas en el Paro Nacional de junio 2022

Nombre y Apellido

Pueblo/Nacionalidad

Actividad

Redes Sociales

Facebook

Twitter

Instagram

Tik Tok

You

Tube

Ñusta Picuasi

Otavaleña- Otavalo

Cantante de covers 

y traducción de canciones famosas al kichwa 

5.565

267

32.300

367.200

3.880

Sairi Anrango

 

Otavaleño-Cotacachi

Músico y difunde cultura otavaleña en sus redes

1.181

 

575

 

 

Zaruk Aya

 

Otavaleño

Difusión cultura indígena, paisajes, música, etc.

16.581

 

4.693

6.010

 

Leonardo Sefla

 

Kichwa- Puruha Chimborazo

Atleta calistenia y difunde videos de rutina de ejercicios, música y cultura indígena  

27.865

205

110.000

14.500

 

Cuenta Runa Calisthenic 

 

 

 

129.800

 

Meliza Yumisaca

Chimborazo

Comunicadora, modelo y actriz 

230.000

2.249

250.000

981.200

76.800

Fuente: Cuentas Oficiales de Redes Sociales 

Fecha: 9 Julio de 2022

 

Esta apertura hacia nuevas y creativas formas de acompañar la movilización social abre el paraguas para cobijar a su interior otras expresiones de resistencia y lucha social. En esta oportunidad, el movimiento feminista fue también importante en su solidaridad y en su acompañamiento a las movilizaciones sociales. Lo mismo puede decirse del movimiento ecologista y del movimiento juvenil, en especial aquel de la Universidad Central y la Universidad Salesiana que fueron claves para generar el apoyo necesario para recibir a los comuneros indígenas en su marcha en la capital del país.

Conclusiones

El 13 de julio, es decir, al mes de empezar las movilizaciones de junio-22, se abrían las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. Esas mesas de diálogo tenían como objetivo trabajar en cada uno de los puntos acordados en los compromisos suscritos entre el gobierno y el movimiento indígena del Ecuador para dar por terminado el paro nacional. Sin embargo, el Presidente Guillermo Lasso se encargó de dinamitar y sabotear el proceso de diálogo, sobre todo al acusar a los comuneros y a los pueblos que se movilizaron en todo el país contra el programa de austeridad fiscal, por haber sido financiados por el narcotráfico.

Esta forma de sabotear un compromiso asumido por el gobierno y que de alguna manera le devolvía sus condiciones de gobernabilidad, se debe al hecho que el régimen nunca supo cómo procesar los acontecimientos de junio-22. Para el gobierno y todos sus aliados de la derecha política, tenía que existir algo más que explique una movilización tan contundente y tan potente como aquella que había ocurrido. Se trataba, como puede advertirse, de una visión racista y colonial que no acepta a los pueblos indígenas como interlocutores y, menos aún, como interpelantes.

Con esta movilización, el gobierno queda herido de muerte. Sus márgenes de maniobra en el sistema político que, de hecho, quiso destituirlo en esta oportunidad, son mínimos por no decir inexistentes. A pesar de ello, el régimen no alterará el rumbo de la austeridad fiscal, lo que presagia nuevas confrontaciones y, como muestra de ello, es el nombramiento en el Ministerio de Economía a uno de los cuadros más fundamentalistas del neoliberalismo.

Pero más allá de la coyuntura, existen hechos que son importantes destacarlos, y quizá el más importante de ellos, es la resistencia social a los programas de austeridad del FMI. Aquello que estuvo en el centro del debate fue, precisamente, la vigencia del programa de austeridad que, en el caso del Ecuador, asumía formas radicales. La movilización indígena del Ecuador de junio de 2022 debe, por tanto, ser asumida, comprendida y visualizada como parte de las resistencias globales al neoliberalismo y al FMI.

Se ha visto la forma por la cual el programa de austeridad prácticamente duplica la pobreza y la extrema pobreza en apenas cinco años, y le deja al país con una deuda de más del 75% de su PIB. Es necesario recordar que antes de que empiecen los programas de austeridad, la deuda pública no llegaba al 40% del PIB. Sobreendeudamiento y ajuste económico van de la mano. Sin embargo, el sistema político ecuatoriano se mostró inoperante e ineficaz para detener el ajuste, más bien lo agravó cuando aprobó leyes que radicalizaron el programa de austeridad, como fue el caso de la Ley de Desarrollo Económico, aprobada en noviembre de 2021.

Así, la única forma que la sociedad encuentra para detener la austeridad es a través de la movilización. Pero esta vez la movilización contra el ajuste y la austeridad es realizada desde la organización indígena más grande del Ecuador y una de las más importantes del continente, la CONAIE y sus aliados FEINE y FENOCIN. Como paso previo a esta movilización, la CONAIE había construido una agenda de lucha nacional de manera consensuada y participativa de todo su entramado organizativo y comunitario.

Cuando se produce el levantamiento el gobierno responde con violencia, represión y criminalización de la lucha social, de manera independiente que la movilización social esté respaldada a nivel constitucional por el derecho a la resistencia (artículo 98 de la Constitución). A pesar de la violencia estatal que produjo varios comuneros asesinados y centenas de heridos, la CONAIE y sus aliados, pudieron paralizar el país y tuvieron el control territorial durante los 18 días que duró el levantamiento. Al final, el gobierno se vio obligado a dialogar y dar solución a los problemas planteados en la agenda de lucha nacional.

Esta movilización fue contundente porque se sustentó y se basó en la ontología política del sujeto comunitario indígena. Es decir, en esta movilización pueden apreciarse las formas políticas del sujeto comunitario, como la minga. La movilización fue una minga que apeló a la solidaridad, la reciprocidad. Gracias a la minga pudo sostenerse durante 18 días la movilización en casi todas las ciudades del Ecuador. Pero también emergió la dimensión sacra-festiva de la lucha política de los sujetos comunitarios. Un levantamiento es como la toma de la plaza en la fiesta del Inti Raymi, es la apertura del tiempo hacia los nuevos tiempos.

Pero en esta movilización surgieron fenómenos nuevos como los medios digitales de las organizaciones comunitariasy que pudieron hacer un contrapeso al poder mediático de los grandes medios de comunicación asociados al poder económico y político. Surgieron también formas nuevas de resistencia y lucha social, como aquellas de los influencers indígenas en redes sociales, que pudieron atenuar el racismo que empezó a circular en medios de comunicación y en redes sociales.

El historiador Karl Polanyi advertía que la creación del mercado autorregulado condujo a la desarticulación de la sociedad y que las sociedades se defienden de los mercados (Polanyi, 2006). A esa trituradora social, que es el mercado autorregulado, Polanyi lo denominó el “molino satánico”. La insurgencia indígena, es una rebelión contra el molino satánico de la globalización neoliberal y de la visión de austeridad del FMI. Es una forma de decir: Basta! a esa máquina de precarizar a las sociedades. Gracias a esa movilización indígena, pueden abrirse las compuertas de la historia para crear un mundo donde quepan todos los mundos, es decir, la unidad en la diversidad.

Trabajos citados

 

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miércoles, 6 de julio de 2022

El levantamiento del Inti Raymi de junio-22 El retorno de los guerreros y guerreras del arcoíris

 El levantamiento del Inti Raymi de junio-22
El retorno de los guerreros y guerreras del arcoíris


Pablo Dávalos
Docente Investigador Universidad Nacional de Chimborazo

Introducción

El 25 de mayo del año 2022, el Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Iza Salazar, advertía al país que el 13 de junio de ese año se produciría un Paro Nacional que, por sus características, sería parecido a aquel de 1990. En este caso, la referencia del líder de la CONAIE a los orígenes, daba cuenta de las expectativas que tenía la dirigencia del Paro Nacional con respecto a las movilizaciones que se anunciaban. La historia demostraría que esas expectativas se cumplieron y con creces.

La advertencia del líder indígena se hizo al día siguiente del discurso presidencial de Guillermo Lasso, en su informe anual ante la Asamblea Nacional en donde el Presidente Lasso aprovechó la oportunidad para ratificarse en su intención de continuar con su programa de ajuste, reducción del tamaño del Estado, desinversión pública y privatizaciones, de tal manera que se cumplía de forma expedita con las condicionalidades acordadas con el FMI.

El 13 de junio de 2022, conforme lo anunciado por Leonidas Iza Salazar, el movimiento indígena ecuatoriano inicia un levantamiento al que le otorga una dimensión nacional, territorial e indefinida. Nacional porque su agenda abarcaba a la mayoría de sectores sociales, es decir, no era una agenda étnica; territorial porque la resistencia indígena empezaba en los territorios de los comuneros e, indefinida, porque su resolución dependía de la voluntad política del gobierno para llegar a acuerdos en función de las demandas exigidas.

La agenda política de este levantamiento, se denominó: “Agenda de Lucha Nacional”, y se resume en diez puntos en los cuales se reclaman y exigen políticas públicas de atención social y, además, a través de esta Agenda, las organizaciones indígenas intentan detener la deriva neoliberal que se había radicalizado con el gobierno de Guillermo Lasso.

Durante 18 días, la movilización nacional va in crescendo en un proceso en el cual el gobierno de Guillermo Lasso progresivamente acumula errores y la dirigencia indígena, en cambio, demuestra una visión más estratégica. Conforme pasan los días, el gobierno pierde espacios de legitimidad social en la misma medida que los gana la CONAIE, la FEINE (organización de indígenas evangélicos) y la FENOCIN (organización de indígenas campesinos y pueblos afros), que son las organizaciones convocantes y organizadoras de la movilización nacional.

Este levantamiento indígena demuestra que, desde aquella movilización de 1990, el movimiento indígena ecuatoriano se ha constituido en un sujeto político que demuestra tener una capacidad organizativa para paralizar casi todo el país, controlar los territorios en los cuales tiene estructuras organizativas, articular una agenda programática que suscita la adhesión de muchos sectores sociales y mantener un liderazgo que concita y suscita consenso y reconocimiento nacional.

Es necesario, por tanto, una mirada hacia el interior del movimiento indígena para comprender cómo se organizó esta movilización, cómo se estructuró su agenda y cómo se manejaron aspectos de organización, logística y cuestiones estratégicas. Se trata, en definitiva, de entender cómo se gestó y se produjo la movilización social más grande del Ecuador luego de aquella de Octubre de 2019, desde el sujeto político que la llevó adelante, el movimiento indígena ecuatoriano, sin duda, una de las organizaciones sociales más importantes y trascendentes de toda América Latina, porque lograron lo que parecía imposible: que el gobierno neoliberal y ultraconservador de Guillermo Lasso acepte suscribir un Acuerdo con las organizaciones indígenas como interlocutores directos ante el poder e interrumpir, de alguna manera, la agenda neoliberal de su gobierno.

La Agenda

En primer lugar, es necesario analizar y comprender la agenda política del movimiento indígena para esta coyuntura, la denominada: “Agenda de Lucha Nacional”, porque la construcción de esta plataforma fue un proceso de diálogo y consenso comunitario que empezó a conformarse apenas electo el nuevo líder de la organización indígena, Leonidas Iza Salazar, a mediados del año 2021.

La Agenda de Lucha Nacional, con la cual la CONAIE, conjuntamente con la FEINE y la FENOCIN, legitiman y organizan su levantamiento y movilización, se construyó de manera colectiva y expresaba las formas fenoménicas que asume la acumulación de capital y sus efectos sobre las comunidades y los sectores populares.

En efecto, para aquellos que viven en su cotidianidad las consecuencias del neoliberalismo, este se manifiesta en el costo de transporte cada vez más caro, en los costos de producción agrícola cada vez más insostenibles, en los costos de los bienes de la canasta básica que, asimismo, son cada vez más inaccesibles, en la falta de empleo, en la desatención de los subcentros y centros de salud y hospitales públicos, en escuelas y colegios sin maestros y sin infraestructura, entre otros; por ello, el proceso de diálogo comunitario abierto por el presidente de la CONAIE y las organizaciones aliadas, fue un proceso político catalizador de sus demandas.

Este proceso de construcción comunitaria de la agenda política convierte a la dirigencia en una especie de portavoz en la que los dirigentes indígenas tienen que “mandar obedeciendo”. No pueden salirse de esta agenda, independientemente de sus propias convicciones e ideología.

Desde mediados de 2021, la nueva dirigencia nacional de la CONAIE, presidida por Leonidas Iza Salazar, realizó en pocos meses un esfuerzo gigantesco de visitar, literalmente, comuna tras comuna, y organización tras organización indígena y social, para construir, discutir, debatir y validar la agenda política de CONAIE y luego consensuarla con las organizaciones aliadas como la FEINE y la FENOCIN.

En esas discusiones, los comuneros son conscientes que su agenda no tiene la más mínima posibilidad de ser recibida por el gobierno si no hay de por medio un proceso de presión y resistencia social, porque, de hecho, lo habían intentado ya varias veces sin resultado alguno. La historia les ha enseñado que todo diálogo con el poder está mediado, justamente, por la movilización y la lucha social. Así, la construcción de la agenda es también el proceso de cimentación de la movilización social. Los comuneros que discuten en sus comunidades cada punto de esa agenda están conscientes que la única forma que esa agenda entre al debate político y que sea atendida es por la vía de la movilización y, además, que la fortaleza de la agenda depende de la fuerza de la movilización; esta debe ser contundente y debe llegar hasta las últimas consecuencias, porque están claros que tienen que confrontar a un gobierno radical y fundamentalista en su neoliberalismo.

Así, la construcción de la agenda política desde las comunidades se convierte al mismo tiempo en la organización de la movilización. Es ahí cuando los comuneros se deciden por una agenda que abarque intereses nacionales que incluya a los más pobres, al tiempo que proponen la movilización desde sus territorios y, a partir de ahí, que ella incluya cada vez más sectores y que continúe hasta conseguir sus objetivos.

Esto quiere decir que la movilización no nace ni se define desde el consejo de gobierno de la CONAIE ni de su Presidente, Leonidas Iza Salazar, ni tampoco desde la dirigencia de la FEINE o la FENOCIN, sino que es la expresión directa de la voluntad de los comuneros en este proceso de construcción de su agenda política. Esto es importante precisar porque marca una diferencia clave con la forma de hacer política en el sistema político y en el mundo occidental.

Generalmente los partidos políticos, esas maquinarias oligárquicas como los definía el politólogo Robert Michels (Michels, 2001), no consultan a sus bases para tomar decisiones importantes. Ellos juegan a la política a espaldas de sus electores, de sus bases e incluso de sus propios militantes. De hecho, tienen la costumbre de nunca validar sus decisiones y luego justificarlas ex post aunque sean contrarias a sus principios ideológicos; precisamente por ello, los electores rechazan esas prácticas y a los políticos, a los que acusan, con justa razón, de procedimientos opacos y reñidos con la ética.

No obstante, cuando el sistema político y el gobierno se confrontan a un acontecimiento político como es un levantamiento indígena, piensan que si se negocia con la dirigencia se puede intervenir sobre esa movilización y desmontarla. Suponen que la dirigencia indígena puede controlar la movilización cuanto es exactamente al revés, es la movilización la que controla a sus dirigentes, porque esos líderes son la expresión de esa voluntad comunitaria que es quien ha construido esa agenda y es quien ha organizado el levantamiento.

Esta incomprensión de tipo epistemológico y político extravió al gobierno de Guillermo Lasso que nunca acertó a descifrar al movimiento indígena, así como extravió a la prensa asociada al gobierno, y a los analistas, intelectuales, académicos y operadores políticos afines al régimen, aunque también extravió a algunos analistas e intelectuales de izquierda.

Ninguno de ellos nunca, de hecho hasta el momento, han podido descifrar el enigma de la organización indígena. Tienen una incapacidad epistémica para comprender la divisa de “mandar obedeciendo”. Su obstinada adhesión al marco liberal de la política se constituye en un serio obstáculo teórico para comprender al movimiento indígena.

De la misma manera que cuando se aprende un idioma nuevo y es necesario traducirlo a su propio lenguaje, así se intentó “comprender” e “interpretar” el levantamiento indígena y, de esta forma, se lo interpretó y comprendió, básicamente, desde el liberalismo, de ahí que esa comprensión y análisis haya

oscilado entre el racismo puro y duro que desconoce la capacidad política del movimiento indígena y los convierte en objetos de otros intereses (en este caso el denominado “correismo” o también el “narcocorreísmo”), hasta un intento de verlo como una amenaza a la paz, la seguridad del Estado y de la democracia (el discurso del “terrorismo” y del “vandalismo”).

No obstante, es necesario inclinarse un poco más sobre la Agenda de Lucha Nacional, para interpretarla de forma más política y en función del movimiento indígena como sujeto, y en contexto con la situación del país y las consecuencias que generó; en ese sentido, pueden advertirse, en esta Agenda de Lucha Nacional, al menos, los siguientes lineamientos:

  • Una línea estratégica que apunta directamente al modelo neoliberal y trata de detenerlo;

  • Una línea coyuntural que permite la convergencia y el consenso nacional sobre su pertinencia, legitimidad y justeza;

  • Una línea táctica que le permite a la movilización graduar la lucha y flexibilizarla en momentos de negociación, como efectivamente sucedió;

  • Una línea de acumulación de fuerzas, que le permiten a la organización

    indígena distender el conflicto a la espera de su resolución para poder retomarlo luego si no se cumplen los acuerdos establecidos.

    La línea estratégica

    La línea estratégica de la Agenda de Lucha Nacional, que fue el referente de la movilización, confronta de forma directa al modelo neoliberal y está presente en el punto 1 que plantea la “reducción y no más subida del precio de los combustibles” y la derogatoria de los decretos 1158, 1183, 1054; también tiene relación con el punto 4 que plantea: “empleo y derechos laborales”, y “políticas públicas para frenar la precarización laboral”; con el punto 7 que plantea un “alto a la privatización de los sectores estratégicos” con especial referencia al intento de privatizar el Banco del Pacífico; y, con el punto 9 que plantea “salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales”.

    Es estratégica porque permite evidenciar y poner en el debate político nacional el centro de las políticas de privatización del gobierno de Guillermo Lasso. Al ponerlas en el centro del debate político, acotan el margen de maniobra del gobierno de llevarlas a cabo. Toman en consideración los ejes prioritarios del proyecto neoliberal de Guillermo Lasso: (i) la intención de construir un mercado privado para la comercialización de derivados de petróleo; (ii) la flexibilización laboral; (iii) las privatizaciones; y, (iv) los recortes presupuestarios a salud y educación, entre otros.

    Son puntos que difícilmente se resuelven desde una movilización pero que, en cambio, necesitan ser neutralizados o, en todo caso, que el margen de maniobra para su implementación sea acotado, y es eso lo que logra la movilización: crea una energía política que reduce de manera importante los grados de libertad del gobierno para llevar adelante este programa.

    Su carácter estratégico puede advertirse porque: (i) permiten demarcar el discurso y proyecto político de la derecha al convertir los puntos centrales del modelo neoliberal en los ejes claves de discusión social, es decir, le restan legitimidad al neoliberalismo; (ii) esos puntos estratégicos de la Agenda de Lucha disputan el

sentido de la política y plantean la necesidad de volver a reescribirla desde otras condiciones, esta vez, desde aquellas definidas por la movilización social, esto es, la necesidad de recuperar el Estado y las políticas públicas sometidas al corsé del ajuste del FMI; (iii) amplían el cauce de la resistencia y movilización social y permiten la convergencia de otros sectores sociales estratégicos como los movimientos feministas y los jóvenes; (iv) crean un espacio de resolución del conflicto político, a través de puntos clave del modelo neoliberal, por fuera del sistema político; (v) obliga a la burguesía a cohesionarse detrás del gobierno de Lasso para defender al modelo neoliberal y las posibilidades de la dominación política y logran que se estructure un bloque de poder con una delimitación específica en sus posibilidades.

Esos puntos alteran el discurso político dominante porque ponen al país a debatir el centro de la política: sus acuerdos con el FMI y el agotamiento del modelo de ajuste y consolidación fiscal. Justo por ello, son estratégicos, porque trazan la cancha de ese bloque de poder ahora cohesionado tras la burguesía bancaria y financiera.

Los puntos estratégicos de esa agenda de lucha de las organizaciones indígenas, por tanto, acotan de manera importante los márgenes de maniobra y reducen la capacidad de gobernabilidad en el mediano y largo plazo, al tiempo que generan escenarios en los que las futuras confrontaciones los encuentre, a los indígenas, en mejores posiciones de fuerza.

La coyuntura

La línea coyuntural de esta Agenda de Lucha está contenida en el punto 1: la “focalización a los sectores que necesitan subsidio” de combustibles; en el punto 2 que plantea el “alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de un mínimo un año y renegociación de las deudas”; en el punto 3 que plantea “precios justos en los productos del campo”; en el punto 8 que plantea “políticas de control de precios y de especulación en el mercado de los productos de primera necesidad”; en el punto 9 que, aparte de lo ya señalado, plantea: “garantizar el acceso de la juventud a la educación superior”; y en el punto 10 que plantea: “seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado”.

Con estos puntos, la agenda abre el abanico para que puedan integrarse a la Agenda de Lucha Nacional todos los actores que, de una manera u otra, se sientan identificados por estos puntos. Son aspectos que evidencian que el gobierno de Guillermo Lasso desatendió la generación de políticas públicas para, más bien, concentrarse en cumplir con la agenda del FMI.

Gracias a estos puntos, la movilización nacional exige respuestas ante el alto costo de la vida, ante la ola de violencia, sicariato y delincuencia que vive el país, ante las necesidades de las pequeñas economías campesinas y populares ahogadas por las deudas y que tienen que afrontar los excesivos costos de transacción por intereses en mora y por la ejecución de sus garantías, entre otros aspectos de consenso social.

Estos puntos ponen a la movilización en el centro de las preocupaciones de todos los habitantes. En efecto, ¿quién de ellos no puede suscribir que se exijan políticas públicas para detener la ola de violencia, robos, asesinatos, sicariato y crimen

organizado? ¿Quién de ellos no pudo conmoverse con las masacres en los centros de rehabilitación social mientras el gobierno miraba para otro lado? ¿Quién puede oponerse a que exista un mínimo control de precios a los bienes de la canasta básica? ¿Quién puede oponerse a que los más pobres refinancien sus deudas y que no sean embargadas por los bancos sus pocas pertenencias?

Son puntos que no admiten discusión porque generan consenso y forman parte de la vida diaria de millones de personas. Gracias a estos puntos, la agenda puede expandir su ámbito de influencia y ganar en legitimidad. Son la expresión de las preocupaciones diarias de la gente de la calle. Si hay una mínima posibilidad que el gobierno pueda responderlas, entonces bien cabe sumarse a la movilización o, en todo caso, suscitar un consenso pasivo.

Con esta línea de coyuntura de la Agenda de Lucha Nacional, el movimiento indígena asume la capacidad de pensar y actuar más allá de las demandas específicas del movimiento indígena. Así, el levantamiento no es solo legítimo (porque tiene el reconocimiento de todos), sino también es justo.

Ante esa dimensión de legitimidad y justicia, el margen de maniobra del gobierno es mínimo. Oponerse a demandas justas y legítimas no le hace bien a ningún gobierno del mundo, menos aún a un gobierno que, en esos momentos, está en caída libre en su popularidad y legitimidad.

La línea táctica

La dimensión táctica de la Agenda de Lucha Nacional es, de todas ellas, quizá la más importante porque es sobre ella que se pueden tomar las decisiones para continuar o no con la movilización. El punto táctico más importante tiene que ver con el punto 1, es decir, la “reducción y no más subida del precio de los combustibles”, y con el extractivismo (punto 5). Esos puntos son las líneas rojas de la movilización. Son estos puntos los que le permiten a la organización indígena tomar las decisiones sobre la continuidad o no de las movilizaciones.

Si la organización indígena logra mover esa línea roja a su favor y logra la “reducción y no más subida del precio de los combustibles” habrá ganado. No importa tanto la cantidad de la reducción sino el hecho táctico de mover las líneas rojas, esta vez, en beneficio del pueblo.

En una visión táctica no importan tanto los centavos de reducción del precio de la gasolina y el diésel (que por supuesto son significativos pero no son objetivos tácticos), sino que se cumpla ese objetivo de “reducir y no más subida del precio de los combustibles”, es decir, evitar a toda costa que se utilice a los combustibles como variable de ajuste y como mecanismo de conformación de un mercado privado de comercialización de derivados de petróleo como quería el gobierno. Si la organización indígena lograba que se reduzca el precio de los combustibles y que se evite que vuelva a subir y si, además, sobre esa reducción, la organización indígena lograba focalizar esos precios a través de subsidios directos a los más pobres, entonces la movilización prácticamente estaba ganada en términos políticos (y económicos, evidentemente).

No obstante, la otra línea roja tiene que ver con el extractivismo, especialmente los decretos 95 y 151 que hacen referencia al extractivismo petrolero y minero, respectivamente. Si la organización indígena lograba derogar esos decretos o, al menos, acotarlos, la movilización también estaba ganada.

Y eso fue justamente lo que consiguió la organización indígena, pudo obtener una victoria importante en sus líneas tácticas. Es por ello que cuando el gobierno se compromete a reducir y evitar el alza del precio de los combustibles, así como con la derogatoria del decreto 95 y la revisión del decreto 151, la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, pueden levantar la movilización y salir victoriosos de ella. La línea roja se ha movido en detrimento del poder y en beneficio de los sectores populares.

Las jornadas de lucha, finalmente, lograron sus objetivos. Pueden ahora retornar a sus comunidades como victoriosos: han logrado una gesta heroica. Han logrado vencer al poder más neoliberal y conservador de las últimas décadas.

Sin embargo, las organizaciones indígenas y sociales saben de primera mano que el gobierno de Guillermo Lasso abandonará sus compromisos de forma casi inmediata. Saben que su palabra no es de fiar. Intuyen que el régimen no parará la maquinaria neoliberal. Saben, además, que tendrán que afrontar un proceso de represalias, de persecución, de judicialización y de lawfare. Justo por ello, crean un marco temporal (noventa días) en los cuales tendrán que resolverse tanto los puntos de la agenda estratégica cuanto aquellos de la agenda de coyuntura.

Es por eso que logran arrancar el compromiso de crear mecanismos de focalización, créditos agrícolas y políticas públicas a ser implementadas en ese lapso. Es por ello que añaden una línea de acumulación de fuerzas dentro de su agenda, porque intuyen que tendrán que volver a movilizarse y quizá con más contundencia para obligar al gobierno a asumir sus compromisos. En otras palabras, para los comuneros, a pesar de la victoria o quizá precisamente por ella, están conscientes que su victoria es apenas una tregua, para ellos, la lucha continúa.

La batalla por el significante

En segundo lugar, es necesario analizar la estructura de la “batalla semiótica” alrededor de esta movilización. Puede advertirse que el movimiento indígena y el movimiento social aprendieron de Octubre-19, y diputaron milímetro a milímetro la producción de discursos, significantes y semiosis sobre el levantamiento. Para esta oportunidad, se puso en marcha toda una constelación de medios de comunicación comunitarios y populares que, en su gran mayoría, nacieron en Octubre-19, y hacia el cual convergieron la ingente producción de testimonios, memes y opiniones de los propios comuneros y, además, de sus propios influencersen redes sociales.

El gobierno de Guillermo Lasso, en esta coyuntura, simplemente, no pudo generar un solo contenido semiótico de importancia. Cualquier discurso o contenido de comunicación era inmediatamente ripostado desde las organizaciones sociales y los medios comunitarios. Es la primera vez en la historia de las movilizaciones sociales y populares que los comuneros fueron conscientes que aparte de las batallas políticas existen aquellas discursivas y comunicacionales y que son tan decisivas como las primeras.

Ahora bien, al no tener una línea discursiva coherente y lógicamente estructurada, el gobierno, los grandes medios de comunicación y todos sus aliados, se refugiaron, para variar, en la teoría de la conspiración: que la movilización indígena y social era sostenida, financiada y definida desde el “narco-correísmo”.

Esa línea discursiva chocaba de frente contra los puntos de coyuntura que fueron incorporados en la Agenda de Lucha Nacional y que le daban legitimidad y justeza a los reclamos y exigencias de la movilización. Era difícil asimilar para la sociedad la acusación de narco-correísmo y narco-terrorismo, cuando meses antes la embajada americana había retirado las visas a varios generales de la policía acusándolos de ser “narcogenerales”. Más difícil aún de asimilar era el hecho que las fuerzas armadas nunca aclararon su relación con el lavado de dinero y los sistemas Ponzi que fueron parte de las noticias nacionales semanas antes de la movilización. Era incongruente, por tanto, acusar a una movilización con reivindicaciones justas y legítimas de algo tan fuera de lugar como el “narco- correismo”.

Cuando desde la población se pide de manera casi unánime políticas públicas de “seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para enfrentar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado” (punto 10 de la Agenda de Lucha Nacional), confrontar a sus propios ciudadanos y acusarlos, desde el gobierno y sus aliados, de narco-terrorismo, era, definitivamente, un despropósito.

Pero no solo eso sino que implicaba transferir el triunfo político de los comuneros indígenas directamente hacia la oposición política institucional representada en el denominado “correísmo” (por su adscripción al ex Presidente Rafael Correa), lo que abría una baza de apoyo electoral para un movimiento político al que se había perseguido con ferocidad y que, si se seguía en esa línea discursiva, podría retornar y volver a ganar las elecciones.

El fracaso de esta línea discursiva le dejó al gobierno sin ninguna estrategia de comunicación para gestionar la movilización y aquello que toma el relevo es tratar de inscribir y resolver la movilización desde la violencia de la represión y persecución. El gobierno, carente de una visión política intentó gestionarla desde la policía y el ejército. Pero son instituciones golpeadas en su legitimidad y en su propia institucionalidad (de hecho el neoliberalismo y la corrupción llevaron a la quiebra a la seguridad social de la policía nacional, ISSPOL). Esta estrategia también fracasó.

El único mecanismo que le quedó al gobierno y sus aliados fue el racismo y aquello que Aníbal Quijano denominaba la “colonialidad del poder” (Quijano, 2000); es decir, la descalificación al levantamiento indígena por el hecho que sus protagonistas eran “indios”. Fue un discurso asumido por sectores reaccionarios y casi fascistas, en especial de las clases altas de Quito, que pedían a gritos que la movilización sea resuelta desde el gobierno con una masacre.

Sin embargo, el hecho que el régimen no haya tenido posibilidades de construir una línea argumental sólida no se debe tanto a su incapacidad sino que tenía que enfrentar a una constelación de medios de comunicación populares con mucho reconocimiento y legitimidad en los comuneros, que los aceptaban de buena gana como reporteros y periodistas, pero esos mismos comuneros fueron intransigentes y hasta tajantes con los grandes medios de comunicación, a los que les exigieron más transparencia y ética en la cobertura  sobre la movilización.

Es decir, los comuneros sabían que la producción de cualquier tipo de significante sobre la movilización, esto es, cualquier reporte o testimonio o información,

primero tenían que hacerlo los medios comunitarios y había que evitar a toda costa ceder a los medios de comunicación del poder la entrada a la movilización.

Su posición revelaba la indignación generada en Octubre-19 cuando los grandes medios de comunicación escamoteaban la información, la tergiversaban, la manipulaban y la presentaban conforme a sus intereses. Esta vez, y con el aprendizaje de Octubre-19, los comuneros decidieron cortar por lo sano con los grandes medios de comunicación, y llegaron a la conclusión que la libertad de expresión, para estos grandes medios, en realidad, era la libertad de desinformación, tergiversación y manipulación. Eran armas de guerra, eran medios de disuasión ideológica.

La movilización

En tercer lugar, es conveniente reflexionar sobre la forma misma que asumió la movilización. En ese sentido, se puede apreciar un aprendizaje importante desde Octubre-19, por parte de los comuneros. En esta ocasión, la movilización pudo resolver cuestiones prácticas de forma eficiente y tienen que ver con: (i) la logística de la movilización; (ii) las líneas de aprovisionamiento y abastecimiento a la movilización; (iii) las líneas de comunicación entre los frentes de resistencia de primera línea, las estructuras organizativas, los medios de comunicación comunitarios, y los aliados estratégicos; (iv) las unidades de análisis de coyuntura, evaluación y equipos técnicos internos; (v) los derechos humanos, la asistencia médica, el abastecimiento a la población y la protección tanto a los comuneros cuanto a la población en general; (vi) los relevos y refrescamiento en las líneas de confrontación directa con la represión; (vii) las líneas de seguridad y protección a la dirigencia de la movilización; (viii) las vocerías autorizadas y los medios de comunicación comunitaria.

Como puede apreciarse, se trata de un elevado nivel de organización, coordinación, evaluación, monitoreo, seguimiento, comunicación, vocería e información a escala nacional. Gracias a este nivel de organización, el movimiento indígena tuvo el control de los territorios en casi todo el país. La paralización, en efecto, fue absoluta. El movimiento indígena ejerció un control territorial sobre muchas ciudades del país. Solamente podían circular las líneas de abastecimiento, seguridad, logística, y relevos, y previa autorización de la dirigencia de la movilización y eso a escala nacional.

Quizá pueda pensarse que para tener un nivel tal de organización y coordinación se necesitan de recursos extraordinarios y de ahí la teoría de la conspiración, pero todas estas líneas fueron satisfechas por todas y cada una de las organizaciones del movimiento indígena. Fue ese entramado de organizaciones comunitarias el soporte de cada una de esas líneas. Fueron las asambleas comunitarias las que decidieron cada una de ellas, las que las evaluaban día a día, las que compensaban las falencias y decidían las cuestiones claves y prioritarias. Fueron los aportes voluntarios de esas organizaciones comunitarias las que soportaron toda esa organización y logística. Ahí puede apreciarse la grandeza y la extraordinaria capacidad de organización del movimiento indígena ecuatoriano.

Por supuesto que hubo una enorme solidaridad en todas las ciudades en las que se movilizaron los comuneros indígenas. En Quito esa solidaridad, sobre todo desde los barrios pobres, fue realmente importante.

Pero el movimiento indígena tiene un aprendizaje de más de tres décadas desde el levantamiento de junio de 1990. En todo este tiempo, y a pesar de los intentos de todos los gobiernos por cooptarlos, fragmentarlos, destruirlos, dividirlos, han resistido y demuestran con creces porqué son la organización social más importante del continente.

En cada movilización, en cada levantamiento, han logrado afinar con más precisión aspectos de logística, abastecimiento, seguridad, comunicación, vocería. En cada movilización se activa el entramado comunitario y convierten a la movilización en una forma más de ese entramado comunitario. Si se quiere, la movilización es la puesta en escena de ese entramado comunitario cuando se decide por la resistencia activa. La movilización es la misma comunidad pero expandida en términos políticos. Es por ello que sorprende su nivel de eficacia y su alcance tan vasto. Pero si se mira a la movilización indígena como una forma por las cuales las comunidades deciden tomarse la plaza, como en las fiestas del Inti Raymi, entonces puede comprenderse que en toda movilización indígena también hay algo de fiesta, de ritual, de sacralidad. Forma parte de su proceso de ontología política.

Los ausentes

Algo que llama la atención es que en esta movilización las organizaciones sindicales faltaron a la cita. Si bien expresaron su apoyo a las movilizaciones, finalmente nunca llegaron ¿Por qué? Quizá una de las respuestas tenga que ver con el agotamiento de las organizaciones sindicales producto del anquilosamiento de sus dirigentes, de la falta de comprensión del momento político, de la falta de una renovación del discurso, o de la preocupación que suscita entre sus bases una política neoliberal tan agresiva que amenaza con precarizarlos y su desesperada estrategia de algo negociar con el gobierno.

La movilización incluyó, como uno de sus puntos estratégicos, la oposición a la flexibilización laboral, así como su rechazo a los recortes del presupuesto público en salud y educación. Había, por tanto, una sinergia con las demandas de los trabajadores. Pero los trabajadores esta vez demoraron la cita. Sus propias incertidumbres, sus miedos, sus recelos, sus debilidades hicieron que acudan tarde al llamado de la historia. Desde hace algunos años, los sectores obreros decidieron que la historia se escriba con otros registros que los suyos. Por ello, las organizaciones de izquierda que tienen una matriz obrera tampoco acudieron a la cita con la historia.

No obstante, otra de las ausencias que pesan tiene que ver con una academia que canta loas a la interculturalidad y que en junio no tiene problemas para festejar el Inti Raymi, pero que, en esta oportunidad, decidió cerrar sus puertas a los comuneros en su ingreso a la capital de la república.

En un contexto en el cual el gobierno se había decidido por la vía militar y policial de la gestión al levantamiento y había ocupado las instalaciones de la Casa de la Cultura y del parque de la resistencia, sitio habitual de llegada de los comuneros en sus marchas hacia la capital del país, era necesaria la solidaridad y la generosidad para acogerlos. Sin embargo, las universidades que más han hecho gala de la interculturalidad en sus marcos teóricos de investigación, fueron precisamente aquellas que cerraron sus puertas a los comuneros, lo que no deja de ser paradójico y que, a futuro, se convierta en cinismo cuando intenten reflexionar académicamente sobre este acontecimiento. ¿Cómo hacerlo cuando en esta

coyuntura dieron la espalda a esos comuneros que posteriormente se convierten en “objetos de estudio”?

Las contradicciones

Uno de los puntos débiles de la movilización tiene que ver con su representación política en el sistema político: el movimiento Pachakutik. No es una novedad. Ha sido una contradicción casi permanente desde que se creó el Movimiento Pachakutik en 1995-1996. La presencia del movimiento indígena dentro del sistema político, en vez de fortalecerlos más bien los ha debilitado. Son varios procesos históricos en los que la presencia legislativa indígena fue más un hándicap que una oportunidad. Un pesado lastre que, a veces, ha amenazado con sabotear sus procesos políticos y su movilización. En vez de tener estrategias conjuntas y armonizadas que permitan una convergencia entre la lucha social en las calles y la lucha política en la legislatura y el sistema político, más bien la institucionalidad manejada directamente por el movimiento indígena se ha puesto a contrapunto y en contradicción con sus dirigentes y sus propios comuneros.

En esta oportunidad, la situación es aún más complicada porque gracias a la energía política de Octubre-19, el movimiento indígena se convirtió en la segunda minoría más importante de la legislatura y llegó a captar la Presidencia de la Asamblea Nacional. Se trataba de una oportunidad única para construir de forma conjunta el Estado Plurinacional y acotar de manera importante el proyecto neoliberal de Guillermo Lasso.

Sin embargo, la representación parlamentaria del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, terminó orbitando dentro de la influencia del gobierno de Guillermo Lasso. Llegó incluso a fracturarse entre un pequeño bloque de asambleístas que quisieron ser leales a sus organizaciones de base, y la mayoría de sus representantes legislativos que decidieron apoyar al gobierno de Guillermo Lasso.

La situación se complica aún más cuando su candidato a la Presidencia de la República y que casi llega al balotaje final, Yaku Pérez, quien finalmente abandonaría el movimiento Pachakutik para crear su propio partido político, realizó una serie de declaraciones en contra de la movilización social y en contra de sus dirigentes para desprestigiarlos de tal manera que no se vean amenazadas sus expectativas electorales futuras.

Existe una disonancia entre la organización social y su representación parlamentaria, pero que no se explica por razones personales ni subjetivas, sino por algo más estructural y tiene que ver con la imposibilidad de construir un Estado Plurinacional, en un formato liberal de la política. En el liberalismo la política y la economía no se encuentran nunca, salvo para definir las reglas de juego de la acumulación de capital, es decir, aquello que el liberalismo denomina la “seguridad jurídica”.

El Estado Plurinacional es uno de los intentos más audaces por cerrar esa cesura radical del liberalismo, aquella que separa radicalmente la política de la economía. En el Estado Plurinacional no puede existir la política sin la economía. Para el sujeto comunitario, el hombre y su cosmos son una sola totalidad. No obstante, es material para explicarlo quizá en otra oportunidad, pero por ahora permite

advertir una de las contradicciones más fuertes que atraviesa el proceso político del movimiento indígena y su ontología política.

La forma de resolverlo ha sido ponerlo entre paréntesis. En efecto, cuando hay movilizaciones sociales, el movimiento indígena confía en sus dirigentes organizativos y traslada hacia ellos la capacidad de resolución del conflicto. Sus propios legisladores no son tomados en cuenta para ello, porque no quieren contaminar su lucha social con el sistema político. Es lo que hicieron en esta coyuntura. Nunca, ninguno de sus legisladores, incluso aquellos que presidieron la Asamblea Nacional, tuvieron rol alguno, ni en la negociación, ni en el acercamiento al gobierno, ni a los mediadores de esta negociación. El movimiento indígena los puso aparte porque el liberalismo, en ese contexto, puede ser una trampa.

Para concluir

Esta movilización puso frente a frente a uno de los banqueros más poderosos, Guillermo Lasso, quien es también Presidente de la República, y es la expresión más pura de la oligarquía del país frente a Leonidas Iza Salazar, el líder de la movilización nacional y presidente de la CONAIE. Son la expresión de los polos de la sociedad, aquel de la extrema riqueza y aquel de los comuneros indígenas, que tienen, cada uno de ellos, visiones distintas de sociedad. Detrás de ese encuentro/desencuentro, está la historia. Es una historia transida de dolor, sufrimiento e impunidad. Aquello que marca la diferencia es que esta vez el encuentro/desencuentro fue, literalmente, de poder a poder.

El bloque del poder de la burguesía bancaria-financiera, quizá la más potente del país y, esta vez, plenamente cohesionada, frente al bloque de poder de la CONAIE y sus aliados (FEINE y FENOCIN), quizá el movimiento social más importante de toda América Latina. En ese encuentro/desencuentro es evidente que fue la organización indígena quien tuvo una mejor capacidad de lectura político sobre su momento histórico. La forma por la cual articuló sus movimientos estratégicos y tácticos lo certifican. Al decimoctavo día de la movilización, podían retornar victoriosos a sus comunidades.

El gobierno de Guillermo Lasso queda, en cambio, profundamente debilitado. Hasta el momento, ha demostrado una absoluta incapacidad para comprender la complejidad de su interpelante más potente, el movimiento indígena. El gobierno y sus aliados de la gran prensa, sus think tank, han intentado construir un discurso ex ante para explicar ese viento de la historia, del que hablaba Walter Benjamin en sus Tesis sobre la Historia (Benjamin, 2010), y han procedido con la lógica de Procusto: han recortado de la realidad todo aquello que no cabe en sus propias explicaciones.

De esta manera, han creado una realidad monstruosa que no tiene cabida más que en su propio imaginario. Al no poder comprender la realidad, no pueden actuar sobre ella; en consecuencia, no pueden responder ni siquiera para defenderse. Eso quizá puede explicar su derrota; su ceguera epistémica les impide reconocer su propio campo de juego. Han perdido una batalla estratégica y hay la impresión que aún no lo asimilan. Esto significa que operarán a futuro como si nada ha pasado, como si todo fuese un vendaval de verano sin consecuencia alguna. Y, de esta manera, empiezan a crear las condiciones para el retorno de los guerreros y guerreras del arcoíris.

Los comuneros saben que sus reclamos son justos, pero la historia les ha demostrado que la justicia es una prerrogativa del poder. Saben por experiencia que aquello que se ha logrado ha sido a costa de mucho esfuerzo y sacrificio. Muchas vidas de comuneros se han quedado en ese camino. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento pasado y presente que lo certifica. Existe un silencio cómplice que los asesina nuevamente con el olvido y la impunidad.

Pero los comuneros saben que aquello que está en juego es la forma que asumirá el mundo, sobre todo luego de la pandemia. ¿Cómo construir ese mundo de la nueva normalidad? ¿Insistir otra vez en el neoliberalismo? ¿Volver al extractivismo?

En 1990 el movimiento indígena propuso el Estado Plurinacional. Desde entonces, sus movilizaciones apuntan a una reforma política radical del Estado liberal. En junio de 2022 continuaron con las movilizaciones que se quedaron interrumpidas en Octubre-19. Detrás de esos procesos hay algo más complejo, más profundo, más vasto. Está la posibilidad de cambiar al mundo. Cambiarlo para que en él puedan caber todos los mundos. Cambiarlo para crear un mundo sin seres humanos precarizados y fragilizados. En Junio-22, así como en Octubre-19, salieron victoriosos. Demostraron que, como escribía alguna vez un filósofo radical, no basta con interpretar al mundo, hay que transformarlo.

Trabajos citados

Benjamin, W. (2010). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Bogotá: Desde Abajo Editores.

Michels, R. (2001). Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna (Vol. I). Buenos Aires: Amorrortu editores.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (págs. 122-151). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.