Crisis inducida, sobreendeudamiento y autonomía del Banco Central

 Crisis inducida, sobreendeudamiento y autonomía del Banco Central

 

Pablo Dávalos

 

Para comprender el uso contradictorio, paradójico e incongruente de la política económica del régimen de Lenin Moreno, en el año 2018 acuñé la expresión de “crisis inducida”. Se trataba de un concepto que quería comprender cómo era posible que el gobierno haga todo lo posible para hundir a la economía y crear de forma intencional no solo recesión, sino desempleo, pobreza, angustia y desgarre del tejido social. La categoría de “crisis inducida” empezó a ser utilizada con más frecuencia y se ha convertido ya en una explicación necesaria para comprender la política económica en esa coyuntura. 

En efecto, Lenin Moreno utilizó las palancas de la política fiscal para provocar ex profeso una recesión en el sector real. El crecimiento económico, al menos desde el inicio del ciclo político y económico que empezó en el año 2007 con la Revolución Ciudadana, se había apalancado en el consumo de hogares y en la inversión pública. A su vez, el consumo de hogares se había apalancado en el gasto público, sobre todo el gasto corriente. 

Sin embargo, el gobierno de Lenin Moreno empezó una política de reducción del gasto corriente que repercutió de forma directa en el consumo de hogares, al mismo tiempo que redujo de manera drástica la inversión pública, a pesar que había sido electo con un plan de gobierno que decía exactamente lo contrario a lo que hacía. A través de estas decisiones se produjo una contracción en el sector real que fue la causa para una disminución del crecimiento económico y el incremento del desempleo y la pobreza. 

Ahora bien, ninguna de las decisiones del gobierno de Moreno estuvieron ni avaladas ni justificadas por un shock externo o por un cambio brusco en los ingresos fiscales (de hecho obtuvo más ingresos que en el ciclo anterior). Las variables externas eran positivas: precio del petróleo, exportaciones, tasas de interés internacionales, saldo en cuenta corriente en balanza de pagos, entre otras, siempre fueron favorables durante su gobierno. Es decir, no había justificativos para tomar ese tipo de  decisiones de desinversión pública y recorte fiscal (los ingresos fiscales fueron más que suficientes para cubrir los gastos corrientes y de inversión). 

Tampoco había un justificativo jurídico, porque la arquitectura institucional del sector público, y prevista por la Constitución, había construido canales automáticos, como por ejemplo, se había neutralizado el impacto del déficit fiscal sobre el gasto corriente a partir de la regla fiscal que relaciona el ingreso corriente con el gasto corriente (artículo 286 de la Constitución). También se había neutralizado cualquier tipo de decisiones políticas sobre la asignación presupuestaria hacia los gobiernos locales, o la injerencia sobre las empresas públicas o la seguridad social. No solo eso, sino que la Constitución incluso prohibía las privatizaciones de los sectores estratégicos del Estado y la flexibilización laboral. 

No había, por tanto, ningún justificativo para que el Estado deje de transferir recursos a los gobiernos locales, para que intervenga sobre las empresas públicas para destruirlas a pretexto de su privatización, ni para relacionar el gasto corriente con el déficit fiscal. 

Pero en el periodo 2017-2021, el gobierno utilizó todas las palancas a su haber para provocar la crisis en el sector real. Dejó de transferir recursos a los gobiernos locales para evitar que ellos puedan realizar inversión pública, a pesar de tener los recursos suficientes para garantizar esas transferencias (para el año 2020 la deuda estatal a los gobiernos territoriales ya era del 2% del PIB). Empezó, asimismo, una política de desinstitucionalización de sectores estratégicos, cuando no había ninguna necesidad de ello. Despidió a decenas de miles de trabajadores públicos en áreas fundamentales, como salud y educación por ejemplo, incluso en pleno contexto de la pandemia. Creó trabas para la asignación de recursos a sectores claves de la economía. 

Precisamente por eso se utilizó la noción de “crisis inducida” para comprender la dinámica macroeconómica en este periodo, porque esas decisiones provocaron una caída real de la actividad económica sin que exista justificativos que la avalen. 

En términos de política económica, los multiplicadores económicos habrían actuado en forma automática para conseguir un relativo crecimiento económico durante ese periodo. En otros términos, si el gobierno no hubiese tomado ninguna decisión económica importante en contra del ciclo económico, es probable que este hubiese continuado por la senda de un crecimiento económico, porque esa era la inercia del movimiento económico hasta ese momento (al menos hasta antes de la pandemia). 

No obstante, el gobierno tomó decisiones para interrumpir el ciclo económico y llevarlo hacia la recesión. No había razón alguna que justifique los recortes en el presupuesto público, y tampoco había razón alguna para suprimir la inversión pública y dejar de transferir recursos a los gobiernos territoriales. El país no estaba bajo ninguna restricción económica ni interna ni externa. No había cambios abruptos en los precios del petróleo, en el mercado de la deuda, ni tampoco en la balanza de pagos. El capitalismo a nivel global estaba en pleno proceso de recuperación de la crisis de 2008. Tampoco había un sobrecalentamiento de la economía interna que hubiese justificado las políticas deflacionistas del gobierno, porque la inflación era débil. Y, además, habían amortiguadores fiscales que habrían evitado la crisis. 

Es por eso que la hipótesis de la crisis inducida es plausible y pertinente. En efecto, si el ciclo económico es ascendente y los multiplicadores macroeconómicos pueden actuar de forma automática para continuar con esa expansión del ciclo económico, entonces una decisión en política económica por parte del gobierno en contra de un ciclo económico ascendente, solo puede explicarse por razones ideológicas más que por razones económicas. 

El gobierno de Lenin Moreno en el periodo 2017-2020 justificó sus decisiones económicas no en la racionalidad de la estructura económica sino en sus propias prescripciones ideológicas y en aquellas de sus aliados políticos, en la ocurrencia los bancos y las cámaras empresariales. 

Sin embargo, la crisis inducidaes solamente una parte de la explicación, porque a partir del año 2017 el país experimenta, sobre la crisis inducida, otro fenómeno macroeconómico importante: el sobreendeudamiento público. 

Este fenómeno se produce cuando el gobierno de Lenin Moreno altera la estructura del endeudamiento externo y la hace girar sobre dos nuevos ejes: la deuda externa con los mercados financieros internacionales (a través de la emisión de bonos soberanos), y la deuda con el FMI. En el año 2016, la deuda con los mercados financieros internacionales era insignificante, alrededor del 2% del PIB. Pero para el año 2022, la deuda externa con los mercados financieros internacionales se eleva al 24% del PIB. Lo mismo con el FMI, pasa del 0% en el año 2016 al 6% del PIB en el año 2022 (datos proyectados por el FMI). 

De la misma manera que con la crisis inducida, no había razón alguna para un sobreendeudamiento con los mercados financieros internacionales y, menos aún, con el FMI. En efecto, la deuda con los mercados financieros internacionales, de acuerdo a la Constitución, solo puede justificarse si está atada o con el Plan Anual de Inversiones o con procesos de refinanciamiento externo a mejores condiciones (artículo 290). Pero la deuda contraída por Lenin Moreno no cumple con ninguna de esas condiciones. Fue una deuda que no estaba vinculada al Plan Anual de Inversiones por la sencilla razón que el gobierno de Moreno había desarticulado la política de inversión pública en un proceso más bien de desinversión pública (precisamente por la crisis inducida). Tampoco era una deuda que podía ser destinada al gasto corriente porque la Constitución y la ley lo prohíben (de haberlo hecho, Moreno y sus autoridades económicas habrían incurrido en un delito). 

Para justificar el sobreendeudamiento Moreno contó con la complicidad del sistema político. A mediados del 2018, el sistema político aprobó una ley que prohibió el financiamiento al Estado por parte del Banco Central, lo que significó que cualquier desbalance de caja del gobierno central, tenga que ser financiado por emisión de deuda externa privada. En el periodo 2018-2020, se realizaron emisiones en los mercados financieros de bonos soberanos por más del 7% del PIB. La deuda externa con esos mercados, en apenas dos años, se duplicó.

De otra parte, no había necesidad alguna de refinanciar la deuda externa porque en el año 2018 apenas representaba el 25% del PIB, y más de la mitad de ella era con la banca multilateral al desarrollo. Lenin Moreno, en cambio, alteró la composición y estructura de la deuda externa y creó un fenómeno que hasta 2016 no existía: elsobreendeudamiento público(para 2021 la deuda externa ya representaba más de la mitad del PIB, y la deuda total más del 70% del PIB). 

La cuestión es que esto crea las condiciones de posibilidad y la justificación para la entrada en escena del FMI. Se trata del retorno de una institución financiera multilateral que había generado las crisis económicas y sociales más fuertes para el país, entre ellas  la crisis de 1999-2000 que implicó la pérdida de la soberanía monetaria y la migración de más de un millón de personas, y que era rechazada por la población. 

En el ciclo político 2007-2016, toda la política económica estuvo en contrapunto y oposición a las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial que, además, fueron parte de las justificaciones ideológicas de ese periodo, porque los acusaron de ser los causantes de todos los estragos económicos de décadas anteriores, con justa razón además, en los cuales se sometió a la sociedad a la “larga noche neoliberal”. En un contexto en el cual no hay crisis de la deuda y hay crecimiento económico no se justifica de modo alguno la presencia del FMI y, por tanto, de sus condicionalidades. 

Para que el FMI retorne es necesario crear un escenario de crisis y un escenario de sobreendeudamiento público, y eso es precisamente lo que hace Lenin Moreno. Pero ¿cómo crea Lenin Moreno el escenario del sobreendeudamiento? 

Lo hace con el aval y el apoyo del mismo FMI, y a través de un proceso de renegociación de la misma deuda con los mercados financieros que había emitido desde el año 2017. 

Para el año de la pandemia, 2020, el gobierno decide emprender un proceso de renegociación de la deuda emitida en bonos soberanos en los mercados financieros internacionales que para ese entonces alcanzaba el 17% del PIB. Esa renegociación elevó esa deuda al 25% del PIB en apenas un año, y lo hizo sin que exista ninguna necesidad de hacerlo y cuando existía un entorno internacional favorable, por la pandemia del Covid-19, para reprogramar pagos en vez de refinanciar deuda. Al mismo tiempo, contrae una deuda multilateral con el FMI, que eleva la deuda externa en un 6% adicional, y cuyos recursos no pueden ser utilizados para la recuperación económica, sino para fortalecer las reservas internacionales, en un país dolarizado en el cual las reservas internacionales no cumplen ninguna función macroeconómica. 

Asimismo, contrae nuevos empréstitos internacionales para ponerlos a disposición exclusiva de los bancos privados en una maniobra de evidente corrupción y que la ley no le permite hacerlo (en un orden del 3,5% del PIB), y multiplica la deuda multilateral, sobre todo con el BID y el Banco Mundial. En apenas un año, precisamente el año de la pandemia, el gobierno llevó la deuda externa a más de la mitad del PIB. Con ello empata la crisis inducida de años anteriores con una eventual crisis de la deuda externa. 

Ahora bien, la crisis inducida puede ser revertida de forma relativamente fácil por un gobierno diferente y opuesto a las ideas neoliberales. Un escenario que es plausible porque el año 2021 es un año electoral y quien tiene todas las posibilidades de ganar esas elecciones es, justamente, un régimen opuesto a las ideas neoliberales de Lenin Moreno. 

La cuestión para Moreno y para el FMI es ¿cómo evitarlo?, es decir, ¿cómo convertir a las políticas de austeridad en políticas de Estado de forma independiente al ciclo político? Para neutralizar a las políticas de austeridad o, como las denomina el FMI, de “consolidación fiscal”, del ciclo político es necesario un escenario como el de crisis de deuda externa. 

La intención de Moreno y del FMI es dejar sin ningún margen de maniobra al próximo gobierno, de tal manera que tenga que continuar con las políticas de austeridad, ajuste fiscal y reforma estructural que están ya prescritas en las condicionalidades que el FMI ha diseñado para el país en dos cartas de intención, la de marzo de 2019 y la de octubre de 2020. 

En el caso que el próximo gobierno quiera salir de la ortodoxia de la política de ajuste y consolidación fiscal ordenada por el FMI, puede actuar la crisis de la deuda externa como mecanismo de disciplina y sometimiento (los mercados pueden castigar el “populismo económico” con incrementos del riesgo país y con dificultades para obtener financiamiento externo). 

Puede comprenderse, entonces, el apuro del gobierno de Moreno de llevar adelante la renegociación de los bonos soberanos emitidos por su gobierno desde el año 2017, y el apoyo irrestricto del FMI a esta estrategia. 

No se trataba de mejorar las condiciones de pago sino de crear un expediente nuevo: la crisis de la deuda externa como mecanismo de disciplina sobre el ciclo político. Con ello, cualquier gobierno que pueda emerger de las elecciones de 2021 tendría que someterse, de grado o por fuerza, a la estrategia de consolidación fiscal del FMI. La crisis de la deuda externa, es una especie de prima o de seguro que el FMI creaba ex profeso para someter al próximo gobierno a sus propias prescripciones contenidas en las respectivas cartas de intención. 

Es por ello que la presión de la deuda externa sobre el presupuesto fiscal, no tiene ninguna incidencia en el año 2020 y 2021 (los últimos años de Moreno en el poder), pero se eleva súbitamente en el año 2022 y se convierte en un fardo muy pesado a partir de esa fecha (el país tiene que pagar en servicio de la deuda cerca del 5% de su PIB cada año). Es el retorno al escenario de los años ochenta del siglo pasado en los cuales los gobiernos tuvieron que adoptar políticas de austeridad para poder cumplir con los pagos de la deuda externa. 

El FMI y Lenin Moreno, de otra parte, están plenamente conscientes que existe una salida a esa presión y tienen que cerrarla de forma prioritaria: el Banco Central. En efecto, para que exista una crisis de la deuda pública lo suficientemente importante que separe las políticas de ajuste del ciclo político es necesario impedir que el próximo gobierno tenga cualquier tipo de carta bajo la manga. Esa carta que puede impedir la crisis de la deuda es el Banco Central y la política monetaria. 

Efectivamente, la ley (el Código Orgánico Monetario y Financiero) permite una serie de instrumentos de política monetaria que pueden atenuar, mitigar y posponer cualquier crisis de la deuda externa sobre la economía del país, con la ventaja que son instrumentos monetarios que se sustentan en la dolarización de la economía, es decir, no acuden a ningún tipo de emisión monetaria. 

Un ejemplo de ellos son los Títulos Banco Central que se sustentan en las reservas internacionales del país. Es decir, si el FMI obliga a que sus créditos de consolidación fiscal vayan a las reservas internacionales, esto significa que las reservas se robustecen (de hecho pasaron del 5% del PIB a fines de 2020 al 7% del PIB en 2021), si las reservas internacionales se fortalecen, entonces el Banco Central puede utilizarlas a través de los Títulos Banco Central. 

Esos títulos pueden compensar desequilibrios momentáneos de la caja fiscal, pueden, por ejemplo, crear transferencias a los gobiernos territoriales para que puedan reanudar la inversión pública, o pueden financiar programas del mismo plan anual de inversiones, sin necesidad de recurrir a los mercados financieros internacionales. Esto significaría que el país no tendría que aplicar las condicionalidades del FMI previstas en sus respetivas cartas de intención. 

Otro mecanismo son las operaciones de ventanilla que pueden ser utilizadas para reactivar la economía a través de la banca pública de desarrollo y bajar las tasas de interés a los sectores productivos. Y ninguno de esos instrumentos monetarios implica emisión primaria de dinero, es decir, son instrumentos que respetan la dolarización, pero que pueden ser utilizados para la reactivación. 

No obstante, la reactivación con política monetaria es una especie de pecado mortal para los fundamentalistas del FMI y para la derecha oligárquica y neoliberal. Es como si los creyentes de alguna religión fuesen seriamente cuestionados por algo que escapa a su nivel de tolerancia, de ahí que no tengan otra opción que el anatema y la excomunión. 

Para evitar que esas palancas puedan ser utilizadas para la reactivación económica, es necesario impedir su uso aunque eso implique ir en contra de la Constitución. Eso es exactamente lo que harán Lenin Moreno y el FMI cuando soliciten al sistema político la aprobación de una serie de reformas monetarias para imponer la autonomía del Banco Central. 

Puede apreciarse que el debate de la autonomía del Banco Central no es una cuestión técnica y ni siquiera monetaria, sino las condiciones de posibilidad para el ajuste y la reforma estructural prevista por el FMI y por la derecha neoliberal del país. Se trata de neutralizar cualquier vía alternativa al ajuste neoliberal y sus políticas de austeridad sustentadas en la crisis de la deuda pública. 

El problema es que la Constitución no permite la autonomía del Banco Central y las reformas al Código Monetario y Financiero corren el riesgo de ser declaradas inconstitucionales y, con ello, todo lo que se haya hecho a su tenor, puede también ser declarado inconstitucional y, por tanto, ilegal. Esta es una piedra en el zapato para el FMI y el gobierno de Lenin Moreno. En efecto, una demanda de inconstitucionalidad, con una Corte Constitucional independiente y proba, puede echar al traste toda la estrategia neoliberal del régimen y del FMI. ¿Cómo salir de ese atolladero? 

Y la respuesta está en las enmiendas constitucionales. Para el efecto, el sistema político ya ha empezado con una serie de enmiendas constitucionales que limitan el estatuto de autonomía de los gobiernos territoriales. Así, lo más probable es que utilicen el mecanismo de la enmienda constitucional para derribar el mayor obstáculo a su pretensión de autonomía del Banco Central. Lamentablemente para el país, la Corte Constitucional, puesta a dedo por el gobierno de Moreno, no tiene capacidad técnica, jurídica y moral para oponerse a esta jugada. 

Pero hay otro escenario que se convierte en una espada de Damocles para el FMI y su programa de austeridad, y es la movilización social. La misma movilización social que en octubre de 2019 derribó la Carta de Intención de ese mismo año. Si el próximo gobierno, quiere salir de esta prisión que están por crear Lenin Moreno, el FMI y sus aliados políticos, tendrá que acudir a la movilización social. Ahí radica, justamente, la mayor apuesta por la democracia, la reinstitucionalización y la salida a la pobreza programada hecha por el FMI y sus aliados.

Respuesta a Antonio Acosta Espinosa, Presidente del Banco del Pichincha

 Respuesta a Antonio Acosta Espinosa, Presidente del Banco del Pichincha

 

El día 12 de enero de los corrientes, el Sr. Antonio Acosta Espinosa, Presidente del Banco del Pichincha, en  virtud de su derecho constitucional y legal a la réplica, envía a la Directora del Informativo Punto Noticias de Radio Pichincha Universal, varias puntualizaciones con respecto a declaraciones mías, realizadas en el respectivo programa de opinión y noticias, emitido a las 7h40 el 29 de diciembre de 2020. Al final de su pedido, el Sr. Acosta Espinosa establece que sus precisiones demuestran que mis declaraciones en ese espacio informativo fueron “falsas e infundadas”, y amenaza veladamente que ese tipo de declaraciones “malintencionadas” están “claramente penadas por la legislación vigente en el País” y, en un gesto gratuito que revela su consistencia moral, señala mi votación para la Alcaldía de Quito. 

Sin embargo, luego de una lectura atenta de sus “precisiones”, se puede concluir y establecer que el Sr. Acosta Espinosa confunde el sentido y la información que fue presentada en dicho espacio radial. La información que presenté es oficial y consta en la página web del SRI, así como en aquella de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

La interpretación de los datos corresponde a un punto de vista académico sobre los procesos de concentración y centralización de capital, y de asimetrías de información generadas por las imperfecciones de mercados monopólicos que caracterizan a la economía ecuatoriana. Mis criterios, por tanto, son académicos, no son políticos, y no fundamentan ningún criterio de valor sino establecer una realidad objetiva y empíricamente demostrable desde la economía política y sus categorías epistemológicas y analíticas, y con datos oficiales. Las supuestas precisiones del Sr. Antonio Acosta Espinosa, en cambio, son totalmente ideológicas y, por supuesto, nada tienen que ver con la academia ni con el rigor del pensamiento científico.

En efecto, cuando presenté información sobre los grupos financieros y su responsabilidad fiscal, hacía referencia al Grupo Financiero Banco Pichincha, porque tal es la denominación del grupo raíz establecida por el Servicio de Rentas Internas, y que forma parte de un universo de 270 grandes grupos económicos que tienen el control de 5.170 sociedades nacionales (menos del 1% de las empresas registradas en la superintendencia de compañías y del catastro de empresas nacionales del censo económico del INEC), 1.558 sociedades extranjeras, 43 instituciones financieras y 48 grandes medios de comunicación, y que en conjunto pertenecen a 965 personas (el 0,002 % de la población total). Estos grupos económicos tuvieron ingresos, en el año 2019, de 68,45 mil millones de USD, y pagaron, en conjunto, el 2,34% de esos ingresos en impuesto a la renta. De hecho, su contribución del impuesto a la renta del año 2019 representó el 37,1% de la recaudación de impuesto a la renta de ese año, lo que significa que a pesar de sus enormes ingresos, su contribución tributaria no es sustancial.

Estos grupos económicos poseen activos que representan casi el volumen total de la economía ecuatoriana (124,67 mil millones de USD en activos, frente a 133.01 mil millones de la oferta final de la economía nacional, datos del año 2019), y tienen un patrimonio neto de 45,56 mil millones de USD, para un promedio de 47,2 millones de patrimonio per cápita (7.538 veces más grande que el ingreso per cápita nacional). En virtud que no existen impuestos directos que graven ni los activos ni el patrimonio, son ingresos netos que no causan ninguna responsabilidad tributaria para estos grupos económicos y sus accionistas.

En el caso específico del grupo económico Banco Pichincha, se trata de un grupo que tiene 4 accionistas principales, 111 empresas nacionales, 14 sociedades extranjeras, y 6 sociedades financieras, entre ellas el Banco del Pichincha, y dos domiciliadas en paraísos fiscales. Es, de hecho, el grupo económico más importante del país y así lo clasifica el SRI. 

Su crecimiento en los últimos diez años ha sido espectacular. Sus ingresos han pasado de 1.187,31 millones de dólares en el año 2009 a 2.723,34 millones de dólares en el año 2019 (datos del SRI). Su principal accionista es Fidel Egas Grijalva. (Para una comprensión del origen y de cómo Fidel Egas Grijalva, principal de este grupo económico, se convirtió en uno de los hombres más ricos del país, gracias a diversos tipos de maniobras y colusiones con el poder político de turno, puede leerse la tesis de maestría en ciencias políticas de FLACSO, de Gabriela Alexandra Rosero Delgado, del año 2013: “Oligarquías en el Ecuador desde el auge neoliberal hasta su ulterior recomposición en la crisis económica del 2000”).

En consecuencia, cuando describí el comportamiento de este grupo económico, consideré la información agregada, además de oficial, de todo el grupo económico, y no solo de una de sus empresas, el Banco del Pichincha, que si bien es la más importante, solo representa una parte del modelo de negocios de este grupo económico. 

Por ello, la información que presenta el Sr. Acosta Espinosa para precisar mis afirmaciones, en realidad solo hacen referencia al comportamiento del Banco del Pichincha, y no de todo el grupo económico. En efecto, además del Banco del Pichincha, pertenecen a este grupo económico varias empresas con gran poder de mercado como: Banco Diners Club, AIG Metropolitana de Seguros, Banco General Rumiñahui, Interdin, Banco de Loja, CrediFe Desarrollo Microempresarial, Banred, Almesa, Confiamed, Vaserum S.A., Olipuerto, entre las más importantes, además de una serie de fideicomisos y titularizaciones de cartera manejadas directamente  por este grupo económico.

Este grupo, es necesario decirlo, controla cuatro bancos que en diciembre del año pasado tuvieron, de acuerdo a datos de la superintendencia de bancos, un manejo conjunto de cartera de créditos por 7.912 millones de dólares, que representan el 29% de la cartera de créditos de todo el sistema financiero privado del país, lo que, sin duda, les da un margen de maniobra y una economía de escala que distorsionan todo el sistema de ahorro-inversión del país. Si se añade la cartera de activos del Banco de Guayaquil, ambos grupos económicos controlan el 41,03% del mercado financiero nacional, de ahí su poder de determinación de las tasas de interés. 

Los bancos del grupo económico Banco Pichincha han colocado el 62,03% de su cartera en créditos de consumo que, a fines de 2020, tenían una tasa de interés de 16,63% (datos del Banco Central), lo que les permite un gran nivel de rentabilidad y provocan una distorsión macroeconómica importante (porque estimulan más el consumo que la producción con la subsecuente presión sobre la balanza de pagos). El grupo, asimismo, tiene una posición dominante de mercado en las microfinanzas porque controla el 58,1 % de la cartera de crédito al sector (conjuntamente con Banco Solidario controlan cerca del 72% del mercado de microfinanzas del sector bancario), y cobran una tasa de interés activa promedio de 22,87% (a nivel mundial la tasa Libor promedia el 4%). Son estas altas tasas de interés las que otorgan una gran capacidad financiera y una gran rentabilidad económica a este grupo económico.

Cabe indicar que el Banco Central del Ecuador no determina las tasas de interés del sector financiero, sino que las promedia y sobre ese promedio establece las tasas máximas de referencia por segmento. La determinación de las tasas de interés las hace el mercado bancario que, como puede apreciarse, tiene actores dominantes que generan asimetrías de información y definen precios de monopolio (de hecho, es una práctica para todos los mercados, no solo para el mercado de tasas de interés).

Con respecto al comportamiento tributario del grupo Banco del Pichincha, la información del SRI señala que el grupo económico reportó ingresos en el año 2019 por 2.723.348.224 dólares, de los cuales pagó en impuesto a la renta 122.706.924 dólares, que corresponden al 4,51% de sus ingresos, lo que pone al grupo económico en el rango superior de pago de impuesto a la renta (de los 270 grandes grupos económicos, solo el 17,4% de ellos registran pagos de impuesto a la renta superiores al 4%. El 61,85% de los grupos económicos pagan menos del 2% de sus ingresos en impuesto a la renta).

El mismo SRI reporta que cuatro empresas del grupo reportan 12,19 millones de USD en deudas tributarias: AIG Metropolitana con 3,97 millones de USD, Banco Diners Club con 3,84 millones de USD, Banco del Pichincha con 2,57 millones de USD y Seguros Pichincha con 1,8 millones de USD (de las cuales ninguna es en firme).

El grupo posee activos totales por 17.681.149.806 dólares, de los cuales, efectivamente, el 64,6% corresponden al Banco del Pichincha, el 13,8% al Banco Diners Club, y el 5,4% al Banco General Rumiñahui, lo que indicaría que el principal accionista del grupo, Fidel Egas, sería uno de los hombres más acaudalados del mundo. Asimismo, el grupo presenta un patrimonio de 3.590.126.578 dólares para cuatro accionistas principales. 

A diferencia de otros grupos económicos, el grupo financiero Banco Pichincha tiene dos empresas que le permiten controlar la mayor parte de la liquidez nacional: Compañía de servicios auxiliares del sistema financiero y BANRED. Puede afirmarse que este grupo económico prácticamente controla la dolarización del país. En efecto, BANRED actúa como interfaz de todas las transacciones electrónicas que se hacen en el sistema de pagos del país. Fue este grupo económico, de hecho, el principal beneficiario de las reformas legales de la ley de Reactivación Económica que el gobierno de Lenin Moreno aprobó en diciembre de 2017, cuando transfirió el dinero electrónico del Banco Central al sector financiero privado. En esa circunstancia no se trataba tanto del dinero electrónico, sino más bien de garantizar el monopolio de BANRED en el sistema de pagos privados a nivel nacional. En efecto, todos los pagos en línea del sistema financiero privado pasan por el monopolio de BANRED, y generan costos de transacción a todo el sistema. 

El grupo también maneja 90 fideicomisos y dos titularizaciones (por ejemplo, el grupo maneja el Fideicomiso Teleamazonas II). Esto le permite una enorme flexibilidad financiera y una gran capacidad discrecional con respecto a responsabilidades fiscales y legales.

A través de varios pronunciamientos en redes sociales, sobre todo en la red twitter, se puede constatar el constante apoyo que el principal accionista de este grupo económico, Fidel Egas G., realizó al gobierno de Lenin Moreno y a sus políticas económicas (por ejemplo, el 08 de octubre de 2020 escribió el siguiente tweet: “La valentía demostrada por Richard Martínez(ministro de economía durante 2018-2020 de Lenin Moreno, P.D.) para asumir una tarea que parecía imposible y su capacidad y esfuerzo demostrada con resultados tangibles merece un gran reconocimiento …”). Por lo que puede colegirse que la política económica en el periodo 2017-2021, benefició de forma directa a los grupos económicos en general y al grupo Banco Pichincha en particular.

En consecuencia, mis aseveraciones corresponden a un pronunciamiento académico que puntualiza en las graves distorsiones para el sistema de precios que provocan los monopolios y las posiciones de dominación de mercado de los grandes grupos económicos, su escasa contribución fiscal, y la forma por la cual estos grupos manejan de forma estratégica la economía nacional en función de sus propios intereses. Su enorme poder económico solo puede comprenderse por su colusión con intereses políticos determinados y con políticas económicas que les benefician de forma directa. Hay que recordar, además, que estos grupos económicos también manejan 48 grandes medios de comunicación, que permanentemente generan un consenso nacional sobre la supuesta necesidad de proteger los intereses particulares de estos grupos económicos como si fuesen intereses de todos.

Considero que la democracia puede fortalecerse con instituciones sólidas y con responsabilidad fiscal. Los grupos económicos pueden confrontar una mayor carga fiscal y una mejor determinación tributaria desde el SRI, y para ello se necesita de un gobierno que no esté atado ni coaccionado por ellos. Pero no solo se necesita una mayor carga fiscal para estos grupos económicos, sino también evitar su capacidad de distorsión del sistema de precios en el mercado interno. En efecto, el sistema de precios registra más la renta de monopolio de estos grupos, que la libre competencia del mercado. El país necesita una fuerte arquitectura institucional que ponga freno a esas distorsiones y que asegure un sistema de precios más acorde tanto con la dolarización, como con la estructura económica del país. También se necesitan tomar acciones inmediatas, como por ejemplo dividir en bancos más pequeños al Banco del Pichincha, cuyo tamaño representa un riesgo sistémico para toda la economía nacional.

Con respecto a las “puntualizaciones” realizadas por el Sr. Antonio Acosta, las considero como un pronunciamiento ideológico del responsable de un banco privado, que, además, es propiedad de un grupo financiero, y que no tienen ninguna importancia académica, ninguna relevancia intelectual y cuyos datos, en realidad, avalan mis declaraciones.

 

Pablo Dávalos, PhD en economía