Movimiento indígena y Revolución Ciudadana en la transición hegemónica. Choque de trenes

 Movimiento indígena y Revolución Ciudadana en la transición hegemónica. 

Choque de trenes

Tomado del libro: Transiciones hegemónicas en el Ecuador: 2007-2022, Pablo Dávalos, CLACSO, Argentina, 2023. Capítulo III.

Si nuestras anteriores hipótesis son plausibles, entonces podemos afirmar que en el periodo 2007-2017 se confrontaron, dentro el espacio de la izquierda política, dos procesos políticos específicos, de una parte una agrupación política que había logrado captar el gobierno a fines del año 2006 y que, en virtud de ello, para garantizar su gobernabilidad, habida cuenta de que ganó las elecciones sin candidatos para el sistema político, no tenía más opción que una permanente fuga hacia delante y, en ese proceso, articular y asegurar, en una sola dinámica, la capacidad hegemónica de su dominación política, se trata, por supuesto, de la Revolución Ciudadana; y, de otra, un sujeto histórico que asume un rol de emancipación social y que se había convertido a lo largo de las décadas anteriores, gracias a su lucha y movilización permanente, en la contra-hegemonía más importante al neoliberalismo, es decir, las organizaciones de pueblos y nacionalidades del movimiento indígena.

¿Cómo se dio esa relación entre Revolución Ciudadana y movimiento indígena? ¿Cuál fue su principal característica? ¿Cómo procedió la Revolución Ciudadana con respecto al movimiento indígena una vez que ganaron las elecciones en el año 2006? ¿Cómo reaccionaron las organizaciones de los pueblos y nacionalidades ante el gobierno de la Revolución Ciudadana en el ciclo 2007-2017? ¿De qué forma operaron tanto la dominación política cuanto la capacidad hegemónica de la Revolución Ciudadana con respecto al movimiento indígena? Para responder a estas cuestiones es necesario un análisis más in fine de ambos procesos.

En realidad, se trató de una relación muy complicada y que entró en conflicto directo casi desde el primer día del gobierno de la Revolución Ciudadana. Se trataba de un proceso que se explicaba por las razones que habían dado el triunfo electoral a la Revolución Ciudadana en el año 2006-2007. Como ya se había indicado, la Revolución Ciudadana era una creación ad hoc para participar en las elecciones de dichos años, por lo tanto, no tenía ni pasado, ni trayectoria, ni tampoco ninguna historia que la avale y certifique, salvo aquellas historias particulares de quienes fueron su núcleo original. 

El movimiento indígena, en cambio, tenía a la sazón un expediente importante de movilizaciones sociales que habían acotado tanto el modelo de dominación política del neoliberalismo cuanto sus capacidades hegemónicas durante casi dos décadas, y que se certificaban por los presidentes de la república destituidos por las movilizaciones sociales lideradas y organizadas por el movimiento indígena:

Pero algo que podríamos llamar “densidad histórica” otorga al movimiento indígena ecuatoriano una dimensión trascendental. Es difícil cerrar los ojos ante el vasto significado de este movimiento que ha flexionado el rumbo de un conjunto de procesos sociales varias veces seculares. (Ospina Peralta & Guerrero Cazar, 2003, p. 5).

Sin embargo, tanto la Revolución Ciudadana cuanto el movimiento indígena, se inscribían sobre un mismo espacio político: la crítica radical al neoliberalismo; y, en particular, la crítica a las políticas de austeridad fiscal y de reforma estructural que habían sido puestas en práctica durante dos décadas en el país de la mano del FMI y del Banco Mundial. En el año 2007, en efecto, se suma la revolución ciudadana a la crítica radical al neoliberalismo que había tenido en el movimiento indígena su principal contradictor contra-hegemónico.

Si la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena compartían el mismo espacio de crítica al ajuste y austeridad neoliberal, así como a las reformas estructurales hechas al tenor de las imposiciones del FMI y del Banco Mundial, ¿por qué ambos procesos no convergieron políticamente? 

Su posible convergencia habría provocado cambios estructurales inéditos en el país. De hecho, se puede identificar un punto de confluencia entre ambos procesos: en la Asamblea Constituyente de 2007-2008. En esa circunstancia, la convergencia entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena permitió la creación de uno de los instrumentos más potentes en la historia del país, la nueva Constitución del año 2008. Como lo señala Schavelzon: “El proyecto de la CONAIE … servirá de base para la nueva Constitución del Ecuador aprobada en 2008. Muchos de sus artículos serían incorporados en el proyecto final”. (Schavelzon , 2015, p. 141)

En efecto, la Constitución del año 2008 declara en su primer artículo lo siguiente:

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Los recursos no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)

En este primer artículo de la Constitución puede apreciarse el giro coperniciano en referencia a la teoría constitucional, porque cambia la estructura epistemológica del Estado, de tal manera que su existencia en tanto Estado, se debe al hecho que debe cumplir y garantizar los derechos fundamentales. Es, en realidad, el abandono del positivismo jurídico del tradicional Estado de derecho del liberalismo, hacia una nueva forma de Estado, en el cual hay un retorno al iusnaturalismo jurídico bajo la forma de la ética de los derechos (Ver: (Ávila Santamaría, 2011), (Ávila Santamaría, 2016)). 

Es solamente desde ese giro coperniciano que puede caber la incorporación de la plurinacionalidad y la interculturalidad dentro de la contractualidad moderna. En efecto, la plurinacionalidad y la interculturalidad son incompatibles con el positivismo jurídico del Estado de derecho. Fue la convergencia entre el movimiento indígena y la revolución ciudadana la que creó las condiciones de posibilidad para ese cambio de paradigma constitucional.

Este artículo constitucional es la demostración de que la convergencia entre el proceso de la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena era una apuesta potente. La Constitución de 2008 abre el espacio a conceptos que tienen en la trayectoria política del movimiento indígena su mejor referente y explicación, como los derechos de la naturaleza, el Sumak Kawsay (buen vivir) y, en especial, uno de los artículos constitucionales que es en sí mismo todo un proyecto político y que solo puede explicarse por la convergencia entre estos dos procesos históricos. El artículo en referencia es el Art. 283 de la Constitución y que, por su trascendencia e importancia, vale la pena citarlo:

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine… (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)

Puede advertirse que este artículo constitucional condensa en sí mismo todo un programa político que solo puede explicarse en su redacción, discusión y, finalmente aprobación, por la confluencia tanto táctica como estratégica entre movimiento indígena y Revolución Ciudadana. Este artículo es un contrapunto radical al neoliberalismo y lo desarma axiológica, normativa y epistemológicamente. Luego de ese artículo constitucional, la aplicación del neoliberalismo, al menos en teoría, sería muy difícil. 

Poner al ser humano como el centro de toda referencia económica cambia la relación medios/fines que es consustancial al discurso económico que tiene como referente la asignación de recursos escasos para fines alternativos. Esta vez, este artículo constitucional devuelve el sentido ético a la economía que se había perdido durante el neoliberalismo que sacrificaba sociedades enteras para salvar a los mercados.

Si la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, más otros aliados sociales por supuesto, pudieron crear un texto constitucional de ese calibre, amén de sus imperfecciones y críticas, entonces ¿por qué nunca más se dio esa convergencia y, por el contrario, esos dos procesos políticos entraron no solo en disputa sino en confrontación directa?

La respuesta está en el concepto de hegemonía. Es este concepto el que puede ayudarnos a comprender esa cesura radical que se produjo entre dos procesos que, de haber marchado juntos, habrían provocado las transformaciones más estructurales del país en toda su historia. 

Para la Revolución Ciudadana, la Constitución de 2008 y el proceso de su aprobación, formaban parte de su modelo de dominación política. Se trataba de un modelo de dominación que tenía que bregar, de una parte, con la derecha neoliberal, pero, de otra, con la multiplicidad de actores de izquierda que reclamaban participación y reparto del poder, pero, en especial, con el movimiento indígena como sujeto contra-hegemónico y sujeto de emancipación social que tenía la fuerza suficiente para desplazar a la Revolución Ciudadana. En el año 2008, la revolución ciudadana comprendió que, para asegurar su sobrevivencia política y no depender de nadie, tenía que articular dentro de una misma dinámica tanto la dominación política como la capacidad hegemónica.

El espacio político que se abrió en 2008 gracias al proceso constituyente fue cerrado inmediatamente por la Revolución Ciudadana. Su prioridad, una vez aprobado el texto constitucional, era garantizar sus propias condiciones de gobernabilidad que no tenían para nada dentro de su agenda una política de convergencias con el movimiento indígena.

Esto, de entrada, creaba ya una cesura radical con el movimiento indígena que representaba, justamente, la contra-hegemonía más importante que el país tenía para enfrentar al neoliberalismo. En efecto, no pueden articularse de forma conveniente y coherente la capacidad hegemónica de la dominación política si, previamente, no se integra orgánicamente dentro de esa capacidad hegemónica que, además, está en vías de constituirse, a los actores y sujetos contra-hegemónicos que comparten el mismo espacio político. Es decir, la Revolución Ciudadana necesitaba fagocitar al movimiento indígena. Habida cuenta de la forma por la cual construye su modelo de dominación política no tenía otra opción, como lo subraya el sociólogo Mario Unda:

La nueva hegemonía busca sustentarse, especialmente, en la desestructuración del movimiento popular que llevó sobre sus espaldas la resistencia contra el neoliberalismo. (Unda , 2013, p. 35).

El movimiento indígena no podía ser contra-hegemónico contra el neoliberalismo en un gobierno que se caracterizaba, justamente, por ser crítico radical al neoliberalismo. El espacio de crítica al neoliberalismo había sido vaciado por la revolución ciudadana porque lo necesitaba para construir su propia capacidad hegemónica. No podían, por tanto, coexistir dos dinámicas que utilizaban el mismo repertorio: en el un caso para consolidar la capacidad hegemónica de su modelo de dominación política y, en el otro, para insistir en sus posibilidades contra-hegemónicas y reclamar otro mundo posible.

La Revolución Ciudadana podía aceptar al movimiento indígena a condición que se subordine a sus propios requerimientos de dominación política y capacidad hegemónica. Eso significaba, para el movimiento indígena, la transferencia de todo su proceso acumulado de resistencias sociales hacia un proceso político cuyas coordenadas estaban aún por construirse y del cual incluso dudaban de su legítima procedencia. La separación, como puede apreciarse, era inevitable. Su coexistencia en el mismo espacio era imposible. Boaventura de Souza Santos, trata de resumirlo de la siguiente manera:

Para las organizaciones indígenas ecuatorianas más representativas el conflicto tiene raíces profundas. Primero, el Presidente no tiene un pasado de izquierda y menos de militancia en los movimientos sociales. No comprende la dinámica de los movimientos. Humberto Cholango señala al respecto: “Nos consideran como intereses corporativos (pero) nosotros no somos un gremio de taxistas. Somos representantes de nacionalidades indígenas” (Entrevista, Quito, 18 de septiembre de 2010). (De Souza Santos, 2010, p. 138).

La Revolución Ciudadana conjuga la gramática del liberalismo en un contexto en el cual el movimiento indígena lo había cuestionado duramente por más de dos décadas. Aunque su retórica haya sido de izquierda, en realidad, la Revolución Ciudadana era un proyecto de modernización capitalista con algo de redistribución del ingreso. En todo proceso de modernización, la población indígena debe ser integrada de grado o por la fuerza. Como lo expresa Silvia Rivera Cusicanqui:

En torno a estos fenómenos, corrientes interpretativas contrapuestas coinciden en asignar a la mayoritaria población indígena un destino bien de subordinación o de desaparición en tanto entidad cultural y social, ya sea en aras del “desarrollo de las fuerzas productivas” o en aras de la modernización capitalista. Con ello, las imágenes de democracia que nos quedan se reducen al modelo liberal representativo basado en el individuo como “ciudadano”. (Rivera Cusicanqui, 2010, p. 139) 

Empero, aquello que trazó una línea demarcatoria de enfrentamiento directo y que provocó un giro epistemológico y político en el movimiento indígena, fue la apuesta por el extractivismo que la Revolución Ciudadana hizo inmediatamente después de aprobado su texto constitucional, y que se expresó, entre otros, en la aprobación de la Ley Minera en el año 2009. 

Por ello, el desenlace era inevitable: “El conflicto entre el Gobierno de Rafael Correa y el movimiento indígena conoció un dramático agravamiento con las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria de la CONAIE, realizada en 26 de Febrero de 2010”, reconoce el filósofo portugués Boaventura de Sousa Santos (De Souza Santos, 2010, p. 139). En efecto, la resolución más importante que se adoptó desde la CONAIE y como respuesta al gobierno de la revolución ciudadana, en esa coyuntura, fue la siguiente:

2. Convocar a un levantamiento plurinacional en el Ecuador, en articulación con los distintos sectores sociales, precedido de acciones y movilizaciones concretas, en contra de las políticas neoliberales y extractivas aplicadas por el Gobierno de Rafael Correa.

5. Ejercer el Estado plurinacional al interior de cada pueblo y nacionalidad, a través de los gobiernos comunitarios y en pleno ejercicio de los derechos colectivos en las tierras y territorios en las áreas de educación, salud, administración de justicia, recursos naturales, biodiversidad, agua, páramos, y otros para el ejercicio del Sumak Kawsay (De Souza Santos, 2010, p. 139)

Por supuesto que la Revolución Ciudadana, en esos momentos, acudió a toda la fuerza de la ley y el orden para someter a la movilización social e indígena dentro de las fronteras de su modelo de dominación política. La Revolución Ciudadana no solo que usó la fuerza sino también su capacidad hegemónica para restar toda legitimidad a las demandas indígenas.

Como puede apreciarse, el conflicto entre ambos procesos políticos es radical. Los pueblos y nacionalidades optan por replegarse bajo el estatuto de Estado Plurinacional de la Constitución como una forma, podría decirse desesperada, de defender sus territorios a los que sienten en peligro inminente por la apuesta extractiva de la Revolución Ciudadana. 

De otra parte, la Revolución Ciudadana apuesta por el extractivismo porque necesita recursos para sostener la inversión pública. De conformidad con nuestro marco teórico, la inversión pública, en realidad, es el punto desde el cual se produce el pliegue hegemónico. 

Nadie, al menos teóricamente y salvo excepciones, puede estar en contra de la inversión pública, sobre todo si es en salud, educación, vialidad, electrificación. La sociedad ve con buenos ojos esa cada vez más importante obra pública que empieza a construirse, literalmente, por todo el país gracias a la Revolución Ciudadana. Pero sabemos ahora que, para la Revolución Ciudadana, la obra pública es algo más que infraestructura necesaria para la sociedad, es un recurso estratégico para consolidar la capacidad hegemónica de su modelo de dominación política.

Es sobre el consenso que suscita la inversión pública que se produce la inflexión y la inclusión de ese consenso social en el pliegue hegemónico. La sociedad apoya y suscribe a un gobierno que por fin empieza a dar respuestas a sus demandas. La obra pública, además por la vía de los multiplicadores de la inversión fiscal, expanden el empleo, los ingresos y el consumo nacional. La clase media se extiende y la pobreza se reduce. En las elecciones que se desarrollan a continuación, la población votará agradecida por un gobierno que realiza una importante obra pública, que, además, tiene trabajo y, de esta forma, la Revolución Ciudadana, deviene en hegemónica.

Pero la capacidad fiscal para generar recursos para el financiamiento de la inversión pública tiene sus límites. La única forma de pasar esos límites y consolidar la capacidad hegemónica que se crea tras ese pliegue hegemónico provocado, justamente por la inversión pública, es por la vía de incrementar las rentas fiscales, y esa vía está, necesariamente, al menos para la revolución ciudadana, en el extractivismo.

Si se suma al hecho que el ciclo político de la Revolución Ciudadana coincidió con el ciclo del crecimiento de precios de los commodities, en especial del petróleo, puede advertirse que para la Revolución Ciudadana el camino más rápido para obtener recursos que desesperadamente necesitaba, estaban ahí, en las rentas extractivas que proporcionaban los commodities. A esa apuesta por los commodities como única opción para financiar el desarrollo económico, Maristella Svampa, lo denominó: “el consenso de los commodities” (Svampa, 2013).

Para construir sus capacidades hegemónicas la Revolución Ciudadana tenía que inaugurar obras de infraestructura pública si es posible a cada fin de semana, de tal manera que pueda convencer a sus electores y a su propia sociedad de las virtudes del proyecto político de la revolución ciudadana. 

En una sociedad que había vivido el abandono del Estado por cerca de tres décadas de neoliberalismo radical, la apuesta política de la Revolución Ciudadana era una apuesta ganadora que se avalaba y confirmaba, precisamente, en la arena electoral. Para consolidar, evaluar y monitorear esas capacidades hegemónicas, la revolución ciudadana llevó a cabo varios procesos electorales en el ciclo político 2007-2017 y los ganó todos.

 “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro” (Dávalos, 2013, p. 213), era la expresión que utilizaba el ex presidente Rafael Correa para legitimar las derivas extractivas de su gobierno, pero es evidente que nunca se le ocurrió a la revolución ciudadana financiar esa obra pública con impuestos a los más ricos.

Se impone, además, una precisión de política económica; la Revolución Ciudadana, en virtud de su modelo de dominación política y su forma particular de construir su hegemonía política, no podía utilizar los mercados financieros internacionales para emitir bonos soberanos de deuda para financiar la obra pública que le permitía construir sus capacidades hegemónicas, por la sencilla razón que su proceso hegemónico se sustentaba en una crítica radical al FMI y el Banco Mundial a quienes acusaba, con justa razón además, de ser los causantes de la “larga noche neoliberal”; pero el aval del FMI era casi condición necesaria para retornar a los mercados mundiales de capitales. De ahí que la Revolución Ciudadana haya optado más bien por los créditos bilaterales, en especial los créditos de la República Popular de China, para el financiamiento de sus proyectos de inversión pública.

Las rentas extractivas se convirtieron, como puede apreciarse, en una parte fundamental de la construcción de las capacidades hegemónicas de la Revolución Ciudadana. Por ello, a las rentas extractivas del petróleo, la revolución ciudadana optó por sumar las rentas extractivas de la minería abierta a gran escala e inaugurar el extractivismo más radical hasta ese entonces vivido. 

La minería a gran escala necesita, asimismo, utilizar intensivamente recursos a gran escala, sobre todo tierras y agua. Pero en un país como el Ecuador, eso implicaba entrar de lleno en conflicto con las organizaciones indígenas que tenían como parte de su propia ontología política, los territorios y sus recursos, sobre todo el agua. Para los pueblos indígenas, el territorio no es un vector exógeno y adyacente a su vida diaria, sino que forma parte de su cosmovisión del mundo. El territorio es parte de su ontología política. Son pueblos que no pueden existir sin esa vinculación con los territorios.

Pero la Revolución Ciudadana necesitaba de esos territorios para cobrar las respectivas rentas extractivas y, con ellas, fortalecer sus capacidades hegemónicas. Si no existían esas rentas extractivas, entonces, para la Revolución Ciudadana, era difícil continuar con sus obras de infraestructura pública y eso podía afectar su capacidad hegemónica y su dominación política. Así, las rentas extractivas formaban parte de un proceso político de vasto calado que tenía que ver, justamente, con la hegemonía.

Para los pueblos indígenas, en cambio, se trataba de su propia ontología política, es decir, de su ser en tanto comunidades indígenas y alteridades radicales a la modernidad. Si se les enajenaban los territorios se les mutilaba en su ontología política. Mas, la Revolución Ciudadana no estaba para esas sutilezas filosóficas. Para la Revolución Ciudadana el extractivismo era la apuesta para salir del subdesarrollo económico y lograr el ingreso a la modernidad capitalista. 

Ahí se produce una transición política importante en las organizaciones indígenas. De su resistencia al neoliberalismo durante las décadas de los años noventa, ahora tienen que girar hacia la resistencia al extractivismo. Si el neoliberalismo afectaba por igual a toda la sociedad y la resistencia al neoliberalismo podía provocar solidaridades en algunos sectores sociales, la defensa de los territorios y del agua, en cambio, era una lucha de resistencia focalizada en los territorios indígenas y que no convocaba a solidaridad alguna en la sociedad. De hecho, para varios sectores sociales que suscribían al proyecto de la revolución ciudadana, la oposición al extractivismo era una cuestión que retardaba la entrada del país hacia la modernidad capitalista.

La lucha contra el extractivismo le obliga al movimiento indígena a cambiar su discurso y sus formas de resistencia y movilización. Esta vez ya no tiene como puntos de referencia el modelo neoliberal y las políticas de ajuste del FMI y del Banco Mundial, como ejes de legitimidad contra-hegemónicos ante la sociedad que también había sufrido de esas políticas neoliberales, sino que tiene que replegarse y adoptar una posición defensiva de su propia ontología, es decir, de aquello que los define y establece en su diferencia con la modernidad capitalista, los territorios en tanto naturaleza:

En la actualidad el comercio de los recursos naturales sigue, directo desde el Estado. El gobierno de Alianza País asienta su modelo de desarrollo en una reprimarización de la economía, mediante la ampliación de la frontera petrolera y la minería a gran escala, fomento agroindustrial exportador y el desplazamiento financiero, hacia China, Rusia, Irán, entre otras. Con lo cual debilita la economía de pequeños y medianos productores, principalmente agrarios y artesanales. La destrucción de la pachamama, la naturaleza y la persistencia de la contaminación ambiental. (CONAIE, 2011, p. 8).

El extractivismo, efectivamente, pone a la Revolución Ciudadana en línea de confrontación directa con los movimientos indígenas. Pero es un conflicto que la Revolución Ciudadana lo puede procesar dentro de las capacidades hegemónicas de su modelo de dominación política, como en efecto ocurre. Es un conflicto que no pone ni en riesgo ni en peligro su modelo de dominación política. 

El mayor riesgo para la Revolución Ciudadana proviene desde la derecha política, porque ella tiene en su poder las palancas de la producción, de la dolarización y del excedente económico. Si esas elites deciden confrontar realmente a la Revolución Ciudadana, entonces el escenario cambia y tambalea la dominación política de la Revolución Ciudadana.

Por eso la Revolución Ciudadana es extremadamente prudente y cuidadosa con las elites económicas y financieras-bancarias. Después de todo “la inversión pública se convierte en un motor del crecimiento económico de los negocios del capital privado” (Unda , 2013, p. 35). Ha creado una especie de zona de confort para ellas de tal manera que puedan manejar el excedente económico a su antojo y se conviertan en aliados silentes o, en todo caso, que sus gestos de desaprobación no generen cambios importantes en la dominación política ni en su capacidad hegemónica (ver al respecto: (Acosta, 2013)). Por ello, nunca se le ocurrió a la Revolución Ciudadana que bien podía financiar la obra pública por la vía de más impuestos a estos grupos de poder. Este escenario era impensable.

Con relación al movimiento indígena, la Revolución Ciudadana, a estas alturas, solo podía considerarlo como un actor corporativo con una agenda étnica sin trascendencia para el país y cuya apelación a la plurinacionalidad, en realidad, es un obstáculo para el desarrollo nacional y para la redistribución de la riqueza hacia los más pobres que son, justamente, los indígenas:

Para Correa el país es constituido en su base por ciudadanos y no por pueblos, y la justicia social consiste en un reparto más igualitario de la riqueza nacional del que se beneficiarán todos los ciudadanos y muy especialmente los indígenas porque son, en general, los más pobres. Para lograr ese objetivo hay que desarrollar el país y en el Plan económico eso no es posible sin el extractivismo. (De Souza Santos, 2010, p. 144).

La Revolución Ciudadana borró todo contenido de sujeto de emancipación social al movimiento indígena, y se dedicó a una política clientelar y populista desde el Estado, acompañada de inversión pública en los sectores rurales, conjuntamente con pequeños proyectos de desarrollo en las comunidades, más la cooptación dentro del Estado de dirigentes indígenas claves que se convirtieron en funcionarios estatales, para neutralizar a las organizaciones indígenas y quitarles sustento y vinculación con sus comunidades. 

De una forma u otra, la Revolución Ciudadana replicaba casi los mismos contenidos que, en su momento, el Banco Mundial y la cooperación internacional al desarrollo habían intentado con las comunidades indígenas, en décadas pasadas, pero esta vez desde una deriva más agresiva y mucho más eficaz. De hecho, en esos momentos los pueblos y nacionalidades indígenas tenían que vérselas con un modelo de dominación política que era al mismo tiempo una forma de consolidar la capacidad hegemónica del poder.

El extractivismo, por tanto, se convierte en la frontera de confrontación entre la Revolución Ciudadana y los movimientos indígenas. Esta vez las organizaciones de pueblos y nacionalidades sitúan su resistencia contra el extractivismo dentro de sus coordenadas de emancipación social: la defensa de los territorios y del agua es, en definitiva, la defensa de la vida.

Hay, por tanto, un componente de biopolítica en esa transición hacia la oposición al extractivismo y la defensa de los territorios. Para poner los territorios dentro de las coordenadas del extractivismo, la Revolución Ciudadana tiene que hacer tabula rasa de la Constitución, de la plurinacionalidad del Estado, de la interculturalidad, de los derechos colectivos, del pluralismo jurídico, del derecho a la resistencia, del derecho al agua, de los derechos a la naturaleza. 

Esta vez, y a diferencia de su conflicto con el neoliberalismo, el movimiento indígena prácticamente está solo. No puede reclamar en su defensa los derechos de la naturaleza y la declaración del Estado Plurinacional, porque el modelo de dominación política de la Revolución Ciudadana “acata, pero no cumple”. Tampoco tienen a nadie dentro del Estado, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que pueda acompañarlos, porque todo el Estado ha sido plegado dentro del pliegue hegemónico de la Revolución Ciudadana. La lucha contra el extractivismo los encuentra solos y a contracorriente.

Es una lucha que, al menos teóricamente, no les otorga mucho espacio ni muchas capacidades políticas para resistir la capacidad hegemónica del modelo de dominación política de la revolución ciudadana. Pero empezaron a darla y, para hacerlo, cambiaron su discurso político. Convirtieron a la resistencia al extractivismo el centro del debate político. Provocaron discusiones en sus comunidades y lograron posicionar, en un ambiente político tan cerrado, el tema del extractivismo como parte fundamental de la lucha política y de la resistencia social. Para hacerlo, tuvieron el acierto de convocar y legitimar esa lucha a partir de la conciencia sobre el agua como parte de la vida misma. Abrieron el paraguas para albergar en esa lucha de resistencia contra el extractivismo a otros sujetos sociales, como, por ejemplo, los ecologistas. Luchar contra el extractivismo era defender el agua, y, de esta manera, defender la vida.

En un tiempo relativamente corto, el movimiento indígena se reinventa y sale del cerco hegemónico impuesto por la Revolución Ciudadana por la vía del discurso de la defensa del agua y la vida. Se produce, como se había ya expresado, una especie de giro biopolítico en las resistencias sociales. Ese giro sorprende a la capacidad hegemónica de la Revolución Ciudadana que, en una especie de oxímoron político, se presenta también como organización ecologista, para, desde ahí, convocar a los más jóvenes, como fue su fracasada iniciativa Yasuní de dejar el crudo en tierra en la denominada “zona intangible” en la amazonía ecuatoriana y en donde se supone que viven los denominados “pueblos en aislamiento voluntario”.

Si la Revolución Ciudadana se pretende ecologista entonces, expresan las organizaciones indígenas y ecologistas, no puede también suscribir el extractivismo, porque el extractivismo afecta las fuentes de agua y, por tanto, a la vida misma. Es ese cambio discursivo el que abre una grieta en ese cerco hegemónico en contra del movimiento indígena y que permite a las organizaciones indígenas retomar la movilización social en pleno contexto de la revolución ciudadana.

Ahora bien, ahí en ese proceso histórico se puede constatar que la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena, como en el cuento de Borges, son senderos que se bifurcan de manera irrevocable. Las cesuras entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena pueden localizarse e identificarse en esa coyuntura, y son cesuras radicales. El punto más alto de la movilización social en contra de la Revolución Ciudadana se da en el periodo 2015-2016 que es también el punto en el cual la Revolución Ciudadana experimenta su mayor desgaste. 

Ahora bien, en virtud de que el extractivismo no se inscribe de manera natural en el discurso del neoliberalismo porque, de hecho, sus marcos teóricos no forman parte de él, y que esta vez forma parte de un nuevo ciclo político que, además, sustenta su legitimidad como un gobierno post-neoliberal, para las organizaciones indígenas el post-neoliberalismo se convierte, en realidad, en una especie de neoliberalismo 2.0, o neoliberalismo recargado. Por ello, con todos los matices que se pueda suponer, estas organizaciones indígenas no suscriben ni apoyan como cabría esperar a la ola de gobiernos progresistas de América Latina en las primeras dos décadas del siglo XXI. Más bien los miran con desconfianza o con suspicacia porque consideran que son gobiernos post-neoliberales en el sentido de que son gobiernos extractivistas (Gudynas, 2011).

Es en esta coyuntura que se producen los discursos y las prácticas que provocarán las cesuras radicales entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana y que serán tan importantes para comprender los procesos de transición hegemónica. Será imposible que esas cesuras entre ambos procesos se suturen, porque forman parte de trayectorias históricas determinadas. 

Como comparten el mismo espacio político de la izquierda, la Revolución Ciudadana aprovecha la coyuntura para ir con todo en contra de las organizaciones indígenas y, esta vez, desmantelarlas porque ellas pueden abrir las fisuras en el dique de la hegemonía. En un epítome de este proceso, el gobierno de la Revolución Ciudadana llegó al extremo de intentar desalojarlos de su sede central en la capital de la república.

Por ello, la Revolución Ciudadana será tan radical y tan dura en contra de las organizaciones indígenas. Su persecución contra ellas será implacable y las cesuras abiertas esta vez se transforman en distancias irreductibles. Son esas distancias irreductibles las que explicarán las formas que asumirá la transición hegemónica a futuro.

En un gesto de pragmatismo absoluto, la Revolución Ciudadana resigna el respeto a la Constitución solamente a aquellas partes de procedimiento que le otorgan más poder. Lo demás se archiva en el cajón de asuntos pendientes. La capacidad hegemónica de su dominación política le lleva al cinismo del poder y al autoritarismo en la resolución de los conflictos políticos. En una escalada in crescendo, la Revolución Ciudadana crea el expediente del lawfare en contra de aquellos líderes sociales e indígenas que se oponen al extractivismo. Así, rompe amarras con cualquier adscripción o pertenencia a una visión de defensa de los derechos de la naturaleza a pesar de constar de forma explícita en la Constitución.

Para un sujeto histórico cuyo proyecto político lo transforma en sujeto de emancipación social, como es el caso de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, la Revolución Ciudadana le representa una regresión y una amenaza directa. Las resistencias y luchas contra el extractivismo fueron la forma por la cual este sujeto proyecta su horizonte de emancipación en la defensa de la vida que está amenazada por el extractivismo. Al proyectarla hacia ese nivel, se producen, dentro del movimiento indígena, cambios paradigmáticos importantes que lo configuran a nuevos niveles. La defensa por la vida implica un horizonte civilizatorio que se armoniza con todas las demandas que tratan de detener el cambio climático y la voracidad del capitalismo.

Esto nos lleva a una segunda hipótesis para comprender el rol de las organizaciones indígenas de pueblos y nacionalidades en la transición hegemónica: es virtualmente imposible que la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena puedan realizar algún tipo de convergencias estratégicas o tácticas en la transición hegemónica. Van a correr en andariveles separados y será muy difícil que puedan llegar a acuerdos entre sí incluso a nivel contingente y táctico, porque representan dos visiones antitéticas del mundo, de la política, y del futuro. 

Esta hipótesis se complementa con el hecho que, en la transición hegemónica, la polarización entre correístas y anticorreístas tiene más calado y más significación para el movimiento indígena que para otros sectores sociales. Esa polarización crea una cesura radical e irreparable entre estos dos procesos políticos. No hay forma, en consecuencia, que puedan crearse efectos de túnel o de pasarelas entre ambas dinámicas.

A pesar que el bloque legislativo de la Revolución Ciudadana y el bloque legislativo del movimiento de unidad plurinacional Pachakutik conformaron la mayoría de la Asamblea Legislativa en el periodo 2021-2023 y, en virtud de ello, podían imponer la agenda política y podían, incluso, cambiar la transición hegemónica y convertirse ellos en los ejes de las disputas hegemónicas, nunca hubo posibilidad alguna de acuerdos ni tácticos ni estratégicos, a pesar que la coyuntura lo ameritaba. Fue tan fuerte y pregnante el sentimiento anticorreísta en el bloque legislativo del movimiento Pachakutik que parece que la fórmula de la transición hegemónica de correístas/anticorreístas haya sido diseñada específicamente para ellos.

Es por ello que la hipótesis de la cesura radical entre el proceso de la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena prohíbe siquiera suponer que ambas fuerzas vayan juntas en cualquier proceso electoral futuro. No hay, al menos bajo el análisis realizado, posibilidad alguna que esto pueda suceder, aunque la política sea el reino de la contingencia y se produzcan cisnes negros, es muy difícil que esto, finalmente, ocurra.