Carta Abierta al Ministro de Economía y Finanzas

Carta Abierta al Ministro de Economía y Finanzas

Señor Ministro de Economía y Finanzas

Econ. Richard Martínez

Quizá su decisión de pagar los Bonos Global 2020, en un contexto tan dramático para el país y el mundo, intente justificarse con el argumento que ese pago nos permitiría acceder a nuevas líneas de crédito que, a su vez, nos garantizarían afrontar de mejor manera la actual crisis sanitaria y la recesión económica. Lamentablemente, la pandemia no da tregua. Cuando usted anunció esa decisión teníamos menos de mil contagios, y 24 muertos. Para fines de esta misma semana en la que usted adoptó esta medida, los contagiados serán miles y llegaremos, desgraciadamente, a varias decenas de muertos. Para el próximo mes las cifras son de escalofrío.

Nuestros sistemas de salud, por otra parte, no tienen la capacidad de atender esa crisis si se desbordan los contagios, porque han sufrido un grave proceso de desinversión pública en estos últimos tres años provocado por su visión de austeridad fiscal y, justo por eso, necesitaremos de recursos urgentes para proteger la población, recursos que ahora, en fuerte recesión económica, son escasos. 

Es tan grave la pandemia, que el gobierno ha tenido que decretar el toque de queda a nivel nacional a partir de las dos de la tarde, pero no ha diseñado ninguna estrategia de abastecimiento, cobertura, protección, logística, traslado, monitoreo, y compensación, en especial a más de cinco millones de ecuatorianos que viven el día a día por la difícil situación de desempleo e informalidad. Y no lo ha hecho porque se necesitan recursos para hacerlo, recursos que el país decidió entregar a los tenedores de bonos de la deuda. Esos ecuatorianos están al límite, están entre el hambre, la necesidad y la pandemia, y con pocas posibilidades que alguien los ayude.

Quizá para usted, su equipo y su gobierno, su decisión sea pragmática, pero sin duda alguna no es ética, y tampoco es responsable. Si se tienen previstos recursos de créditos multilaterales y bilaterales para mediados del mes de abril del presente año, según sus propias declaraciones, entonces porqué no aplicó la cláusula de “mora técnica” y que consta en los contratos de emisión de bonos,  que le dan un mes adicional y, de esta forma, asegurar la poca liquidez que el país tiene, al menos hasta que esos créditos lleguen efectivamente. Le recuerdo que su equipo sí aplicó la “mora técnica” para el pago de intereses de bonos pendientes de pago para este mes. Sin embargo, lo que tampoco se entiende es porqué usted le dice al país que existe una relación de causalidad directa entre créditos bilaterales y multilaterales con el pago de bonos de deuda de los mercados privados de capital, cuando usted sabe que eso no es cierto.

Los ciudadanos estamos haciendo un enorme esfuerzo y hemos decidido apoyar los protocolos de confinamiento y distancia que se han impuesto. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo, todos menos usted y su equipo. El país necesitaba estos momentos un mensaje de humanismo, de compromiso, de futuro, de esperanza, un mensaje que demuestre la prioridad del gobierno en cuidar y proteger la vida de sus ciudadanos. Usted le ha dado una puñalada por la espalda al país a nombre de un pragmatismo ramplón que no se compadece con las circunstancias que vivimos. 

Había posibilidades de crear condiciones, con el mismo soporte de las multilaterales, para una reestructuración de pagos externos y para crear líneas de crédito para apoyo contingente inmediatas y, de esta manera, no solo solventar las necesidades de la crisis sanitaria sino crear un horizonte de reactivación y empleo. Pero usted decidió prescindir incluso del consenso internacional, incluido el Banco Mundial, que llama a la suspensión momentánea de pagos de créditos externos para países en problemas. Su decisión, por otra parte, también pone en riesgo el esquema de dolarización de la economía. 

Cuando todo esto pase, porque seguro que pasará, su nombre (y el gobierno del cual forma parte) se inscribirán, no lo dude usted, en aquello que alguna vez Borges describió como la Historia Universal de la Infamia.

Quito, 24 de marzo de 2020

Pablo Dávalos

Economista (PhD)

Economistas Heterodoxos ante la pandemia del coronavirus: Diez medidas urgentes

Manifiesto al país

Economistas Heterodoxos ante la pandemia del coronavirus

Si hay algo que nos enseña la crisis sanitaria global del coronavirus es que la última línea de defensa que tenemos los seres humanos es la solidaridad y responsabilidad individual y la intervención de las instituciones, estas últimas organizadas desde el Estado. Empero, y a pesar de los dramáticos momentos que vive el mundo, los neoliberales de nuestro país siguen en su afán de denostar y desprestigiar la participación del Estado, aunque no tienen ningún reparo moral en acudir al Estado en momentos de sus crisis económicas. Los que siempre ponen al capital por encima del ser humano, no tienen problema en pedir el rescate y la ayuda del Estado para cubrir sus pérdidas y proteger sus beneficios. 

Los neoliberales criollos han satanizado permanentemente al gasto público, y, sobre todo, aquel destinado a la inversión y protección social, es decir, aquel gasto en médicos, especialistas, enfermeras, paramédicos, investigadores, bomberos, policías, profesores universitarios, maestros, funcionarios, en fin, todo aquel tejido institucional que hoy está asumiendo, con entereza y sacrificio y sobre sus hombros, la enorme responsabilidad de cuidarnos a todos. 

La pandemia global nos obliga a mirar de otra manera a nuestra sociedades y comprender que la economía, en realidad, es pura contingencia, que las verdaderas prioridades, este momento, pasan por cuidar y proteger a los que amamos. Cuando es la vida la que está en juego, las prioridades mercantiles y crematísticas se convierten en aspectos contingentes. Por supuesto que la economía importa, y que se necesitan tomar medidas. Pero la visión que hoy debe prevalecer se denomina: humanismo. La economía debe ser puesta a servicio de la humanidad, y no al revés. No son los mercados los que nos van a salvar de la pandemia, son nuestros Estados. 

Empero, lo que en estas circunstancias se convierte en un imperativo ético y moral, para los neoliberales se convierte en la oportunidad de oro para llevar adelante su propuesta de ajuste y shock económico. Quieren aprovechar la coyuntura para subir los precios de las gasolinas, para eliminar el gasto público en salud y educación (¡justo en estos momentos de pandemia!), privatizar los bienes estratégicos del Estado, desregular los mercados y flexibilizar y precarizar aún más el trabajo. Demás está decir que si el país sigue la ruta prescrita por los neoliberales criollos, nos espera un escenario de devastación en todo sentido. Es lamentable que en estas circunstancias, aquellos que en vez de corazón tienen un gran bolsillo, demuestren tan poco sentido ético, tan poca humanidad y tan poca solidaridad. 

La defensa de la acción del Estado no es una defensa ideológica. Es la apelación más pragmática al sentido común y, además, una verdad evidente: la única forma de controlar y salir de la pandemia es a través de una sólida estructura de salud pública, no hay otra opción. Y eso ha sido el pronunciamiento de varios líderes mundiales de diversas tendencias políticas, como por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En Ecuador, la resolución de la pandemia requiere medidas urgentes, por lo cual proponemos:

1)  Una moratoria en el pago de hipotecas (en especial de BIESS, pero también de la banca privada, cooperativas y otras instituciones financieras), por al menos doce meses hasta que se haya resuelto definitivamente la pandemia del coronavirus.

2)  Estrategias de flexibilización en el pago de créditos comerciales, microcréditos, créditos de consumo, tarjetas de crédito del sector financiero nacional, sin recargo de intereses ni multas o cualquier otra penalidad, y sin alterar el record crediticio de las personas, ni tampoco vulnerar su acceso al crédito, por al menos un año hasta que la economía se recupere. Flexibilizar, asimismo, la conducta de los bancos e instituciones financieras respecto de sus clientes, para facilitar acuerdos de pago y contribuir a que las personas puedan contar con capital de operación para que puedan superar la actual coyuntura. 

3)  Poner en acción a la banca pública: BanEcuador, CFN, Banco de Desarrollo, CONAFIS, Banco del Pacífico, para usar mecanismos financieros, como fondos de garantía, líneas de crédito contingentes a nivel territorial, para atenuar la pérdida de ingresos de la población en condición de subempleo e informalidad, y atender con recursos a la población más vulnerable para que pueda adquirir alimentos y subsistencias y pueda cumplir con los protocolos de aislamiento y cuarentena. Buscar respaldos a estas líneas de crédito en la Cooperación Internacional al Desarrollo, y sustentarse en la Economía Popular y Solidaria.

4)  Liberación de aranceles de productos farmacéuticos y químicos necesarios para confrontar la pandemia, y control de precios con los que se expenden en el país. No se puede permitir que ciertos laboratorios pretendan lucrar en esta coyuntura.

5)  El gobierno tiene que detener de manera definitiva su estrategia de despidos en el sector de salud. Está en riesgo la Red Pública de Salud, los mecanismos de control epidemiológico y los Distritos de Salud. En consecuencia, proponemos que se reincorporen de forma inmediata al sistema nacional de salud los cerca de siete mil funcionarios del sistema de salud (entre ellos médicos especialistas, enfermeras, personal de control antivectorial, control epidemiológico, etc.), que han sido injustamente despedidos en estos tres últimos años, y que se elimine de manera inmediata el requerimiento de la cuota de nueve mil despidos al sector de salud previstos en los respectivos acuerdos ministeriales.

6)  Es fundamental realizar inversiones específicas en el sector de salud, a través de la compra de medicinas e insumos, tecnologías y aparatos indispensables para el efecto. En tal sentido, recomendamos una actuación más intensa y proactiva en el ámbito internacional para reactivar convenios de cooperación y dotación de equipos, medicamentos y personal especializado, sobre todo con China y con Cuba, países que han demostrado, al momento, solvencia y experticia en el manejo de la pandemia. No se pueden adoptar decisiones ideológicas en un contexto tan delicado como el presente.

7)  El gobierno debe comprometerse a no tomar ningún tipo de medidas económicas que pongan en riesgo tanto la paz social cuanto la salud de sus ciudadanos, como son: mayores ajustes en el gasto público, mayores contribuciones a la clase media, eliminación de subsidios a los combustibles, “monetización” de activos estatales, privatización de empresas públicas o campos petroleros, desregulación del sistema bancario. En consecuencia, debe suspenderse de forma definitiva toda condicionalidad que proviene del Fondo Monetario Internacional. Es momento de entender que la OMS (Organización Mundial de la Salud) está por encima del FMI. Exhortamos a la Asamblea Nacional a que haga uso de sus atribuciones contenidas en el numeral 5 del Artículo 419 de la Constitución, y que denuncie y ponga fin a la Carta de Intención suscrita con el FMI en marzo de 2019, porque la vigencia de este acuerdo pone en riesgo la frágil situación de la salud pública del país. 

8)  Exhortamos a la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera que disminuya las tasas de interés activas para todos los segmentos del mercado financiero nacional. Solicitamos al gobierno nacional que establezca nuevas salvaguardas que protejan la balanza de pagos y que establezca controles que impidan la fuga de divisas.

9)  Estamos plenamente conscientes de la necesidad que tiene este momento el gobierno nacional de recursos para afrontar los graves problemas de salud pública, en consecuencia, nosotros nos comprometemos a elaborar el documento de sustento y fundamentación para solicitar a la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad de los Artículos 40 y 42 de la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo aprobada y publicada en el Registro Oficial No. 309 del 21 de agosto de 2018. Si la Corte Constitucional declara inconstitucionales las reformas a los artículos 36 y 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero, previstos en esta ley, además de declarar inconstitucional las reformas al artículo 128 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el gobierno nacional puede tener acceso inmediato a los recursos de las reservas internacionales, y con ello puede solucionar sus problemas de liquidez de recursos en la caja fiscal. Exhortamos, en consecuencia, a la Corte Constitucional que se sensibilice y que los jueces constitucionales tomen decisiones en función del país, con la premura que las circunstancias lo requieren. Asimismo, solicitamos a la Corte Constitucional que se abstenga de emitir criterios con respecto a los Tratados Bilaterales de Inversión porque pueden alterar de manera importante la economía y someter a una crisis más profunda al país.

10) Estamos ante la presencia de un fenómeno inédito para la globalización y que la responsabilidad es compartida por todos. Por lo tanto, consideramos que todos los recursos existentes deben tener como prioridad el cuidado, protección, control y cumplimiento de los protocolos internacionales creados al efecto. La prioridad, por el momento, es la salud y la vida de los ciudadanos.

Suscriben el presente manifiesto,

Quito, Guayaquil, 16 de marzo de 2020 

Dr. Pablo Dávalos (PhD)

Dr. Marcelo Varela

Econ. Diego Borja Cornejo

Dr. Jaime Gallegos

Dr. Pedro Páez

Econ. Hugo Quimis-Franco

Econ. Aquiles Hervas Parra

Econ. Karina Ponce

Econ. Carlos De la Torre

Econ. Jorge Altamirano

Econ. Fabián Arias

Econ. Eric Cisneros

¿Por qué Lenin Moreno debe renunciar?

¿Por qué Lenin Moreno debe renunciar?

Pablo Dávalos

A inicios de 2020 el escenario económico no puede ser peor para el gobierno de Lenin Moreno. Sus aliados políticos de derecha le han dado la espalda. Al no poder cumplir con los compromisos asumidos con el FMI en marzo de 2019, esta institución también ha marcado distancias con el régimen y ha suspendido los desembolsos previstos y, para más inri, los mercados financieros de capitales han colocado a la deuda soberana de Ecuador en condición de paria. En menos de dos días el riesgo-país medido por la metodología de J. P. Morgan, se ha disparado a más de los 3.200 puntos básicos, un privilegio que comparte con Argentina y Venezuela. Con esta decisión, los mercados financieros de capitales prácticamente le cierran al gobierno ecuatoriano la posibilidad de financiamiento, al menos en el corto plazo y ven al escenario de default como inminente. 

Las malas noticias también se acumulan por el lado de la balanza de pagos. El precio del petróleo, el principal producto de exportación del país, como consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus, ha descendido a niveles preocupantes y deja con muchas dudas la proforma presupuestaria para el presente año. Además de eso, el contexto político le cierra todo espacio para cualquier tipo de ajuste. Las organizaciones sociales, entre ellas la poderosa CONAIE, se han pronunciado en contra de cualquier medida fiscal que implique ajuste sobre los más pobres. Falta indicar, asimismo, que los niveles de popularidad y credibilidad de Lenin Moreno se comparan a aquellos de Sebastián Piñera en Chile, ambos comparten alrededor del 5% de aceptación de su población. 

Estas circunstancias hacen prever que, probablemente, el gobierno tenga dificultades de liquidez para pagos a nómina, contratistas, proveedores, en fin, a la maquinaria del gobierno. Es necesario recordar, además, que el Ecuador es un país dolarizado y, por tanto, no tiene política monetaria. Depende de su balanza de pagos para obtener los dólares suficientes que puedan cubrir sus necesidades de liquidez, de ahí la importancia estratégica de la deuda pública externa. En consecuencia, el escenario del gobierno es de restricción de liquidez monetaria y escaso margen de acción en el sistema político. 

Ahora bien, en un país dolarizado se necesitan mecanismos que puedan mantener los niveles de liquidez necesarios para la economía y para el gobierno. Uno de ellos son las reservas internacionales. Son un instrumento que sirve, precisamente, para dar liquidez a la economía en contextos de restricción monetaria. Justo por eso, leyes como el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFYP), habían creado marcos legales para manejar con prudencia, responsabilidad y solvencia la liquidez de la economía. Al tenor de esa legislación, el ente rector de las finanzas públicas emitía títulos, obligaciones o notas de crédito a un plazo menor a un año que le permitían obtener liquidez a un costo relativamente bajo y cubrir sus posiciones de flujo de caja y con ello cumplir sus compromisos. Casi todos los bancos centrales del mundo hacen eso, y es absolutamente normal que el Ministerio de Finanzas utilice ese mecanismo, de hecho está para eso, para manejar y proteger las finanzas del país.

Casi todos excepto los fundamentalistas neoliberales que acompañan al régimen de Lenin Moreno y que han cooptado las principales palancas de la economía del país, y que consideran un anatema que el Banco Central pueda velar por la liquidez (por ello propugnan la idea inconstitucional de la independencia del Banco Central). Estos fundamentalistas neoliberales que se habían refugiado en las Cámaras Empresariales y habían cooptado a los empresarios que ahora piensan como ellos, ahora, y con el apoyo de los grandes medios de comunicación, han convertido sus dogmas en políticas de Estado, y con ello han puesto al país al borden del abismo, tal como lo hicieron en 1999. 

En efecto, el 7 de agosto de 2018, la Asamblea Nacional discutió y aprobó un conjunto de reformas legales (la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo), y, entre ellos, reformas a los artículos 36 y 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero a tenor de las presiones de los fundamentalistas neoliberales. Con estas reformas, se prohibió al Banco Central que adquiera títulos valor emitidos por el ente rector de las finanzas públicas. Es decir, el mecanismo de liquidez inmediata, de fácil acceso y de bajo costo, simplemente fue eliminado por razones puramente ideológicas, porque, de hecho, no existe racionalidad alguna que justifique la prohibición al banco central de financiar a su propio país, sobre todo con tipo de cambio fijo como la dolarización. Al eliminar este mecanismo, la única puerta que se abrió al financiamiento del Estado era la emisión de bonos soberanos en los mercados financieros internacionales. Ahora bien, el problema es que esa puerta, con el riesgo país tan alto, se ha cerrado de forma abrupta y el gobierno no tiene posibilidades de financiar su liquidez, porque no tiene política monetaria y su balanza de pagos ya acusa un déficit alarmante. 

Existirían, al menos, dos soluciones, ambas políticas, para resolver los inminentes problemas de liquidez y proteger la dolarización. La primera es que la Corte Constitucional declare inconstitucional por la forma y el fondo si no a toda la ley al menos a los artículos más pertinentes de la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo, de agosto de 2018, porque se incumplieron con formalidades de rigor y porque, efectivamente, hay disposiciones que son inconstitucionales como, por ejemplo, la reforma al Artículo 128 del COPLAFYP. Empero, hay serias dudas sobre la probidad de la Corte Constitucional. Su lamentable rol ante el estatuto jurídico de la Carta de Intención con el FMI que, según la Corte: “no surten efectos jurídicos sobre sus administrados”, así como su pretensión de rehabilitar los Tratados Bilaterales de Inversión, entre otros aspectos, proyectan sombras de duda sobre su solvencia moral y ética, y su capacidad intelectual y jurídica. Definitivamente, deben ser los peores jueces constitucionales que el país ha tenido en los últimos años. 

La otra salida es la renuncia del Presidente Lenin Moreno y que asuma el gobierno, hasta las próximas elecciones, su vicepresidente. De esta manera, el país puede zafarse del corporativismo de las cámaras empresariales que hoy controlan directamente la política económica del país. Con un nuevo ministro de finanzas, que sea técnico y sin directos compromisos corporativos empresariales, se puede pensar en un proyecto económico urgente que le devuelva al país los instrumentos de liquidez para proteger la dolarización. La renuncia del Presidente Moreno, por lo demás, solamente corrobora un hecho fáctico: al momento y luego de la movilización de octubre de 2019, no tiene ningún margen de maniobra político y se trata de un gobierno zombi. Un gobierno que políticamente está muerto pero que se mantiene con vida por la inercia de las circunstancias. 

Sus medidas económicas de marzo de 2020 lo confirman. En vez de constatar que el país necesita reactivación y políticas de liquidez y asumir un programa mínimo para salir de la recesión, se empeña en continuar con el ajuste y tomar medidas económicas ya no solo reñidas con el sentido común, sino incluso con la Constitución y las leyes. En efecto, atentar al salario de los trabajadores e imponerles una contribución va, de hecho, en contra de toda la legislación internacional y nacional que protege los derechos de los trabajadores. Los mercados financieros internacionales respondieron antes eso con el incremento del riesgo país. Esto significa que la sola presencia de Lenin Moreno en el poder se convierte en una amenaza para toda la economía. Sus desaciertos y su apoyo irrestricto a su equipo económico se van a traducir en incrementos del riesgo país y en un escenario ya no solo de default sino de crisis sistémica. Por todas esas razones, y para salvar la liquidez de la economía, es decir, proteger la dolarización, y evitar una crisis sistémica, como aquella de 1999, es momento que Lenin Moreno dé un paso al costado.